(El TSJC ha aclarado que el nombre del centro, que incluye la expresión «de reforma», induce error: fue un centro para menores con medidas judiciales, pero ahora acogía a niños y adolescentes migrantes no acompañados, sin medidas disciplinarias)Las Palmas de Gran Canaria, 19 may (EFE).
– La Policía Canaria ha detenido a nueve empleados del centro para menores migrantes de Gran Canaria que ha sido clausurado este mismo lunes como posibles responsables de delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
El cuerpo autonómico se encuentra en ese centro del municipio Santa Brígida, conocido como La Fortaleza I, desde primera hora en calidad de Policía Judicial, para registrarlo en busca de pruebas relacionadas con una investigación abierta por el Juzgado de la Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España especializado en este tipo de delitos.
Tras cumplir las órdenes del juez de clausurar y precintar la instalación, los agentes han decidido arrestar a nueve empleados y responsables del centro, una instalación que en el pasado se utilizó para menores sujetos a medidas correctivas judiciales, pero que ahora servía como hogar para niños y adolescentes llegados en patera.
Las fuentes consultadas por EFE han precisado que la Policía Canaria sigue recabando pruebas e información sobre lo que ocurría en ese recurso, gestionado para la comunidad autónoma por la entidad privada Quórum 77, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había informado por la mañana de que el juez de Violencia sobre la Infancia había enviado a la Policía a ese centro disciplinario para menores migrantes «ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad».
Sobre lo ocurrido en sus dependencias, apenas ha trascendido ningún detalle más, porque se ha decretado secreto de sumario.
Sí se sabe que el juez ha dado instrucciones a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para que «procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían», ya que se encuentran bajo su tutela.
La directora general de Protección a la Infancia de la comunidad autónoma, Sandra Rodríguez, ha confirmado a EFE que en los últimos tres meses su departamento ha logrado que varias ONG al cargo de centros de acogida despidan a trabajadores implicados en «una falta de buen trato» a sus usuarios, que son niños y adolescentes.
En los últimos tres meses, ha detallado, ha tomado esas medidas tras recibir denuncias de situaciones flagrantes de vulneraciones del interés superior del menor y ha exigido a varias entidades que gestionan este tipo de centros que aparten de manera cautelar a los trabajadores responsables de la guarda de estos chicos.
Un requerimiento, ha recalcado, al que estas ONG han respondido con el despido de estos trabajadores.
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