Las Palmas de Gran Canaria, 8 may (EFE).
– El sindicato ANPE ha insistido en reclamar al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que comience a trabajar la inversión educativa en los próximos presupuestos autonómicos para alcanzar cuanto antes el 5% del PIB, como dicta la Ley Canaria de Educación no Universitaria.
En un comunicado difundido este viernes, la fuerza sindical mayoritaria que representa al profesorado no universitario de la enseñanza pública en las islas ha recordado que en los cinco años de vigencia de la Ley Canaria de Educación «nunca» se ha cumplido con ese objetivo presupuestario.
En una nueva reunión con los responsables de Educación, en la que estuvo presente el consejero, los representantes de ANPE recalcaron que «las necesidades y los retos de la enseñanza pública en Canarias son cada vez mayores» y que, «además de voluntad política, se precisa un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno y el Parlamento regionales», según la nota.
La reducción del horario de permanencia en el centro educativo de 28 a 26 horas semanales para el Cuerpo de Maestros -con 23 horas lectivas y tres complementarias-, de forma que las dos horas restantes se destinen a preparación de actividades docentes, de perfeccionamiento y otras tareas que pueden realizarse fuera del centro, fue otra de las demandas planteadas.
La organización sindical reivindicó también que se reconozca a todo el profesorado de centros públicos no universitarios el derecho a elegir días de libre disposición en periodo lectivo, como ya ocurre con otros trabajadores.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha considerado que «tanto las 26 horas semanales de permanencia en el centro en primaria e infantil como la posibilidad de disfrutar de días de libre disposición son medidas que están vigentes ya en otras comunidades autónomas».
El sindicato solicitó además a la Consejería que se deje de declarar no aptos para su trabajo a docentes por razones médicas que la Comisión de Evaluación Médica no especifica y abogó por introducir mejoras en las especialidades de Audición y Lenguaje (AL) y Orientación Educativa para facilitar el trabajo de sus profesionales.
En concreto, pidió poner en marcha el plan de 90 medidas para mejorar la inclusión educativa del alumnado propuesto por el sindicato a finales del curso pasado, e impulsar la anunciada ley de atención a la diversidad.
Del mismo modo, recalcó la necesidad de que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) compute doble a efectos de ratios, y no solo el que presenta discapacidad o trastornos graves de conducta, de la comunicación o del lenguaje.
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