Las Palmas de Gran Canaria, 8 may (EFE).
– El partido Drago ha denunciado este viernes que varias jaulas marinas que operan en el sureste de Gran Canaria estarían incumpliendo las condiciones establecidas en sus concesiones administrativas y ha abogado por el desarrollo de la acuicultura en tierra para reducir su impacto en el medio marino.
En un comunicado, el partido ha indicado que, en concreto, se otorgaron nuevas concesiones de jaulas ubicadas más lejos de la costa con la condición de que las que estuvieran más cerca se desmantelaran, pero que, «en la actualidad siguen operando algunas de las que están más próximas al litoral, además de las alejadas».
La formación ha recordado además que, aunque existe un horizonte teórico para el cierre de estas instalaciones en torno a 2029, no hay garantías de que no se otorguen nuevas concesiones o que las jaulas se trasladen a otros puntos de la isla.
En este sentido, menciona como ejemplo propuestas similares planteadas en municipios como La Aldea de San Nicolás.
Tras una primera denuncia pública centrada en la contaminación marina en el municipio de Telde, Drago Gran Canaria ha puesto ahora el foco en las consecuencias sociales y económicas de este modelo productivo.
Zonas del litoral como Taliarte, Salinetas, Melenara, Ojos de Garza o Tufia se han convertido, según la organización política, en el epicentro de un conflicto que trasciende lo ambiental.
En el caso concreto de Taliarte, donde existe un puerto de pesca artesanal, Drago ha señalado que los profesionales del sector están viendo dificultada su actividad.
De acuerdo con lo trasladado por pescadores en un encuentro con la Plataforma por un Litoral Limpio, la presencia de las jaulas estaría provocando la pérdida de caladeros tradicionales, obligándoles a alejarse más de la costa, con el consiguiente aumento de costes, riesgos y tiempo de faena.
El portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, ha afirmado que se está produciendo «un desplazamiento silencioso» de la pesca artesanal en favor de un modelo industrial que, según ha indicado, concentra los beneficios económicos y reparte los impactos negativos entre la población local.
La formación ha cuestionado también la sostenibilidad de la acuicultura en jaulas marinas, al señalar que depende en gran medida de piensos elaborados a partir de pescado salvaje, capturado en su mayoría en aguas de la costa continental africana.
«Esto supone, en la práctica, externalizar el impacto ambiental fuera de Canarias, trasladando la presión extractiva a territorios más empobrecidos y vulnerables que el nuestro», ha advertido.
Asimismo, Drago ha apuntado al papel de determinadas instituciones académicas, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos informes han servido para avalar este tipo de instalaciones y subraya la necesidad de garantizar la independencia de los estudios técnicos.
Frente a este modelo, la organización defiende alternativas como la acuicultura en tierra, que, aseguran, reduce el impacto sobre el medio marino y permite un mayor control de los residuos.
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