Las Palmas de Gran Canaria, 29 jun (EFE).
– El Juzgado de El Hierro que ordenó el internamiento de 82 de los 119 ocupantes del último cayuco que ha llegado a la isla, todos senegaleses, lo hizo a petición de la Policía Nacional, que en esta ocasión cuenta con que el Gobierno de Senegal sí aceptará que sean devueltos a Dakar.
Este es el primer expediente masivo de expulsión de inmigrantes que se pone en marcha en Canarias desde que el 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece las condiciones para quienes cruzan de forma irregular las fronteras de la UE y prioriza y acelera los expedientes de devolución y retorno.
Por ello, la decisión ha generado expectación entre los abogados y las ONG que habitualmente asisten a los inmigrantes en Canarias, pendientes de saber si esta se amparaba en la nueva normativa de la UE, conformada por varios reglamentos que son de aplicación directa.
EFE ha tenido acceso este lunes a uno de los 82 autos dictados entre el viernes y el domingo por los magistrados Antonio Mazuecos y Antonio Doreste, los dos jueces sustitutos que se han ocupado de este expediente en ausencia de la magistrada titular de El Hierro.
La resolución menciona el Pacto Europeo de Migración y Asilo y su condición de «marco directamente aplicable», pero en realidad se fundamenta en la legislación española en materia de Extranjería.
El ingreso de esas 82 personas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con vistas a su expulsión de España lo pidió la Policía -precisa el auto-, lo apoyó la Fiscalía y el juez lo consideró una medida «plenamente justificada» y proporcionada.
¿Qué ha cambiado entonces respecto a lo que venía ocurriendo en los últimos años? Dos abogados expertos en este campo consultados por EFE coinciden en su diagnóstico: lo que ha cambiado es que esta vez la Policía ha pedido el internamiento de los inmigrantes para expulsarlos, algo que no solía hacer porque la mayoría de los países de origen ponen muchos obstáculos a la devolución de sus nacionales.
De hecho, según Eurostat, España logró expulsar en 2025 únicamente a 5.
705, incluyendo tanto a inmigrantes rescatados en el mar como a otros que entraron por vía aérea desde países de Iberoamérica con visado de turista y se quedaron una vez vencida su validez, cuando solo a Canarias llegaron el año pasado 17.
788 en pateras y cayucos.
Fuentes de la Fiscalía confirman a EFE que, en efecto, lo que ha cambiado esta vez es que la Policía ha pedido activar ese procedimiento legal, pero por otra novedad: porque en esta ocasión tiene la confianza de que Senegal aceptará que esas 82 personas sean retornadas de forma forzosa a Dakar, cosa que no siempre ocurre.
La misma fuente subraya que ello es clave, porque influye en la valoración de proporcionalidad que ha hecho el Juzgado, que no podría haber autorizado el internamiento de una persona hasta 60 días si tuviera dudas de que sea viable expulsarla en ese plazo, añade.
El auto deja abierta otra incógnita, ya que autoriza a que esas 82 personas sigan en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, hasta que la Policía gestione su traslado a algún CIE.
Los abogados consultados por EFE cuestionan la legalidad de mantener a alguien retenido en un CATE más allá de las primeras 72 horas siguientes a su llegada a El Hierro, en las que está bajo detención policial, mientras se le identifica y reseña.
Pero sea o no legal, objetan, no consideran «humano ni digno» tener a nadie más de tres días en una instalación como el CATE de San Andrés, que solo cuenta con tiendas de campaña para los inmigrantes que pasan por allí hasta que se les asigna una plaza en otro recurso.
Por el Juzgado de El Hierro pasaron para este trámite 87 personas en total.
Cinco de ellas fueron conducidas de nuevo al circuito de acogida tras alegar que eran menores y certificarlo una prueba médica realizada en la misma isla, en el hospital de Valverde.
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