Autor: Redactor

Ceuta, 18 mar (EFE).

– El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha expresado este martes que “apoya” la iniciativa para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y poder derivar a menores a otras autonomías para aliviar la situación “insostenible” que tiene la ciudad ceutí.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), se ha referido al real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y articular un mecanismo de reubicación de los menores desde zonas con los recursos saturados, como Canarias o Ceuta.

“Siempre hemos defendido que la acogida de menores debe ser abordada desde una perspectiva estructural porque es un asunto de todos porque la situación es insostenible en Canarias y en Ceuta y en un futuro inmediato puede ser en cualquier otro territorio nacional”, ha dicho el consejero.

Por este motivo, ha precisado que Ceuta “siempre” ha defendido la modificación del artículo 35 “para establecer un mecanismo ágil que evite el colapso del sistema de acogida, de ahí que se necesita una solución estructural, justa y equilibrada”.

No obstante, Ceuta ha advertido que “hasta culminar la aplicación de la norma legal seguimos necesitando el respaldo del Estado porque la situación es insostenible a nivel financiero y presupuestario” por la atención de los menores extranjeros no acompañados, que suman en la ciudad unos 430 niños cuando deberían ser 120 menores como máximo.

El Gobierno ceutí ha afirmado que la atención a estos menores cuesta unos 11 millones de euros anuales, “y esa es la cantidad que solicitamos para cubrir el déficit porque hay que atender a los menores sí o sí.

El Estado no ha asignado ningún presupuesto y lo que queremos es tener las previsiones de gasto cubiertas”.

Alejandro Ramírez ha dicho también que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha hablado este mañana telefónicamente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “donde le ha trasladado las grandes líneas del documento que se aprobará en el Consejo de Ministros, aunque no tengamos el documento en sí”.

El portavoz del Gobierno ceutí ha destacado que “habrá que esperar los acontecimientos” pero sí ha concretado que “ojalá se lleve a cabo el reparto de menores para acabar con la saturación que tenemos”.

EFERp/vg/as

Madrid, 18 mar (EFE).

– Junts ha explicado este martes que el acuerdo alcanzado con el Gobierno para la aprobación de un decreto de modificación de la ley de extranjería sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados compensa la situación entre las comunidades autónomas y será temporal, ya que se revisará en un año.

Fuentes de la formación catalana han precisado que el pacto alcanzado implicará la modificación de varios puntos y disposiciones del artículo 35 de la ley de extranjería, pero será temporal, por un año, y una vez cumplido ese plazo se volverá a analizar la situación para que o bien se prorrogue o se acuerde otro reparto de menores dependiendo de la situación en ese momento.

El pacto, que afectará según el Ejecutivo a unos 5.

800 menores que actualmente está en Canarias, implica además la creación de un fondo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros, según Junts, para «compensar» a las comunidades que acogen y han acogido hasta el momento, y se distribuirá en función de quien más reciba.

Así, han precisado que se distribuirá bajo criterios de «saturación» de las instalaciones de acogida y han recordado que Cataluña es la región con estas infraestructuras más saturadas.

Entre los criterios acordados para el reparto de menores, que asciende a unos 4.

000 según los cálculos de Junts, estará el de densidad de población (una de sus exigencias), algo que hará que Cataluña quede «prácticamente la última» en la distribución.

En esa línea, los de Carles Puigdemont han destacado que mientras que en Cataluña «la presión era mayor» que en otras regiones, había comunidades como «Madrid, La Rioja o Andalucía» que han sido «poco solidarias» en esta materia.

«Las que durante muchos años no han acogido, ahora acogerán», han subrayado.

Así, bajo los cálculos de la formación, Cataluña recibirá «entre 20 y 30» menores migrantes no acompañados y la situación a nivel nacional quedará «más compensada».

Junts ha querido dejar claro que Cataluña seguirá siendo «tierra de acogida» y que con este acuerdo no se posiciona en contra de los derechos de estos menores sino que enfrentan el «pasotismo» de otras regiones a la hora de acogerles.

Sobre la negociación con el Gobierno que se alargaba desde el pasado verano, la formación ha puntualizado que «ahora» el PSOE ha visto las cifras de acogida en Cataluña y antes se discutía con números «muy alejados».

En declaraciones a la prensa en el Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha insistido en que Cataluña ha hecho un «esfuerzo gigantesco» mientras otras comunidades regiones han mirado «hacia otro lado».

Para Nogueras el acuerdo corrige una «desigualdad histórica» y ha defendido que su partido sigue trabajando por Cataluña mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «no se mueve» por no «molestar» al Gobierno de España.

EFEmsh/aam(foto) (vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria, 18 mar (EFE).

– La Audiencia de Las Palmas ha aplazado este martes el juicio previsto para esta semana contra dos hombres acusados de intentar asesinar a otras dos personas en una finca de Telde (Gran Canaria) después de que uno de los acusados comunicara su deseo de renunciar a su defensa en las cuestiones previas de la vista.

El acusado ha aducido no haberse entendido durante el proceso con su abogado, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Pedro Herrera, le ha replicado que había tenido tiempo en este tiempo que lleva activo el procedimiento -los hechos sucedieron en abril de 2022 y la detención se produjo una semana después- para darse cuenta que no estaba de acuerdo con él.

El acusado ha respondido al tribunal que ha habido «acciones» de su abogado durante la instrucción con las que no ha estado de acuerdo, y que se han mantenido pese a sus negativas, motivo por el cual no había comunicado su malestar con la defensa hasta ahora.

Tras marcharse a deliberar, el tribunal ha tomado la decisión de suspender el juicio y ha dado al acusado de plazo hasta el 28 de marzo para designar al abogado que considere, bajo la advertencia de que, de no ser así, se le asignaría uno de oficio.

«Esto supone una perturbación y perjudica a muchas personas», le ha reprochado el magistrado, quien le ha recordado que la confianza en su abogado «no se pierde de la noche a la mañana», al tiempo que les ha recordado que se encuentran en prisión provisional por estos hechos, la cual se alargará ahora ante el retraso de la vista, que ha quedado agendada para los próximos 14, 20 y 21 de mayo.

En declaraciones a los periodistas, el que era abogado de este acusado, Rafael Jiménez de Oliva, ha admitido que han ido a celebrar este juicio, pero que al final «las líneas de defensa no han coincidido» y que, en su opinión, «siempre hay que respetar la voluntad del cliente».

También ha señalado que al procesado no le había satisfecho el acuerdo que ha planteado el Ministerio Público antes del inicio de la vista, una pena de 12 años de cárcel por los hechos.

Una pena que rebaja a algo menos de la mitad, ya que el fiscal, en su escrito de acusación, interesaba una condena de 25 años de prisión a cada uno de los acusados por dos delitos de asesinato en grado de tentativa -12 años de cárcel cada uno- y otro de tenencia ilícita de armas -un año-.

Según los hechos presentados por el Ministerio Fiscal, los dos acusados se pusieron de acuerdo para acudir al domicilio en el que vivía una de las víctimas en la zona de Jinámar portando sendas escopetas de caza y, una vez allí y al tratar de huir esta persona, le propinaron dos tiros que impactaron en las piernas y la espalda.

La otra víctima, al intentar proteger a esta persona, recibió otro disparo de escopeta en las manos, que había usado para protegerse la cabeza.

EFEcas/jmr

La Frontera (El Hierro), 18 mar.

(EFE).

– La Consejería de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras del Cabildo de El Hierro celebrará dos encuentros con vecinos en las poblaciones de Las Puntas y Los Mocanes, ante el inicio de los trabajos de ejecución del Ecopaseo ciclista que conectará ambas poblaciones en el municipio de La Frontera.

La iniciativa mejorará la seguridad vial y promoverá la movilidad sostenible, con la construcción de un sendero peatonal y un carril bici, según señala el Cabildo insular en un comunicado.

El consejero insular de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras, David Cabrera, ha informado que se trata de dos encuentros para dar a conocer el proyecto entre los vecinos del Valle de El Golfo, en los que participarán los técnicos responsables para responder a cualquier pregunta y proporcionar información adicional.

La iniciativa está impulsada por las áreas de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Turismo, Transporte y Comunicaciones del Cabildo de El Hierro, y está financiada por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, y un plazo estimado de ejecución 225 días naturales.

EFE.

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Santa Cruz De Tenerife, 18 mar (EFE).

– El coordinador general del PP en Canarias y diputado autonómico, Jacob Qadri, ha dicho este martes que su partido en el archipiélago celebra que por fin se vaya a producir el «reparto» de los menores migrantes no acompañados por otras comunidades autónomas y ha señalado que «no entran a valorar» lo que hagan otras comunidades autónomas como Madrid.

En declaraciones a los medios y, cuestionado por la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado un recurso contra el decreto que permite la distribución de los niños y adolescentes tutelados por el Gobierno canario, ha expresado que cada comunidad autónoma tiene «sus gobiernos, otras circunstancias y otras condiciones» y que en Canarias defiende lo que entienden mejor para los intereses del archipiélago.

Preguntado por si los intereses de Canarias difieren con los intereses del PP nacional o del PP de Madrid, Qadri ha insistido en que la distribución que se facilita con el decreto «era urgente, necesario y lo llevamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo porque la situación en el archipiélago es totalmente insostenible».

«No vamos a entrar a valorar los intereses de otras comunidades autónomas porque no somos competentes para eso.

Defendemos eso sí un reparto justo, equitativo y que no genere agravios ni conflictos entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo para no cerrarnos las puertas a otros futuros repartos», ha insistido el dirigente del PP canario.

También ha indicado que «no entiende» por qué se ha tardado tanto y, en su opinión, se ha llevado a la comunidad autónoma «a una situación límite».

«Se ha demostrado que le competía al Gobierno de España llevar a cabo las acciones para este reparto y no a la comunidad autónoma o a los partidos de la oposición.

Sabemos que no es la solución al problema, por eso es imprescindible que el Estado asuma la tutela de estos menores porque si no, dentro de unos meses tendremos el mismo problema, con el mismo debate», ha agregado.

Ha llamado asimismo a «terminar con el problema de raíz» y «aumentar el control de las fronteras, la seguridad» y ha insistido en el despliegue del Frontex «para controlar las fronteras marítimas que tan efectiva está siendo en puntos como por ejemplo el Mediterráneo oriental».

Preguntado por el sentido del voto de su partido a nivel nacional una vez se tenga que convalidar el decreto en el Congreso, Qadri ha dicho que «la postura del Partido Popular de Canarias es la que es y no va a cambiar» y, sobre lo que ocurra en el Congreso, ha manifestado que «lo que pase dentro de unas semanas o meses en el Congreso en estos momentos no es relevante».

«Lo que sí hay que intentar es que este documento que va a permitir el traslado de menores migrantes a otras comunidades sea un documento con garantías para las comunidades autónomas que van a recibir esos menores», ha insistido.

Respecto a la cuestión de la financiación, ha aludido a que existen «flecos» que él llamaría «dudas ante los engaños e incumplimientos» del Gobierno de España y, sobre la partida de 100 millones de euros aparejada al decreto anunciada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que «ha dicho tantas cosas que no se han cumplido que hay que tener cautela».

EFEcmg/spf(foto)

Zaragoza, 18 mar (EFE).

– La secretaría general del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado este martes que la situación de la inmigración irregular en España no se resuelve con un real decreto y que la política migratoria tiene que buscar el control de las fronteras y «dejar claro» que la política de retorno es la ya se está aplicando y se está acordando en el marco de la Unión Europea.

Gamarra, quien ha participado este martes en Zaragoza en un acto relacionado con la vivienda junto al presidente aragonés, Jorge Azcón, ha denunciado que haya sido Junts, «partido que no forma parte del Gobierno ni tan siquiera del Gobierno de Cataluña», quien haya anunciado el acuerdo para la modificación de la ley de extranjería en una rueda de prensa cuando en la sectorial de este lunes con las comunidades autónomas sobre inmigración «no se informó de absolutamente nada sobre lo que ya tenían en la mesa».

«¿Es esta la manera de gobernar un país?», se ha preguntado Gamarra, quien se ha respondido que es «la manera de permanecer en el poder al precio que sea», con una política de inmigración que no existe porque no existe control de fronteras ante una situación de emergencia migratoria como la que vive España, lo que, a su juicio, representa «una absoluta dejación de funciones» del presidente.

Un acuerdo, el de hoy, que va a aplicar, ha dicho, el «algoritmo de la desigualdad y la xenofobia» para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores «como si fueran paquetería», y que no va a resolver el problema porque Sánchez «no controla las fronteras».

A juicio de Gamarra, la política migratoria tiene que buscar el control de las fronteras y «dejar claro» que la política de retorno es la que ya se está aplicando y se está acordando en el marco de la Unión Europea.

Ha explicado que la aplicación del pacto europeo de la migración y asilo habla de los retornos de las personas que han llegado en situación irregular y el reglamento europeo de retornos, suscrito este mes de marzo por la Comisión Europea, también por el PSOE, establece que hay que hacer de la política de los retornos un instrumento «eficaz» para hacer frente a la situación de crisis e inmigración irregular que afecta a Europa.

«No son instrumentos de la Comunidad Valenciana», ha dicho Gamarra preguntada por el acuerdo entre el PP de Carlos Mazón y Vox anunciado este lunes que incluye un plan de retorno de inmigrantes irregulares, sino «instrumentos europeos» que se están articulando tanto desde la aplicación del Pacto europeo de inmigración y asilo como desde el reglamento europeo que se acaba de aprobar.

Ha insistido en que es una política europea y un planteamiento por el interés superior del menor para que esté con su familia, un principio que el PP comparte y defiende también para cualquier menor que llegue de manera irregular a España, ha dicho.

Gamarra ha hecho hincapié en que la modificación de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno de España y Junts «no es un plan de control de la inmigración irregular», sino que es un plan para ver cómo Sánchez permanece en el gobierno «al precio que sea» y que ha pasado, en una primera parte, por la entrega del control de las fronteras a Cataluña y ahora con este real decreto que «excluye a Cataluña», porque la acogida de 20 menores de 4.

000 y nada «es exactamente lo mismo».

EFElsg/anh/lml(Foto)

Arrecife (Lanzarote), 18 mar (EFE).

– El Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) ha aprobado este martes en sesión plenaria un presupuesto de 31.

445.

036,54 euros para el ejercicio 2025, dentro del que se contempla una inversión de 18,6 millones destinada a infraestructuras, servicios y proyectos para el municipio.

Las cuentas se aprobaron con el voto favorable del equipo de gobierno, formado por PSOE y Unidas Sí Podemos, y el voto en contra de la oposición (PP, CC y Vox).

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, ha destacado que el Ayuntamiento es el primero de Lanzarote en aprobar sus presupuestos y que están diseñados «teniendo en cuenta la prudencia contable y contando con la llegada posterior de subvenciones de otras administraciones, por lo que las cuentas municipales aumentarán hasta los 42 millones de euros».

Cruz Saavedra ha resaltado asimismo el apartado de inversiones, en el que se incluyen proyectos como los trabajos en el Camino Berriel, la Ramblas Islas Canarias, el saneamiento de la calle Timanfaya, el aire acondicionado de El Fondeadero, parques infantiles o alumbrado público con tecnología LED en distintos puntos del término municipal.

El primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra, ha señalado, por su parte, que el presupuesto «está diseñado para impulsar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, siguiendo la línea del aumento significativo de nuestro compromiso con la base social a través de la estrategia comunitaria Conecta Tías y otros servicios».

El concejal de Hacienda, Tomás Silvera, ha explicado que el documento aprobado «permite consolidar la estabilidad económica de Tías y fortalecer su capacidad inversora sin recurrir al endeudamiento, manteniendo el compromiso del Ayuntamiento con la eficiencia en la gestión de los recursos públicos».

Silvera ha defendido que las cuentas se basan en «modernizar infraestructuras, generar empleo, mejorar nuestra imagen turística y reforzar la sostenibilidad del municipio».

En ese sentido, ha puesto el foco en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Lanzarote, la energía de la Tierra’, dotado con 2,85 millones de euros, el calendario de eventos como St.

Patrick`s Festival o Ironman y el II Plan de modernización de Puerto del Carmen, a punto de aprobarse.

EFE1012213sgc/cas

Santa Cruz de Tenerife, 18 mar (EFE).

– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que es un día «importantísimo» y «feliz» para España y para Canarias por la aprobación de un decreto por el Consejo de Ministros que de hecho establece «un sistema de protección nacional» de los menores migrantes.

En una rueda de prensa convocada tras conocerse el pacto para el reparto de menores migrantes mediante un mecanismo permanente, Clavijo ha subrayado que el decreto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería, garantiza «tres cuestiones vitales» reclamadas desde Canarias y Ceuta desde que hace 18 meses empezó su batalla para reclamar solidaridad de las demás comunidades con los menores.

Las tres cuestiones vitales son la inmediatez en la aplicación del decreto ley desde que se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado; el establecimiento de la «capacidad ordinaria» de las comunidades a partir de la cual «se establece un sistema de protección nacional»; y la financiación estatal de 100 millones para este año para proceder a la aplicación del decreto.

Sobre el fondo de 100 millones ha indicado que, «como todas las partidas presupuestarias, se puede ampliar», así como que el decreto recoja que en el caso de que una comunidad supere su capacidad de acogida, el Estado sufragará íntegramente el coste asumido de más por cada territorio.

«Hoy la zona fronteriza es Canarias y Ceuta, mañana puede ser Baleares o Andalucía», ha dicho Clavijo para subrayar que se trata de «un sistema nacional» que cumple las demandas del archipiélago.

Ha detallado que Canarias acoge a 5.

810 menores en 86 centros, de los cuales ocho albergan a más de 100, incluso hay uno que tiene 330, y que en estas circunstancias «la convivencia se resiente».

Preguntado por cuál sería la capacidad que tiene las islas, ha calculado que entre 700 y 900, aunque este es un aspecto pendiente de definir.

El presidente canario ha apelado a la «lealtad institucional» del PP, con el que cogobierna en las islas, a la hora de aplicar el decreto ley, y ha opinado que posibles recursos contra el mismo no tienen «margen de recorrido».

Clavijo ha indicado que, por norma general, si alguna comunidad autónoma considera «lesionados» sus derechos y acude a los tribunales «está en su perfecto derecho», lo que «no quita para que si esto es ley, que haya lealtad institucional para que se cumpla la ley».

Y ha añadido: «mientras un tribunal no derogue, matice o anule» este decreto, es ley y se tiene que cumplir».

Clavijo «espera y desea» que el PP, «un partido que quiere gobernar España y que tan preocupado está por la unidad territorial, tenga altura de miras para no obstaculizar ni entorpecer una norma que busca proteger el interés superior del menor y que aplica el criterio de solidaridad» reflejado en la Constitución.

El presidente de Canarias ha subrayado que la aprobación del decreto ley es «un triunfo de la sociedad canaria», que ha «aguantado años en soledad» la presión migratoria «sin caer en la tentación de la pelea entre territorios y entre partidos».

Ha insistido en que el pueblo canario «ha dado ejemplo de civismo y solidaridad», que es la que espera de otras comunidades autónomas.

de ahí sus críticas a las palabras ayer del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Cree que el alineamiento de Mazón con las tesis de Vox en materia migratoria hacen «brillar más este acuerdo» para modificar la ley de extranjería, en contraste con «la mediocridad y la miseria de algunos con unas declaraciones que los definen como personas».

Preguntado si prevé un amplio respaldo del Congreso a la hora de convalidar el decreto ley, ha avanzado que pedirá personalmente el apoyo de todos los grupos.

Fernando Clavijo ha asegurado que la postura del PP en Canarias ha sido la de «enfrentarse» a su dirección nacional en esta cuestión, y que la del Gobierno autonómico ha sido una sola entre los cuatro partidos que lo conforman: CC, PP, AHI y ASG.

Ha abundado en que el líder del PP canario, Manuel Domínguez, ha actuado en todo momento «como vicepresidente, para defender a los canarios», y está seguro de que en cuanto conozca los detalles del decreto verá que es el documento «base» que surgió de las negociaciones del año pasado para el proyecto de ley que acabó decayendo.

El presidente canario ha tenido palabras de agradecimiento al conjunto de fuerzas políticas en Canarias salvo Vox, al ministro de Política Territorial y expresidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, por su «trabajo incansable», a los servicios jurídicos de la casa, a las ONG, a la judicatura y a la Fiscalía.

EFEjmor/acp(foto) (vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 18 mar (EFE).

– La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Garachico, José Heriberto González, han solicitado este martes a la Dirección General de Costas que se estudie construir un dique exterior en el puerto del municipio para evitar los daños que ocasionan los fenómenos costeros.

Petición que han hecho después de recorrer la zona para comprobar los daños producidos en el litoral, principalmente en la Avenida Adolfo Suárez, se indica en un comunicado de la corporación insular.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha indicado que en ese punto es frecuente que el mar rebase el litoral y la carretera, e incluso en ocasiones ha llegado hasta el interior del pueblo, por lo que se han tomado medidas de contención en el lado de tierra.

Lo que Rosa Dávila y el alcalde plantean es solicitar a Costas que estudie la posibilidad de hacer un dique exterior que permita contener la fuerza del mar en esa zona de Garachico.

«Se trataría de un dique de contención que, aunque se rebase, contenga la fuerza del mar, de tal forma que cuando llegue a esta zona no produzca daños.

Es algo que ya se ha hecho en otros puntos como en San Andrés (Santa Cruz) y ha funcionado bien”, ha añadido la presidenta.

Rosa Dávila ha señalado que «cuando se produce el fenómeno costero hay riesgo para las personas, los vehículos, las viviendas y el mobiliario.

El objetivo de ese dique exterior de contención sería evitar, en la medida de lo posible, ese riesgo y que no se produzcan daños en el litoral».

Ha recordado que se registraron olas de hasta nueve metros que afectaron a parte del mobiliario ubicado en la Avenida Adolfo Suárez de Garachico.

Sobre la afección del fenómeno costero en el resto de la isla, Rosa Dávila ha comentado que apenas ha habido incidencias.

El alcalde de Garachico, José Heriberto González, ha manifestado que hay que hacer «algo para evitar los daños.

Hemos tomado medidas en tierra como que el mobiliario no se extraiga tan fácilmente y que los edificios pongan unas protecciones para que no les entre el mar».

Cree que es necesario poner defensas marítimas, «que son complicadas aquí porque las profundidades son importantes, pero creo que hoy en día la tecnología permite muchas cosas y que se puede plantear al Estado, a Costas, que estudie la posibilidad de un dique externo que amortigüe los efectos de la crecida del mar”.

Ha apuntado que la previsión es que el nivel del mar siga subiendo en los próximos años y teóricamente los temporales marítimos serían mayores de los que hay ahora.

Por ello, plantea proteger a las personas y también los bienes, «ya que estamos hablando de un conjunto histórico importante de Tenerife que se ve afectado por el mar».

EFErdg/asd

Santa Cruz de Tenerife, 18 mar (EFE).

– Un preso de Tenerife II ha negado este martes que su compañera, a la que se acusa de un delito contra la salud pública por supuestamente introducir la droga en la cárcel, le hubiera llevado a la prisión 29 gramos de cocaína con una pureza del 86 por ciento, y un valor de 1.

700 euros, aprovechando un vis a vis que tuvo lugar el 18 de febrero del año pasado.

El procesado ha dicho durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en realidad se trataba de hachís y que optó por traerlo desde su celda porque los vigilantes siempre la estaban revisando y sus compañeros se lo podrían robar.

Cuando acabó el encuentro los vigilantes le anunciaron que iba a ser examinado en el hospital y entonces a voluntad propia confesó que llevaba la droga en su interior y la entregó a un policía.

La Fiscalía atribuye a la compañera haber introducido la sustancia en la cárcel, dado que es la única explicación lógica a lo ocurrido, por lo que el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel y el pago de 3.

500 euros a cada uno.

Por su parte, la defensa pide la absolución para ambos pero en caso de que se condene al hombre que se tengan en cuenta los atenuantes de adicción a las drogas y haber entregado la sustancia a voluntad propia.

El aún interno declaró durante la vista que tuvo lugar hoy en la Audiencia Provincial tinerfeña que es adicto de las drogas y sobretodo de la cocaína tanto en polvo como crack, desde que tenía 20 años pero especialmente a partir de los treinta y negó de forma rotunda que se dedique a su venta en la cárcel.

La mujer ha relatado que siempre ha tenido problemas con su pareja por este consumo y ha dicho que aquel día como siempre pasó por el arco metálico antes del vis a vis y no hubo ningún problema.

Los policías han explicado que no se controla a todas las personas que participan en estos encuentros, a no ser que exista alguna sospecha o se haya recibido información confidencial.

La responsable del laboratorio ha admitido que se produjo una confusión y que aunque cuando llegó la sustancia intervenida aparecía identificada como hachís, después pudieron comprobar que se trataba de cocaína.

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