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Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).- La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado que es imposible legalmente paralizar las denuncias a propietarios que utilizan de forma residencial viviendas en zonas turísticas y se ha remitido a una mesa de trabajo con cabildos y ayuntamientos para resolver este problema mediante un cambio en la legislación, para lo que ha pedido serenidad y colaboración a los partidos de la oposición.

De León ha comparecido en el pleno del Parlamento a petición del PSOE y de Nueva Canarias, cuyos representantes Gustavo Santana y Esther González han denunciado el fracaso del decreto aprobado hace un año por el Gobierno sobre el uso turístico, tras el cual han continuado los expedientes sancionadores a los propietarios.

La consejera ha señalado que hay un total de 176 expedientes sancionadores, pero ha señalado que no parten de la administración, sino que son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos ante las que el Gobierno de Canarias tiene el deber legal de actuar.

Ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo marco normativo para solucionar la situación de los propietarios con uso residencial en zonas turísticas y ha señalado que es la Ley de 2013 la que obliga a la unidad de explotación de los complejos turísticos.

Jéssica de León ha insistido en que no es posible legalmente una suspensión inmediata de los expedientes sancionadores y ha reprochado a los grupos de la oposición que prometan a los afectados soluciones inviables.

La salida legal pasa por dar respuesta a tres realidades diferenciadas, que son la residencialización de los complejos, la utilización de apartamentos como segundas residencias y la explotación como viviendas vacacionales de apartamentos sin gestor turístico, ha señalado De León.

Para ello, se lleva «meses» trabajando con cabildos y ayuntamientos en el diseño de la futura ordenación urbanística, ha dicho De León, quien ha destacado el trabajo pionero del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la creación de una ordenanza municipal que puede servir de referencia para el resto de consistorios.

La consejera ha pedido disculpas a las familias afectadas, ha ofrecido diálogo a todas las partes y a los partidos de la oposición y ha insistido en que se está trabajando para resolver el problema en esta legislatura.

Gustavo Santana, del grupo Socialista, ha recordado que ya hace un año que el Gobierno aprobó el decreto sobre el uso turístico de los apartamentos residenciales en el archipiélago con el que prometió seguridad jurídica para los propietarios y desde entonces la Consejería ha tramitado 62 nuevos procedimientos sancionadores.

Santana ha advertido de que hay más de 70.000 personas afectadas en Canarias, ha reclamado una profunda modificación de las normas y ha denunciado la ineficacia de la política turística del Gobierno de CC y PP cuando falta solo un año para la finalización de la legislatura.

En su opinión, el Gobierno ha dado prioridad a la unidad de explotación frente a los intereses de los afectados por conservar sus casas y ha dilatado las soluciones mediante cambios normativos orientados a complicar las futuras resoluciones judiciales sobre esta materia.

Santana ha exigido el cese de las trabas para garantizar el derecho básico de estos ciudadanos a residir con normalidad en sus propias viviendas.

La representante de Nueva Canarias, Esther González, ha denunciado el gran sufrimiento de los afectados por las sanciones por residir en sus propias viviendas, ubicadas en zonas turísticas pero no en suelo turístico, sino mixto, y ha afirmado que 2.000 familias han sido sancionadas por ello.

González ha advertido de que la actuación de la Consejería ha generado un miedo constante entre los vecinos al tener que elegir entre residir en sus casas o recibir multas y ha reprochado a la administración autonómica que tramite nuevas denuncias.

Esta normativa provoca la expulsión de la población local para favorecer la explotación turística de estos inmuebles, ha afirmado la representante de Nueva Canarias.

Esther González ha exigido la revisión de oficio de los expedientes sancionadores, que obligan a los afectados a acudir a los tribunales para defender su derecho constitucional a la vivienda. 

Santa Cruz De Tenerife, 28 abr (EFE).- Intersindical Canaria ha exigido este martes la paralización inmediata del anteproyecto de ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, pues considera que abre la puerta a una privatización encubierta al delegar en vigilantes de seguridad privada la labor atribuida a funcionarios públicos.

En un comunicado Intersindical Canaria pide que anteproyecto se someta a una amplia consulta y debate público e institucional y advierte de que el texto convierte la falta de personal público y de medios para desarrollar sus funciones «en la antesala del desmantelamiento» del cuerpo de agentes de medio ambiente del Gobierno de Canarias.

Señala que, tras declararse la tramitación de urgencia del anteproyecto de ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, el Gobierno de Canarias lo ha expuesto a consulta pública durante nueve días, que concluyeron el 24 de abril.

Este plazo era «claramente insuficiente» para analizar un texto de tal calado, critica Intersindical, que afirma que «una vez más, se ha despreciado la experiencia y los conocimientos» de los empleados públicos.

Al respecto, indica que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se encuentra en una situación «de abandono institucional» con un 58,3% de sus plazas de agentes de medio ambiente vacantes.

En la provincia de Las Palmas la situación «roza el colapso» con un 66,6 % de la plantilla sin cubrir, y tres agentes operativos para toda la provincia, unas cifras que a su juicio demuestran «que la privatización no es una necesidad coyuntural, sino una estrategia de desmantelamiento programado» del servicio público pese a la previsión de crear 10 plazas que son «claramente insuficientes».

Pero la situación actual «no solo es crítica por su mermada plantilla» sino por el incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y operatividad, prosigue la organización sindical, que recuerda que ya en 2003 informes del Ministerio de Medio Ambiente establecían un mínimo de 12 agentes para garantizar la cobertura efectiva de los cuadrantes de servicio en los Parques Nacionales.

«En la práctica los turnos se realizan en solitario o se dejan sin cubrir por falta de personal, y siempre sin las medidas seguridad propias de un cuerpo de policía administrativa especial», advierte.

Por ello la organización sindical denuncia «la grave vulneración» de la normativa estatal y autonómica que supone dotar a personal de empresas de seguridad privada de competencias legalmente reservadas a funcionarios públicos, una decisión que «choca frontalmente» con la organización interna de la Administración.

Ello se debe a que el personal laboral con funciones de vigilancia no puede ejercer funciones exclusivas del personal funcionario, como la identificación de personas, el principio de veracidad en las actas o la fe pública, por lo que «resulta aún más inadmisible que estas se deleguen en vigilantes del ámbito privado», subraya el sindicato.

Al optar por la seguridad privada en lugar de cubrir vacantes e invertir en funcionarios de carrera, la Administración no solo precariza el servicio, sino que pone en riesgo la legitimidad de la autoridad ambiental, continúa.

En su opinión, esta norma presenta además «contradicciones directas» con las leyes estatales de residuos, especies exóticas y seguridad privada y apunta a que la falta de rigor jurídico no solo invalida el texto desde su base, sino que ha generado un rechazo unánime entre los distintos cuerpos de seguridad», que advierten de las contradicciones legales y operativas que conlleva la nueva regulación.

Santa Cruz De Tenerife, 28 abr (EFE).- La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asián, ha afirmado este martes que si el Gobierno autonómico pudiera "resolver" la regla de gasto, puede asegurar que bajaría los impuestos "al límite de la garantía" de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Asián ha respondido de esta manera en el pleno del Parlamento regional al diputado de Vox Javier Nieto, quien le ha preguntado si considera que ha llegado el momento de bajar impuestos "de una vez".

Javier Nieto ha cuestionado a la consejera si, ante el récord "histórico" de recaudación en Canarias, se plantea una bajada "bien, en serio" del tramo autonómico del IRPF de al menos un 6 por ciento para ayudar a que las familias que no llegan a fin de mes alivien su situación antes "de que sea tan terrible que tengan que caer en la dependencia". 

La consejera ha contestado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno canario ha ido bajando impuestos de forma selectiva y siempre con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios básicos, estricto cumplimiento de la disciplina fiscal y con atención a las circunstancias macroeconómicas.

Y ahora "estamos iniciando una etapa de menor crecimiento económico", ha advertido la consejera, para recordar que la regla de gasto "nos impide gastar más" del porcentaje que fija el Gobierno de España y que "no tiene nada que ver con la recaudación" ni con la posibilidad de una Comunidad Autónoma para bajar impuestos.

Flexibilizar la regla de gasto "es lo que estamos pidiendo desde el minuto uno, que se nos permita gastar la recaudación disponible", ha reiterado Asián, quien ha invitado a Vox y al resto de grupos parlamentarios "a que nos acompañe para defender esto ante las instituciones españolas". EFE

Santa Cruz de La Palma, 28 abr (EFE).- El Cabildo de La Palma ha aprobado la ampliación del plazo de la Declaración de Emergencia Sociosanitaria y de Atención Prioritaria, con el objetivo de agilizar la atención a personas mayores en situación de dependencia y garantizar el funcionamiento de los centros sociosanitarios de la isla.

La medida, acordada en Consejo de Gobierno, da continuidad al decreto aprobado en octubre de 2024 para mantener un marco administrativo excepcional que permita reducir los tiempos de respuesta ante la elevada demanda de plazas en residencias y centros de día.

La consejera de Acción Social insular, Ángeles Fernández, ha afirmado que el objetivo es evitar que las personas dependientes queden desatendidas por cuestiones burocráticas, destacando que esta herramienta facilita una gestión más ágil de recursos y personal.

El acuerdo incluye medidas para reforzar el sistema sociosanitario, como la creación de listas supletorias y equipos volantes para cubrir bajas y necesidades urgentes, en coordinación con los ayuntamientos.

También se prioriza la tramitación de expedientes vinculados a dependencia y salud, al tiempo que se garantiza la continuidad de los servicios esenciales en residencias de mayores y centros de atención a la discapacidad. EFE

Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reivindicado el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) como herramienta clave para la cohesión territorial y la igualdad entre islas, al asegurar que su diseño permite distribuir recursos no solo en función de la población, sino también del territorio.

Esto evita “un archipiélago a doble o triple velocidad”, ha agregado este martes Clavijo en el Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien ha destacado el impacto “importantísimo” del fondo en la última década, especialmente para islas como La Gomera.

Clavijo ha avanzado además que el Gobierno canario trabaja en la renovación del programa para los próximos diez años, tras una evaluación externa que, según ha indicado, avala los resultados del programa.

«Una comisión técnica definirá en mayo los nuevos criterios, con el objetivo de firmar los convenios con los cabildos en junio», ha dicho.

El presidente ha añadido que el Ejecutivo estudia ampliar la capacidad inversora del fondo, en función de las negociaciones con el Estado sobre las reglas de gasto, con el fin de “potenciar los efectos positivos” logrados hasta ahora.

Así, Fernando Clavijo ha recordado que el FDCAN surgió tras la negociación con el Estado que permitió liberar unos 160 millones de euros anuales, inicialmente destinados a compensaciones, y orientarlos a inversión productiva.

“Si se introducía en el gasto corriente, no íbamos a conseguir elementos aceleradores del empleo ni de la economía”, ha afirmado, pues el fondo se ha demostrado «como dinamizador económico», al multiplicar por 1,7 la inversión privada por cada euro público, y como instrumento de equilibrio territorial, al priorizar criterios que benefician a las islas menos pobladas. EFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Plataforma Salvar Punta Blanca ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario en las que solicita anular la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre promovida por Underwater Gardens International, S.L. (UGI), en el marco del proyecto europeo ‘Horizon Ocean Citizen’.

Las alegaciones, apunta la plataforma en una nota, «demuestran que este proyecto no es lo que dice ser, bajo la apariencia de una actuación científica y temporal de restauración marina, se esconde la primera fase de un parque temático privado que pretende ocupar de manera permanente y con financiación pública europea la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, uno de los espacios marinos más importantes de Canarias».

En esa línea exponen que «este territorio no es un recurso esperando ser explotado, es patrimonio natural colectivo que merece ser protegido, no transformado en atracción turística».

Punta Blanca, en el término municipal de Guía de Isora, es uno de los últimos tramos de litoral sin urbanizar del sur de Tenerife.

Forma parte de la Zona Especial de Conservación Franja Marina Teno-Rasca, espacio integrado en la Red Natura 2000, con presencia acreditada de angelote (Squatina squatina), tortuga verde (Chelonia mydas) y coral negro (Antipathella wollastoni), entre otras 14 especies bajo régimen de protección, detalla la plataforma que agrupa a un total de 34 colectivos.

Así, insiste en que «aunque se tramita como una instalación científica temporal, el proyecto intenta ocultar que los arrecifes artificiales serán permanentes».

De hecho, señala que «si se lleva a cabo, se instalarían en una zona donde no existen actualmente, alterando un fondo marino arenoso que tiene un alto valor ecológico, hábitat de especies tan importantes como el angelote o la tortuga verde».

UN «PARQUE TEMÁTICO PRIVADO»

Las alegaciones acreditan documentalmente que el proyecto presentado ante Costas es, en realidad, «la parte marina de un parque temático privado».

No en vano, detalla, «la fragmentación del proyecto en dos partes se oculta a nivel administrativo, pero se evidencia constantemente en la documentación del proyecto», ya que ambos proyectos han sido presentados por la misma empresa, «controlada por la misma persona física, la que tramita simultáneamente la parte terrestre ante el Cabildo como Proyecto de Interés Insular y la parte marina ante el Ministerio como investigación científica sin ánimo de lucro».

Para la plataforma, «esta fragmentación artificial tiene la intención de eludir la evaluación ambiental conjunta, lo que podría constituir un fraude de ley».

A su juicio, «si el diagnóstico no es honesto, si las causas de la degradación no se abordan, y si los beneficiarios reales no son el ecosistema y la comunidad local, entonces no es restauración, es otra forma de extractivismo depredador con mejor imagen, Punta Blanca no se toca».

Igualmente la plataforma detalla que «el proyecto tiene una falta de rigor científico que se hace patente en todo el documento, lleno de afirmaciones que no se respaldan con estudios científicos, es tan poco riguroso, que contiene menciones erróneas a estudios científicos en cuestiones trascendentales».

Hasta el momento, más de 62.000 personas han firmado la petición internacional en WeMoveEurope exigiendo la protección de Punta Blanca.