Autor: Redactor

Arrecife (Lanzarote), 11 junio (EFE).

– El PSOE de Lanzarote ve «insultante» que «la única política de vivienda que defienden el PP y CC sea regalar dinero público a fondos buitre y culpar a la juventud de no encontrar viviendas».

Así lo ha señalado en un comunicado la secretaria insular de los socialistas de Lanzarote, Dolores Corujo, al referirse a una moción aprobada en el Ayuntamiento de Arrecife para subvencionar seguros de impago a propietarios que alquilen sus viviendas a jóvenes.

«Una medida que, no solo ignora la realidad de miles de personas sin acceso a un hogar, sino que directamente culpa a la juventud de que no se les alquilen viviendas, mientras se premia con dinero público a quienes más casas acumulan», denuncia la formación socialista.

Corujo cree que «es un insulto a la inteligencia colectiva y a las personas que lo están pasando mal», ya que, «mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse porque no pueden pagar un alquiler, PP y CC deciden regalar fondos públicos a los grandes tenedores, como si ellos fueran las víctimas».

Según el PSOE, el 63 % de las más de 3.

000 viviendas vacías de Arrecife están en manos de fondos buitre y grandes propietarios.

El partido de Corujo critica que, «en lugar de obligarles a poner esas viviendas al servicio del interés general, PP y CC proponen subvencionar sus temores.

No construyen, no rehabilitan, no regulan los precios.

Lo único que hacen es proteger a quienes especulan con el derecho a un hogar», recalca.

La también diputada nacional ha recordado que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de vivienda, por lo que destinar fondos municipales a subvencionar seguros privados para propietarios «resulta improcedente y no puede ser asumido por el Ayuntamiento de Arrecife».

El PSOE de Lanzarote exige que se declare a esta isla como zona tensionada, en aplicación de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, y que se establezca un tope al precio de los alquileres.

EFE1012213sgc/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).

– Un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a año y medio de cárcel al rapero Francisco Manuel González, Frankie Gee, por amenazar e injuriar a un periodista con expresiones homófobas, en una sentencia que le prohíbe durante cuatro años tener cuentas en Facebook, Instagram y YouTube, las tres redes sociales que utilizó en su acoso al informador.

En una sentencia a la que ha tenido a acceso EFE, la juez de lo Penal número 4 de la capital grancanaria declara probado que Frankie Gee emprendió durante año y medio (desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2023) toda una campaña de insultos, ataques y amenazas contra Francisco Fajardo, periodista de tribunales de ‘Canarias 7’.

Y todo ello, como respuesta a que Fajardo había publicado en el periódico una noticia cierta, como era que la Fiscalía lo había denunciado por un delito de odio y pedía prisión para él por haber difundido, presuntamente, mensajes xenófobos contra los inmigrantes, acusación de la que luego Frankie Gee fue juzgado y absuelto.

El rapero reaccionó difundiendo todo tipo de injurias en Facebook, Instagram y Youtube contra Fajardo, con mensajes en los que utilizaba de forma recurrente insultos y expresiones homófobas (como ‘mariconazo’, ‘bujarrón’, ‘pajarón’ o ‘vete a que te den por el culo’), un detalle que la magistrada Pilar Verástegui tiene en cuenta en su fallo para aplicarle la agravante de odio.

Sus amenazas no se detuvieron ni siquiera cuando un juez le impuso como medida cautelar abstenerse de ponerse en contacto con Fajardo o mencionarlo en redes sociales (hecho que le ha valido otra condena por quebrantamiento de orden judicial, en otra sentencia).

También telefoneó de forma repetida al periodista y se plantó varias veces a la puerta de ‘Canarias 7’ para hacer transmisiones por redes sociales en las que insistía en sus ataques contra él.

La sentencia resalta que Frankie Gee no solo profirió insultos de todo tipo contra el informador grancanario en redes sociales («le tengo un bullying hecho en Facebook de locos, por payaso’, llegó a presumir), sino también amenazas claras y concretas contra su integridad, como «te cortaría en mil pezados», «a cada cerdo le llega su San Martín» o «te voy a fundir los plomos y el recto».

Hasta el punto, recoge la resolución, de que Fajardo reconoció durante el juicio que pasó miedo y que, con frecuencia, se asomaba a la entrada de la redacción del periódico para comprobar si Frankie Gee estaba o no por la zona, antes de salir a la calle.

En la vista, el rapero intentó alegar que sus insultos y amenazas no iban dirigidos contra nadie en concreto y que, en cualquier caso, actuaba «en legítima defensa», porque asegura que había tenido problemas en su barrio, La Isleta, al saberse que la Fiscalía lo acusaba de racismo y xenofobia (en un escrito de acusación que no solo publicó ‘Canarias 7’, sino que reprodujeron más medios).

Respecto a lo primero, la juez le responde que las pruebas no dejan lugar a dudas sobre que el blanco de sus ataques era Fajardo y, en cuanto a la legítima defensa que alegaba, falla que en este caso no cabe aplicarla ni como eximente (así la invocaba la defensa) ni tampoco como atenuante de su conducta.

La magistrada señala que no cuestiona que la información de la que se quejaba le hubiera podido provocar «molestias», pero le recuerda que «el ordenamiento jurídico le brinda numerosos medios si entendía (.

.

.

) que su honor o intimidad habían sido vulnerados».

La sentencia entiende que tanto las amenazas como las injurias fueron cometidas «con publicidad» gracias a las redes sociales que Frankie Gee utilizaba, por lo que condena a cerrar sus cuentas en las tres (Facebook, Instagram y YouTube) y le prohíbe abrir otras nuevas durante cuatro años (dos por las injurias y dos por las amenazas).

Además, le impone una multa de 2.

340 euros y le obliga a indemnizar con 30.

000 euros al periodista y con 3.

000 euros a su sobrina, una cantante a la que también atacó llamándola «bollera».

EFEjmr/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 11 jun (EFE).

– La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado al Gobierno de España que tome todas las decisiones que sean necesarias para evitar que se repitan situaciones de ceros energéticos que, en su opinión, «son más propias de un país tercermundista que de un miembro de la Unión Europea”.

“Es lamentable la dejación de sus funciones por parte del Gobierno de España, que sigue retrasando medidas de renovación de centrales eléctricas que, como demuestran este tipo de apagones, son imprescindibles para garantizar el servicio”, afirma Valido en un comunicado.

La parlamentaria ha dirigido varias preguntas a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en las que manifiesta, según la nota, la “repetida situación de clara obsolescencia” que sufren las infraestructuras de los sistemas eléctricos en el archipiélago.

En concreto, Valido pregunta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por las medidas que tiene previstas el Gobierno de España para “resolver la situación de precariedad” en los sistemas eléctricos de las islas Canarias, así como qué inversiones tiene previstas el Estado para impulsar la renovación de centrales eléctricas en Canarias.

“¿Qué acciones concretas están previstas para garantizar el derecho de la población a disponer de un sistema eléctrico con nuevos equipos de generación y distribución eléctrica, teniendo en cuenta que son equipos que tienen más de cincuenta años de vida?”, pregunta Valido.

Añade que el apagón eléctrico de ayer, que afectó a 50.

289 abonados, no es la única crisis eléctrica grave que Canarias ha sufrido y cita como ejemplo la incidencia ocurrida también en La Palma el 8 de mayo que afectó a 19.

526 clientes en ocho municipios de la isla.

También recuerda otras situaciones similares que son “síntomas evidentes de la insostenibilidad de las infraestructuras del sistema, tanto en generación como en capacidad de transporte» y advierte de la precariedad en casi todos los sistemas eléctricos insulares.

Como ejemplos, Valido recuerda las crisis de julio de 2023 en La Gomera por un incendio en la central térmica de El Palmar que dejó sin luz a toda la isla; el corte de luz en la isla de El Hierro en mayo de 2023 que duró varias horas o el corte en la isla de Tenerife en julio de 2020 que afectó a más de 950.

000 personas.

Además recuerda que en también en Tenerife hubo un cero energético en 2019 por un fallo en la central térmica de Granadilla que dejó sin luz nueve horas a casi toda la isla.

EFEspf

Santa Cruz de Tenerife, 11 jun (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que participe en el diseño e implantación de programas y módulos de Formación Profesional específica en el uso profesional de drones en la isla de La Gomera.

Estos programas deben implantarse en coordinación con el Cabildo y los ayuntamientos de la isla e incorporar contenidos tanto teóricos como prácticos, conforme a los requisitos establecidos por la normativa nacional y europea vigente, según señala la propuesta.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, a la vez presidente del cabildo, ha defendido que el sector aeronáutico y aeroespacial es una gran oportunidad para La Gomera, que quiere diversificar su economía.

La isla cuenta con un espacio aéreo limpio, muchas horas de sol, no hay vientos fuertes y las empresas pueden aprovechar las ventajas del Régimen Económico y Fiscal, pero lo que falta es la formación, ha indicado Curbelo.

El diputado del PP Jacob Qadri ha destacado que este tipo de actividad es muy positivo como alternativa de empleo joven para las islas verdes y ha defendido una enmienda para hacer extensiva esta formación a los grados universitarios, propuesta que ha sido aceptada por ASG.

Casimiro Curbelo ha destacado que el uso profesional de drones es una oportunidad clave para el desarrollo económico sostenible en territorios insulares como La Gomera.

Los drones, ha explicado, ofrecen múltiples aplicaciones en áreas como la inspección, logística, prevención de incendios o transporte de pruebas médicas que pueden generar empleo cualificado y mejorar servicios públicos.

Pero la falta de formación accesible y reglada en drones limita estas oportunidades y por eso se necesitan programas formativos en la isla e impulsar así el empleo joven.

EFEacp/spf

Santa Cruz de Tenerife, 11 jun (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del grupo Popular en la que se condena la ocupación ilegal de viviendas, y también que se habiliten juzgados especializados en ocupación e inquiocupación.

La proposición tiene diversos puntos y el primero de ellos es rechazar y condenar la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier propiedad privada, algo que fue apoyado por todos los grupos, excepto por el Socialista, que votó en contra.

En el resto de puntos votaron en contra los grupos Socialista y Nueva Canarias.

Así, CC, PP, ASG, Vox y AHI votaron a favor de que el Parlamento regional inste al gobierno canario para que éste inste al ejecutivo central a modificar la ley por el derecho a la vivienda, y a desbloquear la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinas y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, remitida por el Senado el 20 de febrero de 2024.

Esta proposición de ley del Senado fue presentada por el PP y lo que pide ahora el Parlamento canario es que pueda someterse a debate y votación lo antes posible y se pueden poner en funcionamiento medidas como el desalojo de los ocupas en un plazo de 24 horas, el incremento de las penas para quienes ocupan ilegalmente un inmueble o promuevan o faciliten la ocupación, o la nulidad de las inscripciones de ocupantes ilegales de viviendas en el padrón municipal.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha manifestado que cada 13 horas se ocupa de forma ilegal una vivienda en Canarias, y ha añadido que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España la ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado el 76 por ciento en el archipiélago.

Luz Reverón ha indicado que el PP presentó en el Senado en marzo del pasado año una iniciativa para que los ocupas sean desalojados en 48 horas, y el PSOE la ha bloqueado, y ha agregado que ahora se protege al ilegal y se abandona al propietario.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández ha apoyado la propuesta de rechazar la ocupación ilegal, y ha hecho hincapié en que la mejor manera de prevenir las ocupaciones es que la vivienda sea un bien social, como dice la Constitución, y no un bien de mercado, como plantea el PP, ha añadido.

Carmen Hernández ha subrayado que la política de vivienda no la dirige el gobierno central sino las comunidades autónomas, y ha propuesto incluir una enmienda para establecer un tope al precio de la vivienda de alquiler, algo que ha sido rechazado por el grupo Popular.

La diputada del grupo Nacionalista (CC) Socorro Beato ha afirmado que se protege más a quien da una patada en la puerta que al propietario, y ha asegurado que se ha hecho negocio de la ocupación de viviendas, para proponer que haya secciones especializadas en los juzgados contra las ocupaciones, cuestión que ha sido aceptada por el PP.

La diputada de Vox Paula Jover ha aseverado que frente a la ocupación «solo» queda su partido, y ha presentado tres enmiendas, una de ellas para derogar la ley, que no ha aceptado el PPEl diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, ha opinado que el ‘quid’ de la cuestión es atender a las necesidades de la población sin poner en riesgo la propiedad privada, por lo que ha pedido medidas realistas y no populistas.

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha criticado la ocupación ilegal, y ha insistido en que lo que hay que hacer es garantizar el acceso a la vivienda de quienes lo necesitan.

La diputada del grupo Socialista Patricia Hernández ha indicado que el PP crea «alarma» al mezclar allanamiento, usurpación e impago de alquiler, al cual, ha agregado, llama inquiocupación.

EFErdg/cmg

Santa Cruz De Tenerife, 11 jun (EFE).

– Agentes de la Policía Autonómica y de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife han tramitado el pasado fin de semana una veintena de sanciones por infracciones en espacios naturales de la zona este de la isla, en su mayor parte por el uso de motocicletas y bicicletas en senderos no autorizados.

Según ha informado este miércoles la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, esta actuación se ha producido durante un amplio operativo conjunto de vigilancia y control en senderos y pistas forestales, centrado principalmente en los espacios naturales protegidos de Las Lagunetas, Las Palomas y la corona forestal.

Entre las infracciones más destacadas figuran el uso de motocicletas y bicicletas en senderos no autorizados, una conducta que supone un riesgo para la seguridad de las personas y un perjuicio para la integridad del medio natural.

Las zonas intervenidas son espacios de alto valor ecológico, que requieren una especial protección por su importancia para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de Tenerife, ha añadido la Consejería.

Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de cumplir rigurosamente la normativa de circulación y uso del medio natural y recuerdan que no está permitido acceder a vías, pistas o senderos que se encuentren cerrados con barreras o vallas, instaladas para proteger tanto a las personas como al entorno.

EFEasd/rdg

Santa Cruz de La Palma, 11 jun (EFE).

– Las principales organizaciones empresariales de La Palma han expresado su malestar tras el cero energético registrado este martes y han señalado “la obsolescencia de las infraestructuras, la falta de inversiones y la débil planificación energética” como causas de una situación que consideran insostenible.

Desde la Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA) han denunciado que el sistema eléctrico insular “ha superado todos los límites razonables”, y han reclamado una “acción coordinada, urgente y efectiva” entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.

Fedepalma ha insistido en la necesidad de modernizar la central térmica de Los Guinchos, impulsar las energías renovables y dotar a la isla de un sistema eléctrico resiliente.

Además, desde la principal patronal palmera han advertido que podrían iniciar un estudio para presentar reclamaciones legales colectivas si no se produce una respuesta contundente.

La Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife también ha mostrado su preocupación en palabras de su presidente, Santiago Sesé, que ha asegurado que La Palma está pagando “el abandono” de las infraestructuras eléctricas y ha alertado de que este tipo de incidentes “empeoran la ya frágil situación energética del archipiélago”.

Sesé ha reclamado una mayor inversión en energías limpias, así como una aceleración de los procesos administrativos vinculados a la transición energética, y ha lamentado “el escaso aprovechamiento” de los fondos europeos Next Generation para estos fines.

A estas valoraciones se ha sumado también la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), que ha calificado el nuevo cero energético como una situación “grave, con pérdidas económicas y daños en algunos casos irreversibles, aún no cuantificados”.

Desde FAEP han recordado que la isla ha padecido cinco apagones generales en los últimos años y que ya en mayo habían alertado públicamente sobre la precariedad de la red, reiterando que la central de Los Guinchos y la red de distribución requieren una inversión «urgente» para adaptarse a la demanda actual.

FAEP ha solicitado a la Consejería regional de Transición Ecológica y al Cabildo insular que asuman sus competencias en esta materia, supervisen las actuaciones necesarias y garanticen la fiabilidad del sistema eléctrico.

EFElgm/spf1012035

La Laguna (Tenerife), 11 jun (EFE).

– Los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, han pedido este miércoles tener voz en la futura ley de la Ciencia porque aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el archipiélago, al tiempo que han reclamado una financiación estable a medio y largo plazo.

Los rectores de las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García y Lluís Serra, le han hecho estas peticiones al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, en la reunión que ha tenido lugar en Tenerife para abordar, entre otros asuntos, el contrato programa de ambas entidades públicas, las microcredenciales o el anteproyecto de Ley de Ciencia.

Antes del encuentro, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha valorado en declaraciones a los medios de comunicación «el gran paso adelante» en «la necesaria mejora de la coordinación y del impulso al desarrollo de las universidades públicas en Canarias» que, a su juicio, están en «una cierta situación de estancamiento» y «de desaceleración».

«Es importante que juntos dialoguemos con el gobierno de Canarias para dar un impulso a la situación de las dos universidades públicas canarias porque nos estamos jugando el futuro», ha afirmado García.

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha resaltado que hoy se ha dado «un paso más allá» al incorporar al Gobierno de Canarias en las reuniones que las dos universidades celebran de forma periódica.

FinanciaciónEn la reunión, que va a ser periódica, se va a hacer un seguimiento de los temas pendientes, como ha detallado que es la financiación que «no puede esperar más» y es «de urgencia».

Según ha alertado, Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con un instrumento de financiación a medio y largo plazo.

García ha indicado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario establece que las comunidades autónomas tienen que establecer programas plurianuales de financiación.

Es esta dotación se tiene que tener en cuenta una cuantía que atienda las necesidades básicas de financiación de las universidades, otra que atienda la singularidad de cada universidad y una tercera que tiene que ver con objetivos, ha precisado.

Para la ULL es «innegociable» partir del presupuesto actual más los incrementos salariales obligados anualmente por ley y los incrementos también de la inflación.

Ha agregado que el propio régimen económico y fiscal de Canarias tiene un artículo que no se ha desarrollado en relación con las especificidades de las universidades públicas, al tiempo que ha insistido en que hay argumentos para que haya también una financiación singular y estructural para las dos universidades.

Una financiación adecuada permitiría ir «más allá de este año» y tener una estrategia de cara a la implantación de nuevas titulaciones y nuevos programas de investigación, que trascienden un año.

Las universidades podrían ser más eficientes, ha continuado, si tuvieran «una tranquilidad y una seguridad de unos recursos a medio y largo plazo» y por es «absolutamente perentorio» abordar llegar a un acuerdo de financiación con el Gobierno de Canarias.

Ley de cienciaRespecto a la elaboración del proyecto de ley de la Ciencia por parte del Gobierno regional los dos rectores de las universidades públicas canarias han vuelto a mostrar su malestar por su exclusión de las consultas.

Después de hacer pública una carta a los grupos políticos del Parlamento autonómico en la que han lamentado no haber sido invitados a participar durante la redacción de la ley, pese a que las dos instituciones «aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago», los rectores van a trasladar al Ejecutivo su punto de vista.

Según ha destacado el rector de la ULL, todas las especies doctorales que se hacen en Canarias se hacen en las dos universidades públicas canarias.

«Hemos echado de menos en todo este proceso que no se nos haya tenido en cuenta», ha reiterado, al tiempo que ha señalado que el Gobierno aún está a tiempo de incorporar las sugerencias de las universidades para mejorar la ley y hacerla más eficaz.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, ha apostillado que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, el órgano de ciencia e innovación del propio Gobierno, debería tener más autonomía, más capacidad de acción y una acción más proactiva a favor de la ciencia y la innovación.

Asociación de Universidades Públicas CanariasEn la reunión con el Gobierno también se ha pedido que se agilice la gestión de las plazas de profesorado para la puesta en marcha de nuevas titulaciones y la creación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias para la coordinación entre las dos universidades.

Serra ha agregado que en la mayoría de comunidades autónomas tienen este tipo de asociaciones y les permiten tener un ente único de interlocución con el Gobierno con el fin de «ser más efectivos».

EFEbrr/cmg(foto)