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  • La Policía Autonómica organiza un foro en materia de grafitis vandálicos a nivel nacional

    La Policía Autonómica organiza un foro en materia de grafitis vandálicos a nivel nacional

    El Cuerpo General de la Policía Canaria organiza el primer encuentro entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel nacional, en materia de grafitis vandálicos o incívicos. Este evento, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo, será pionero en la materia, se realizará vía online y contará con la participación de los fiscales adscritos a las Secciones de Criminalidad Informática de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife (Lanzarote), así como agentes con gran especialización en la materia.

    El director general de Seguridad, David Del Pino, resalta que la erradicación y limpieza de los grafitis ejecutados por personas incívicas originan un infortunio del embellecimiento de las ciudades y del patrimonio cultural canario, así como un perjuicio económico de todos los contribuyentes para subsanar estas situaciones, por lo que es primordial que todas las administraciones públicas involucradas sepan cómo proceder para evitar el vandalismo en esta línea.

    Los temas a debatir se centrarán en lo relativo a protocolos de actuación en cuanto a métodos y técnicas de investigación en entornos virtuales, así como en la aplicación de la grafística en la confrontación de los automatismos gráficos e informes técnicos pormenorizados, sesgos cognitivos, la contaminación paisajística del grafiti vandálico y los daños ocasionados en los Bienes de Interés Cultural, sanciones penales y administrativas, mapas de riesgo, zonas más vulnerables, medidas disuasorias, campañas de sensibilización o turismo grafitero.

    Este foro policial estará integrado por expertos en grafística y en entornos virtuales y se procederá al intercambio de información entre todos los cuerpos policiales asistentes: Policía Local de Málaga, Policía Municipal de Madrid, Policía Local de Tarifa, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local de La Línea de la Concepción, Policía Local de Valladolid, Policía Local de Alicante, Guardia Urbana de Barcelona, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Local de Granada, Policía Local de Lloret de Mar, Policía Local de Sevilla, Policía Autonómica Vasca o Ertzaintza, entre otros pendientes de confirmar su asistencia.

  • La Diputación considera «decepcionante» la falta de acuerdo para el reparto de menores no acompañados

    La Diputación considera «decepcionante» la falta de acuerdo para el reparto de menores no acompañados

    La Diputación considera que el bloqueo para el reparto de menores extranjeros no acompañados es «decepcionante». «Ha pasado un año y estamos en el mismo punto», ha lamentado la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi. Este pasado lunes tuvo lugar la última reunión de la mesa sectorial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para acordar la reubicación de 4.400 menores de Canarias y Ceuta. La cita culminó sin acuerdo y graves reproches entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y las autonomías del PP.

    «Sabiendo que no iba a haber acuerdo, el ministerio no hizo el trabajo de cocina previo con las comunidades autónomas y tampoco planteó alternativas para desbloquear la situación», ha censurado Antxustegi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Tampoco se habló nada del fondo de financiación de 100 millones de euros previsto en el real decreto», ha indicado. «Pedimos seriedad, transparencia y que se dejen de lado los intereses partidistas, porque el interés de los menores es el gran ausente».

    La diputación se suma, de esta manera, a las críticas vertidas por el Gobierno vasco, que calificó la reunión del lunes de «circo» y recordó que «Euskadi no puede más». Los recursos para acoger a estos menores se encuentran saturados. Bizkaia, por ejemplo, tutela a 567 menas cuando tiene capacidad para 460 tras abrir un nuevo recurso con 60 plazas extra.

    La sobreocupación no es exclusiva del País Vasco, y en regiones como Madrid están al 132% de su capacidad (2.242 menores tutelados). En Castilla y León (179 chavales) se encuentran al 137%, en Murcia (741) al 120%… En el lado opuesto aparecen La Rioja, donde son quince los acogidos y que dispone de otras tantas plazas libres, y Cantabria, con 22 residentes en recursos del Gobierno regional y 14 camas disponibles.

    El problema es que en la conferencia sectorial hubo otras comunidades como Aragón que no aportaron sus datos, lo que impide, por el momento, proceder al reparto de los menores. En principio, Bizkaia iba a acoger a 90 de estos chavales, pero Antxustegi ha señalado este jueves que «sin la foto general, no sabemos cuántos nos pueden llegar». «No hubo detalles acerca de una reubicación equitativa» de los menores, ha criticado.

    Recurso en el Constitucional

    La próxima reunión se celebrará dentro de dos meses, un plazo que las autoridades forales recibieron con disgusto teniendo en cuenta la saturación de la red de acogida. La situación amenaza con enquistarse, toda vez que los populares anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, ahora ya en bloque, el decreto por el que se modificó en el Congreso la ley de extranjería hace menos de un mes.

    Las instituciones vascas reclaman desde hace meses un plan estructural de inmigración. El lehendakari, Imanol Pradales, planteó junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que el reparto de los menores tenga en cuenta cinco indicadores clave: población, capacidad de acogida, PIB per cápita, desempleo y «solidaridad histórica» en la atención a menores. Ambos reclaman también que venga acompañado de una memoria económica. Aunque todas las administraciones territoriales están obligadas por ley a dar cobijo a los menores extranjeros sin referentes familiares, el cumplimiento es muy desigual y ni siquiera existe un control.

  • Clavijo recuerda que el auto del Tribunal Supremo con menores migrantes «hay que cumplirlo»

    Clavijo recuerda que el auto del Tribunal Supremo con menores migrantes «hay que cumplirlo»

    El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este miércoles que el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a acoger más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo «hay que cumplirlo» porque, ha proseguido, «si el Gobierno de España no tiene capacidad, imaginemos Canarias, con un nivel de saturación que dificulta» atender a los derechos de estas personas.

  • La jueza de la dana pide a Emergencias los avisos que dio a los ayuntamientos el 29-O

    València, 7 may (EFE).- La jueza que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que informe de los avisos que dio ese día a los ayuntamientos con riesgo de inundaciones para tomar medidas de control sobre los cauces de los ríos.

    La instructora Nuria Ruiz Tobarra ha acordado también que el Centro de Emergencias informe de las rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores hechas ese día para tener información sobre la intensidad y el lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de los cauces.

    Así consta en un auto por el que la titular del Juzgado de instrucción 3 de Catarroja (Valencia) acepta varias solicitudes de documentación planteadas por una de las acusaciones populares en esta causa, el sindicato Fetap-CGT.

    Solicitudes al Centro de Emergencias

    La instructora quiere saber si, en cumplimiento del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones y dada la situación de preemergencia declarada el 28 de octubre, se remitieron desde el Centro de Emergencias «los correspondientes avisos» a todos los municipios con un plan de riesgo para controlar los cauces de los ríos.

    También pide cuántos municipios constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) -el sindicato sostiene que solo lo hicieron Algemesí y València-, si se les requirió que lo hicieran, y los datos de retorno facilitados por estos al Centro de Emergencias.

    Además, reclama el informe de seguimiento de la situación de emergencia que debía elaborar este Centro de Coordinación según el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, y qué rondas se hicieron con los organismos y servicios colaboradores para saber el alcance de la situación.

    Pide asimismo al Centro de Emergencias si se establecieron los procedimientos de actuación específicos con las actuaciones de los diferentes órganos que integran el Cecopi, y si esos protocolos establecían las pautas de coordinación sobre las demandas de servicios por los ayuntamientos y las llamadas efectuadas al teléfono 112.

    También plantea si se solicitó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer la evolución, y cuándo se constituyeron y por qué personas dentro del Cecopi el Comité Asesor, el Grupo de Seguimiento del Riesgo, el Grupo de Gestión de Medios y Recursos y el Gabinete de Información, como marca el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones.

    Rescates en helicópteros de Salvamento

    La jueza ha pedido además a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) los servicios de salvamento y rescates de personas por parte de los bomberos forestales de la Generalitat el 29 de octubre con helicópteros de salvamento aéreo.

    También ha admitido un análisis presentado por CGT sobre el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana e informes ampliatorios.

    Por otra parte, la jueza da cuenta de la inhibición del juzgado de refuerzo transversal de Torrent sobre una denuncia contra el presidente de la Aemet y su incorporación a una pieza separada de la causa donde se han recogido otros escritos y denuncias de personas que no son perjudicadas ni ejercen acusación popular. EFE

  • El Supremo se opone a indultar la condena de inhabilitación a Junqueras

    Madrid, 7 may (EFE).- El Tribunal Supremo se ha opuesto a conceder un segundo indulto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que exonere la condena de inhabilitación vigente hasta 2031, al advertir de que no cabe convertir en total lo que fue un indulto parcial concedido en 2021, que extinguió las penas de prisión.

    La Sala que juzgó el ‘procés’ ha informado desfavorablemente contra la petición de indulto que fue presentada el pasado 12 de julio por un ciudadano catalán ante el Ministerio de Justicia, poco después de que el alto tribunal rechazase aplicar la amnistía a Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raul Romeva.

    Esta postura choca con el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado a la Sala Segunda que accediese a la petición de indulto.

    Recuerda la Sala que el carácter parcial de indulto concedido por el Gobierno, que extinguió las penas de prisión, era consecuencia obligada del informe negativo a su concesión emitido por la Sala, lo que impedía un indulto total de acuerdo a la Ley.

    El tribunal considera que conceder un segundo indulto «vulneraría de forma flagrante la prohibición legal. Se abriría así una indisimulada vía de interferencia gubernativa en las resoluciones judiciales firmes que permitirían convertir en total lo que el legislador ha querido que sea parcial».

    «Y -continúa- no puede ser el fruto de una fragmentación de la condena que, mediante la acumulación de sucesivas solicitudes de indulto, eluda la prohibición legal. El encadenamiento de peticiones de indulto por los mismos hechos delictivos no puede servir de excusa para eludir los límites impuestos por la ley».

    La Sala subraya que «sustituir ahora el primer indulto parcial otorgado por el Gobierno por un segundo indulto parcial o total chocaría frontalmente con los límites que hacen legítima su concesión» y destaca que ambas peticiones provienen del mismo ciudadano.

    Además, el auto deja claro que no concurre la más mínima prueba ni el más débil indicio de arrepentimiento por parte de los condenados, requisito previsto en la ley de indulto para valorar la conducta posterior a la ejecutoria de la condena.

    Por todo ello, reitera que el derecho de gracia no puede funcionar como una vía para dejar sin efecto una condena firme, ni ser entendido como una forma de segunda instancia ante el Gobierno. EFE

  • Clavijo afea el “desconocimiento” de Cantabria hacia la ley por solicitar que se valore expatriar a 18 menores

    Clavijo afea el “desconocimiento” de Cantabria hacia la ley por solicitar que se valore expatriar a 18 menores

    El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles que la decisión del Gobierno cántabro de solicitar que se valore la apertura de procedimientos de expatriación para 18 de los 20 menores extranjeros no acompañados tutelados por esa comunidad muestra su “desconocimiento absoluto” por las leyes españolas, así como un “cierto desprecio” por los derechos del menor, que “realmente tienen que ser escuchados”.

    “Yo creo que pierden el tiempo. Al final, muestran un desconocimiento absoluto de las leyes españolas, y muestran también cierto desprecio por los derechos de los menores, que realmente tienen que ser escuchados. Desde luego, ni se lo va a autorizar ninguna fiscalía ni ningún juzgado”, ha respondido Clavijo a esta cuestión en La Laguna (Tenerife), a donde ha asistido a un acto de presentación de la estrategia canaria aeroespacial.

    Así, el presidente canario ha defendido el derecho que tiene el menor a “ser escuchado”. De este modo, ha proseguido, “si el menor dice que no quiere irse, no se va a ir. Con lo cual, prevalece la voluntad del menor”.

  • La atención especializada ante hallazgos sospechosos, clave en el cáncer de riñón

    La atención especializada ante hallazgos sospechosos, clave en el cáncer de riñón

    La inexistencia de síntomas en las fases iniciales del cáncer de riñón hace que su diagnóstico se produzca en la mayor parte de los casos de forma incidental al estudiar otras patologías mediante pruebas de imagen como la ecografía o el TAC, afirma el coordinador del Servicio de Urología Hospital Parque-Urointec, Pablo Juárez del Dago. En este sentido, destaca que la atención por parte de especialistas de cualquier hallazgo sospechoso resulta fundamental para poder realizar una detección precoz.

    Añade que el estudio por parte de urólogos y el acceso a pruebas de imagen de calidad favorecen un diagnóstico temprano, estadio en el cual la tasa de curación del tumor puede superar el 90% tras una cirugía adecuada.

    Explica que el cáncer de riñón, pese a no ser una de los tumores más comunes, representando el 3% de todos los cánceres en adultos, está registrando un aumento en su incidencia, con unos 384 casos anuales detectados en Canarias.

    Esta patología afecta principalmente a hombres entre los 55 y los 75 años, aunque se ha detectado un aumento en mujeres. Su presencia no está relacionada con una causa concreta pero se asocia a diferentes factores de riesgo, como el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. A esto se suman, aunque con menor frecuencia, algunos síndromes genéticos, así como ciertas exposiciones químicas prolongadas.

    Pese a que el cáncer de riñón no manifiesta síntomas iniciales, cuando el tumor avanza puede aparecer sangre en la orina, dolor o molestia persistente en el costado, pérdida de peso o fatiga inexplicada, además de la presencia de una masa palpable en el abdomen.

    Pablo Juárez del Dago destaca que el tratamiento principal del cáncer de riñón se centra en la cirugía. En este sentido, puntualiza que desde la Unidad de Hospital Parque se lleva a cabo una intervención, precisa, mínimamente invasiva y personalizada, que permita curar el cáncer sin comprometer la función renal ni generar efectos secundarios innecesarios.

    Asimismo, incide en la apuesta por la realización de nefrectomías parciales, incluso en tumores grandes, cuando es técnicamente posible, con el objetivo de preservar el riñón y que el paciente pueda mantener una buena calidad de vida a largo plazo.

    En los casos más avanzados o metastásicos se incorporan terapias dirigidas e inmunoterapia, tras la valoración del paciente por parte de un equipo multidisciplinar.

    Pablo Juárez del Dago señala que en aquellos casos en los que se puede conservar parte del riñón tras la intervención, las secuelas suelen ser mínimas. No obstante, si es necesario extirpar completamente un riñón, el otro suele compensar la función renal, aunque se requiere un seguimiento exhaustivo del paciente.

    Por otro lado, resalta la importancia de realizar acompañamiento emocional del paciente a través de una atención humana, integral y cercana.

  • PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda de extranjeros en Canarias y Baleares

    PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda de extranjeros en Canarias y Baleares

    El Senado ha rechazado este martes con los votos del PP y Vox una moción del Grupo Izquierda Confederal, por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias y Baleares.

    La moción, debatida en la Comisión Mixta de Insularidad, ha sido rechazada por considerar que esta iniciativa es ilegal, no aporta soluciones y que sólo pretende levantar barreras y culpar a los compradores extranjeros del problema de la vivienda.

    Previamente, el senador Fabián Chinea, de Sumar, había hablado del grave problema de vivienda que existe en las islas y de la necesidad de establecer un marco normativo que limite, regule o condicione la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes.

    También pedía que se impulsaran medidas para fomentar la vivienda asequible, la rehabilitación del parque inmobiliario y que se priorice el acceso para residentes en ambos archipiélagos.

    En su exposición, ha hecho hincapié en que son medidas que se están adoptando en otros países europeos como Dinamarca o Malta, y en que esta moción no se enmarca en una batalla ideológica, sino en la defensa del modelo de isla que queremos para el futuro.

    El diputado de Vox Jorge Campos, por su parte, ha opinado que lo único que pretende esta moción «ilegal» es desviar la atención de la mala gestión del Gobierno en materia de vivienda culpando a los compradores extranjeros.

    Y ha añadido que prohibir o limitar la compra de vivienda a ciudadanos extranjeros es «pura xenofobia», mientras que el PP ha responsabilizado del problema de la vivienda al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no gestionar» y «hacer promesas vacías» en esta materia.

    Para los populares, el problema de la vivienda lo ha generado el Gobierno con inseguridad jurídica, burocracia, la subida de impuestos y dando «total impunidad a los okupas».

    La diputada del PSOE María Dolores Corujo, del PSOE, por su parte, se ha centrado en las medidas que ha tomado el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la eliminación de las denominadas Golden Visa (el permiso de residencia para extranjeros inversores en España) y la aprobación de ley de la vivienda.

  • Domínguez dice que el Gobierno «toma el pelo» a Canarias con los menores migrantes y le insta a que se cumpla la ley

    Domínguez dice que el Gobierno «toma el pelo» a Canarias con los menores migrantes y le insta a que se cumpla la ley

    El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que el Gobierno central «toma el pelo» a Canarias con la distribución de los menores migrantes y le ha instado a que «se haga lo que la ley dice».

    En declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por la conferencia sectorial de Infancia celebrada este lunes en Madrid, se ha remitido a que el Gobierno está habilitado para impulsar los traslados tras la sentencia del Supremo que obliga a acoger a más de 1.000 menores solicitantes de asilo en la red estatal y al último decreto ley aprobado en el Congreso que abre la puerta a la distribución por comunidades.

    Sobre la falta de apoyo del PP a la distribución, ha hecho suyas las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido que aunque la ley no le guste, «la tiene que cumplir».

    Domínguez ha apuntado que el Gobierno tenía cuatro grandes objetivos cuando inició este proceso, y tres de ellos «se han cumplido», concretamente, el «enfrentamiento» de la sociedad, los partidos políticos y las comunidades autónomas, pero no el cuarto, que era «romper» el pacto en el archipiélago.

    «No lo va a lograr», ha señalado, subrayando que cada vez que hay una reunión para abordar este tema, aflora el «enfrentamiento».

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  • El PP pide la comparecencia de Puente en el Congreso y una auditoría de la red ferroviaria

    Madrid, 5 may (EFE).- El Partido Popular ha exigido este lunes al Gobierno que lleve a cabo una auditoría de la red ferroviaria para analizar los constantes incidentes que se registran y ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como que se indemnice a todos los viajeros afectados por los retrasos producidos este domingo.

    «Solicitaremos la comparecencia urgente del ministro Puente en el parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado», ha apuntado en una rueda de prensa el vicesecretario del PP de Economía, Juan Bravo.

    Bravo, que fue uno de los afectados por los retrasos de los trenes, ha apuntado además que van a pedir que se devuelva «cuanto antes» el coste del billete a los pasajeros y que se «indemnice a los miles de afectados por esta circunstancia».

    Con lo sucedido, ha agregado, queda «claro» que la alta velocidad en España «ha pasado de ser un servicio modélico» a «convertirse en un modelo catastrófico con este Gobierno».

    Hoy en día, ha añadido, «se recaudan más impuestos que nunca para tener los peores servicios públicos» y dentro del ámbito ferroviario todas las semanas se conocen «situaciones especiales» en los trenes.

    En la misma rueda de prensa ha estado presente el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha afirmado que en el partido están «seriamente preocupados» porque «el deterioro de los servicios públicos es continuo» en España.

    En España se pagan «impuestos propios de un país avanzado», pero cada vez hay más servicios públicos de un país «en serio retroceso», ha protestado.

    Una semana después del apagón del que todavía se desconocen las causas -ha agregado Sémper-, llega una «nueva semana de caos» y «sobresaltos», una «vergüenza más» a la que el Gobierno tiene acostumbrados a los españoles.

    El portavoz popular ha criticado también la «desinformación» del Gobierno que permitió que miles de personas se subieran a trenes sabiendo de antemano lo que estaba sucediendo. «Nos hablan de sabotaje» y «culpan a todos» sin «asumir cualquier tipo de responsabilidad».

    «Este Gobierno siempre responde al mismo patrón, se lava las manos y la culpa es del resto», ha afirmado.

    La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el robo de cable en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

    El ministerio de Transportes ha localizado en cinco puntos de los municipios toledanos de Los Yébenes y Manzaneque y su titular, Óscar Puente, ha calificado de «sabotaje» lo sucedido.

    La sustracción del cable, junto al posterior «enganchón» de un tren de Iryo que arrastró la catenaria, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, han afectado en conjunto a al menos 10.700 viajeros y 30 trenes y han causado aglomeraciones en las estaciones de Santa Justa (Sevilla) y Atocha (Madrid). EFE