Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).

– La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) Natalia Santana ha denunciado este martes que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) solo ha ejecutado el 16 % de su presupuesto y ha considerado injustificados los retrasos en la ejecución de los fondos del pacto de Estado contra la violencia machista.

Durante una pregunta a la consejera en la comisión parlamentaria del área de Bienestar Social, Santana ha asegurado que se han producido reclamaciones por parte de asociaciones y entidades, y ha dicho no entender los motivos esgrimidos por el ejecutivo autonómico, habida cuenta de que faltan tres meses para poder ejecutarlos.

Santana ha negado que el Ministerio haya cambiado los criterios para la justificación de subvenciones del pasado y ha lamentado que además de la baja ejecución presupuestaria el ICI haya sufrido un recorte de un millón de euros en sus cuentas.

«Hay más de diez millones de euros bloqueados en el ICI que podrían estar llegando y que podrían usar para adelantar fondos», ha aseverado Santana, que ha reprochado a la consejera que «no se haya sentado» con las entidades, que no saben si van a poder seguir con sus proyectos, en una situación que ha calificado de «irreconducible».

La diputada de la oposición ha aseverado asimismo que existe una correlación entre no poner en marcha los proyectos del pacto de Estado y recortar fondos con el aumento de las violencias machistas en Canarias.

En su turno de intervención, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se ha escudado en que la transferencia de los fondos del pacto de Estado está sujetas a la justificación completa del ejercicio anterior, lo que supone «un cuello de botella», y ha apuntado asimismo que el Gobierno actual tuvo que afrontar el «engorroso» proceso de justificar partidas de los años anteriores correspondientes al ejecutivo del ‘pacto de las flores’.

Para este año, ha agregado, está todo en proceso de revisión, se han corregido incidencias detectadas y esto ha provocado retrasos hasta las semanas pasadas.

También ha apuntado que se han incorporado nuevas herramientas de trazabilidad, lo que hace «muy difícil» encajar alguno de los proyectos presentados.

Ha aludido Delgado asimismo a la existencia de un nuevo aplicativo ministerial para la justificación de los fondos, con el objetivo de mejorar el procedimiento, si bien se debe «aprender cómo se utiliza y ponerlo en marcha».

En resumen, ha detallado Candelaria Delgado, han hecho el trabajo «al revés a como se hace normalmente».

Ha negado además que puedan adelantar fondos si saben previamente si van a estar justificados y ha señalado que lo único que pueden establecer es remanentes para el año siguiente para continuar los proyectos, que es algo que ya están haciendo.

EFEcmg/jmor

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).

– El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), ha declarado este martes que el pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es «un brindis al sol, una bomba de humo para intentar quitar presión sobre la gestión realizada durante los últimos incendios forestales» en la península.

Hernández Zapata ha indicado que tanto él como el presidente Fernando Clavijo (CC) lo entienden así, motivo por el que se oponen a sumarse a esta propuesta, en la que tampoco ven reflejadas las singularidades de las islas, un rechazo que ya afirmaron en el pleno del Parlamento de Canarias el pasado 24 de septiembre, con los votos de los grupos del Gobierno y de Vox.

El consejero ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de la celebración de la segunda Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, órgano colegiado cuya función es la de coordinación y colaboración entre todas las áreas del Ejecutivo regional, en aplicación y seguimiento de la ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.

El objetivo de dicha reunión ha sido informar a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias sobre los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley y, especialmente, establecer la postura del Ejecutivo con respecto al pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno de España.

Hernández Zapata ha explicado que dicho pacto no tiene en cuenta al archipiélago desde el punto de vista de los océanos, en relación a cómo afectan a las islas los incrementos del nivel del mar o el cambio climático a la biodiversidad marina, pero tampoco en otros aspectos como las calimas, cada vez más repetidas en el tiempo y más intensas, y las afecciones que tienen en la salud de las personas en Canarias.

El consejero ha indicado que, si no se tiene en cuenta a Canarias, el Gobierno autonómico va a oponerse a este pacto, aunque también ha señalado que su propuesta es que «nos dejen aportar y que no dejen ser partícipes» a las comunidades autónomas, porque «ahí es donde creo que estaríamos hablando de un pacto de Estado real y de verdad, con el interés de intentar luchar de manera efectiva contra el cambio climático».

La integrante del Comité de Expertos de Cambio Climático, Economía Azul y Circular, que asesora al Gobierno canario sobre este pacto, Adelina de La Jara, ha explicado que su postura se basa en la evidencia científica.

De La Jara ha indicado que en el comité consideran que leyes recientes como la del cambio climático o del suelo, «tienen mucho camino que recorrer todavía» y que «deben ser desplegadas», porque «hay muchos mecanismos que pueden ayudarnos a solventar los problemas que tenemos».

A juicio de la experta, la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil frente a catástrofes climáticas que propone el Gobierno estatal «no tiene mucho sentido hasta que no tengamos todos estos mecanismo funcionando».

«Si el pacto al final es un marco de consenso para desplegar todos estos mecanismos que se encuentran en esas leyes que ya están en marcha no hay ninguna postura en contra.

Lo que nosotros no vemos es la creación de nuevas agencias, de nuevos elementos que están impidiendo desplegar ese potencial que ya tenemos», ha concluido De La Jara.

EFEmrgz/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).

– El primer informe del Observatorio del Comercio de Canarias, que ha sido presentado este martes, alerta de una baja recuperación de la cifra de negocios de las pequeñas empresas dedicadas al comercio en las islas, que representan el 95% de los negocios de este tipo en el archipiélago.

En este documento se detalla que la recuperación en la cifra de negocios de las pequeñas empresas (2,7% en 2022 respecto a 2019) es mucho menor que la de las grandes (25,6% de crecimiento entre 2022 y 2019), según ha informado el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en la presentación del nuevo portal web del Observatorio del Comercio de Canarias.

Según ha señalado, mientras que las afiliaciones al régimen general han crecido respecto a 2019, las de los autónomos han caído un 6% desde el pico máximo de diciembre de 2019, lo que sugiere que aunque el empleo global en la actividad se ha recuperado, los autónomos no lo han hecho.

Asimismo, el informe destaca, entre sus conclusiones, que el incremento de los costes intermedios desde 2021 y de los salarios desde 2015 impacta mucho más en las pequeñas empresas que en las grandes, donde la inversión de capital tiene un peso mayor.

Las empresas pequeñas se benefician menos que las grandes del crecimiento del comercio electrónico, que ha pasado del 2,25% del PIB de Canarias en 2017 al 6,53% en 2023.

Otro de los problemas que se mencionan es la falta de relevo generacional entre los empresarios y autónomos del sector, cuya edad media es ocho años superior a la de sus trabajadores.

Para hacer frente a esta situación, el consejero ha comentado que el Gobierno de Canarias destinará 22 millones de euros al proyecto de destino comercial inteligente, una iniciativa que busca modernizar y consolidar el pequeño comercio en colaboración con la federación y las asociaciones de comerciantes.

Esta inversión, ha continuado, pretende convertirse en una ventaja estructural para el sector, al tiempo que se refuerza la formación con una cátedra universitaria y programas específicos para asociaciones empresariales.

En el ámbito de los autónomos, el Ejecutivo ha respaldado la “cuota cero” para nuevos emprendedores, junto con dos líneas adicionales: ayudas a los que ya cuentan con trayectoria para fomentar la contratación y un plan de “segunda oportunidad” destinado a quienes necesiten relanzar su actividad.

También ha subrayado la importancia de los mercados tradicionales como espacios de relevo generacional y, en este sentido, ha anunciado una partida de 4,1 millones de euros para impulsar la creación de empleo y fortalecer el atractivo turístico de enclaves como el Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife.

Según los datos del Gobierno regional, la economía canaria creció un 5 % en 2024, por encima de la media nacional (4,2 %).

El comercio representa un 18 % del empleo en el archipiélago, que unido al 40 % del turismo supone casi el 60 % de la actividad económica.

EFEbrr/jmor

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).

– La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha presentado este martes a los grupos políticos del Parlamento autonómico su propuesta de reforma de la Ley de Cabildos Insulares, cuyo principal objetivo es blindar las competencias que les han sido transferidas o delegadas por el Gobierno regional.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta de la Fecai, ha resumido la idea fuerza de esta iniciativa: «que no nos pongan unas competencias, ya sean de carreteras o servicios sociales, que nos den la gestión, y que después nos las vengan a retirar».

«Los cabildos somos suficientemente mayores, tenemos suficiente autonomía para llevar las competencias, y que sean plenas.

Que no nos ocupemos solo de la gestión y que nos dirijan desde el Gobierno de Canarias o desde fuera», ha indicado en declaraciones a los medios.

José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha explicado que lo que se busca es «implantar la cultura de que los cabildos son también instituciones de la Comunidad Autónoma», y que la mayoría de las competencias que realizan son transferidas por el Gobierno de Canarias, y las otras son como entidad local.

Sostiene que el régimen jurídico que se establece para competencias como medio ambiente o carreteras «tiene que ser diferente al tratamiento que viene siendo habitual con la legislación de régimen local».

El texto ya fue abordado en la última conferencia de presidentes insulares celebrada el pasado 2 de julio en El Hierro y lo que pretende la Fecai es que sean los grupos parlamentarios quienes tomen la iniciativa legislativa, ya que es una propuesta conjunta de todas las corporaciones insulares.

La iniciativa pretende la adaptación de la Ley de Cabildos a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, sobre todo para las modificaciones jurídicas y orgánicas que están contempladas en el mismo.

Además de un blindaje de las competencias, los cabildos persiguen «una simplificación burocrática y normativa», para una mayor «agilidad a la hora de realizar cualquier trámite», ha enumerado Lola García, quien ha concretado que, por ejemplo, el procedimiento de transparencia se reduciría de 22 artículos a cuatro.

Adicionalmente, la proposición de ley hace mención a la cooperación interinsular en materia de personal, en aras de «una mejor cohesión territorial»; e incluye el cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, que pasaría a llamarse de Lanzarote y La Graciosa.

El cálculo de la FECAI es que la modificación de la Ley de Cabildos esté lista para antes del próximo verano.

EFEjmor/acp(foto)

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).

– El líder regional del PP y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, avala la propuesta de la dirección nacional de su partido de un visado por puntos para valorar qué inmigrantes podrían acceder a la residencia o a permisos en España, y de que «quien quiera venir, que acepte nuestras reglas del juego» y «nuestra cultura y tradiciones».

Manuel Domínguez, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, ha opinado que aunque España necesita de forma «indiscutible» la inmigración, es necesario, a su juicio, que ésta sea «regular y legal» y que «venga a este país a trabajar».

El vicepresidente de Canarias, que gobierna en coalición con CC, ha agregado que no se puede permitir «la inmigración en general» porque provocaría un efecto llamada que hace que muchas personas se suban a un cayuco y mueran por el camino.

De ahí, ha agregado, la necesidad de controlar las fronteras «para principalmente salvar vidas» y no, como ha dicho que sucede en estos momentos, «tener las puertas abiertas», lo que provoca que a Canarias lleguen 16.

000 personas en lo que va de año en pateras y cayucos.

Según ha detallado, en España hay 550.

000 personas que perciben ayudas «sin haber trabajado ni una sola hora», de las cuales 160.

000 reciben el ingreso mínimo vital.

Asimismo, ha reiterado el respaldo al visado por puntos que propone su partido porque también va a favorecer a los países de origen que colaboren, ya que de esta forma sus ciudadanos van a tener «más oportunidades» de mudarse a España.

EFEbrr/jmor

Madrid, 30 sep (EFE).

– Un total de 65 menores han sido asesinados desde 2013 en casos de violencia vicaria, algunos de ellos en Canarias, una forma de violencia de género que busca hacer el máximo daño a sus madres.

Contra ella, el Gobierno aprueba este martes un anteproyecto de ley que permitirá que el Código Penal castigue específicamente este delito.

El caso que sobrecogió a la sociedad española y contribuyó a poner el foco sobre esta violencia que se ceba con la infancia fue el doble crimen perpetrado en 2011 por José Bretón, que mató a sus hijos Ruth y José y quemó sus cuerpos para vengarse de su exmujer después de que ella decidiera separarse.

65 víctimas mortales entre 2013 y 2025La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contabiliza 65 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre entre 2013, cuando comenzó a registrar estos casos, y 2025.

2015 y 2024 fueron los años más cruentos en cuanto a asesinatos de menores por violencia de género a manos de sus padres o las parejas o exparejas de sus madres, con nueve víctimas mortales cada uno.

En 2013 fueron 6 las víctimas mortales de crímenes vicarios; 4 en 2014; 9 en 2015; uno en 2016; 8 en 2017; 7 en 2018; 3 en 2019; 4 en 2020; 7 en 2021; 2 en 2022; 2 en 2023, 9 en 2024 y 3 en 2025.

En 35 ocasiones (el 54 %), el agresor se suicidó tras cometer el crimen y en otras 7 lo intentó (10,7 %).

La inmensa mayoría de los asesinos eran el padre biológico de las víctimas, el 86 %.

En lo que va de 2025 han sido asesinados tres menores.

El 1 de abril, Nadia, de 5 años, fue asesinada por la expareja de su madre en Llano de Brujas (Murcia).

El agresor habría acabado con la vida de la niña suministrándole pastillas o sustancias estupefacientes durante un viaje en coche.

El pasado 30 de mayo, Eva Yasmin, de 13 años, fue asesinada presuntamente por su padre en el domicilio familiar del barrio de Rekalde, en Bilbao, en el que el agresor también hirió a la madre y después se suicidó.

El 25 de junio, Samuel, de 2 años, fue asesinado junto a su madre por su padre en Algemesí (Valencia).

De Ruth y José a Olivia y AnaEntre los primeros casos detectados de violencia vicaria figura el asesinato en Arroyomolinos (Madrid), el 24 de abril de 2003, de Andrea, de 7 años, a manos de su padre, que después se suicidó.

Su madre, Ángela Carreño, había denunciado a su exmarido en decenas de ocasiones.

Sin embargo, un juez autorizó una visita en la que la pequeña fue asesinada.

Carreño elevó su desprotección a la ONU, que condenó a España por no haberla protegido ni a ella ni a su hija.

Tras esta resolución, el Supremo obligó al Estado en 2018 a indemnizarla con 600.

000 euros.

También tuvo una gran repercusión el asesinato de los hermanos Ruth y José en Córdoba en 2011.

José Bretón, que quemó y trató de esconder los restos mortales de sus hijos, fue condenado a más de 20 años de cárcel por cada asesinato.

Igualmente generaron una gran conmoción casos como el del ‘parricida de Moraña’ (David Oubel), que en julio de 2015, drogó y mató con una sierra radial a sus dos hijas, de cuatro y nueve años; el de las hijas de Itziar Prats, de 6 y 2 años, que fueron asesinadas por su expareja, que se suicidó, en Castellón en 2018; o en 2021, el caso de Olivia y Anna, dos niñas de 6 años y 1 año, a las que su padre, Tomás Gimeno, mató arrojando al mar en aguas de Tenerife.

Juzgado de Canarias, pionero en incluir mascotasAl margen de la utilización de los hijos para causar el máximo daño a la madre, en septiembre de 2025 un juzgado de Canarias dictó un fallo pionero al declarar violencia vicaria matar a un perro para hacer sufrir a la pareja.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a doce meses y un día de cárcel a un hombre por tirar por un risco al perro de su pareja.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC), la magistrada Auxiliadora Díaz analizó el caso con una «perspectiva de género» que le permitía intervenir en un caso que, en principio, no sería materia de su juzgado: un delito de maltrato animal.

Como argumento, la juez exponía que «la muerte del animal fue el instrumento elegido para causar el menoscabo psíquico», señalando que «no se trata de una mera simultaneidad fáctica, sino de una finalidad concreta: matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer”.

EFEdoc/vmg/lml

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).

– La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha publicado la convocatoria para la participación de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de Canarias en la VII edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio – National Cyber League (NCL).

Esta iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que coordina David Pablos, está dirigida al alumnado de 4.

º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se enmarca en el Protocolo General de Actuación suscrito entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Consejería de Educación, informa ese departamento del Gobierno de Canarias en un comunicado.

La acción fomenta la formación práctica en materia de ciberseguridad y ciberconvivencia, sensibilizando al alumnado sobre los riesgos del uso inadecuado de las nuevas tecnologías e Internet y promoviendo, al mismo tiempo, un uso responsable, seguro y ético de las herramientas digitales.

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, destacó que “la Ciberliga es una oportunidad para que nuestro alumnado aprenda a desenvolverse en el entorno digital con espíritu crítico, responsabilidad y seguridad.

No se trata solo de adquirir competencias técnicas, sino también de interiorizar valores que les acompañarán en su vida personal y profesional”.

La participación en la Ciberliga forma parte del Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI, que busca convertir a los centros educativos en espacios plenamente digitalizados, capaces de afrontar los retos de la sociedad actual, superar la brecha digital y avanzar en la e-inclusión dentro de la comunidad educativa, con medidas y estrategias integradas que ofrezcan servicios, herramientas y recursos digitales.

Asimismo, desde la Consejería se busca ofrecer apoyo, dinamización y asesoramiento, capacitando al sistema educativo canario para la sociedad digital del siglo XXI.

EFEas

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha admitido este martes que se debe reforzar, e incidirán en ello, los recursos de atención y protección contra la violencia sexual en la infancia y adolescencia en las islas no capitalinas.

También ha avanzado que los menores adolescentes a partir de 16 años víctimas de violencia sexual puedan acudir a los centros de crisis activos 24 horas para mujeres víctimas de violencia machista, tanto para agresiones del pasado como las que se produzcan en el presente, una medida que serviría para ampliar los recursos en las islas de menor población.

«Hay que incidir en la implementación de recursos en las islas no capitalinas para que cualquier niño de Canarias se sienta atendido y sepa dónde dirigirse», ha expresado Delgado durante una comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha repasado las medidas implementadas en consonancia con la traslación al ámbito regional de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como «lopivi».

Durante su intervención, Delgado ha aseverado que se han reforzado los programas de atención a víctimas de violencia sexual, con más programas e intervención terapéutica especializada.

Además de la adaptación canaria de la lopivi, Delgado ha destacado la Estrategia 2023-2030 y el anteproyecto de ley de infancia y adolescencia que está en exposición pública, y para la que ha pedido participación y aportaciones de mejora a los grupos parlamentarios.

La Consejería, ha ahondado Candelaria Delgado, ha fijado cinco áreas estratégicas, con objetivos y líneas de impacto para detectar y actuar de manera temprana, y ha subrayado la importancia de la creación de entornos protectores como el juzgado de infancia y adolescencia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que debe ser replicado en todo el territorio, ha aseverado la responsable regional.

Respecto al modelo de ese juzgado, coincide con el modelo Barnahus que ha adoptado Canarias y que supone una hoja de basada en espacios amigables, equipos multidisciplinares y una entrevista única válida para el procedimiento judicial.

«Con Barnahus evitamos que un menor repita su relato una y otra vez.

Un solo espacio, una entrevista forense y todos los servicios coordinados: justicia más humana y pruebas más sólidas», ha resumido.

Delgado también ha defendido el esfuerzo inversor del Gobierno en la financiación de programas con objetivos de intervención terapéutica, aunque no tengan medidas de protección, y ha asegurado que el conjunto de recursos vigente ensancha la red pública de atención y llega a más familias.

También ha mencionado los protocolos de actuación en «ámbitos clave» como el sanitario, donde se ordenaron los circuitos de detección de abusos, y las medidas puestas en marcha en el ámbito deportivo.

En este sentido, el deporte canario cuenta con 719 delegados de protección a la infancia debidamente formados, y se ha hecho formación con 450 entrenadores y 202 familias para que los entornos deportivos «sean espacios seguros, de buen trato e inclusivos.

Se trata, ha concluido la consejera, de una «cuestión dramática» que debe aunar todos los esfuerzos posibles par cumplir con la lopivi.

EFEcmg/rdg