Santa Cruz de Tenerife, 9 jun (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha interpretado este martes el anuncio de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 como un intento por parte del ejecutivo central de «desviar la atención».
«Esto suena ahora sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, que sí.
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y nada», ha sintetizado Clavijo en respuesta a David Toledo, diputado de Coalición Canaria, formación que lidera.
Ha subrayado que no se ha abierto ningún «proceso de negociación» y que los socios de Gobierno «han sido incapaces de aprobar en el Congreso prácticamente nada» de lo que llevan a las sesiones plenarias, con lo que «da la sensación de que se busca desviar la atención».
David Toledo (CC) ha sido más explícito y ha circunscrito al universo de la ciencia ficción el anuncio de la tramitación del proyecto de presupuestos generales, que, como en los años anteriores, repite el mismo patrón.
Se anuncia como «un hito una simple orden de tramitación», luego se utiliza como «gran cortina de humo» que acapara portadas y tertulias «supuestos acuerdos» con otros partidos» y al final se produce «la desaparición» bajo cualquier excusa: conflictos bélicos, crisis internacionales o financieras.
Toledo ha hecho hincapié en que al Gobierno de España le sucede como al personaje de la fábula ‘El pastor mentiroso’, que al final «nadie te cree».
Fernando Clavijo ha recalcado que, independientemente del recorrido que tenga la tramitación del proyecto de presupuestos generales para 2027, el Gobierno de Canarias insistirá en el cumplimiento del llamado decreto canario con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en las islas.
Aunque no por ello «es menos cierto» que la ausencia de presupuestos generales «paraliza inversiones y dificulta las transferencias», que cuando llegan a Canarias parecen «regalos de virreyes», todo lo cual «impide una gestión eficiente de los servicios públicos esenciales».
Ha abundado en que no contar con nuevos presupuestos estatales propicia que no se haya cerrado el convenio de infraestructuras educativas o de obras hidráulicas, que se hayan agotado los créditos del convenio de carreteras y que haya proyectos pendientes de licitar en los que se corre el riesgo de que las declaraciones de impacto caduquen.
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