Autor: Redactor

Madrid, 18 mar (EFE).

– La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que el pacto para el reparto de menores inmigrantes no acompañados es una «irresponsabilidad» y ha advertido de que la solidaridad «no va por cuotas».

Millán ha cuestionado a preguntas de los periodistas el acuerdo entre el Gobierno y Junts que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña, que recibirá entre 20 y 30 de los 4.

000 que se encuentran actualmente en Canarias.

Este acuerdo ha dado vía libre al Gobierno para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas como Canarias en el resto de comunidades autónomas.

Para Vox, se trata de una nueva «imposición» a las comunidades autónomas, con la que además el Gobierno continúa con las políticas de puertas abiertas y efecto llamada.

«Se trata de una absoluta irresponsabilidad con los españoles, que son al final quienes sufren las consecuencias de estas políticas.

No las sufre Pedro Sánchez, que está en La Moncloa con su seguridad, con su coche blindado y con todo ese séquito que le acompaña», ha denunciado Millán.

De este modo, ha añadido que las consecuencias de la inmigración ilegal las sufren los españoles, porque «son políticas de élites diseñadas para que ellos no las padezcan y que las padezcan el resto común de los mortales».

Ha incidido en que la «supuesta» solidaridad a la que alude el Gobierno «parece ser que va por cuotas», pero Vox cree que no debe ser así y que «directamente» lo que tiene que pasar es que los inmigrantes no lleguen a España de forma irregular.

El Gobierno, según la portavoz, está atendiendo exclusivamente a los «chantajes de una casta privilegiada de políticos separatistas que han convertido a los propios españoles en extranjeros».

EFEbgo/lml(Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid, 18 mar (EFE).

– La líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado este martes de «parche» la modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de menores migrantes no acompañados, ya que cree que no acaba con el problema de «racismo institucional», mientras que Sumar celebra el avance.

El Gobierno ha aprobado este martes el decreto de modificación de la ley de extranjería tras llegar a un acuerdo con Junts, lo que garantiza una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Belarra ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso que cuando tengan que votar esta reforma, los cuatro diputados de Podemos la apoyarán «de manera crítica», igual que hicieron con la toma en consideración de la iniciativa similar que llegó al Congreso en julio del año pasado y que no salió adelante por la falta de apoyo del PP, Vox y Junts.

«Es un parche que no va al corazón del problema de política migratoria que tenemos en España, que, insisto, adolece de un problema de racismo institucional muy serio.

Pero, evidentemente, mejor solidaridad interterritorial que insolidaridad interterritorial», ha añadido.

Por su parte, el grupo Sumar ve con buenos ojos esta reforma, ya que para la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, es una buena noticia que se vaya a avanzar «poniendo en el centro» a los menores, y la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha dicho que si se respetan los principios de equidad en el reparto de menores, teniendo en cuenta la población de cada territorio, «no tiene por qué haber un problema».

EFEscr/aam(video)

Santa Cruz De Tenerife, 18 mar (EFE).

– El Cabildo de Tenerife ha levantado 68 actas de infracción y retirado 750 kilos de residuos en La Caleta (Adeje), declarado como Sitio de Interés Científico, un lugar en el que a lo largo de 2024 se presentaron 906 denuncias por infracciones medioambientales.

En un comunicado, el Cabildo de Tenerife ha llamado a mantener las playas y espacios naturales protegidos libres de acampadas no autorizadas, un problema frecuente en este enclave, donde se han llegado a realizar incluso fiestas ilegales, principalmente por turistas, tal y como se puede observar en un video que se viralizó en redes sociales recientemente.

Así, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha pedido respeto por el medio ambiente y que el disfrute de los recursos naturales sea responsable.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán ha detallado que, tras la colaboración entre Policía Local de Adeje, Policía Autonómica, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente del Cabildo, han logrado un dispositivo especial para el levantamiento de acampadas en la Playa de Diego Hernández, cuevas anexas y lugares próximos dentro del espacio natural protegido de La Caleta.

“Estas intervenciones tienen como objetivo preservar la biodiversidad del espacio natural protegido y garantizar la seguridad de los visitantes y residentes de la isla.

Vamos a continuar haciendo controles de forma aleatoria en la zona en coordinación con todas las administraciones mencionadas, de tal forma que no se produzcan acampadas y, en su caso, sancionar a las personas que las realicen”, ha explicado Millán.

El Cabildo ha recordado que sus agentes de Medio Ambiente realizaron 906 denuncias por infracciones medioambientales en 2024, lo que supone un 37,8 % más que el año anterior.

De esa cifra, 612 corresponden al ámbito competencial del Cabildo, mientras que 294 se trasladaron a los órganos competentes para su tramitación como son la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Fiscalía de Medio Ambiente.

En concreto, se levantaron 114 actas de infracción relacionadas con los espacios naturales protegidos como acampadas sin permiso, actividad sin autorización o incumplimiento de condicionante, circulación fuera de pista, incumplimientos en materia de prevención de incendios forestales, vertidos, depósitos y abandono de materiales y residuos.

Las cuantías de las multas varían en función del tipo de infracción cometida.

Así, la multa por hacer fuego en un espacio natural protegido con grave riesgo a su integridad alcanza los 6.

000 euros, mientras que circular, parar o estacionar un vehículo (con o sin motor) fuera de pista en espacio natural protegido en senda o vereda (por peligro potencial para viandantes) oscila entre los 1.

500 y los 6.

000 euros.

Asimismo, la sanción por organizar una actividad con ánimo de lucro sin autorización es de 600 euros, mientras que acampar en una zona de exclusión o uso restringido está multado con 400 euros.

Por su parte, realizar una quema de residuos agrícolas sin autorización puede acarrear una multa de 700 a 1.

000 euros (en función de época de riesgo, cercanía a masa boscosa, vigilancia de la quema), mientras que cazar en época de veda conlleva una multa de 1.

000 euros.

EFEcmg/asd

Santa Cruz De Tenerife, 18 mar (EFE).

– La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha notificado la segunda resolución definitiva de becas para estudios universitarios para el curso 2024-2025, con un total de 1.

095 solicitudes concedidas que supondrán el abono de 2.

172.

975 euros.

Desde la apertura del plazo de solicitudes, que se amplió hasta el 5 de noviembre, se han recibido 10.

817 peticiones y con esta nueva resolución el proceso de concesión avanza «significativamente», según ha explicado la Consejería este martes en un comunicado.

Así, esta notificación se suma a la primera resolución definitiva, que en diciembre de 2024 permitió el pago de 1.

457.

611 euros a 2.

246 beneficiarios.

En esta segunda resolución el ingreso total a estudiantes asciende a 1.

428.

706 euros, mientras que el importe destinado a tasas universitarias se distribuye en 368.

675 euros para la Universidad de La Laguna (ULL), 283.

399 euros para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 92.

193 euros para universidades públicas fuera de Canarias.

Como novedad en esta convocatoria, la notificación de las resoluciones se realiza mediante comparecencia en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, lo que permite a los solicitantes acceder de manera ágil a la información sobre su solicitud.

Aquellos que deseen presentar recurso de reposición disponen de un mes desde el día siguiente a la notificación, ha añadido el departamento educativo.

EFEasd/cmg

Las Palmas de Gran Canaria, 18 mar (EFE).

– La vista celebrada este martes para intentar alcanzar una conformidad para evitar el juicio del ‘caso Catastro’ se ha saldado sin acuerdo, de tal manera que la Audiencia de Las Palmas terminará enjuiciando este caso, si bien no se ha señalado fechas para ello.

Según ha detallado a EFE uno de los abogados de la acusación particular, la defensa de uno de los tres acusados, residente en Fuerteventura, ha planteado al tribunal la imposibilidad de que su cliente pudiera trasladarse hasta Las Palmas de Gran Canaria para comparecer ante la vista, si bien ha asegurado que era imposible alcanzar una conformidad.

La Audiencia de Las Palmas juzgará a tres personas para las que la Fiscalía piden penas de hasta trece años de cárcel, acusadas de haberse intentado apropiar de 141 fincas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura falsificando contratos de compraventa e inscripciones catastrales.

El Ministerio Público ahonda en su escrito de acusación en que los tres acusados -junto a otros dos ya fallecidos- entre enero del año 2011 y febrero del 2016 actuaron todos juntos, de común acuerdo, con la finalidad de buscar fincas rústicas en estas islas para realizar cambios ilícitos en sus incripciones de titularidad catastral.

Tres de ellos buscaban datos entre sus conocidos sobre los bienes inmuebles ubicados en la provincia de Las Palmas, de esta forma conocían su ubicación y titularidad y también utilizaban la información que otro de los procesados les transmitía y a la que tenía acceso como consecuencia de su actividad profesional en una gestoría de la capital grancanaria.

Posteriormente, fabricaban ilícitamente documentación privada de contratos de compraventa para presentar ante la gerencia territorial del Catastro de Las Palmas en la que trabajaba el último de los acusados quien, en el ejercicio de dicha actividad como funcionario, lograba la alteración de la titularidad catastral de fincas registrales.

Con el consiguiente cambio en la titularidad catrastal de las fincas, lograron emolumentos económicos que todos ellos, de común acuerdo, fueron introduciendo en el mercado, mediante la realización de compras de vehículos, objetos de lujo o bienes inmuebles, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido de forma ilícita.

Tras no celebrarse la vista para una posible conformidad, el juicio ha quedado suspendido ‘sine die’.

EFEcas/jmr

Madrid, 18 mar (EFE).

– La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha avisado este martes de que recurrirá en los tribunales y en la Unión Europea el acuerdo entre el Gobierno y Junts que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña, que recibirá entre 20 y 30 de los 4.

000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá más de 700.

«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias.

No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», ha expresado Díaz Ayuso en la red social X, donde ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de «usar a los menores como arma política».

Este acuerdo permitirá al Gobierno aprobar el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias.

En un comunicado, Junts especifica que el reparto se llevará a cabo entre aquellas comunidades autónomas «que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo muy menor en comparación al esfuerzo que ha realizado Cataluña», y agrega que, del total de menores que habrá que distribuir por el conjunto de la península (unos 4.

000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700″.

Díaz Ayuso ha calificado de «lamentable» el acuerdo, que «se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias».

«Se usa a estos menores de arma política.

Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», asegura la presidenta madrileña en esa entrada de X.

EFEera/rcs/mcm

Las Palmas de Gran Canaria, 18 mar (EFE).

– Comisiones Obreras Canarias pide la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones laborales para el personal funcionario del Cabildo, pues el actual data del año 1999, indica el sindicato en un comunicado.

Los acuerdos de condiciones laborales del sector público funcional se revisan por regla general cada tres o cuatro años, pero en el caso del Cabildo, y a pesar de haber pasado más de 25 años, no se ha producido una revisión y solo se realizan pactos de adaptación del acuerdo del personal que también tiene una antigüedad considerable, dado que es del año 2002, asegura CCOO.

También indica que hace falta adaptar el marco que rige las condiciones laborales del funcionarias y funcionarios a todas las leyes que desde hace más de dos décadas se han venido aprobando.

Asimismo, el sindicato exige desatascar mediante estas negociaciones el plan de igualdad que sigue sin acabar de firmarse.

Tras la firma del pacto de funcionarios, se intentará hacer el mismo proceso con las condiciones de trabajo del personal laboral y de esta manera equiparar ambos marcos de regulación a la actualización correspondiente.

En el caso del cabildo de Gran Canaria la plantilla aprobada para 2025 es de 809 laborales y 752 funcionarios, por lo que estas afectarían positivamente a un total de 1.

561 trabajadores y trabajadores públicos.

EFEas