Autor: Redactor

  • La construcción de Las Palmas empezará a contratar y dar casas prefabricadas a extranjeros

    Las Palmas de Gran Canaria, 19 jun (EFE).

    – Los constructores y promotores de Las Palmas contratarán a trabajadores extranjeros, de países como Chile y Perú, con los que España mantiene convenios en materia de Seguridad Social y según permite la Ley de Extranjería, a los que alojará en viviendas de fabricación industrial.

    Así lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, antes de la asamblea general de la entidad, en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la dificultad que tiene el sector para encontrar mano de obra local, a pesar de que se le ofrece sueldos superiores al salario mínimo interprofesional y horarios que permiten conciliar, según ha recalcado.

    Para solucionar el problema «desesperante» del 12 % de absentismo que merma un 10 % la facturación del sector, la patronal tramita en la actualidad, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias, 1.

    000 expedientes de trabajadores especializados, que necesita para ser competitivo.

    Y los traerá del extranjero en unos procesos que tendrán continuidad, ya que consideran «insostenible» la situación que perciben en Canarias, con 12.

    000 parados registrados de los que sólo mil tienen un certificado profesional relacionado con la construcción.

    «No hablamos de que nuestros trabajadores que están enfermos tengan que venir a trabajar, sino de un absentismo que es consecuencia de las listas de espera y de los ‘listos’ de espera.

    Hay que arreglar el control de los absentistas profesionales» y permitir «que las pruebas diagnósticas puedan ser desarrolladas por las mutuas, ya que tardan hasta un año, lo que supone unos costes brutales a las empresas».

    Gil ha precisado que a estos trabajadores foráneos los empresarios de la construcción de la provincia de Las Palmas les ofrecerá «como solución habitacional una vivienda industrializada unifamiliar de 30 metros» cuya ubicación en núcleos se estudia para garantizar la legalidad, ya que, al no ser cimentadas no pueden ubicarse sobre suelo urbano, sino en suelo rústico común debido a «un problema de planificación».

    «No son barracones ni contenedores ni soluciones habitacionales que se han dado para otras catástrofes, se pueden hacer incluso en edificios y esto es solo el principio, traeremos más personas a trabajar porque hay un problema serio, hemos tenido que entrevistar a 3.

    330 personas para que 90 aceptaran formarse en control de obras con drones, inmersión 3D en hormigón o vivienda industrializada», ha aseverado.

    Gil ha recalcado que «no se trata de salario, porque el medio en el sector supera los 23.

    000 euros, mientras que un peón ordinario cobra 20.

    000, un 32 % más que el SMI, a lo que se suma, un plan de pensiones y una carrera profesional instaurada en el mejor convenio colectivo de España, así como un horario que permite conciliar y unos procesos industrializados, innovadores y mecanizados para que las personas hagan un menor esfuerzo físico».

    A su juicio, «cuando llamas a un trabajador que se niega a trabajar o a formarse, alguna medida habrá que tomar», ya que es una cuestión que también «pasa en el turismo, en el comercio o en la industria» de Canarias, donde «hay un número ingente de desempleados registrados y un número ingente de vacantes disponibles que, si no se llenan con las personas que están aquí y si éstas tampoco se forman, habrá que analizar cuál es la cuestión».

    Gil ha resaltado que los problemas para acceder a una vivienda que sufren los trabajadores locales «no es responsabilidad» de los empresarios a los que representa, quienes «tratan de resolverlos haciendo propuestas en materia de superficie, de la RIC, que se ha solucionado, o sobre la modificación de la Ley del Suelo».

    «Hemos mostrado nuestra voluntad en los concursos que promueve el Gobierno para que la iniciativa privada acuda con vivienda asequible, al superar en cuatro veces las expectativas» de la Administración, que impulsa «200 y nosotros presentamos 400.

    Tenemos 3.

    000 viviendas preparadas, hacemos nuestro trabajo», ha apostillado.

    EFEpcr/jmr

  • Canarias es referente del sector audiovisual, animación y videojuegos, según el Ministerio

    Arrecife (Lanzarote), 19 jun (EFE).

    – La subsecretaria de Cultura del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, ha asegurado que “Canarias es un referente del sector audiovisual, la animación y los videojuegos” .

    Páez ha participado este jueves en Arrecife en la presentación de la segunda edición del festival, junto a su director Joseba Fiestras y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

    Meetings Festval Lanzraote es un encuentro organizado por SPEL-Turismo Lanzarote y FesTVal, que se celebra en septiembre en Vitoria, y este fin de semana en Arrecife, con un programa de actividades dirigidas tanto al sector profesional como al público en general.

    Páez considera que es importante crear espacios de encuentro y que “este tipo de festivales nos permiten debatir, ver cuáles son los desafíos, a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las preocupaciones del sector”.

    “Son fundamentales para saber cómo podemos ayudar y cómo podemos explorar vías juntos”, ha añadido.

    Asimismo, ha destacado que uno de los asuntos que trata el festival es el uso de la Inteligencia Artificial en el sector y también señaló que las administraciones públicas deben promover la diversidad cultural y la diversidad lingüística “y la televisión es un canal que permite llegar a todos los rincones del país” y “ayuda a crear más sinergias y a generar lazos entre las distintas regiones”.

    Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló el “orgullo” de acoger este festival, al qu auguró un gran futuro y desarrollo en el plazo de cinco años y destacó que Lanzarote debe ser “punta de lanza para atraer talento y para exportar talento” y que, aunque “la locomotora del turismo sea la principal, hay otras industrias, como la audiovisual, que Lanzarote tiene que explorar”.

    EFE1012213sgc/as(foto)

  • Canarias recibirá un 6,65% más para financiar programas sociales con cargo al IRPF

    Las Palmas de Gran Canaria, 19 jun (EFE).

    – Canarias contará con más de 19,4 millones de euros para la financiación de programas de interés general con cargo al IRPF para el año 2024, lo que supone un incremento de 1.

    214.

    360,48 euros en relación a la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2024, en la que se contó con una partida de 18.

    268.

    134,72 euros.

    Según se acordó en la reunión ordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada este jueves, el archipiélago contará en 2025 con una partida para financiar programas sociales con cargo al IRPF del año 2023, que asciende a 19.

    482.

    495,20 euros, informa la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

    Esto supone un aumento del 6,65% con respecto a la convocatoria de 2024 y un 25,2% más que en el año 2023, cuando se recibió un total de 15.

    557.

    106,97 euros (3.

    925.

    388,23 euros menos), se indica en un comunicado.

    “El aumento de las partidas para financiar proyectos sociales con cargo al IRPF en nuestra comunidad nos permitirá atender a un mayor número de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social a través de los programas de interés social desarrollados por las entidades del Tercer Sector, dirigidos a cubrir las necesidades específicas de las personas en situación de pobreza y exclusión social en nuestra tierra”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado.

    “No obstante, tengamos en cuenta que esta propuesta es una distribución de este 0,7% pero aún queda la aprobación en Consejo de Ministros y vuelta al Consejo Territorial para su aprobación definitiva”, aclara la consejera.

    Las ayudas con cargo al IRPF se ejecutan en colaboración con las entidades del tercer sector con el fin de desarrollar diferentes actuaciones que tienen como fin promover la inclusión social; mejorar la calidad de vida de las personas mayores; atender a las personas migrantes y al pueblo gitano; promover de la participación y el voluntariado y de la autonomía personal y atención a la dependencia; apoyar a la inclusión social de las personas con discapacidad, además, de otras líneas de ayudas como las dirigidas a la infancia y familia, juventud, diversidad y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

    En este Consejo se abordó también el acuerdo marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2025 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

    Para la financiación del nivel de protección acordado, en el ejercicio presupuestario de 2025, se cuenta con un crédito presupuestario de 783.

    197.

    420 euros, de los cuales, un total de 22.

    987.

    191,53 euros corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que supone un descenso de 2.

    325.

    449,63 euros con respecto a la aportación por nivel acordado del año pasado para Canarias que se cifró en 25.

    312.

    641,16 euros.

    Canarias ha solicitado del Estado, una vez más, el aumento de la financiación y el cambio de modelo para definir los criterios de reparto de la financiación.

    “Esta disminución viene motivada por la incorporación al sistema de 8.

    000 solicitudes que estaban pendientes de ser grabadas, lo que ha hecho que se incremente la lista de espera y penalice la distribución de créditos del nivel acordado”, explicó Delgado, quien subrayó que “asumimos esta penalización porque primero están las personas y, a pesar de este incremento de la lista de espera en el Imserso, lo cierto es que todo el mundo tiene derecho a que su solicitud esté grabada y conozca en cada momento el estado en que se encuentra”.

    No obstante, la consejera ha recordado que si bien “la transparencia y la defensa de los derechos de las personas es nuestra prioridad, los criterios para esta financiación deben volver a ser discutidos”, enfatizó la consejera del área.

    Para abordar este asunto, el Consejo Territorial ha decidido crear un grupo de trabajo para atender las demandas de la mayoría de las comunidades, que han coincidido en reprochar al Estado que la financiación del sistema no puede basarse en una competición entre comunidades.

    El nivel acordado se calcula a partir de los fondos de estructura, fondos de gestión, fondos de cumplimiento de objetivos y fondo de acreditación de calidad de centros y servicios.

    Su objetivo es establecer un nivel de protección y financiación para la atención a las personas en situación de dependencia a nivel estatal y autonómico.

    EFEas

  • Más del 70% de los problemas asociados a medicación en Urgencias pueden evitarse, según un proyecto

    Más del 70% de los problemas asociados a medicación en Urgencias pueden evitarse, según un proyecto

    BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) –

    El proyecto Codi Medicament del Hospital de Sant Pau ha revelado que más del 70% de los problemas de salud relacionados con medicamentos (PSM) que llegan a Urgencias podrían evitarse y reducir las visitas e ingresos hospitalarios.

    Los PSM son un problema de salud pública de primer orden en los países occidentales relacionados con el 10% de las consultas en Urgencias y el 5-10% de los ingresos, según ha informado el Hospital de Sant Pau este jueves en un comunicado.

    El proyecto, elegido por CatSalut como uno de los programas transformadores del sistema sanitario, ha incluido desde su implementación en 2021 a 3.672 pacientes y ha reducido los reingresos en el Servicio de Urgencias por PSM en 22% de media, además, sólo en 2023 ahorró unos 87.000 euros anuales.

    El 58% de los pacientes recogidos por el proyecto son mujeres con una edad media de 81 años que toman en torno a 10 medicamentos y el PSM más frecuente es el estreñimiento, seguido de la rectorragia (hemorragia por el recto) y la hiponatremia (bajo nivel de sodio en sangre).

    Hay 3 otros centros adscritos al Codi Medicament que coordina Sant Pau: el Consorci Sanitari de Terrassa, el Hospital Dos de Maig y el Hospital General de Granollers.

  • Zapata pide cautela hasta saber «exactamente» los motivos del cero energético en La Palma

    Santa Cruz de Tenerife, 19 jun (EFE).

    – El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha dicho este jueves en comisión parlamentaria que hay que ser cautos hasta saber «exactamente» el porqué del cero energético que el pasado 10 de junio se produjo en La Palma, para a continuación adoptar medidas «reales» para evitar que se repita esa situación.

    Cautela que el consejero ha pedido después de que la diputada del grupo Socialista Alicia Vanoostende preguntase por las acciones a tomar tras ese apagón, y manifestase que el grupo generador que falló en la estación de Los Guinchos no estaba obsoleto, por lo que ha opinado que en ocasiones se habla de obsolescencia sin ser ese el problema.

    Previamente, el consejero había manifestado que se está a la espera de los informes técnicos para saber qué ha ocurrido.

    Alicia Vanoostende ha manifestado que el pasado 10 de junio falló un grupo generador que no estaba obsoleto, y a continuación el resto de grupos de la central de Los Guinchos no pudieron compensar esa pérdida, pero tampoco funcionaron otras medidas de control, lo cual, a su juicio, apunta a que a veces se habla de obsolescencia pero el diagnóstico es otro.

    La diputada del grupo Socialista ha comentado que si bien Santa Cruz de La Palma fue la primera ciudad canaria, la sexta del mundo, que tuvo acceso a la electricidad hace 130 años, ahora resulta que la isla tiene un problema en su sistema eléctrico.

    El consejero ha reconocido que lo expresado por la diputada sobre el fallo parecía que era lo que había ocurrido, pero ha pedido ser cautos hasta disponer de los informes.

    Previamente, y en respuesta al diputado del grupo Nacionalista (CC) José Javier Pérez, acerca de las medidas que se pretende articular para reforzar el sistema de distribución eléctrica en La Palma, el consejero había declarado que en La Palma se producen una media de cuatro a cinco apagones parciales al año.

    Mariano Hernández Zapata, ha comentado que los sistemas fallan pero lo de los últimos meses «no es normal», y ha reconocido el esfuerzo que Endesa ha hecho tras la erupción volcánica de La Palma al invertir más de 14 millones de euros para recuperar líneas, incluyendo 34 kilómetros nuevos, y buscando soluciones técnicas.

    El consejero ha apuntado que se exigirán responsabilidades y por ello se ha modificado el decreto sobre sanciones para que no se quede «sólo en anunciarlas», pero, ha subrayado, lo más importante es que no vuelvan a repetirse los ceros energéticos y para ello se trabaja «de la mano» con las empresas y con el Gobierno central.

    El diputado del grupo Nacionalista (CC) José Javier Pérez ha hecho un relato de los siete ceros energéticos que se han producido en La Palma desde 2009, y criticase la falta de inversionesEn respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván sobre garantía de un suministro energético estable y asequible, el consejero ha reconocido que el actual sistema está obsoleto, algo que ha atribuido a que en los últimos 12 años no se ha invertido «nada» en las centrales térmicas.

    Mariano Hernández Zapata ha apostado por nuevas centrales que contaminen menos y dispongan de grupos más pequeños, lo que se unirá a una mayor integración de energías renovables.

    El consejero ha insistido en que 12 años sin inversión en centrales térmicas ha provocado la actual situación crítica, pues ha recordado que en 2023 se declaró la emergencia energética tanto por la obsolescencia de las instalaciones como por la poca generación en islas como Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

    Mariano Hernández ha puesto en valor que el Ministerio de Transición Ecológica ha apoyado las medidas de emergencia con una dotación de 300 millones de euros, así como que se ha convocado el concurso de renovación de las centrales térmicas, que podrían adjudicarse durante este año.

    EFErdg/acp

  • El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 renueva su sistema de comunicaciones

    Santa Cruz de Tenerife, 19 jun (EFE).

    – El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 está renovando su sistema de comunicaciones para sus salas operativa, de manera que dejará de ser en parte analógico y en parte digital, para ser solamente digital.

    Según ha informado la Consejería de Política Territorial esta renovación de las transmisiones garantiza una conectividad más eficiente y segura de las dos salas operativas de emergencias, en el marco de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (Rescan).

    A finales de mayo fueron retiradas las dos torres de 24 metros de altura en las que se alojaban las antenas de radiocomunicaciones de la sala operativa del Cecoes 112 en Santa Cruz de Tenerife, cuya vida útil había finalizado, y que serán sustituidas por otras, con tecnología Tetra de última generación, iguales a las que funcionan en la sala operativa de Las Palmas.

    Las nuevas antenas se instalarán en dos torres, de unos 12 metros de altura, y mejorarán significativamente la transmisión de las comunicaciones con los recursos de emergencia en el archipiélago, ya que ofrecen un mayor rango de cobertura.

    Esta actuación forma parte de un proceso de modernización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del CECOES 112 Canarias, que supondrá además un refuerzo global de las comunicaciones con los servicios de emergencia.

    EFEacp/rdg

  • Internos de la prisión Tenerife II protagonizan la exposición ‘El arte nos hace libres’

    Santa Cruz de Tenerife, 19 jun (EFE).

    – El Parlamento de Canarias acoge desde este jueves y hasta el 26 de junio la exposición ‘El arte nos hace libres’, elaborada por internos del centro penitenciario Tenerife II y cuyo nombre han elegido los propios creadores artísticos.

    La actividad es un proyecto conjunto con el Centro de Educación de Personas Adultas Farola de Santa Cruz y su objetivo ha sido que los alumnos se expresen a través del arte y ayudarles a sobrellevar el periodo de privación de la libertad.

    Así lo ha contado la directora del centro, Ana Belén González, que en la inauguración de la muestra ha comentado que pese a estar en prisión, estas personas «tienen mucha forma de expresar lo que sienten».

    Las obras son en su mayoría alusivas a la naturaleza de la isla, aunque también hay retratos y piezas más allá de la pintura como esculturas o creaciones literarias.

    Sin embargo, lo que no hay son «ni celdas, ni barrotes».

    «Ellos no pueden trasladarlo, pero sienten mucha emoción al sentirse presentes en la sociedad y contar con este espacio privilegiado», ha asegurado la directora.

    González ha explicado que los presos se acercan al arte a través de los diferentes programas que ofrece el centro y que lo hacen para «pasar el rato, olvidarse de donde están o para hacer regalos a compañeros».

    «Mucha gente que está aquí no se había planteado practicar arte hasta que han llegado a nuestras aulas, promovemos muchos proyectos que tienen que ver con la expresión artística, pero nunca imaginas que pueden acabar en este producto de calidad», ha añadido.

    La presidenta de la mesa del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha valorado que a través de esta exposición los internos «canalizan emociones, mejoran su vida personal y recuperan la confianza en sí mismos».

    Pérez ha señalado también que todas las obras se han elaborado a partir de materiales reciclados, lo que considera que es un motivo más para que «todos los vecinos de Tenerife y de Canarias disfruten de esta exposición».

    En horario partido, de 10 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00, se podrá acudir al Parlamento de Canarias para contemplar estas obras, que ante todo invitan a «valorar y apoyar la participación artística como un camino hacia la libertad interior y la integración social», según relata el propio panel informativo situado al inicio de la muestra.

    EFE1011934ip/acp

  • Clavijo anuncia que «si la legislatura no es viable», CC retirará su apoyo a Pedro Sánchez

    Las Palmas de Gran Canaria, 19 jun (EFE).

    – El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha anunciado que si su partido percibe que «la legislatura no es viable», retirará su apoyo a Pedro Sánchez, al que ha instado a que tome «medidas determinantes como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno».

    En declaraciones realizadas en Agüimes (Gran Canaria) durante un acto asociado a los compromisos ambientales de la Agencia 2030, el presidente canario y líder de los nacionalistas en las islas ha ido un paso más allá de lo que ya dijo ayer la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, al advertir de que no está garantizada la continuidad del apoyo que ofrecieron a Sánchez en la investidura.

    «Creo que la portavoz de Coalición Canaria en Madrid le transmitía ayer al presidente que la legislatura está comprometida, obviamente (.

    .

    .

    ) Lo que le hemos transmitido es que, si la legislatura no es viable, ante una imposibilidad de la legislatura, Coalición Canaria retiraría el apoyo», ha remarcado Fernando Clavijo.

    No obstante, ha precisado que, en este momento, no están en ese escenario y prefieren esperar a lo que sucede en los próximos días y a lo que el presidente Sánchez tenga que explicar cuando comparezca en el Congreso en julio, como ha anunciado.

    «Le hemos transmitido que no nos vale con pedir perdón, no nos vale con decir que esto es algo anecdótico, singular.

    Como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno de España que preside Sánchez, se tienen que tomar medidas determinantes.

    De lo contrario, la confianza que ha sido quebrada no podrá ser restaurada», ha avisado.

    El presidente canario tampoco se ha ahorrado críticas al tono que percibió en el debate del miércoles en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, que ha tildado de «espectáculo lamentable».

    A su juicio, lo ocurrido en ese pleno de la Cámara Baja «hace un daño terrible a la democracia y a las instituciones, a todas».

    Por eso ha insistido en que Coalición Canaria no quiere precipitarse «ni contribuir a toda esta vorágine y a este circo», sino obrar «de manera prudente, como un partido de gobierno, un partido que cumple sus acuerdos, un partido estable.

    «Queremos esperar a que el Gobierno tome esas decisiones y las tome el señor Sánchez.

    Que haga su comparecencia y, a partir de ese momento, en función de lo que ocurra, tomaremos la decisión», ha dicho.

    EFEjmr/spf

  • Condenada a dos años de cárcel por sustraer dinero de la cuenta de su marido enfermo

    Santa Cruz de Tenerife, 19 jun (EFE).

    – La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a una mujer a dos años de prisión, a devolver 122.

    275 euros a sus cinco hijastros y a pagar una multa de 1.

    600 euros por haber sustraído esta cantidad mientras su marido estaba ingresado en un centro en fase terminal y de hecho murió poco después.

    La procesada se casó con el fallecido en 1998, con un régimen de separación de bienes y en 2016 éste otorgó el testamento instituyendo como herederos universales a los cinco hijos del primer matrimonio y a su esposa un tercio de los bienes.

    A partir de abril de 2022 firmó un poder especial a favor de la procesada con absolutas facultades de administración y disposición previendo que en el futuro el hombre pudiese necesitar mayor apoyo dado el avance de su enfermedad y por lo tanto aumentar su dependencia.

    Según la sentencia, la esposa comenzó a sacar dinero de las cuentas hasta sumar los mencionados 122.

    275 euros por lo que en caso de no haber fallecido el hombre habría quedado en una situación económica que le hubiese impedido hacer frente a todos los pagos y en detrimento de los herederos.

    La treintena de extracciones realizadas desde finales de mayo hasta que falleció el marido el 30 de julio oscilaron entre 1.

    000 a 12.

    000 euros y además la mujer percibió una paga mensual de 850 euros que llegó a cobrar en cuatro ocasiones.

    La Sala da por probado de que la esposa se aprovechó de la situación de debilidad que tenía su marido, mayor de 80 años, para apropiarse de este dinero a través de transferencias desde la cuenta del fallecido a la suya y extracciones,pero sin que el hombre se viera favorecido de manera alguna.

    De hecho, la sentencia indica que cuando extrajo mayor cantidad de dinero fue cuando su marido estaba en peores condiciones de salud, con un importante deterioro cognitivo e incluso en el período en el que ingresó en cuidados paliativos.

    En el juicio celebrado en la Audiencia los hijos declararon que una vez fallecido su padre se encontraron con que en las cuentas bancarias sólo había un saldo de 6.

    000 euros por lo que pidieron un extracto bancario en el que se reflejaba que tras otorgar el poder, la acusada extrajo más de 100.

    000 euros.

    Asegura que el fallecido les había dicho que no quería que su esposa “manejara” su dinero y por ello tenían cuentas independientes, se acordó separación de bienes y le había puesto un dinero mensual que ella misma se incrementó e incluso atribuyó dobles pagas.

    La mujer justificó el dinero porque su marido le otorgó el poder a fin de que hiciera reformas en la casa para cuando mejorara y saliera del hospital, pero sólo pudo aportar un documento en el que se le otorga 850 euros para una obra en la azotea.

    En realidad se trata de un papel en el que no se identifica el nombre de ninguna empresa de reformas o construcción y también entregó facturas por 3.

    000 euros de compras de muebles.

    A ello se une que la propia procesada había dicho a los hijos que iba a internar al padre en una residencia y que no volvería a la vivienda dado que ésta no se encontraba acondicionada.

    EFEnra/spf1012088

  • El PSOE y aliados tumban en el Congreso el texto del PP que exigía el cese del fiscal general del Estado

    El PSOE y aliados tumban en el Congreso el texto del PP que exigía el cese del fiscal general del Estado

    La Cámara rechaza instar al Gobierno a restaurar el principio de verdad en la vida pública e impulsar la rendición de cuentas

    MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) –

    El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una proposición no de ley del PP en la que, entre otras cosas, se solicitaba al Gobierno que promoviese el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo procesamiento ha propuesto el juez del Supremo Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

    Esta petición se incluía dentro de una iniciativa que el PP registró a finales de mayo y por eso no menciona expresamente el auto de procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público que se conoció la semana pasada. El texto ha recibido el apoyo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro y el rechazado del resto del arco parlamentario salvo de Coalición Canaria, que se ha abstenido.

    En concreto, los populares querían que el Congreso instase al Gobierno a cesar a García Ortiz por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, así como a promover un modelo de elección verdaderamente independiente y profesional, que garantice la imparcialidad del Ministerio Fiscal.

    Asimismo, el PP aspiraba a que la Cámara respaldara las reiteradas advertencias de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y se sumara a sus llamamientos para que el Gobierno cese en los ataques a los jueces y proteja la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho.

    Con este texto, recogido por Europa Press, el PP buscaba también que el Congreso instase al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía, una norma sobre la que ha empezado a deliberar ya el Tribunal Constitucional y que los populares consideran contraria al principio de igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica.

    NO AL TRASPASO SE INMIGRACIÓN

    El PP también protestaba en su iniciativa por otros pactos que el PSOE ha sellado con el independentismo catalán. En concreto, perseguía que la Cámara se pronunciara contra el que prevé el traspaso de parte de las competencias de inmigración a Cataluña.

    El PSOE y Junts tienen registrada desde principios de marzo en el Congreso una proposición no de ley para hacer efectiva esa delegación de competencias, pero aún no se ha sometido a su primer examen en el Pleno de la Cámara porque la negativa de Podemos a apoyarla pone en riesgo su tramitación.

    En este contexto, el PP planteaba que el Congreso rechazase cualquier cesión futura de competencias en materia de extranjería, control de fronteras o seguridad nacional a comunidades autónomas, en aras del respeto a la unidad de la legislación y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

    Otro punto de la iniciativa rechazada emplazaba al Gobierno a respetar los derechos de la oposición y a contestar a las preguntas que se le formulan en las sesiones de control, así como a cumplir el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado.

    Revertir la ocupación partidista de los medios públicos y garantizar su neutralidad mediante órganos de gobierno independientes y con mandatos blindados, asegurando así la libertad de prensa y el pluralismo informativo, era otra de las peticiones del PP.

    El último de los siete apartados en los que se dividía la proposición no de ley emplazaba al Ejecutivo a restaurar el principio de verdad en la vida pública, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y combatiendo la polarización institucional desde el propio Gobierno para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.