Santa Cruz de Tenerife, 16 jul (EFE).
– La consejera de Hacienda y Asuntos Europeos canaria, Matilde Asián, ha dicho que la centralización en el reparto de los fondos europeos MMR están dificultando su ejecución y ha advertido de que esa centralización es la que se planea en la Unión Europea para los fondos del periodo presupuestario 2028-2034, lo cual perjudicaría al archipiélago.
Asián ha respondido en comisión parlamentaria a varias preguntas sobre el próximo periodo presupuestario, así como a otra de la diputada del PSOE Alicia Vanoostende sobre la ejecución de solo el 40% de los 1.
700 millones de euros de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con un plazo que concluye en 2026, y de la devolución que ya se ha tenido que realizar de casi 50 millones.
Vanoostende ha denunciado que en 2023 se ejecutaron 152 millones, de euros, una cifra inferior a la de los ejercicios de 2022 y 2021.
La representante del PSOE indicó que hay áreas de ejecución especialmente preocupantes, como la vivienda, en la que, en un contexto de emergencia habitacional, hay sin ejecutar 90 de los 165 millones asignados.
En el área social, de 130 millones de euros asignados el 84% está sin ejecutar y en transición ecológica solamente el 6% se ha materializado (solo 32 de 600 millones), con 20.
000 expedientes pendientes de tramitación, según los datos aportados por Vanoostende, los cuales la consejera no rebatió.
Matilde Asián respondió que el diseño centralizado y vertical de estos fondos dificulta su aplicación en Canarias y mostró su preocupación por si se adopta ese mismo esquema centralizado en los fondos europeos del próximo periodo presupuestario 2028-2034.
«Los fondos fueron diseñados de forma vertical entre la Comisión Europea y los ministerios del Gobierno de España, que a su vez decidieron cuánto, en qué y cómo debía gastarse cada partida», señaló Asián.
También achacó problemas de ejecución a la estructura administrativa que se creó en Canarias en la pasada legislatura para la gestión de estos fondos, con la contratación de 250 personas, muchas sin formación específica y con exceso de personal directivo frente a personal técnico.
También ha habido una falta de refuerzo de los servicios centrales de la administración autonómica, que están «colapsados» y ha generado cuellos de botella.
El Gobierno tiene «limitada capacidad de maniobra», pero «seguimos intentándolo y hay más de 1.
450 millones de euros en tramitación», precisó Asián.
La consejera, en respuesta a preguntas de los diputados Esther González (NC) y Jesús Ramos Chinea (ASG) se refirió precisamente a la tendencia de la UE a la centralización en el reparto de fondos como una de sus principales preocupaciones ante el periodo presupuestario 2028-2034, cuya negociación aún no ha comenzado formalmente y durará al menos dos años.
Si se confirmara esa centralización de los fondos «estaríamos ante un serio problema», porque se establece «en qué hay que gastar y en qué no» y deja «muy poco margen a las regiones», indicó.
Pero también hay otros riesgos, como el desvío de fondos a otras prioridades como la financiación de gastos de defensa, compensaciones ante la guerra de aranceles o la devolución de la deuda contraída para financiar los fondos Next Generation.
Desde Canarias, como región ultraperiférica, «lo único que podemos hacer es tener muy claras nuestras prioridades para defender nuestra situación estructural adversa tanto en la prestación de servicios fundamentales como en mantener una actividad económica», según la consejera.
«Nos estamos preparando para protegernos de esta centralización y de una posible reducción de fondos para Canarias como región ultraperiférica», subrayó Matilde Asián.
Para la consejera, respecto al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite compensar las desventajas estructurales de las regiones ultraperiféricas, «no existe riesgo jurídico, pero «sí existe un riesgo político».
En concreto, alertó sobre la creciente tendencia a equiparar la situación de las RUP con otras regiones insulares o periféricas recogidas en el artículo 174 del Tratado, que sin embargo «no sufren el mismo nivel de desventajas», aseguró.
«Hemos trasladado esta preocupación al Gobierno de España, contamos con el apoyo del comisario [Raffaele] Fitto y estamos promoviendo una nueva estrategia específica para RUP», explicó Matilde Asián.
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