Santa Cruz De Tenerife, 6 ago (EFE).
– La Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta 27 años de prisión y el pago de 6 millones de euros a ocho miembros de la tripulación de un barco interceptado cerca de Canarias, que poseía tres embarcaciones para transportar droga, una de las cuales operaba desde Granadilla de Abona.
A todos ellos se les atribuye un delito contra la salud pública, por el que se imponen penas de un máximo de 7,3 años en dos casos y 7 en los restantes y a uno además se le condena por incendio de la embarcación y homicidio, lo que sumaría otros 20 años.
Este último también deberá abonar 114.
300 euros a cada uno de los dos hijos del fallecido, teniendo en cuenta en todas las penas la atenuante de dilaciones indebidas.
La muerte de uno de los miembros del grupo se produjo precisamente al quemar la embarcación en la que transportaban la droga cerca de las Islas Baleares con el fin de borrar las huellas cuando atisbaron que iban a ser detenidos.
Las investigaciones, que se iniciaron en 2020, detectaron la existencia de un grupo criminal dedicado al transporte marítimo de droga desde África por medio de veleros, uno de los cuales permanecía anclado en Granadilla de Abona, actividad por la que cobraban ya que no eran dueños de las sustancias estupefacientes.
En el verano de 2022 se iniciaron los autos de procesamiento, por lo que un Juzgado tinerfeño se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
La embarcación, con bandera de Reino Unido, estaba valorada en unos 395.
000 euros y en su momento se le instaló un dispositivo de localización al comprobarse que era un punto de encuentro de los miembros de la organización, donde se reunían y pernoctaban cuando estaban en la isla.
A finales de 2022 se permitió el registro en el barco, donde se encontró documentación y teléfonos, de manera que un año más tarde el juzgado de Granadilla de Abona inició el procesamiento de diez miembros de la banda, dos de los cuales quedarían luego absueltos.
En mayo de 2022 fue posible identificar una operación para transportar desde Marruecos a Brasil una tonelada y media de hachís valorado en 3,1 millones, pero cuando se encontraban cerca de las islas fueron interceptados por la Guardia Civil, que asaltó al navío, por lo que los acusados procedieron a quemar la nave y hundirla.
Aunque no hay pruebas concretas de la carga que transportaban, uno de los agentes sí declaró que percibieron un “fortísimo” olor hachís.
Tras ser detenidos y llevados a Las Palmas de Gran Canaria, donde dos de ellos recibieron asistencia sanitaria por sufrir quemaduras, quedaron en libertad al no existir pruebas en su contra y fueron enviados por la organización a Tenerife a la espera de órdenes.
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