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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) –

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha corregido de oficio la cuantía de la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rebajándola desde los 150.000 euros iniciales –que incluían todas las posibles responsabilidades pecuniarias, tanto indemnización como multa– hasta los 75.000 euros, pero sin tener en cuenta la eventual multa porque, según doctrina constitucional, supondría anticipar una condena.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que García Ortiz ya ha aportado parte de su patrimonio para hacer frente a los 150.000 euros fijados inicialmente como fianza porque no contaba con el dinero en efectivo.

Además, señalan que, desde que se conoció la fianza, numerosas personas –familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos– se habían ofrecido a colaborar en el pago de la misma. Sin embargo, García Ortiz no ha querido implicar a nadie, aunque las fuentes aseguran que está agradecido por las muestras de solidaridad.

El fiscal general estaba ultimando un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta por el magistrado instructor al considerar que se trataba de un monto excesivo. En este sentido, las citadas fuentes subrayan que en casos de agresión sexual se suele fijar en 50.000 euros.

La acusación particular que ejerce González Amador también ha recurrido, aunque ante el propio instructor, para que eleve la fianza a los 300.000 euros que pedía, alegando que los daños morales sufridos como consecuencia del «relato político» no han cesado ni un día.

La pareja de Díaz Ayuso esgrime que «no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024», cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los ‘emails’ entre su defensa y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, «en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso’».

GARCÍA ORTIZ, A JUICIO

El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.

Fuentes jurídicas avanzan a Europa Press que el juicio se celebrará hacia noviembre, con una duración aproximada de una semana –aunque podría prolongarse debido a la gran cantidad de testigos que proponen las partes–, y posible sentencia hacia final de año. El tribunal lo conformarán siete magistrados de mayoría conservadora encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) –

El Congreso tiene previsto dar la próxima semana un paso más para la constitución del nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCPP), una vez que los grupos parlamentarios designen a sus representantes en este órgano, que se encargará de estudiar las conductas de periodistas que puedan ser susceptibles de sanción, confirmaron fuentes parlamentarias.

En su reunión de este martes, la Mesa de la Cámara ha dado de plazo hasta el miércoles 24 de septiembre a los grupos para que nombren a sus representantes en dicho foro, del que formarán parte dos miembros de la Mesa (un representante de la Presidencia y otro de la Vicepresidenta Segunda, que suele ocupar la oposición), dos periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y un miembro de cada grupo parlamentario.

LA INSTRUCCIÓN DE LA MESA

La semana pasada, el órgano rector del Congreso aprobó una instrucción que establece por escrito las conductas de periodistas que podrían ser ‘castigadas’ y donde se detallaba, además, los medios a los que no se va a acreditar, entre ellos los que cuenten con una plantilla de menos de diez personas o que tengan deudas con la Seguridad Social.

Esta resolución desarrolla la reforma del Reglamento del Congreso que se aprobó el pasado julio y con la que el PSOE y los socios de investidura incluyeron un régimen sancionador para informadores que puede llegar a la retirada de la acreditación, una reforma que contó con el voto en contra de PP y Vox.

Así, ante cualquier actuación sancionable, se podrá denunciar al periodista acreditado ante el Departamento de Comunicación y la Mesa del Congreso enviará el caso al nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que se pretende ahora poner en marcha.

En ella los representantes de los partidos, por mayoría ponderada (según su peso en el hemiciclo), serán los que decidan si la denuncia debe conllevar o no una propuesta de sanción, si bien la resolución corresponde a la Mesa del Congreso, ante la que cabe recurso.

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no considera «ninguna sorpresa» la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha insistido en defender su presunción de inocencia y su continuidad en el cargo.

«Hay mucha gente que, con muy buena intención, ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué; pues el Tribunal Supremo, en esta autosentencia, dice una cosa que no han destacado otros, que es que no se suspenden las funciones del fiscal general», ha subrayado.

A su juicio, hay que respetar la presunción de inocencia de García Ortíz y no limitar su actividad porque «no se entendería» que el fiscal general deba dar un paso al lado mientras otros investigados, como Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo, esté paseando por la calle.

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) –

El PSOE ha recurrido en el Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Reglamento del Senado operada por el PP que permite a la Cámara Alta revisar el carácter de urgencia declarado por el Congreso de los Diputados o el Gobierno en los proyectos y proposiciones de ley impulsados, al considerar que supone una «invasión» de las competencias de la Cámara Baja y del Ejecutivo.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, impugna la ‘Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 133, 160 a 166, 168 y 169’, y que también impone al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la obligación de comparecer una vez al mes en la sede legislativa, pero solo se dirige contra un precepto: el 133.

La modificación efectuada en dicho artículo implica que «la Mesa de la Cámara podrá solicitar, en su caso, los antecedentes necesarios para apreciar que concurren las razones que conducen a la aplicación del procedimiento de urgencia», en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

El PSOE entiende que la reforma se debe a que el PP, impulsor de la misma, «observa un empleo abusivo del procedimiento legislativo de urgencia decidido por el Congreso de los Diputados, encaminándose la reforma reglamentaria finalmente aprobada a tratar de paliarlo».

A su juicio, atribuye al Senado dos nuevas potestades: «De un lado, la de solicitar los antecedentes que considere necesarios respecto de los proyectos o proposiciones declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados»; y, «de otro lado, la consistente en ‘apreciar que concurren las razones que conducen a la aplicación del procedimiento de urgencia’».

Para los senadores socialistas que firman el recurso, «resulta claramente inconstitucional, al desbordar lo dispuesto en el artículo 90.3 del texto constitucional», según el cual «el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados».

«NO ES UNA OPCIÓN»

El PSOE considera que, «a tenor de lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Constitución, la aplicación del procedimiento legislativo de urgencia en el Senado (…) no es una opción o posibilidad cuando tal declaración de urgencia ha sido acordada por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados».

«Atribuir a la Mesa del Senado la capacidad para revisar y, en su caso, revertir la declaración de urgencia acordada por el Gobierno o por el Congreso respecto de un proyecto o proposición de ley colisiona frontalmente con la literalidad del artículo 90.3», afirma.

En consecuencia, denuncia que, «con la reforma operada, pretende la Mesa del Senado subvertir el papel otorgado por el legislador constituyente a la Cámara Alta en el marco de un elegido bicameralismo imperfecto, arrogándose la capacidad de condicionar y decidir la aplicación del procedimiento legislativo de urgencia ya acordado previamente por otros órganos como el Gobierno o el Congreso de los Diputados».

A su juicio, esto «implica una alteración sustancial del equilibrio entre las cámaras consagrado en la Constitución, pues, otorgar a la Mesa del Senado la potestad de ‘apreciar que concurren las razones que conducen a la aplicación del procedimiento de urgencia’, cuando esa urgencia ha sido ya declarada por el Congreso, es tanto como habilitar al Senado para ralentizar o frustrar una voluntad legislativa constitucionalmente preponderante».

«Esta modificación reglamentaria supone una invasión en la esfera competencial constitucionalmente reservada a otros órganos, e, incluso, a otro poder del Estado, contraviniendo el principio de supremacía constitucional», asevera.

CRITERIO DE «OPORTUNIDAD POLÍTICA»

Además, los socialistas alegan que «la Constitución no impone o establece ningún deber de motivación de la declaración de urgencia a la que se refiere en su artículo 90.3 cuando atribuye al Gobierno y al Congreso la capacidad de formularla».

Al hilo, recuerdan que, a través de sus sentencias, «el TC ha librado a la Mesa del Congreso y, siguiendo el mismo razonamiento, al Gobierno, de quedar sometidos a ningún requerimiento encaminado a justificar o motivar la decisión adoptada».

«A diferencia de lo que se lee en la nueva redacción dada al artículo 133 Reglamento del Senado, no existe ningún requisito o razón que deba concurrir para decidir aplicar el procedimiento de urgencia, más allá de la oportunidad política», subrayan.

Con todo, el PSOE sostiene que «el margen de apreciación que la Constitución dejaría al Senado para valorar y aplicar el procedimiento de urgencia, cuando este ha sido decidido por el Gobierno o el Congreso de los Diputados», «es inexistente».

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) –

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este martes que la decisión de que el embargo de armas a Israel, anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se realice mediante real decreto ley es una «estrategia» para que la medida no pase del Congreso frente a la negativa de Junts.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en ‘Las Mañanas’ de RNE, recogida por Europa Press, donde la dirigente de Podemos ha afirmado que las nueve medidas que anunció Sánchez en Moncloa este lunes son unos compromisos en los que «no va a creer hasta que los vea», y en la que ha criticando la decisión de aprobar el embargo de armas por decreto ley.

Para la tramitación del bloqueo a Israel, el Ejecutivo de Sánchez necesitará que la medida aprobada por el Consejo de Ministros sea ratificada por mayoría simple en el Congreso, para lo que necesita el apoyo de todos los socios de la investidura, donde se incluyen ERC, PNV y Junts, algo que ha señalado la propia Irene Montero.

«Me pregunto por qué hacen estas medidas mediante un real decreto ley cuando lo pueden hacer por un real decreto o por una decisión de menor rango de Consejo de Ministros. A lo mejor es porque así Junts lo va a tumbar y van a poder contar que lo han intentado pero que no fue posible», ha afirmado.

En ese sentido, la que fuera ministra de Igualdad ha acusado al presidente del Ejecutivo de «tratar de acallar a la opinión pública mientras mantienen su complicidad con el genocidio» porque considera que las medidas son una manera de «hacer titulares» mientras que el Gobierno «le ha comprado más armas a Israel» desde el ofensiva a Gaza «de las que se compraban antes».

«Hay acuerdos, 46 en concreto, que no se han formalizado y por eso, como hay algunos que no se han formalizado, no se van a formalizar porque otras veces ya han dicho que los suspenderían», ha señalado la dirigente de Podemos.

BASES DE EEUU EN MORÓN Y ROTA

También ha mostrado preocupación de que el bloqueo no se cumpla en su totalidad, ya que Estados Unidos tiene el control de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera, desde las que podría enviar armamento a Israel «sin rendir ni una sola cuenta al Gobierno de España».

Asimismo, Montero se ha referido a una parte de la intervención este lunes de Sánchez, en la que este admitió que el embargo se ha venido aplicando de facto desde octubre de 2023 y que ahora pretendía «consolidarla jurídicamente» para «establecer la a prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel».

Para la secretaria política de Podemos, esto demuestra que el presidente del Gobierno ha estado dos años «mintiendo radicalmente a la cara de los ciudadanos con un tema tan serio como este».

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) –

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha acusado este lunes al Gobierno de central de buscar el «caos» y que comunidades autónomas gobernadas por el PP «se desborden» al hilo del reparto de menores migrantes no acompañados que ha planteado el Ejecutivo central desde Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el consejero andaluz de Presidencia e Interior se ha pronunciado así al hilo del Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, con el que el Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.

Dicho decreto activará el protocolo de traslados de los menores de Canarias a la Península, y establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, de 2.650 en Cataluña y de 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria de acogida según dicho cálculo.

A la pregunta de si la Junta de Andalucía va a recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, Antonio Sanz ha respondido que la Junta acudirá «a todas las vías jurídicas, incluida la reclamación en el (Tribunal) Supremo» frente a lo que ha tachado de «imposición política» por parte del Ejecutivo «para salvar una vez más a Pedro Sánchez».

En esa línea, ha criticado que «País Vasco y Cataluña, una vez más, por mantener los siete votos que necesita» en el Congreso Pedro Sánchez para seguir como presidente del Gobierno, «no van a recibir menores inmigrantes», mientras que a Andalucía le «imponen el mayor número sin recursos, sin diálogo, sin haber hablado» previamente con la comunidad autónoma.

Antonio Sanz ha incidido así en denunciar que le parece «una vergüenza que se utilice a los menores inmigrantes como mercancía política y como pago de favores políticos de unas comunidades autónomas que se ven beneficiadas», y en esa línea se ha preguntado «quién explica que País Vasco y Cataluña no vayan a recibir a menores inmigrantes» en este reparto, si no es «porque sostienen al Gobierno de Sánchez».

El consejero ha sostenido que el Gobierno «busca que Andalucía se desborde y provocar el caos en las comunidades autónomas que no gestiona el PSOE», así como ha considerado que el Ejecutivo «está echando a las comunidades a pelear» entre sí con esta cuestión, mientras que «beneficia a País Vasco y Cataluña para que le voten» y «mantengan en el sillón» a Pedro Sánchez.

ANDALUCÍA «NO TIENE QUE DAR LECCIONES DE SOLIDARIDAD A NADIE»

Dicho esto, ha advertido de que a Andalucía «no nos tiene que dar lecciones de solidaridad nadie», porque esta comunidad «lleva acogiendo menores inmigrantes siempre» y es una «comunidad de acogida» que, no obstante, ahora está «casi al 100% de su cobertura», y por eso desde la Junta reclaman «respeto a la comunidad autónoma y dignidad» para los menores inmigrantes, de forma que éstos «no sean tratados como mercancía política» para que Sánchez «se mantenga en el sillón» de presidente del Gobierno, según ha zanjado Antonio Sanz.