Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).
– La consejera regional de Turismo, Jessica de León, pide que no se «mezcle» el alquiler vacacional, cuya ley reguladora acaba de aprobar el Parlamento canario, con los apartamentos turísticos, que se rigen por otra norma que el Ejecutivo se ha comprometido a renovar.
Ante las manifestaciones efectuadas por la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, en las que reclamó cambiar la nueva ley que regula la vivienda vacacional para que esa actividad turística sea equiparada a la de los hoteles y apartamentos o a la de los arrendamientos convencionales, de León ha reclamado este martes «responsabilidad» y que «no se juegue con los sentimientos de miles de propietarios de apartamentos turísticos».
En declaraciones a los periodistas, la consejera ha insistido en que la actividad clasificada para el alquiler vacacional está tasada desde 2011 en la Ley de Actividades Clasificadas, cuyo nomenclátor incluye a todos los establecimientos turísticos.
Por ello, ha reiterado que «no se juegue» con los miles de propietarios de apartamentos turísticos en suelo turístico y con licencia turística, que, «de forma intencionada se está colando en el debate político» y quienes no van a poder resolver ese problema con la ley de vivienda vacacional.
Además, ha solicitado a los ayuntamientos que ayuden a los propietarios de vivienda vacacional a superar el trámite de cumplir con lo que establece la ley de actividades clasificadas, igual que lo va a hacer la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.
De León ha abundado en que «no va a permitir que se juegue con sentimientos de propietarios que se vieron atrapados en la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, que les exigía ir a una unidad de explotación y a un principio de regulación de uso, que no regula la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda» recién aprobada.
Así mismo, ha afirmado que el Ayuntamiento de Mogán tiene perfectamente tasada su actividad clasificada, por lo que ha pedido a los propietarios de vivienda vacacional que cumplan con ese trámite y a los dueños de apartamentos «que no hagan caso a políticos que están jugando con su incertidumbre» y con la Ley 2/2013 que la Consejería se ha comprometido a renovar.
Por otra parte, la consejera ha admitido que se presentarán litigios contra la ley del alquiler vacacional, como ocurre con cualquier cambio normativo, si bien ha garantizado que «por la actividad clasificada no se va a producir ninguno porque está perfectamente tasada en el nomenclátor de la norma».
De León ha señalado también que todos los alcaldes tienen el modelo de comunicación previa a disposición de los propietarios de vivienda vacacional, hay un registro general turístico de Canarias y sus propietarios van a poder cumplimentar el trámite porque son viviendas, ha recalcado de nuevo.
La consejera ha dicho que es preciso «sentarse en una mesa» para tratar de resolver el problema de los miles de propietarios de apartamentos turísticos, porque están en una situación de incertidumbre.
Por ello, ha dicho, la Consejería quiere dar el paso para modificar la ley y que los que tienen un inmueble en suelo turístico puedan ejercer su actividad de forma reglada, responsable y con diligencia.
Ha agradecido que ayuntamientos como La Oliva y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, o Arona y Adeje, en Tenerife, de distinto signo político, dispongan de las comunicaciones previas para los propietarios de la vivienda vacacional, que están cumpliendo con estos trámites, e invita a que lo sigan haciendo.
En el caso del Ayuntamiento de Mogán, ha informado de que tiene aprobada una ordenanza sobre actividad clasificada con un modelo de comunicación previa y, además, distingue cinco tipologías de calles: en la primera se pagan 900 euros por esa comunicación y en la quinta 300, por lo que está «perfectamente tasada la comunicación previa, igual que ocurre en los otros municipios citados», ha referido.
Por ello, ha agradecido el trabajo de las oficinas técnicas y de los alcaldes que han puesto a disposición los modelos de declaración responsable sobre la actividad clasificada en los distintos municipios para que los propietarios de forma responsable cumplimenten esta documentación, tras su regulación desde hace diez años.
Ha recordado que la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) intentó «tumbar» ese decreto en el Tribunal Supremo en 2017 pero no lo logró, «por no ser merecedora de amparo».
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