Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).
– La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha preguntado al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública por las medidas y cambios legislativos que va a adoptar para adecuar el marco laboral y de la función pública a las exigencias del Derecho de la Unión Europea sobre sanciones al abuso de la temporalidad en el sector público.
Coalición Canaria considera que la resolución del abogado general de la Unión Europea obliga al Ejecutivo central a “mover ficha” ante una situación que afecta a empleados públicos que encadenan contratos temporales sin estabilidad ni compensaciones adecuadas, según ha informado este lunes el partido en un comunicado.
La diputada nacionalista ha advertido de que la Unión Europea exige sanciones reales y reparaciones efectivas frente a este abuso y subraya la necesidad de adaptar la legislación para proteger de forma justa a las personas afectadas.
En su iniciativa parlamentaria, Valido se hace eco de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, que recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que impide hacer fijos a los trabajadores temporales mediante la figura del indefinido no fijo, solo es válida si existen medidas alternativas para sancionar y prevenir el abuso de contratos sucesivos.
Según ha subrayado, como esas medidas no existen actualmente, la doctrina del Supremo no cumpliría con la Directiva europea.
Coalición Canaria sostiene que la expresión “a condición de que”, utilizada en la jurisprudencia europea, deja claro que sin sanciones efectivas el Estado debe reconocer la fijeza de los trabajadores que han sufrido abuso.
Asimismo, ha avisado la diputada de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas ni limitadas, sino que deben reparar íntegramente el perjuicio, teniendo en cuenta la gravedad y duración del abuso.
Valido ha señalado que, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma este criterio, el Tribunal Supremo deberá reconocer la fijeza a los empleados públicos temporales mientras no existan medidas legislativas que garanticen sanciones equivalentes.
En caso de que el legislador opte por otra alternativa, solo cabrían indemnizaciones completas y sanciones efectivas a las administraciones, ya que incluso la fijeza, por sí sola, podría no ser suficiente para reparar el daño.
Por ello, la diputada ha reclamado al Gobierno que impulse una reforma con sanciones realmente disuasorias y reparadoras, que aseguren una reparación efectiva mediante la fijeza o, en su caso, indemnizaciones suficientes.
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