Madrid, 29 jun (EFE).
– Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia machista que lo denuncian, 23,4 por cada 100.
000 mujeres, cuando la media nacional se sitúa en 18,1, medio punto más que hace un año.
Por encima de la media nacional también están Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.
000 mujeres; Navarra, con 24,5; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2, y Andalucía, con 18,8.
Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.
Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística del primer trimestre de 2026.
En el Observatorio se hace constar que el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales en dicho periodo ascendió a 50.
911, un aumento del 6,36 % con respecto a un año antes, mientras que 45.
220 mujeres presentaron denuncias como víctimas, un incremento del 3,75 %.
De enero a marzo pasados se registró un descenso del 2,5 % en el número de órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 1,8 por ciento.
En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 15.
474, de las que el 81,78 % fueron condenatorias.
Del total de mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año (45.
220), dos terceras partes (60,73 %) tenían nacionalidad española y el 39,27 % restante procedían de otros países.
El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107, y, de ellos, el 72,90 % tenían nacionalidad española.
El informe correspondiente del CGPJ de primer trimestre de 2026 también recoge que 5.
337 mujeres víctimas (el 11,8 % del total) se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63 % más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025.
Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 2.
953 eran españolas y 2.
384 tenían otras nacionalidades.
Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, tal y como ocurrió hace un año.
Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia y las Secciones en funciones de guardia recibieron 10.
853 peticiones, un 2,5 % menos que un año antes, y adoptaron 7.
417 órdenes y medidas de protección, un 1,8 % menos.
En toda España, se dictaron 20,47 órdenes de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género (en el primer trimestre de 2025 fueron 21,6).
En el 42,3 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitar la orden de protección a las Secciones de Violencia sobre la Mujer.
Dos de cada tres mujeres (5.
586, el 60,4 %) que solicitaron protección eran españolas y un 0,6 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 13.
886 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores).
De ellas, 10.
961 (79 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 2.
925 (21 %), como medidas cautelares.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.
520 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.
De ellas, 4.
173 (92 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 347 (8 %), como medidas cautelares.
Los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.
474 sentencias.
El 81,78 % de esas resoluciones (12.
655) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias.
Fueron absolutorias un total de 2.
819 sentencias, el 18,22 % de las dictadas.
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