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/// 10:11 — 14 de noviembre de 2026

Autor: Redactor

  • El PP lamenta que el Cabildo de Fuerteventura rechace poner el crematorio para mascotas

    Puerto del Rosario (Fuerteventura), 27 jun (EFE).

    – El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha lamentado que el equipo de gobierno (CC-PSOE) haya votado en contra de la moción presentada por los populares para poner en funcionamiento el crematorio insular para mascotas.

    El portavoz del grupo popular, Claudio Gutiérrez, ha manifestado, en un comunicado, que se trata de una instalación pública que lleva más de diez años terminada, equipada y autorizada, pero que sigue sin usarse por decisión política.

    La consejera popular, Yolanda Malaquías, ha asegurado que “no hay razones técnicas ni legales para seguir bloqueando este servicio público” y ha aclarado que “el horno está operativo, autorizado y es competencia del Cabildo, pero lo que falta no es viabilidad, es voluntad”.

    Gutiérrez ha subrayado que el argumento de la rentabilidad es inapropiado en este contexto, pues “los servicios públicos no tienen que ser rentables, tienen que ser útiles”.

    Malaquías ha denunciado que se está dejando pasar una oportunidad para que Fuerteventura avance hacia un modelo más responsable y sostenible, pues “se está priorizando el interés privado por encima del interés general y de la salud ambiental”.

    Ha insistido en que “el horno puede tratar restos ganaderos, animales fallecidos en carretera o cetáceos varados, pues es una herramienta clave para una isla como la nuestra”.

    La consejera también ha criticado la falta de planificación institucional, ya que“decir que no es digno almacenar restos hasta reunir suficiente peso es una excusa, pues si no hay cremaciones individuales o programadas es porque no se ha querido organizar el servicio”.

    El Grupo Popular insiste en que poner en marcha el crematorio insular es perfectamente posible, y han asegurado que seguirán exigiendo su activación.

    EFE1011279evs/as

  • Prisión provisional para la joven detenida por la muerte de su abuelo en Gran Canaria

    Las Palmas de Gran Canaria, 27 jun (EFE).

    – El juzgado de guardia de Arucas (Gran Canaria) ha dictado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza contra la joven de 19 años detenida el pasado miércoles como presunta autora de la muerte de su abuelo en el municipio de Firgas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

    A esta joven, que confesó haber sido la autora material del crimen en el momento de su detención por parte de los agentes del Instituto Armado, se la investiga por la supuesta comisión de un delito de homicidio o de asesinato.

    En cuanto a su novio, que también fue detenido, ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado los días que le fueran señalados, así como la prohibición de salir del territorio nacional.

    Su presunta relación con el caso, según el TSJC, todavía está por determinar conforme avance la instrucción.

    El titular al frente del juzgado de guardia ha tomado estas decisiones tras tomar declaración a los dos detenidos, una vez han pasado a disposición judicial.

    El pasado miércoles, la Guardia Civil detuvo a esta joven y a su pareja por el apuñalamiento del abuelo de ella, un hombre de 57 años cuyo cadáver descubrió una de sus hermanas con la que convivía.

    cas/cda

  • Un hombre herido en Lanzarote después de que su vehículo volcase en Teguise

    Las Palmas de Gran Canaria, 27 jun (EFE).

    – Un hombre ha resultado herido este viernes en Lanzarote, después de que el vehículo en el que circulaba volcase en el municipio de Teguise, ha informado el 112.

    El suceso ha tenido lugar en la carretera LZ-402, hacia las 12:30 horas.

    Como consecuencia del accidente, un hombre ha sufrido policontusiones de carácter moderado y ha sido trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

    EFEas

  • IUC afirma que permitir usar la RIC en vivienda fomenta la especulación y la burbuja

    Santa Cruz de Tenerife, 27 jun (EFE).

    – Izquierda Unida Canaria (IUC) ha advertido este viernes de que el acuerdo entre PSOE, CC y PP para permitir que la Reserva de Inversiones (RIC) se destine a construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler residencial va en realidad a fomentar la especulación y la burbuja inmobiliaria y esconde un regalo fiscal de 2.

    500 millones de euros al sector privado.

    Esta reforma, para la que solo resta su aprobación en el Senado, «consolida un modelo especulativo con recursos públicos» que alimentará «la burbuja del alquiler en Canarias», cuando lo que procede poner en marcha es «una política pública y planificada de vivienda».

    «No es una solución habitacional, sino un regalo fiscal a quienes ya han acumulado riqueza», puesto que se financia el mercado privado en lugar de reforzar el parque público y garantizar el derecho a una vivienda digna, según ha denunciado Luisa Tamayo, coordinadora nacional de IUC.

    Tamayo enmarca la reforma en «la desregulación urbanística y pelotazo fiscal», similar a la liberalización del suelo que impulsa el nuevo proyecto de Ley del Suelo del Gobierno de Canarias.

    En ambos casos se busca «favorecer a los grandes propietarios, fondos de inversión y constructoras, mientras se expulsa a la población trabajadora del acceso a una vivienda asequible», denuncia IUC.

    Las restricciones que se establecen a los inversores beneficiados fiscalmente son «formales», como la obligación de alquilar en un plazo de seis meses o la prohibición del uso turístico, puesto que se pueden burlar fácilmente, son insuficientes y no garantizan que las viviendas sean asequibles.

    «Nos están vendiendo la idea de que este instrumento atraerá vivienda al mercado del alquiler, pero lo que realmente hace es multiplicar el negocio privado, sin control de precios, sin planificación pública y sin blindaje social», asegura IUC, que reclama al Parlamento de Canarias que recupere «el control público del urbanismo y de la vivienda».

    EFEacp

  • Ayuntamiento Las Palmas aprueba la tarifa del agua que bonificará el consumo responsable

    Las Palmas de Gran Canaria, 27 jun (EFE).

    – El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de forma definitiva la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del Ciclo Integral del Agua en el municipio.

    Como ha explicado el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, la norma fue aprobada inicialmente el pasado mes de noviembre, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

    Tras dos periodos de exposición pública —el segundo abierto para analizar las reclamaciones presentadas en el primero—, el texto ha sido ratificado este viernes, después de no haberse aceptado las tres alegaciones presentadas por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, el Cabildo de Gran Canaria y el Hotel Bajamar.

    Con esta actualización, se impulsa un marco contributivo más justo, en el que quienes más consumen también asumen un mayor coste, al tiempo que se crea un bono social del agua destinado a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

    Este nuevo modelo busca, además, fomentar un consumo más responsable y sostenible, afirma el Ayuntamiento.

    Entre las principales novedades figura la actualización de las tarifas, que no se revisaban desde 2009.

    El nuevo esquema tiene en cuenta el incremento del Índice de Precios al Consumo, que ha aumentado un 34 % en los últimos 14 años, y responde a la necesidad de sancionar el derroche e incentivar prácticas de uso eficiente del recurso.

    Asimismo, se establece una clasificación diferenciada de usuarios: domésticos (habituales y vacacionales), comerciales, hoteleros (hoteles urbanos, emblemáticos y rurales), extrahoteleros (villas, apartamentos, casas emblemáticas, rurales y de alquiler vacacional), industriales, centros oficiales y obras.

    Para todos ellos se aplicarán dos conceptos tarifarios: uno fijo, vinculado al caudal permanente del contador, y otro variable, en función del consumo realizado.

    Con estos cambios introducidos, los hogares con consumos inferiores a 20 metros cúbicos bimestrales —el 80 % del total— mantendrán la tarifa actual e incluso podrán beneficiarse de una reducción a partir de 2025.

    En 2026, se prevé una subida moderada de en torno a un euro mensual.

    También se contemplan bloques de consumo para los usos domésticos, con una tarifa progresiva que favorecerá a los hogares con más de cinco miembros, ajustando así el sistema a la realidad de las familias más numerosas.

    Igualmente, se eliminará el pago mínimo por consumo, que hasta ahora obligaba a abonar una cantidad fija independientemente del uso real, avanzando hacia un modelo más justo, transparente y adaptado al consumo efectivo de cada vivienda.

    EFEas

  • El Cabildo majorero ha destinado 22.100 euros a víctimas de violencia de género este año

    Puerto del Rosario (Fuerteventura), 27 jun (EFE).

    – El Cabildo majorero ha destinado a lo lago de este 2025 un total de 22.

    100 euros en ayudas a mujeres víctimas de violencia de género que corresponden a un total de 15 solicitudes atendidas.

    En 2024, el Cabildo destinó 49.

    500 euros a la mejora de la calidad de vida de un total de 32 mujeres víctimas de violencia de género, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.

    Tanto la presidenta insular, Lola García, como el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, han señalado que la violencia de género es una de las expresiones “más brutales de las desigualdades sociales y discriminatorias que sufren las mujeres”.

    Se debe, además, seguir trabajando para contrarrestarla en la sociedad, con prevención y tratando sus causas estructurales a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos.

    El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, las bases que regulan la concesión de ayudas de emergencia social destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, que concede la Consejería de Acción Social de la Corporación insular.

    Estas ayudas, de concesión directa, se dirigen a cubrir necesidades fundamentales derivada de esta emergencia social como necesidades básicas de alimentación, higiene o vestimenta, así como necesidades de transporte, formativo-laborales o escolares de los hijos e hijas a cargo, entre otras.

    Se conceden gracias a un convenio suscrito entre el Cabildo de Fuerteventura, desde la Consejería de Acción Social, y la comunidad autónoma a través del Instituto Canario de Igualdad.

    Por otro lado, el pleno del Cabildo ha aprobado por unanimidad, además, la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones en materia de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, con el objetivo de incluir una serie de actuaciones que derivan en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población.

    Entre ellas, se incluye la financiación para la organización de Neuromajo 2025, un programa que promueve el envejecimiento activo, el bienestar y la activación positiva en las personas mayores, contando con la colaboración de los seis ayuntamientos y la Asociación Neurolímpica.

    Se incluye, además, el apoyo económico al Encuentro Regional de Municipios e Islas Promotores de la Salud, que se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la que se encuentra adherido el Cabildo de Fuerteventura.

    De esta manera, se destina al Ayuntamiento de La Oliva una subvención de 15.

    000 euros para cooperar en la organización del encuentro, dirigido a fomentar los hábitos saludables entre la población.

    Asimismo, el Cabildo de Fuerteventura destinará 11.

    581 euros al proyecto ‘Higía, Robot Social’ del CIFP Majada Marcial que se dirige a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o dependientes mediante la creación de robots sociales con tecnología de interacción para asistir en diferentes tareas cotidianas y proporcionar estimulación cognitiva y apoyo emocional.

    EFE011279evs/as

  • La jueza insta a la UCO a investigar el caso de González Amador

    La jueza insta a la UCO a investigar el caso de González Amador

    MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) –

    La jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que investigue los hechos del caso que ha llevado a los tribunales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

    En el auto sobre la pieza separada que aborda un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal, fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza da cinco días para interponer recurso de apelación.

    La Fiscalía pedía la participación de la UCO atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva. En el auto se indica, en base a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, de la que González Amador es socio y administrador único, en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente, Quirón Prevención SL.

    En el apartado de fundamentos de derecho, el auto recoge que el 4 de diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros la sociedad Círculo de Belleza SL a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención–, la cual carecía de valor. En septiembre de ese año la mujer, con un 60% de las participaciones, había comprado el 40% restante a su marido y a su hermano por 8.000 euros para cada uno de ellos, esto es, según el auto, la venta de la sociedad se produjo por un precio considerablemente inferior ya que en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1000%.

    De las declaraciones de los investigados, el fiscal argumentó que se desprendía que González Amador no pagó casi medio millón de euros (a la esposa del alto directivo) porque iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales existiendo indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención.

    En concreto, en el año 2020 Maxwell percibió 1,9 millones de euros –consta una factura del 5 de mayo por 834.320 euros y otra del 5 de agosto por 1,1 millones– en concepto de comercialización clientes por la intermediación en la venta por FCS Select Products SL de material de protección sanitaria a la mercantil MAPE Asesores SA.

    Además en el informe de inspección se detectó en octubre de 2022 que Círculo Belleza SL, que pasaría a ser la mercantil Masterman & Whitaker, no era más que una sociedad instrumental, constituida y utilizada por Maxwell para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a Quirón Prevención SL, simulando que es aquella la prestadora de los servicios cuando se acreditó que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados para tal fin.

    Para instrumentalizar esta traslación, Maxwell firmó el 15 de diciembre de 2021 con Masterman SL y Quirón Prevención un contrato por el que la primera cedía a la segunda parte de un contrato denominado Gran Cuenta, firmado con Quirón. Al día siguiente Maxwell transmite todas sus participaciones a Masterman, en gavor de Alberto González Amador, quien desde dicha fecha es socio único y administrador único de dicha sociedad pudiendo disponer libremente de los fondos que quedasen remansados en aquella.

    De todo ello la inspección dedujo que se trató de una simulación de los servicios prestados haciendo que Masterman SL aparezca como la verdadera prestadora de los servicios profesionales facturando por ellos cuando se acredita que carece de los medios humanos y materiales necesarios. Maxwell SL es la auténtica prestadora de los servicios y quien debió facturar directamente a Quirón Prevención el importe de la prestación, recogen.

    Por todo ello y como indica la Fiscalía, el juzgado atiende la complejidad de la investigación de los hechos y el carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva, por lo que procede acordar oficiar a la UCO a que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito.

  • Consumo alerta de la venta de galletas infantiles con alérgenos no declarados

    Madrid, 27 jun (EFE).

    – La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la distribución en 13 comunidades autónomas, entre ellas Canarias de galletas infantiles de la marcha Bingqi Foods, procedentes de China, en cuyo etiquetado no se declaraba la presencia de los alérgenos leche, soja o sulfitos.

    Los productos son galletas de sabores a chocolate, coco y leche en bolsas de 55 y 54 gramos, galletas de sabores a chocolate y fresa de 45 gramos, galleta de sabores a chocolate fresa y leche en caja de 50 gramos, bolsas de chocolates en caja de 50 gramos y galleta de sabores a chocolate, fresa y leche en caja de 100 gramos.

    La alerta también incluye las galletas sabor a fresa en caja de 142 gramos, galletas sabor a tiramisú en caja de 150 gramos, galleta con relleno sabor queso y palos con galleta sabores a chocolate, fresa y leche en caja de 40 gramos.

    Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco,si bienno han descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

    Ante el «gran» número de productos implicados y como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a alguno de ellos que se abstengan de consumirlos.

    La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

    Como medida de precaución, la Agencia ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los componentes leche, a la soja o a los sulfitos que pudieran tener los productos afectados en sus hogares que se abstengan de consumirlos.

    No obstante, han añadido que el consumo de este producto de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

    EFEcat/jjr/grc/aam

  • El Gobierno canario distribuye 10,7 millones para el transporte público entre las islas

    Santa Cruz de Tenerife, 27 jun (EFE).

    – La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha distribuido 10,7 millones de euros entre las islas para financiar en 2025 políticas de movilidad vinculadas al transporte público terrestre regular de viajeros durante el ejercicio 2025.

    Gran Canaria y Tenerife reciben 4.

    288.

    000 euros cada isla; Fuerteventura, Lanzarote y La Palma 536.

    000; y La Gomera y El Hierro 268.

    000 euros, según las órdenes firmadas.

    Con esta financiación se persigue fomentar el transporte público frente al uso de vehículos privados, en coordinación con los cabildos y las administraciones insulares, ha informado en un comunicado la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández.

    La financiación va dirigida a consolidar el Bono Residente Canario y avanzar en la aplicación de tecnologías en la planificación de los desplazamientos.

    Según Fernández, estas aportaciones son «un balón de oxígeno ante la demora del Estado en transferir los fondos comprometidos».

    EFEacp/brr

  • La CRUE insta al Gobierno a reflexionar sobre el borrador de Ley de Consejos Sociales

    Santa Cruz de Tenerife, 27 jun (EFE).

    – La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha remitido recientemente una carta a la consejera de Universidades del Gobierno autónomo, Migdalia Machín, instándole a reflexionar sobre el borrador de Ley de Consejos Sociales que está tramitando el Parlamento de Canarias.

    Según ha informado este viernes la Universidad de La Laguna, Alcón le ha manifestado al Gobierno de Canarias la preocupación y malestar de la asociación que preside, creada en 1994 y que agrupa a 77 universidades españolas, por esta proposición de ley.

    Según la ULL, en opinión de Alcón la propuesta legislativa redefine la función legal de los consejos sociales hasta el punto de “menoscabar gravemente la autonomía universitaria”.

    De hecho, añade, el texto “desnaturaliza la misión del Consejo Social como instrumento de participación y representación de la sociedad en la universidad y prácticamente hace de él un órgano de gobierno y representación más de la propia universidad, diríase que casi como un Consejo de Gobierno paralelo”.

    La carta de la presidenta de la CRUE, también enviada a los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García y Lluìs Serra, añade algunos ejemplos de este exceso competencial, como que se faculta a los consejos sociales para suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, incluyendo aquellos orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento.

    Tampoco parece la mejor solución, prosigue la presidenta, que el Consejo Social sea su propio órgano de contratación, cuando no es una Administración Pública distinta de la universidad, añade la nota.

    Para la CRUE «especialmente grave» resulta la previsión recogida en la propuesta en el sentido de que “la Intervención o a la unidad responsable de control interno de la gestión económico-financiera de la universidad, así como su personal, dependerá del Consejo Social”.

    Según Eva Alcón, lo que la LOSU prevé, por el contrario, es que “las universidades desarrollarán un régimen de control interno, que contará, en todo caso, con un sistema de auditoría interna” y que “el órgano responsable de este control tendrá autonomía funcional en su labor y no podrá depender de los órganos de gobierno unipersonales de la universidad”.

    Se trata, por tanto, de un control interno, una consideración que de ninguna manera puede darse al Consejo Social.

    Estos son, opina Eva Alcón, sólo algunos ejemplos de esta propuesta legislativa que “podría causar perjuicios” al sistema universitario, “afectando claramente a la autonomía de las universidades”.

    EFEbrr