Autor: Redactor

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).

– El Tribunal de Instancia de Telde (Gran Canaria) ha acordado este martes suspender el desahucio que iba a obligar a una familia de Ingenio con seis niños menores a su cargo a abandonar su casa mientras se busca una alternativa donde puedan residir y se negocia un alquiler social.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se estima así la solicitud formulada la letrada de la plataforma Derecho a Techo, Isabel Saavedra, para que no se ejecutase la orden de desahucio dictada contra Moisés Macías y su esposa Raquel.

El procedimiento que les afecta, que se abrió en 2019, queda suspendido mientras la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) busca una alternativa habitacional a los afectados y estos, en paralelo, negocian un alquiler social con el fondo que compró su deuda hipotecariaEl Tribunal de Instancia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una vivienda a la familia y, al mismo tiempo, se dirige al fondo de inversión propietario del inmueble, por si estuviera dispuesto a negociar un alquiler social.

Con las respuestas que reciba de ambas partes, el Tribunal tomará una decisión, que puede ser poner nueva fecha al lanzamiento, o convalidar un acuerdo de alternativa habitacional, precisa el TSJCEl desahucio de la familia compuesta por Raquel y Moisés y sus seis hijos fue instado por el fondo de inversión que compró su deuda, después de que dejaran de pagar la hipoteca al perder su trabajo poco antes de que comenzara la pandemia de la covid 19.

El lanzamiento se ha paralizado dos veces, en septiembre y la semana pasada, pero se reactivó al no reconocerse la situación de vulnerabilidad de la familia, por los ingresos que ahora recibe Moisés de su trabajo en una cadena de supermercados.

El matrimonio insiste en que no ha podido encontrar un alquiler que pueda pagar con su sueldo manteniendo, al mismo tiempo, a sus seis hijos.

EFEjmr/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).

– El Tribunal de Instancia de Telde (Gran Canaria) ha acordado este martes suspender el desahucio que iba a obligar a una familia de Ingenio con seis niños menores a su cargo a abandonar su casa mientras se busca una alternativa donde puedan residir y se negocia un alquiler social.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se estima así la solicitud formulada la letrada de la plataforma Derecho a Techo, Isabel Saavedra, para que no se ejecutase la orden de desahucio dictada contra Moisés Macías y su esposa Raquel.

El procedimiento que les afecta, que se abrió en 2019, queda suspendido mientras la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) busca una alternativa habitacional a los afectados y estos, en paralelo, negocian un alquiler social con el fondo que compró su deuda hipotecariaEl Tribunal de Instancia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una vivienda a la familia y, al mismo tiempo, se dirige al fondo de inversión propietario del inmueble, por si estuviera dispuesto a negociar un alquiler social.

Con las respuestas que reciba de ambas partes, el Tribunal tomará una decisión, que puede ser poner nueva fecha al lanzamiento, o convalidar un acuerdo de alternativa habitacional, precisa el TSJCEl desahucio de la familia compuesta por Raquel y Moisés y sus seis hijos fue instado por el fondo de inversión que compró su deuda, después de que dejaran de pagar la hipoteca al perder su trabajo poco antes de que comenzara la pandemia de la covid 19.

El lanzamiento se ha paralizado dos veces, en septiembre y la semana pasada, pero se reactivó al no reconocerse la situación de vulnerabilidad de la familia, por los ingresos que ahora recibe Moisés de su trabajo en una cadena de supermercados.

El matrimonio insiste en que no ha podido encontrar un alquiler que pueda pagar con su sueldo manteniendo, al mismo tiempo, a sus seis hijos.

EFEjmr/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 18 nov (EFE).

– Representantes de la empresa pública autonómica Gestur han expresado este martes en el Parlamento su disposición a colaborar en todo lo necesario con el Ayuntamiento de Arona para solucionar el limbo urbanístico en el que se encuentran los propietarios de parcelas del Polígono 2A (fase 1) de Cho-Parque de la Reina, y han instado al consistorio a desbloquear las licencias de construcción de las viviendas.

El desarrollo urbanístico del Polígono 2A (fase 1) de Cho-Parque de la Reina se remonta a hace cuarenta años en una superficie de 78.

517 metros cuadrados que Gestur terminó de urbanizar en 1985, a cuya solicitud de recepción nunca contestó el Ayuntamiento, pero que la empresa pública dio por recepcionada tácitamente por ese silencio administrativo positivo que durante décadas nunca fue contestado.

El polígono se parceló y se vendieron 67 parcelas a particulares, de las que 55 fueron edificadas con la correspondiente licencia de obra mayor municipal.

Pero después de 30 años el Ayuntamiento ha cambiado su criterio y ha interrumpido las licencias para el resto de parcelas, al considerar que en realidad nunca se produjo la recepción de la urbanización, pese a que cuenta con todos los servicios municipales.

Los propietarios han denunciado su situación de indefensión, ya que no pueden ni edificar ni vender las parcelas, y han llevado su queja al Parlamento, en donde ha sido recogida por la diputada de Vox Paula Jover, quien pidió la comparecencia en comisión del consejero delegado de Gestur, Manuel Agoney Piñero Ortiz.

Tras las explicaciones de Piñero, todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de solucionar esta situación en beneficio de los ciudadanos afectados, que compraron las parcelas de buena fe y que ven cómo 55 viviendas en el polígono sí recibieron licencia antes del cambio de criterio municipal.

También han coincidido todos los grupos en que si los afectados llevaran este asunto ante la justicia, se saldaría a su favor con las consiguientes indemnizaciones, por lo que han instado a todas las partes a buscar una solución.

Paula Jover ha denunciado el bloqueo administrativo y la indefensión en que se deja a ciudadanos que han actuado de buena fe, puesto que «no se les otorga una resolución, ni favorable ni desfavorable, respecto a sus licencias de obra mayor», lo que les impide edificar sus viviendas y sus proyectos de vida y les sitúa en un limbo jurídico del que no son responsables.

El consejero delegado de Gestur ha señalado en su comparecencia que el Polígono 2A (Fase 1) de Cho–Parque de la Reina «es un ámbito urbanístico que cumple con toda la normativa aplicable de los años 70 y 80», que es la que hay que aplicar.

«Posee ordenación pormenorizada aprobada, proyecto de urbanización tramitado y urbanización ejecutada, no ha recibido requerimientos del Ayuntamiento durante décadas y se ha permitido la edificación de viviendas sin problemas», puesto que consta como suelo urbano consolidado plenamente apto para el desarrollo edificatorio.

«La documentación deja claro que Gestur ha cumplido con sus obligaciones urbanísticas y que el Polígono 2A se encuentra jurídicamente en situación estable y conforme al planeamiento vigente», ha insistido el consejero delegado, quien ha insistido en su disposición a colaborar en todo lo posible con el Ayuntamiento para solucionarlo.

La posición municipal para su cambio de criterio y no otorgar ahora las licencias es que la urbanización no fue recepcionada en su día porque Gestur no otorgó al municipio el 10% del aprovechamiento, un argumento que fue rebatido en la comisión por el representante legal de la empresa pública.

Cuando se produjo el desarrollo urbanístico estaba vigente la Ley del suelo de 1957, que no incluía esa cesión del aprovechamiento, por lo que no se puede analizar situaciones pasadas con la normativa vigente actualmente, según Gestur.

Los técnicos municipales han cambiado de criterio y donde antes daban licencias ahora no las dan, pero las licencias de construcción no se pueden otorgar o denegar libremente, según Gestur: si se cumple la normativa urbanística, como interpreta la empresa pública, el Ayuntamiento está obligado a darlas.

El letrado reconoció que no hay un acta de recepción expresa de la urbanización por parte del Ayuntamiento en 1985, pero la normativa establece que si la solicitud no fue contestada en su día por el municipio se considera conforme desde que pasaron tres meses de la petición.

«Como mínimo hay una recepción tácita», como demuestran las 55 licencias de obra mayor otorgada en otras tantas parcelas y la disposición de todos los servicios municipales, según Gestur, que insiste en su máxima disposición a colaborar con el Ayuntamiento para solucionar el problema.

EFEacp/asd

Santa Cruz de Tenerife, 18 nov (EFE).

– La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha proclamado este martes que es «más necesario que nunca» celebrar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ante el auge de «agendas negacionistas» de la «más terrible de las discriminaciones».

En la presentación de los actos organizados por la corporación insular con motivo del 25N, Dávila ha recalcado la necesidad de «seguir llamando la atención» sobre una efemérides «tan importante» habida cuenta de que, «desafortunadamente, cada vez hay más chicos y chicas que no identifican» la violencia de género.

Según un estudio del Cabildo de Tenerife, el 27% de chicas entre 14 y 16 años han vivido una situación de violencia de género en su relación de pareja que, en el 94% de los casos no acaba denunciando por miedo.

«Parece increíble que tras tantos años conmemorando el 25N, identificando distintos tipos de violencia», suceda esto, ha reflexionado Rosa Dávila, quien ha advertido de «cierta reacción» entre los chicos y chicas de que cuando se habla de igualdad «parece que les están quitando derechos».

Por eso, cree que «hay que profundizar» en la labor de concienciación y formación para que quienes la sufran «se identifiquen como víctimas», y que los chicos «entiendan que los derechos de las mujeres no es algo que se les quita a ellos».

Razón por la que las acciones programadas con motivo del 25-N están dirigidas fundamentalmente a los preadolescentes y adolescentes, como la segunda edición de un congreso, del 26 al 27 de noviembre, en el que profesionales de los ámbitos jurídico, de la sanidad y la educación aportarán diversos enfoques.

El congreso se dividirá en cinco bloques temáticos: intervención socioeducativa, educación afectivo-sexual, prevención de la violencia de género en espacios públicos, tipos de masculinidades y feminidades no hegemónicas, y violencia a través de las redes sociales.

Entre las ponentes de este congreso, que tiene cubierto su cupo para 500 asistentes, figuran las juezas Cira García y María Auxiliadora Díaz, titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer de Getafe y Las Palmas, respectivamente.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, han explicado que además de este congreso, el Cabildo de Tenerife impulsará una campaña institucional titulada ‘Conectamos, hablamos, nos cuidamos 24/7.

Por un futuro libre de violencias de género’.

Se trata de un vídeo en el que tres chicas y tres chicos aparentemente no tienen elementos en común, que luego conectan cuando hablan sobre el uso del móvil o de preocupaciones compartidas en torno a la vivienda o la salud mental, y al final se establece una relación de buen trato y de cuidado mutuo.

La campaña se difundirá en medios de comunicación, a través de cartelería en los institutos de la isla, en ‘muppies’, y en el tranvía y las guaguas.

Adicionalmente, el Cabildo de Tenerife contará con un espacio en la Noche en Blanco, el 29 de noviembre, dirigida a familias y niños con los que se incidirá en la importancia de los juegos no sexistas y libres de estereotipos de género.

EFEjmor/asd

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).

– El PP pedirá al pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que repruebe a su alcaldesa, la socialista Carolina Darias, tras la dimisión de la concejal del PSOE Inmaculada Medina por haber sido imputada en delitos de malversación y fraude en el conocido como ‘caso Valka’.

Para los populares, la renuncia de Medina resultaba «inevitable», en vista de que la Fiscalía Anticorrupción la acusa de haber colaborado en un «expolio» de 400.

000 euros de fondos municipales.

El concejal del PP Ignacio Guerra ha anunciado este martes que, ahora, su grupo planteará la reprobación de Darias en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves por la situación de emergencia en materia de limpieza y por la crisis de gobierno que ha generado la dimisión de la edil de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, la segunda de su mandato.

Guerra ha considerado que «no es lógico» que ante la situación que atraviesa el Ayuntamiento la alcaldesa se encuentre de viaje en Bruselas y no haya dado «ninguna explicación» tras la marcha de la concejala por su imputación por posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.

000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

El edil del PP ha recordado que su partido llevó a la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades advertidas en la Sociedad de Promoción del Carnaval, área de la que era responsable Inmaculada Medina, y que también se investigan por la Justicia.

Además, ha señalado que los diez años del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento ha generado un problema de gestión y un problema político en la corporación del que también consideran responsable al anterior alcalde, Augusto Hidalgo, en cuyo mandato se produjeron los hechos que se investigan derivados del caso Valka (2015-2022).

A juicio del PP, Hidalgo no es solo responsable de la gestión de esos años, sino también de haber designado a Medina como edil de las áreas de servios básicos del Ayuntamiento, a pesar de que asegurase que «no podía haber nada que se pudiera demostrar» en contra la ya exconcejal.

Ante la imputación de Medina, los populares han solicitado que se estudien todos los contratos y adjudicaciones efectuadas por el área de la concejala y del funcionario también imputado en el caso Valka presunto cabecilla de la trama, Miguel Ángel Padrón.

El tándem Medina-Padrón ha estado durante años juntos en Parques y Jardines, así como en Limpieza, recuerda la oposición.

Además, Guerra ha manifestado que la alcaldesa, Carolina Darias, también tiene una responsabilidad importante, pues el PP le entregó un informe sobre las presuntas irregularidades en la Sociedad de Promoción de Las Palmas que llevó a la Fiscalía.

Ha recordado que el PP pidió a Darias entonces que apartara a la gerente y miembros del citado organismo para poder llevar a cabo una investigación interna en condiciones y no lo hizo «hasta que no le quedó más remedio».

Por otra parte, el concejal del PP ha insistido en solicitar a la alcaldesa que devuelva la playa de Las Canteras al estado en el que la dejaron los populares cuando gobernaron, con bandera azul tanto la citada playa como la del Confital, que lleva ocho años con problemas de contaminación.

El PP ha pedido que mejore la seguridad de la ciudad, ha añadido Guerra, quien ha dicho que han mantenido reuniones con agentes de la Policía Canaria, Local y Nacional y les han trasladado que los grandes eventos se celebran sin la programación de seguridad adecuada ni con el tiempo adecuado.

EFEcda/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).

– Los tatuajes de su mano y antebrazo, que captaron con nitidez las cámaras de seguridad de una obra que se ejecuta en el municipio grancanario de Mogán, delataron a un delincuente habitual que ha sido nuevamente detenido por robar en ella en tres ocasiones material valorado en 12.

922 euros.

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán detuvo el 30 de octubre a este hombre por dos delitos de robo con fuerza y uno de hurto cometidos entre septiembre y el pasado mes, según ha informado este martes en un comunicado.

El primero se produjo entre los días 5 y 9 de septiembre, cuando fueron sustraídos de una obra madera, contrachapado y una tronchadora valorados en 6.

617,45 euros.

La segunda sustracción tuvo lugar el 20 de septiembre y, tras cortar el vallado perimetral del recinto, el autor accedió a él y logró llevarse 100 carpetos —alquilados a una empresa— y una cámara con tarjeta de memoria, con un valor total de 6.

256,18 euros.

El último se registró el 24 de octubre, cuando el autor escaló un muro de unos 2,5 metros y sustrajo una placa solar valorada en 49 euros.

La investigación de estos hechos se centró en el análisis de grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por el denunciante.

En el primer robo con fuerza se logró captar parcialmente la mano y el antebrazo del autor, mientras que en el tercero las cámaras grabaron con claridad a un individuo escalando el vallado perimetral.

El cotejo de ambas grabaciones permitió identificar al sospechoso gracias a la coincidencia de los tatuajes visibles, que sirvieron como indicio determinante, si bien la plena identificación se confirmó mediante el estudio de su fisonomía y de las prendas que vestía -una riñonera y el mismo pantalón y calzado que aparecían en las imágenes-, lo que permitió vincular de manera concluyente a la misma persona con los tres hechos investigados.

El detenido, con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición judicial tras su arresto.

EFEpcr/mrgz

Madrid, 18 nov (EFE).

– Un total de 31.

742 migrantes han llegado a España de forma irregular hasta el pasado 15 de noviembre, lo que supone un descenso del 41,5 % respecto al mismo periodo del 2024; una caída más acusada en Canarias, donde han llegado 14.

690 personas, un 63 % menos.

En cambio, llegan más migrantes a las costas de Baleares, un total de 6.

683 que suponen un incremento del 41,7 % respecto a 2024.

En el último mes han llegado 579 personas.

Son datos del balance quincenal de inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, que señala que la mayoría, 23.

487 personas, han llegado a España por la costa, a bordo de 1.

122 cayucos o pateras, mientras que por vía terrestre han llegado 3.

380 migrantes, un 42,8 % más.

Como en Baleares, también están en alza las llegadas a Melilla, que se han multiplicado por tres en el caso de los accesos por vía terrestre, que incluyen a quienes llegan a nado, hasta alcanzar los 279 migrantes, un 224,4 % más que en 2024.

Por vía marítima a esta ciudad autónoma han llegado 25 migrantes, un 19 % más.

En Ceuta aumentan los accesos por vía terrestre, un total de 820, un 35,9 % más, mientras que por vía marítima han llegado 5 migrantes, mientras que en 2024 fueron 28.

En cambio, se ha reducido en un 5,5% el número de personas que ha llegado a las costas peninsulares, un total de 6.

929 hasta el 15 de noviembre, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 7.

408.

La mayoría de llegadas de migrantes son regularesLas entradas irregulares son minoritarias porque según los datos oficiales, en los últimos diez años el 94 % de las personas extranjeras que han llegado a España lo han hecho por vía regular.

La mayoría de los migrantes que llegan a Canarias de forma irregular son originales de Mali (41,7 %), Senegal (23,3 %) y Guinea (10,6 %), según datos de Acnur hasta el 31 de agosto.

En cambio, la mayoría de los que llegan al sur de la península o a las islas Baleares proceden de Argelia (52,5 %), mientras que de Marruecos son el 16,9 % y de Somalia el 11,8 %, también según la Agencia de la ONU para los refugiados.

En 2024 entre el 70 y el 80 % de las personas que arribaron al país en cayuco o patera pidió asilo en España porque huía de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Muchas de estas precarias travesías acaban con la muerte de los migrantes.

Acnur cifró en más de 600 las muertes ocurridas hasta el 30 de septiembre, 395 personas perdieron la vida en la ruta canaria y 206 intentando llegar a la península o Baleares.

La ruta atlántica es que más riesgo entraña, con 10.

457 muertes en 2024 según la ONG Caminando Fronteras, el 93 % del total, aunque han aumentado las desapariciones por naufragios también en la ruta entre Argelia y Baleares, con al menos 328 desaparecidos este año, según los datos que dio la misma ONG el pasado mes de mayo.

EFEml/aam

Madrid, 18 nov (EFE).

– España recibió entre enero y octubre 96,7 millones de pasajeros por vía aérea, un 5,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, y el primer emisor sigue siendo Reino Unido, cuyos ciudadanos acuden sobre todo a Canarias (el 26,2 % del total).

Según los datos publicados esta martes por Turespaña, solo en el mes de octubre llegaron a España 10,3 millones de turistas por avión, también el 5,6 % más que un año antes.

En octubre, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, aunque destacan las subidas de Irlanda (14,6 %) y Polonia (12,5 %).

De Reino Unido procedían 2,2 millones de pasajeros, el 4,4 % más que en ese mes de 2024, y el 21,7 % del total del flujo de llegadas a España, y viajan sobre todo a Canarias (el 26,2 % del total).

Alemania, el segundo emisor, sigue flojeando: en octubre llegaron 1,5 millones de pasajeros, solo un 0,2 % más que un año antes, que van principalmente a Baleares, aunque con un recorte de pasajeros sobre el año anterior (24.

000 menos).

En consecuencia, Baleares fue la única comunidad de entre las grandes turísticas que observó un descenso en número de pasajeros aéreos en octubre, del 0,1 % (hasta 1,6 millones).

En cifras acumuladas hasta octubre sigue teniendo crecimiento (2,4 %) aunque es el más bajo entre las regiones más visitadas.

Madrid fue la comunidad que más turistas recibió, 2,28 millones (22,1 % del total) seguida de Cataluña (2,12 millones).

Entre las dos reciben casi el 59 % del tráfico aéreo procedente del exterior.

En el resto de mercados Turespaña remarca la diversificación de los orígenes de los viajeros y señala los aumentos de países iberoamericanos como Colombia, México, Brasil y Argentina; en Asia destacan China y Japón, y de los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Por aeropuertos, los mayores incrementos interanuales se registraron en Valencia y Sevilla, con alzas del 11,2 % en cada caso.

El primero en llegadas fue el de Madrid-Barajas, con 2,2 millones en octubre, el 8,7 % más; seguido de Barcelona-El Prat, con 1,9 millones pasajeros internacionales (6,9 % más), y el de Palma, con 1,2 millones de llegadas (sin crecimiento en este caso).

De los 10,3 millones de viajeros que entraron en octubre 6,2 millones lo hicieron en compañías de bajo coste (el 60 % del total), con un alza del 6,4 %.

En los 10 primeros meses del año entraron en compañías ‘low cost’ 57,48 millones (el 59,5 % de los 96,7 millones totales).

Los viajeros que más usan las compañías de bajo coste son los británicos, de los que más de un 30 % llegaron en este tipo de aerolíneas.

Los que más vienen en compañías tradicionales son los alemanes (16,4 %).

EFEeb/jlm

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a uno de los fugitivos más buscados de Noruega, un narcotraficante identificado como T.

H.

, que huyó de su país tras haber sido condenado a diez años de cárcel en 2021.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, se trata de un hombre de 53 años declarado culpable de haber participado «en una operación de narcotráfico por vía marítima en la que se incautaron importantes cantidades de cocaína, MDMA (éxtasis) y hachís».

En colaboración con la Policía noruega, las fuerzas de seguridad españolas llevaban cinco semanas siguiendo su rastro, tras haber recibido informaciones de que podía encontrarse en el municipio de Mogán, donde se ocultaba bajo una identidad falsa aprovechando la amplia comunidad nórdica que reside en el sur de Gran Canaria.

La investigación, que comenzó el 1 de octubre, incluyó «amplias comprobaciones en bases de datos, vigilancias discretas y consultas a fuentes abiertas y sobre el terreno», destaca la Policía.

El fugitivo se desplazaba utilizando documentación falsa para evitar aparecer en registros oficiales y empleaba una red de contactos que le hacía llegar dinero tanto en efectivo como mediante transferencias cruzadas, con el fin de ocultar sus movimientos y borrar el rastro de los envíos.

Pese a sus medidas para permanecer oculto, el pasado 12 de noviembre fue localizado en una vivienda de alquiler del municipio de Mogán, donde fue identificado y arrestado.

El pasado jueves, 13 de noviembre, pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de materializar su entrega a las autoridades de Noruega, siguiendo los cauces de cooperación judicial internacional.

EFEjmr/pcr