Santa Cruz de Tenerife, 11 jun (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del grupo Popular en la que se condena la ocupación ilegal de viviendas, y también que se habiliten juzgados especializados en ocupación e inquiocupación.
La proposición tiene diversos puntos y el primero de ellos es rechazar y condenar la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier propiedad privada, algo que fue apoyado por todos los grupos, excepto por el Socialista, que votó en contra.
En el resto de puntos votaron en contra los grupos Socialista y Nueva Canarias.
Así, CC, PP, ASG, Vox y AHI votaron a favor de que el Parlamento regional inste al gobierno canario para que éste inste al ejecutivo central a modificar la ley por el derecho a la vivienda, y a desbloquear la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinas y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, remitida por el Senado el 20 de febrero de 2024.
Esta proposición de ley del Senado fue presentada por el PP y lo que pide ahora el Parlamento canario es que pueda someterse a debate y votación lo antes posible y se pueden poner en funcionamiento medidas como el desalojo de los ocupas en un plazo de 24 horas, el incremento de las penas para quienes ocupan ilegalmente un inmueble o promuevan o faciliten la ocupación, o la nulidad de las inscripciones de ocupantes ilegales de viviendas en el padrón municipal.
La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha manifestado que cada 13 horas se ocupa de forma ilegal una vivienda en Canarias, y ha añadido que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España la ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado el 76 por ciento en el archipiélago.
Luz Reverón ha indicado que el PP presentó en el Senado en marzo del pasado año una iniciativa para que los ocupas sean desalojados en 48 horas, y el PSOE la ha bloqueado, y ha agregado que ahora se protege al ilegal y se abandona al propietario.
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández ha apoyado la propuesta de rechazar la ocupación ilegal, y ha hecho hincapié en que la mejor manera de prevenir las ocupaciones es que la vivienda sea un bien social, como dice la Constitución, y no un bien de mercado, como plantea el PP, ha añadido.
Carmen Hernández ha subrayado que la política de vivienda no la dirige el gobierno central sino las comunidades autónomas, y ha propuesto incluir una enmienda para establecer un tope al precio de la vivienda de alquiler, algo que ha sido rechazado por el grupo Popular.
La diputada del grupo Nacionalista (CC) Socorro Beato ha afirmado que se protege más a quien da una patada en la puerta que al propietario, y ha asegurado que se ha hecho negocio de la ocupación de viviendas, para proponer que haya secciones especializadas en los juzgados contra las ocupaciones, cuestión que ha sido aceptada por el PP.
La diputada de Vox Paula Jover ha aseverado que frente a la ocupación «solo» queda su partido, y ha presentado tres enmiendas, una de ellas para derogar la ley, que no ha aceptado el PPEl diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, ha opinado que el ‘quid’ de la cuestión es atender a las necesidades de la población sin poner en riesgo la propiedad privada, por lo que ha pedido medidas realistas y no populistas.
Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha criticado la ocupación ilegal, y ha insistido en que lo que hay que hacer es garantizar el acceso a la vivienda de quienes lo necesitan.
La diputada del grupo Socialista Patricia Hernández ha indicado que el PP crea «alarma» al mezclar allanamiento, usurpación e impago de alquiler, al cual, ha agregado, llama inquiocupación.
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