Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).

– El colectivo Asamblea 7 Islas ha cifrado en mil los pacientes sociosanitarios que ocupan una cama hospitalaria en Canarias teniendo el alta sanitaria, repartidos casi a partes iguales entre los centros públicos y los privados con plazas concertadas.

Así lo ha expuesto este viernes en comisión parlamentaria Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea 7 Islas, quien ha advertido a los diputados de que esta «realidad silenciosa» es mucho más grave de lo que hasta ahora se viene reconociendo.

Ha relatado que en clínicas como San Roque, Santa Catalina, Paloma o San José, en Gran Canaria, «hay plantas llenas de pacientes sociosanitarios» ocupando camas concertadas por el sistema público y que están para pacientes que no tienen una patología aguda pero que no pueden ir a sus casas.

Sánchez, que es celador del Materno Infantil, ha hablado de «casos crudos» con los que tienen que lidiar a diario al ver a pacientes mayores «revolcándose del dolor solos en los pasillos» u otros que «pasan semanas, meses, incluso años» sin salir de una habitación.

Pablo León, también portavoz de Asamblea 7 Islas, quien trabaja en el Hospital del Sur, en Tenerife, ha aludido al caso de un paciente sociosanitario que lleva ingresado desde 2019.

Ambos han coincidido en que se trata de un problema que afecta a la dignidad y calidad de vida de estas personas, fundamentalmente mayores y grandes dependientes, y también al erario público, pues su atención en los hospitales, que no se ajusta a sus necesidades, supone un coste anual aproximado de 135 millones de euros.

El coste diario por cada uno de estos pacientes se eleva a 700 euros, y si estuvieran en un recurso sociosanitario sería de unos 120.

Los portavoces de Asamblea 7 Islas han indicado que este es un problema que se viene arrastrando de años y que no pretenden «señalar a nadie», sino denunciar la situación y proponer un plan de choque que pasa por la creación de plazas sociosanitarias y un programa de transición hospitalaria.

También han reclamado la dotación de recursos intermedios, el impulso de la atención domiciliaria integral y una mayor coordinación entre administraciones.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han recalcado que varios de estos aspectos se contemplan en los convenios de dependencia con los cabildos, y que la evolución del número de pacientes sociosanitarios en los hospitales se ha ido estabilizando gracias a la acción del ejecutivo.

Marcos Hernández (PSOE) ha discrepado y ha opinado que «el problema sigue existiendo» y las cifras actuales son un síntoma del «mal funcionamiento del engranaje del sistema público».

El diputado socialista ha indicado que además de las medidas previstas en los convenios con los cabildos y de la necesidad de poner en marcha un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias se precisa «un plan de choque urgente».

En la comisión también ha comparecido Rosa Pulido, representante de la Plataforma Residencias Dignas, quien ha demandado un nuevo modelo de residencias, de menor tamaño y más próximas a las zonas donde residen sus usuarios y con personal con formación cualificada y acreditada al tipo de personas que atienden, pues se da una amplia casuística que incluye a altas discapacidades.

Asimismo, ha pedido más inspecciones y sin previo aviso, un aumento del número de inspectores y eliminar definitivamente de las residencias las sujeciones, tanto mecánicas como químicas.

EFEjmor/cmg

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a los ciudadanos que retiren los vehículos aparcados en los cauces de barrancos, eviten desplazamientos y extremen las precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan este fin de semana con la borrasca Emilia.

El Cabildo ha activado el Plan de Emergencias Insular, mantiene activos todos los medios, con más de 500 personas en alerta, y está en coordinación con todos los municipios para intentar minimizar los daños que puedan ocasionarse, ha indicado el presidente de la corporación insular, Antonio Morales.

Asimismo, desde este viernes se han suspendido todas las actividades lúdicas y recreativas dependientes del Cabildo de Gran Canaria y se han cerrado las infraestructuras de uso público, y este sábado se clausurarán todos los centros adscritos a la corporación insular.

Desde este sábado a las 8.

00 horas, se cerrará el acceso al Pico de las Nieves y se estudia cerrar también la carretera entre Tejeda y Artenara, ya que en ella suelen registrarse numerosos percances.

Morales ha indicado que, de acuerdo a las previsiones, puede haber precipitaciones en forma de nieve en la cumbre de Gran Canaria y ha pedido a los ciudadanos que «no suba nadie hasta que no finalice el aviso por mal tiempo».

También ha llamado la atención sobre los adornos navideños colocados en el exterior de las viviendas, que pueden verse afectados por el agua el y el viento, y ha recomendado que se retiren.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha indicado que se está informando de la situación a los hoteles para que adviertan a los turistas y tomen precauciones.

Respecto al Rally Isla de Gran Canaria previsto para este fin de semana, Morales ha dicho que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, aunque es posible que se suspenda.

EFEas/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– Ciento cuatro menores inmigrantes han sido trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas desde que en agosto se activaron los mecanismos previstos en la reforma de la Ley de Extranjería y, contra pronóstico, se está demostrando más efectiva la vía ordinaria que los traslados exprés.

Sin contar los traslados que se han hecho al amparo de los autos del Tribunal Supremo para los niños y adolescentes que han pedido protección internacional, la Ley de Extranjería habilita dos cauces para que el resto España ayude en la acogida a los tres territorios declarados en contingencia migratoria: Canarias, Ceuta y Melilla.

El primero afecta a los menores que estaban ya en ellos antes, a los que hay que dar salida en un plazo máximo de seis meses, que en el caso de las islas vence el 18 de marzo.

Si se cumplen las previsiones legales, para esa fecha tendrán que haber salido de Canarias 2.

826 menores para que su sistema de acogida baje a los ratios que establece la Ley de Extranjería (llegaron a ser casi 6.

000).

El segundo procedimiento se habilitó para que viajen hacia otras comunidades autónomas los menores y adolescentes que hayan llegado a Canarias desde septiembre, para lo que la ley fija un plazo máximo de 15 días que se está revelando muy difícil de cumplir (en ello coinciden todas las partes implicadas, incluida la Fiscalía, la encargada de velar en última instancia por el interés del menor).

La Delegación del Gobierno asegura que ha recibido del Ejecutivo canario hasta la fecha 497 expedientes de chicos acogidos en las islas para poner en marcha su traslado a la península por la vía ordinaria, de los que se han aprobado 295.

Fuentes de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario han precisado que, desde septiembre, han llegado a las islas 281 menores más y se han realizado 104 traslados, siempre sin contar los que afectan a solicitantes de asilo.

Entre los que han salido por contingencia migratoria hay 53 de niños y adolescentes que estaban en las islas antes del verano (vía ordinaria) y 51 recién llegados (vía exprés).

Y se espera que a lo largo de la próxima semana viajen otros 23 menores a sus nuevas comunidades autónomas de acogida.

En el proceso, la administración se está encontrando con que hay menores que no quieren ser trasladados, porque tienen desde hace tiempo su colegio, su centro de formación profesional, el equipo de deportes o su grupo de amigos ya formado en una isla.

En esos casos, es la Fiscalía la que debe determinar si existe verdaderamente arraigo y si, incluso siendo así, es mejor objetivamente para ese menor ir a un centro de otra comunidad autónoma.

EFEjmr/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– El Gobierno de Canarias tratará de «frenar» la tasa que Aena «impondrá» a las guaguas que dejan y recogen a viajeros en los aeropuertos del archipiélago, una medida que esta administración rechaza por ser comercial e ir contra la movilidad sostenible.

Así lo ha asegurado este viernes la directora general de Transporte y Movilidad del Ejecutivo regional, María Fernández, quien se ha posicionado del lado de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), que ha pedido «amparo institucional» tras conocer que Aena, «que ganó 2.

000 millones de euros el pasado año», quiere cobrar una tasa horaria a las guaguas que operan en los aeropuertos de las islas.

La FET ha advertido en un comunicado de que «los contratos de la temporada alta de invierno 2025-26 están vendidos y no existe posibilidad de repercutir un coste añadido», que podría llegar a los 6.

000 euros mensuales por transportistas».

Para el Gobierno canario, esta tasa «choca» con la ley estatal de Movilidad Sostenible, que «aboga por mover al mayor número de personas en el menor espacio posible», ya que, además de propiciar «una fuga de viajeros» al alquiler de vehículos, que registra bajos niveles de ocupación», no ayudará a aliviar el tráfico que soportan la GC-1, en Gran Canaria, ni la TF-5 y la TF-2, en Tenerife.

Fernández ha considerado que esta empresa, «que es un 51 % pública», no tiene «ningún problema de espacio» que justifique esta medida ni tampoco «económico» y ha recalcado que el Gobierno canario está «absolutamente al lado de la patronal y en contra de que se perjudique el transporte masivo o de alta capacidad, como son los micros y las guaguas».

«No solo nos vamos a posicionar al lado de la patronal, sino que vamos a hacer todo lo que sea necesario para frenar esa implantación de la tasa.

Ya me he reunido con el coordinador de los aeropuertos canarios, que ha tenido mucha disposición para ayudar, pero esto es una normativa que le viene de arriba y, por tanto, iremos arriba para frenar esta imposición de las tasas», ha aseverado.

Según la FET, Aena ha comunicado al sector del transporte la implantación de un sistema de cobro por la estancia de las guaguas discrecionales en los aeropuertos de Canarias, cuya fecha de comienzo está prevista para enero de 2026.

Las guaguas de transporte discrecional realizan transporte turístico además de todas las modalidades de traslados en vehículos de transporte colectivo privado.

El plan expuesto prevé la implantación del «tasazo a las guaguas discrecionales en los aeropuertos de Lanzarote y Tenerife Sur en enero de 2026, para ir extendiendo el sistema a los aeropuertos de Fuerteventura y Gran Canaria progresivamente hasta 2027», asegura la patronal en un comunicado.

Según la FET, Aena ha explicado «que esta medida se encuadra en su política comercial por la que las guaguas tendrían que abonar tarifas similares a las del aparcamiento existente para coches de los usuarios del aeropuerto».

EFEpcr/cda(foto)

Melilla, 12 dic (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido en Melilla a doce personas como supuestas autoras de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por la celebración, en notarías de Barcelona, de uniones ficticias de pareja de hecho para obtener de manera fraudulenta autorizaciones de residencia en España para ciudadanos de origen marroquí.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha detallado que en la operación Octopus que lleva la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) se encuentran implicadas otras 47 personas que, al encontrarse en paradero desconocido, se les ha cursado órdenes de búsqueda y detención.

La investigación se remonta al mes de mayo, cuando la Policía supo de varias uniones de pareja de hecho de conveniencia en las que participaban una asesora administrativa y dos abogados que se encargaban de la preparación y presentación de los expedientes y solicitudes.

Las personas con nacionalidad comunitaria eran captadas en Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, si bien, según la Policía, puesto que los extranjeros que pretendían su regularización residían en otras provincias, los trámites se realizaban en notarías de sus lugares de residencia, principalmente en Barcelona.

Las personas que se prestaban a los enlaces ficticios cobraban alrededor de 2.

000 euros y los 15 falsos testigos que participaron unos 500 euros, quedando el resto para los mencionados facilitadores y gestores, ascendiendo el importe total del pago por parte los interesados a cantidades que oscilan entre los 10.

000 y 12.

000 euros.

Los agentes constataron elementos de falsedad documental tanto en los documentos notariales que autorizaban las uniones como en contratos de arrendamiento y altas padronales en domicilios de Cataluña.

Esta operación se enmarca dentro de la lucha que realiza la Brigada de Extranjería contra la inmigración irregular, en este caso desde la perspectiva de las regularizaciones fraudulentas mediante obtención de autorizaciones de residencia en base a enlaces matrimoniales o uniones de hecho ficticios.

Esta modalidad de inmigración y fraude se aborda desde una óptica preventiva para la detección de enlaces matrimoniales falsos para la obtención de papeles de residencia, y por el inicio de investigaciones por parte de la UCRIF en el caso de extranjeros que ya hubieran obtenido dichas autorizaciones y sobre los que existan indicios de falsedad, todo ello en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Barcelona.

EFE1012180mrg/fs/ros

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– Las Palmas de Gran Canaria, La Rochelle (Francia) y Salvador de Bahía (Brasil) han presentado una candidatura conjunta para ser sedes en los años 2027 y 2029 de la Mini Transat, una de las regatas oceánicas más carismáticas en el calendario internacional, ha anunciado este viernes el Consistorio en un comunicado.

La candidatura fue presentada esta semana en la ciudad francesa de Lorient ante el Comité de Dirección de la Classe Mini y la organización hará pública su decisión en el primer trimestre de 2026.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defienden que se trata de una candidatura «sólida desde el punto de vista de la logística y la organización deportiva en las tres ciudades», que «apuesta por la reducción de la huella de carbono» durante toda la competición y que «favorece la participación de las mujeres navegantes».

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha apuntado que optar a organizar la Mini Transat es, «una oportunidad» no solo por su impacto promocional, económico y deportivo para la ciudad, sino también porque «permite trabajar con dos destinos náuticos de referencia y de paso».

La Mini Transat es una regata transatlántica, que se celebra cada dos años, en la que navegantes en solitario cruzan el Océano Atlántico desde Francia hasta el Caribe en barcos de 6,50 metros de eslora.

Las condiciones de esta navegación, sin comunicación con tierra firme, con la única ayuda de un GPS, cartas náuticas de papel y un VHF para recibir la información meteorológica, hacen de la prueba una auténtica odisea de 4.

000 millas entre Francia y América, con escala en capital grancanaria.

«Es un auténtico desafío extremo de resistencia, habilidad y pura navegación en solitario», ha puesto en valor el concejal capitalino.

Las Palmas de Gran Canaria vuelve así a postularse como escala de este evento, un papel que ya asumió en las ediciones de 2017 y 2019.

«El Ayuntamiento en esta candidatura ha presentado su firme compromiso institucional, técnico y logístico con una escala que prevé la recepción, asistencia y preparación de más de 80 embarcaciones durante un período estimado de tres a cuatro semanas», concluye el comunicado.

EFE1012208phd/mrgz

Las Palmas De Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– Los cabildos no podrán acometer las inversiones que urgen para ampliar las flotas de guaguas por la alta ocupación que registran, si el Estado no paga antes a Canarias la gratuidad del transporte regular de viajeros, ha advertido la directora regional de Transporte y Movilidad, María Fernández.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, la directora general de Transporte y Movilidad del Ejecutivo regional, y el consejero del área, Pablo Rodríguez, han presentado los resultados de un informe con datos sobre hábitos y efectos de la gratuidad en las isla y han destacado la demanda de los usuarios para que se mejoren las frecuencias y se amplíen las flotas.

Fernández ha precisado que el Gobierno de Canarias y los cabildos están haciendo un gran esfuerzo en «proporcionar una mejora de las infraestructuras y una renovación de flotas».

Un asunto que, según ha recalcado, compete a los cabildos, que están adelantando para tal fin recursos que deberían destinar a la compra de vehículos y la mejora de las infraestructuras, dado que el Gobierno español «no paga en tiempo y forma» esta gratuidad, aunque este año se ha comprometido a abonar de dos veces -78 millones este año y 42 el que viene- una partida global de 120 millones, frente a los 80 que consignaba antes de entrar en vigor la Ley de Movilidad Sostenible nacional, ha referido.

La administración regional ha invertido 47 millones de fondos ‘Nex Generation’ de la UE en mejorar la flota «en muchas islas», ha asegurado la directora general, y ha señalado que los cabildos de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura han destinado, cada uno, 10 millones de euros, para adquirir nuevas guaguas; el de Tenerife, 90 millones de euros; y el de Gran Canaria, 14 millones de euros.

«Se podría hacer mucho más si los cabildos no tuvieran que hacer un esfuerzo inversor y reservar todo su presupuesto hasta el 28 de diciembre para subvencionar una gratuidad que debería de venir subvencionada por parte del Gobierno de España», ha aseverado.

El estudio confirma que la gratuidad del transporte regular de viajeros en el archipiélago, no sólo ha supuesto un ahorro para los usuarios, que han crecido por esta medida desde 2023 en 120.

000 personas sólo en Tenerife, sino una mejora de la movilidad sostenible en las islas.

Fernández ha subrayado que la gratuidad de guaguas y tranvías en las islas ha propiciado uno de cada cuatro usuarios nuevos, el 67 % por ciento de ellos mujeres, y que el 30,3 % de los habituales de estos medios de transporte haya dejado de usar el coche, porcentaje que en Gran Canaria y Tenerife llega al 37,4 %.

Con una media de 16 viajes semanales, los nuevos usuarios consolidados en los dos últimos años por esta bonificación total de los viajes declaran que usan con regularidad esta modalidad de transporte urbano e interurbano, la única que existe en Canarias, para ir al trabajo o hacer recados.

La encuesta realizada a 823 usuarios de La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife también resalta que el 86 % aprueba el servicio y el 64 % percibe que ha mejorado, si bien solicitan que se mejoren las frecuencias y que se amplíen las flotas.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha avanzado que la que será la primera ley canaria de movilidad sostenible entrará en 2026 en el Parlamento para su debate y aprobación, lo que permitirá dar y salto a la hora de «homogeneizar la de los ayuntamientos» que han aprobado ya, en un 90 % de los casos, sus respectivos planes con subvenciones regionales.

Unas ayudas que el Gobierno canario ha hecho extensivas a los cabildos para ayudarles a confeccionar también sus respectivos planes de movilidad sostenible dentro del marco de sus competencias.

Para Rodríguez, «no existe comparación ni parangón en ningún territorio del Estado» respecto de la mejora de la movilidad sostenible que ha logrado Canarias gracias a la gratuidad del transporte regular de viajeros, que también ha redundado en «un uso más eficaz y eficiente de las carreteras».

María Fernández ha precisado que la mayoría de la población que coge la guagua a diario en Canarias tiene entre 35 y 55 años, y ha añadido que «si la gratuidad se redirige a jóvenes y pensionistas podríamos tener una buena política social de amortiguar el impacto del gasto en los bolsillos de esos segmentos poblacionales con más necesidad económica».

Según el estudio encargado por el Gobierno canario, «el 98 % de la ciudadanía no quiere que la gratuidad se quite, quiere que continúe» y cree que hay que mejorar «frecuencias, el nivel de conectividad, puntualidad e infraestructuras».

EFEpcr/cda(foto)