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MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno informará este miércoles, 28 de mayo, en la Comisión de Infancia y Adolescencia, a las comunidades autónomas de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de cada territorio.

Este encuentro servirá para conocer la cifra de capacidad ordinaria del sistema acogida y descubrir las comunidades que están en sobreocupación y, por lo tanto, pueden solicitar la contingencia migratoria extraordinaria.

Se declarará esta situación para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria.

Posteriormente, la comunidad o ciudad autónoma afectada por sobreocupación solicitará la contingencia migratoria extraordinaria, que se aprobará después es un plazo máximo de cinco días naturales y será trasladada al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Dicha situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál será la comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación a los menores extranjeros no acompañados.

Esta reunión, tal y como explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es el paso previo a la Conferencia Sectorial de junio, a la que las comunidades podrán llevar sus propuestas para cambiar los criterios que establece el real decreto-ley. «Tienen esa posibilidad, por supuesto. Se tiene que votar por unanimidad en la Conferencia Sectorial. Eso sí que es un requisito que viene contemplado en el real decreto», aseguró la ministra el miércoles en declaraciones a medios en el Congreso.

La última vez que el Ejecutivo se reunió con las comunidades autónomas fue el 5 de mayo en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia extraodinaria, celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En ella, debatieron durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes. Esta estuvo marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios «arbitrarios y forzosos» aprobados por el Gobierno.

Precisamente, en este encuentro el PP denunció que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se permitió a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes. Por su parte, la ministra defendió que el real decreto «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso de los Diputados y reprochó a los ‘populares’ que «no se puede votar lo que no se ha aportado» ya que no presentaron ninguna propuesta de modificación.

«Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta», manifestó Rego.

ARAGÓN NO HA ENVIADO SUS CIFRAS

Este martes acabó el segundo plazo para que las comunidades autónomas presentaran al Gobierno sus datos de acogida de menores migrantes no acompañados. Rego expuso que «no todas» habían cumplido con la solicitud «formalmente» y denunció la «insumisión» de Aragón tras no enviar sus cifras.

Precisamente, el Gobierno avanzó hace unos días que había interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra Aragón por su falta de colaboración. A este se suma un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

La idea del Gobierno es comenzar con los traslados de los menores migrantes no acompañados este verano, un deseo que comparte el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha denunciado que estos jóvenes y niños están en un «estado de hacinamiento y de mucha dificultad en las islas».Copiar al portapapeles

• El establecimiento ha puesto en marcha treinta iniciativas encaminadas a reducir sus emisiones, contribuyendo a la descarbonización del sector hostelero.
• En su segunda edición, estos Premios han reconocido la labor en favor de la acción climática de bares y restaurantes de toda España, así como de un Ayuntamiento y una Asociación de Hostelería.
• Hostelería #PorElClima es una iniciativa que ofrece herramientas y acompañamiento a los establecimientos del sector para avanzar en la reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y que, actualmente, cuenta con más de 14.700 locales adheridos en toda España. 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2025.- El restaurante Patio Canario, en La Laguna (Tenerife), ha sido galardonado con el premio autonómico en la II Edición de los Premios ‘Sin Huella’ de Hostelería #PorElClima en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. La entrega de premios tuvo lugar en un evento celebrado en Madrid el 21 de mayo, organizado por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de Coca-Cola y Comunidad #PorElClima con el apoyo de Hostelería de España, y que contó con la presencia de Elena Pita, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Patio Canario se suma así al premiado canario en la edición anterior, Plaza Republic, que recibió el galardón autonómico por Canarias en 2024.

Los Premios ‘Sin Huella’ son un reconocimiento a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería. Todos ellos destacan por las acciones emprendidas para reducir su huella de carbono, impulsar el ahorro de agua, fomentar el consumo responsable y potenciar la gestión eficiente de la energía o la correcta gestión de los residuos.

El restaurante Patio Canario, en pleno corazón de La Laguna (Tenerife), combina la tradición gastronómica canaria con un firme compromiso ambiental, que ha materializado en la puesta en marcha de más de 30 acciones por el clima. Entre ellas destacan el uso de productos de limpieza ecológicos, la optimización del consumo de agua y energía mediante sistemas eficientes, el reciclaje integral de residuos o la contratación de energía 100% renovable. Además, Patio Canario mide, verifica y compensa su huella de carbono, trabaja con proveedores locales y ecológicos, y apuesta por materiales reciclados y naturales, demostrando que la sostenibilidad, cuando es real y cotidiana, forma parte esencial del sabor auténtico de Canarias.

La ambición de Hostelería #PorElClima es que estos premios sirvan de inspiración para la acción y que tanto otros establecimientos del sector como otras instituciones se involucren y actúen por el clima para así avanzar en la reducción de las emisiones de carbono. “La hostelería española, además de ser un referente a nivel europeo por su excelencia como sector, también cuenta con un gran potencial para concienciar y actuar contra el cambio climático dada su presencia en todo el territorio español. A pesar de que no es un sector intensivo en emisiones, la hostelería está actuando y sigue avanzando en su acción climática. Precisamente, todos estos establecimientos premiados son un claro ejemplo del compromiso creciente del sector con la reducción de emisiones de CO2”, afirma Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. 

Juan Ortiz, director general de ECODES, que actúa como secretaría técnica de la Comunidad #PorElClima, señala que “volvemos hoy a demostrar que es posible ofrecer un servicio de hostelería excelente mientras se reduce la huella de carbono. Los premiados en esta edición son un valioso ejemplo de acciones cercanas, comprometidas y valientes que construyen el camino de las transformaciones auténticas y necesarias, aquellas que no solo benefician al medio ambiente y al clima sino que también fortalecen la resiliencia y competitividad de sus negocios. La hostelería española vuelve a ser ejemplo de liderazgo en la construcción de un futuro más verde y dinámico”.

Por su parte, José Almeida, presidente de Hostelería de España, apunta que “todos los premiados son un claro ejemplo del compromiso de la hostelería con la sociedad. El cambio climático es una preocupación de muchas empresas y de muchos de nuestros clientes, por lo que la hostelería no puede quedar al margen, y está haciendo esfuerzos de adaptación para minimizar su impacto. Además, la enorme capilaridad de este sector hace que sea perfecto para amplificar ese mensaje de compromiso a los millones de clientes que visitan diariamente los más de 300.000 establecimientos de hostelería que hay en nuestro país”.

En esta II edición, han sido galardonados, a nivel nacional, el restaurante Ovillo del chef y propietario Javier Muñoz-Calero, en la categoría de “Innovación”; la enseña La Tagliatella, en la de “Acción”; la Oficina de Sostenibilidad de Turismo de Navarra, en la de “Liderazgo”; el grupo hostelero Restaurant Brands Europe (RBE), en la de “Impulso”; y el Ayuntamiento de Bilbao, en la de “Alianzas”. Asimismo, junto al restaurante Patio Canario como ganador por Canarias, han sido premiados otros 16 establecimientos hosteleros, uno por cada comunidad autónoma.

Hostelería #PorElClima 

Hostelería #PorElClima nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector de la hostelería y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales. Ofrece herramientas, información y pautas de actuación para que bares, restaurantes y cafeterías puedan reducir sus emisiones, en línea con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. Hostelería #PorElClima, hoy en día, cuenta con más de 14.700 establecimientos adheridos que han implementado más de 235.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.  

Un aspecto relevante de Hostelería #PorElClima, iniciativa pionera en un sector tan importante para la economía española, es que ha conseguido fijar una foto general de la huella de carbono de los bares y restaurantes, lo que contribuye a definir el plan de acción en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, el pasado año lanzó el ‘Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero’ con el objetivo de convertir esta herramienta en una fuente de información y conocimiento, tanto para el sector como para aquellas instituciones y organizaciones implicadas en la toma de decisiones a nivel país en materia de acción climática.

Madrid, 23 may (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado como testigos el próximo martes, día 27, a Carlos Neira, abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el viernes 30 a cuatro periodistas en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, había reclamado estas testificales al juez del Supremo en un momento en el que la investigación parece estar llegando a su recta final, con solo una diligencia pendiente hasta ahora: la citación, este viernes, de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como testigo.

Los citados son Carlos Neira, uno de los abogados de González Amador, el que envió el correo del 2 de febrero de 2024 en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales en su nombre, y cuatro periodistas del diario El País que conocieron su voluntad de alcanzar un pacto con la Fiscalía para evitar llegar a juicio.

El magistrado Hurtado ha dictado un auto en el que, además, acuerda que se incorporen a las actuaciones el acta notarial que suscribieron tres periodistas con los mensajes y correos electrónicos que se cruzaron con el abogado del empresario, y también la de otro periodista del mismo diario, donde deja constancia que el 12 de marzo fue informado de la existencia de esa voluntad de pacto, circunstancia que motivó que sus compañeros comenzasen a investigar.

El abogado del Estado quiere demostrar que «diversos profesionales de la información» ya conocían el contenido de aquellas comunicaciones antes que cualquier supuesta intervención o conocimientos por parte del fiscal general.

Se da la circunstancia de que el instructor ya rechazó en su día las testificales de los periodistas, a instancias también de la Abogacía del Estado, una decisión que ratificó más tarde la Sala.

Sin embargo, el juez explica que los cuatro periodistas han realizado unas manifestaciones ante notario que, en opinión de la defensa de García Ortiz, son de la suficiente relevancia como para que las ratifiquen y amplíen ante el magistrado.

Por tanto, accede a ello al entender que, desde el punto de vista del derecho de defensa, «no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses».

Eso sí, no accede a citar a varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aclaren «la contradicción» observada entre dos informes que ubicaban la primera difusión pública del correo en momentos distintos de la noche del 13 de marzo de 2024: uno a las 23:51 horas en la web de la Cadena Ser, y otro a las 23:25 horas en antena. EFE

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) 

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha tachado de «discriminatorio e inadmisible» el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, que permite a esta comunidad recibir el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y ha exigido el mismo trato para el resto de comunidades autónomas.

Desde la FED avisan de que este pacto «ahonda en la brecha de financiación» que afecta «gravemente» a la sostenibilidad del sistema de cuidados en otras comunidades autónomas, donde los servicios se están prestando, «literalmente, a pérdidas».

«Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios», ha afirmado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Según recuerda la patronal, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del SAAD debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, esta financiación nunca se ha cumplido.

A día de hoy, según precisa la FED, «las CCAA apenas reciben un 27% de aportación estatal, muy lejos del porcentaje legalmente establecido». Este «déficit», según advierte, «repercute directamente en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes».

Además, desde la FED consideran contradictorio que «mientras Hacienda se niega a derogar la Ley de Desindexación de precios -lo que impide actualizar el valor de las plazas concertadas conforme al coste real de los servicios-, el Gobierno sí firma un acuerdo bilateral con el País Vasco que rompe ese mismo techo financiero».

«Estamos creando una España a distintas velocidades. La dependencia no puede depender del código postal. Exigimos una financiación justa, homogénea y suficiente para todas las comunidades autónomas, sin privilegios ni excepciones», ha añadido Fernández-Cid.

Por ello, la FED pide al Gobierno «que aclare públicamente» los términos del acuerdo bilateral con el País Vasco; que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de CCAA; que refuerce el nivel mínimo de protección, y que abra un proceso de diálogo estructural con el sector para resolver los problemas de «infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y ausencia de un modelo de concertación sostenible».

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados el lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia.

Carlos Mur era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de un protocolo que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo.

Francisco Javier Martínez Peromingo fue el coordinador del ‘protocolo técnico’, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’, presentada en octubre del año pasado.

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Los denunciantes esperan la verdad sobre lo ocurrido en las residencias

‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’ celebran que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos.

Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.

En todo caso, ambas entidades se muestran convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo, que «cumplían órdenes».

Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad pero se les pide que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron «un impacto brutal en la vida de muchos residentes».

El recorrido de la denuncia colectiva

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).

En la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al anterior.

El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) –

Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos han acusado este miércoles al Gobierno de mentir y de ser colaboracionista con el genocidio del pueblo palestino por mantener contratos de compraventa de armas con Israel hasta hace unos meses, por lo que le han exigido que rompa todos los contratos pendientes o latentes con Israel y un embargo total de armas, entre otras medidas, para no financiar un genocidio.

Tras la comparecencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados por este asunto, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha reclamado la anulación inmediata de todos los contratos de compraventa de material militar con Israel, al considerar que están vinculados directa o indirectamente con un genocidio contra el pueblo palestino.

Hay que anular y dejar sin efecto hasta el último contrato sin ejecución o que pueda dejarse ejecutado. No es posible ninguna operación activa o pasiva, ha señalado.

Santiago ha asegurado que existen sobrados argumentos jurídicos para rescindir cualquier acuerdo con empresas israelíes que participen en la cadena armamentística, e incluso ha denunciado que en 2024 han pasado miles de armas por el puerto de Cartagena. También ha señalado que por las bases militares estadounidense de Rota y Zaragoza pasan armas camino de Israel, actuaciones que incumplen las medidas de la Corte Internacional de Justicia.

UN NUEVO HOLOCAUSTO

En este sentido, el diputado de IU ha criticado que no se adopten medidas concretas ni por parte de la Unión Europea ni de la ONU, y ha denunciado el bloqueo de cualquier avance: Estamos cansados de solicitar medidas de embargo y control de todo lo que pase por los puertos y aeropuertos españoles.

El portavoz parlamentario ha llamado a adoptar medidas militares y económicas contra lo que califica como un nuevo holocausto. La comunidad internacional no ha aprobado ni una sola sanción ante este exterminio. Nos llena de orgullo que el presidente pida ahora la salida de Israel de Eurovisión, pero eso no basta, ha declarado.

La derecha y la ultraderecha ya apoyaron a los nazis en el holocausto judío y ahora apoyan este nuevo genocidio y exterminio del pueblo palestino. España tiene que actuar. El mundo está hecho una porquería y no lo dejemos en manos de fascistas y criminales de guerra, ha concluido.

ERC: LOS 17.000 NIÑOS MUERTOS SON UNA CIFRA INSOPORTABLE Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordá ha criticado la masacre en directo que Israel realiza contra el pueblo palestino. Los 17.000 niños muertos son una cifra insoportable. Gaza casi ya no existe. Casi no queda nada, la gente malvive allí. No estamos haciendo bastante. El Estado de Israel tiene que ser juzgado por crímenes contra la humanidad, ha manifestado.

Ante lo que ocurre, la parlamentario republicana ha exigido al Gobierno de España que exija a todos los estados de la Unión Europea que cumplan las tres órdenes internacional de detención contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu y que fuerce a la Unión Europea que exija un alto en fuego en Gaza.

Por ello, dentro de este contexto de inacción internacional, Jordá ha mostrado su indignación por los contratos para comprar munición a empresas israelíes que salieron a la luz pública hace unas semanas pese a que el Gobierno negó contratos de este tipo el pasado mes de octubre. Si no actúan contra esto, no serán testigos o directamente cómplices de lo que está pasando, ha concluido.

BILDU PIDE GARANTÍAS CLARAS PARA QUE NO VUELVA A PASAR

Por su parte, el diputado de EH Bildu Óscar Matute ha acusado al Gobierno de haber formalizado contratos de armas con Israel el año pasado pese a conocer su implicación en el exterminio y genocidio que quieren practicar con los palestinos.

Por eso, ha exigido a Marlaska responsabilidades internas: Ponga a trabajar a su gente para ver qué ha fallado. No puede alegar faltas de recursos. Hay investigaciones de la UCO todos los días y demuestran que hay gente dispuesta a investigar cosas que van a parecer una UCO patriótica como aquella Policía patriótica.

Por último, Matute ha pedido garantías claras: ¿Nos puede garantizar que no van a volver a ocurrir? ¿Nos puede asegurar que no hay más contratos en vigor y colaboración entre FCSE y empresas israelíes?. Además, ha pedido que se anulen todos los contratos latentes de armas con Israel. Queremos que dejen de hacer negocio a costa de lo que pase en Palestina. Nadie puede mirar hacia otro lado cuando esto se perpetra, ha apostillado.

BELARRA: ME DA AUTÉNTICO ASCO

La diputada del Grupo Mixto Ione Belarra, ha sido la más beligerante contra el Gobierno, al que ha acusado de mentir de manera descarada con las compraventas de armas a Israel y de ser colaboracionista con el Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Me da auténtico asco que se esté usando el esfuerzo de la gente trabajadora de este país, que es solidaria con Palestina, para financiar un genocidio, ha denunciado.

Belarra ha detallado algunos contratos adjudicados por el Gobierno, algunos aún no formalizados y ha exigido su cancelación inmediata. Son contratos por más de 800 millones de euros que podrían anular hoy mismo si no fueran auténticos colaboracionistas, pidiendo a Marlaska que rompa toda colaboración con empresas israelíes y prohíba el uso en España de tecnologías de espionaje como Pegasus o Cellebrite, por haber sido probadas en combate contra el pueblo palestino y utilizadas luego contra la disidencia en España.

PNV: CRÉDITO QUEBRADO CON EL GOBIERNO POR ESTE ASUNTO

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha cargado contra la política del Gobierno porque existe una falta de coherencia entre los anuncios públicos y las adjudicaciones reales. No es que sobren las palabras, es que ya no tenemos palabras para describir el horror de lo que está pasando en los territorios ocupados palestinos a manos del gobierno y ejército israelí, ha afirmado, y ha denunciado que se han producido medias verdades y regate en corto por parte del Ejecutivo.

Legarda ha recordado que, pese a las declaraciones del presidente y de varios ministros asegurando que no se estaban realizando compraventas desde el 7 de octubre de 2023, esas tajantes afirmaciones siempre venían precedidas de informaciones que las cuestionaban. Nuestro crédito con el Gobierno en esta cuestión está quebrado, ha zanjado Legarda, exigiendo suspender efectivamente todas las adjudicaciones y transparencia absoluta en las decisiones ya tomadas.

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) –

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha atribuido a un supuesto posible olvido la tragedia ocurrida en Linares (Jaén), donde un bebé, de 20 meses, ha fallecido este martes tras permanecer horas en el interior de un vehículo.

Por estos hechos ha sido detenido el padre de acogida del menor, que está en este momento en libertad, a expensas de lo que determine la autoridad judicial cuando preste declaración en su sede. Así lo ha manifestado Pedro Fernández en declaraciones a los periodistas en Sevilla en un acto celebrado con motivo del 181º aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Hablamos de un supuesto posible olvido, así es como se establecen las manifestaciones primeras, pero evidentemente la investigación sigue total y absolutamente abierta, ha dicho Fernández.

Ha añadido que todavía tiene que haber una prestación de declaración ante la autoridad judicial, al tiempo que ha incidido en que, por lo pronto, el supuesto delito por el que ha sido detenido el padre de acogida es de homicidio imprudente, pero esa calificación no es una calificación que le corresponde ni a Guardia Civil ni a Policía.

Al respecto, ha incidido en que será la autoridad judicial quien tendrá que determinar si la investigación sigue en esa calidad y si sigue en calidad de investigado o en qué condición la persona que en este momento puede ser supuesto autor de ese homicidio.

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha celebrado la reacción que el Congreso y la Unión Europea tuvieron este martes ante la situación de los Derechos Humanos en Gaza con una nueva ofensiva de Israel de fondo, si bien ha lamentado que le es difícil estar satisfecho porque la respuesta es muy tardía.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, recogida por Europa Press, el dirigente de los Comuns se ha mostrado convencido de que el inicio de la tramitación en el Congreso de una ley para prohibir la compraventa de armas a Israel, así como la decisión de Bruselas de revisar el Acuerdo de Asociación con el Estado hebreo a petición de España y otros 16 países, es una noticia importante que se da en respuesta a las movilizaciones sociales.

Eso sí, ha expresado su insatisfacción porque se está frente a una reacción muy tardía que se ha producido por las imágenes que nos llegan de Gaza, que son realmente horrorosas y porque se ha sucumbido finalmente a manifestaciones en ciudades como Londres, La Haya, Madrid o Barcelona en las que se ha exigido que se tomen medidas urgentes para que no se contribuya a la cadena armamentística que conduce a crímenes constitutivos de genocidio por parte de Israel.

Estamos convencidos de que hay cosas que se podrían haber hecho antes, que se podrían haber hecho a través de un real decreto ley, a través de una decisión del Poder Ejecutivo. Pero en todo caso lo que pasó ayer, no solamente en el Congreso en Madrid, sino lo que pasó en Europa, es una reacción a lo que están planteando las opiniones públicas, ha explicado.