Santa Cruz De Tenerife, 22 jul (EFE).
– La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición de la empresa Puerto Rico SA de ampliar la prórroga concedida por la Dirección General de Costas con el fin de mantener la actividad de varios restaurantes y locales situados en terrenos de dominio público cercanos a la playa o en la misma arena.
La Audiencia Nacional cree probado que “las instalaciones no autorizadas causan un fuerte impacto ambiental».
«Podemos encontrarnos con la invasión del dominio público sin autorización o concesión que produce efectos como contaminación, ruidos, obstaculización del uso público o vertidos”, se detalla en el fallo.
La empresa recurrente cree que el informe para negar la prórroga se ha basado en un acta de inspección que califica de “descriptiva”, lo que rechaza la AN al mantener que se ha llevado a cabo por funcionarios autorizados que han dejado “debidamente” documentados los hechos.
El peritaje apunta que sobre la arena existen “elementos de explotación de servicios de temporada que son autorizados cada año, los kioscos tienen una dimensión superior a la permitida, lo que en la parte oriental de la playa alcanza un 30%, con una solera de hormigón para colocar mesas y sillas».
«Aunque algunas construcciones se han derruido, aún existían otras fijas sin título habilitante y también elementos desmontables que habían sido objeto de expedientes sancionadores”, razones que justifican la negativa de Costas, tal y como se hizo.
La respuesta de la empresa es que aprecia caducidad en el procedimiento, y alega que las instalaciones son de fácil desmontaje o que incluso no existen pese a lo cual para la Audiencia Nacional resulta evidente que la entidad “se ha excedido en esa ocupación sin contar con autorización alguna”.
El Abogado del Estado por su parte se opuso a la estimación de la nueva demanda y cree que la negativa a prorrogar la concesión está motivada por invasión del dominio público no otorgada y la obstaculización de la servidumbre de terrenos colindantes, por la ocupación del dominio público con mesas, sillas, elementos comerciales desmontables no autorizados.
La entidad impuso un recurso ante la desestimación del Estado a prorrogar esta concesión otorgada en 1972 cuando se autorizó a la empresa la construcción de un puerto deportivo a escala y una playa artificial en este punto del puerto de Mogán.
Dos años más tarde se avaló la construcción del muelle de base o invernada e instalaciones complementarias, como una segunda fase del anterior acuerdo suscrito.
En 1981 se dio la conformidad a Puerto Rico SA a la Planta de Distribución de las Zonas de Servicios y estableció la obligación de que cualquier obra que se lleve a cabo debe contar con la autorización del Ministerio, competencia que luego fue traspasada al Gobierno autónomo.
En febrero de 1992 se otorgó a la empresa el derecho preferente para explotar los servicios de temporada y cinco años más tarde se informó de la relación y superficies aproximadas de los locales situados en el área de servicios sin autorizar, construidas cuatro años antes.
En aplicación de la legislación en 1997 se decidió el inicio de un expediente sancionador por incumplimiento de la concesión al estar los espacios libres ocupados por construcciones cerradas, en dominio público y servidumbres en una superficie aproximada de 1.
900 metros cuadrados.
En el año 2000 se solicitó la legalización de un kiosco, lo que no prosperó al entender Costas que procedía recuperar estos terrenos y en 2002 la Demarcación de Canarias acordó volver a hacer suyos los espacios ocupados por cinco restaurantes y dos kioscos, ordenando su desalojo en un mes.
Los dueños recurrieron al Tribunal Supremo (TS), donde fueron rechazados sus recursos y a continuación en 2009 se incoó un expediente sancionador por la ocupación de otros 30 metros cuadrados con mesas y sillas por parte de uno de los restaurantes.
Entre julio y noviembre de 2015 la empresa volvió a pedir una prórroga y, en 2017, Costas redactó un informe de demolición y retirada de estas construcciones consideradas “ilegales” y comprueba que ya habían desaparecido tres de estos establecimientos.
Mientras, el Ayuntamiento se pronunció en contra de ampliar la autorización por los incumplimientos y ya en 2019 se levanta acta de ocupación de ocho locales, entre ellos restaurantes y la oficina de socorrismo, en algunos casos con sus aseos, carteles anunciadores y taquillas.
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