Autor: Redactor

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado suspender la actividad municipal tanto al aire libre como en espacios cerrados debido a la borrasca Emilia, lo que incluye la programación municipal de Navidad, las actividades extraescolares y de la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música.

Según ha informado este viernes en un comunicado, también se ha decretado el cierre temporal de todas las instalaciones municipales con afluencia de público, ya sean deportivas, culturales o de ocio.

Asimismo, se cerrarán todos los parques vallados, parques infantiles, pipicanes, huertos urbanos, quioscos municipales, así como el acceso a El Confital y a las dependencias del Manuel Lois.

Del mismo modo, se suspenden, hasta nuevo aviso, las autorizaciones de montaje de terrazas en el paseo de Las Canteras y en las calles que dan acceso al mismo.

Quedan igualmente sin efecto temporal las autorizaciones a las escuelas de surf para realizar actividades en la playa y el acceso a Los Muellitos, y se suspende el aparcamiento y la instalación de terrazas en la calle San Bernardo, además del cierre de la calle Álamo, en el entorno del ficus de la ermita de San Nicolás.

El área de Bienestar Social ha activado un dispositivo especial para atender y proteger a las personas sin hogar, especialmente vulnerables en estas situaciones.

Para ello, se han habilitado, en coordinación con Cruz Roja, 200 plazas adicionales a los centros de acogida municipales en el pabellón Juan Beltrán Sierra, en Cruz de Piedra y, en colaboración con Guaguas Municipales, se realizará un recorrido para trasladar a las personas usuarias hasta estas instalaciones.

El Servicio Municipal de Limpieza ha previsto un dispositivo especial que movilizará a más de 60 trabajadores y trabajadoras, y destinará 22 vehículos para actuar con rapidez ante posibles incidencias durante los próximos días.

Parques y Jardines también ha tomado medidas adicionales en las zonas de alta incidencia y tránsito peatonal, balizando los entornos del arbolado de la calle San Bernardo y reforzando la limitación de paso bajo el ficus de la Ermita de San Nicolás.

La recomendación general es evitar el paso por zonas arboladas mientras dure la alerta y la permanencia o la práctica deportiva en los parques abiertos.

A este dispositivo se sumarán efectivos de diversas áreas municipales.

También se establecerá una coordinación especial con la empresa mixta de aguas Emalsa para ejecutar actuaciones conjuntas orientadas a controlar los espacios destinados a la recogida de aguas pluviales, como los barrancos.

Por todo ello, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar los desplazamientos.

Según la nota, la información se seguirá actualizando a través de los canales de comunicación oficiales y las redes sociales (@aytolpgc), al tiempo que recomienda llamar al 112 ante cualquier emergencia.

Como consecuencia de la declaración de alerta en toda Canarias por viento, lluvia, inundaciones y fenómenos costeros, que en este último caso es máxima, también han informado los ayuntamientos de Gáldar y Guía en sendos comunicados de la activación de sus planes de emergencia.

En el caso de Gáldar, el Ayuntamiento ha acordado el cierre al público de sus playas y zonas de baño, además de parques infantiles e instalaciones deportivas, entre otras medidas.

El Ayuntamiento de Guía ha suspendido todos los actos programados para este viernes y el sábado y también ha cerrado los accesos a la playa de San Felipe y a las piscinas de Roque Prieto, así como las instalaciones deportivas municipales, los parques y las áreas recreativas.

EFEcda/mrgz

eSanta Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).

– La directora gerente de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, que gestiona los dos centros de internamiento de menores en las islas, el de Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, ha negado que estén «abandonados a su suerte» ni «fuera de control».

Candelaria Márquez ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria para informar de la situación de ambos centros y rebatir «la imagen» que a veces se proyecta de los mismos, pues por ejemplo no existe «una situación descontrolada» respecto a las agresiones sufridas por los trabajadores, que han ido disminuyendo.

Ha detallado que en 2024 se produjeron 147 accidentes laborales, de los cuales 66 fueron agresiones, y que en lo que va de año se han contabilizado en ambos centros casi la mitad de accidentes y un 31% menos de agresiones, y las que han tenido como resultado una baja laboral han pasado de 17 a 7.

También ha subrayado que no hay hacinamiento, pues Valle Tabares alberga en estos momentos a 89 menores y tiene 100 plazas, mientras que en La Montañeta hay 69 para 85 plazas.

Asimismo, ha recalcado que ambos centros cuentan con plantillas «amplias y multidisciplinares» que incluyen equipos directivos, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, tutores, monitores, maestros de taller, y personal sanitario y de administración.

Adicionalmente, está previsto que el próximo año se incorporen dos nuevas figuras, las de monitores auxiliares y mediadores interculturales.

Sobre la petición de los sindicatos de que se reconozca al personal de los centros de internamiento como figura de autoridad, ha indicado que tanto profesionales de la Justicia como de la Dirección General de Infancia y Familia coinciden en que requiere de una reforma del Código Penal y eso excede de las competencias del Parlamento de Canarias.

Jana González (CC) se ha comprometido a trasladar esta cuestión al Congreso a través de la diputada nacionalista Cristina Valido, y Raúl Acosta (AHI) ha deslizado que se podría hacer lo mismo que se pretende hacer en la Cámara regional con el profesorado.

La directora gerente de la Fundación IDEO ha hecho hincapié en que los centros de internamiento «no son cárceles encubiertas ni centros blandos de ocio», sino recursos de cumplimiento de medidas judiciales donde «la vida diaria esta muy reglada: hay horarios, normas, sanciones y un seguimiento exhaustivo de cada medida».

Pero aparte de las medidas punitivas, tienen una labor educativa y terapéutica, con programas y unidades específicas para el abordaje por especialistas de problemas de salud mental o de adicciones, de violencia aprendida en el entorno familiar, o de conductas sexuales.

Ha admitido que los dos centros de internamiento para menores en Canarias «no son espacios perfectos ni libres de conflicto, sería ingenuo decirlo», pues alberga a «jóvenes que arrastran historias de violencia, de abandono, de adicciones.

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pero no están abandonados a su suerte ni fuera de control».

En cuanto a las agresiones, ha indicado en que «nadie que trabaje en justicia juvenil puede decir que su trabajo es fácil o inocuo, es un ámbito de riesgo», pero ha discrepado de la idea de que «el personal está desprotegido».

«Los datos demuestran que las agresiones existen y nos duele que se agreda al personal, pero no estamos en una espiral incontrolada, sino en un escenario donde los protocolos funcionan mejor y los incidentes graves bajan», ha dicho.

Lo cual «no sucede por arte de magia» sino gracias a la formación específica del personal, a un «uso más ajustado» de los recursos de seguridad, a la mejora y actualización de los planes de autoprotección, y a una mayor coordinación entre equipos directivos, técnicos y vigilantes.

«¿Es suficiente? No, pero las medidas implementadas van en la dirección correcta y hay que seguir avanzando» en la misma línea, ha cerrado.

Por último, ha pedido «rigor» a los diputados y que distingan «situaciones puntuales de problemas estructurales» y se alejen de «discursos muy cargados en sus titulares y poco sustentados en datos reales».

Todo ello después de que la diputada socialista Alicia Pérez haya denunciado que los centros de internamiento de menores se han convertido en «lugares donde se normaliza el caos» y también «las actitudes autolíticas y las tentativas de suicidio».

Se ha remitido a «titulares preocupantes» publicados en prensa que hablan de «pérdida de control operativo, de vigilantes obligados a asumir funciones educativas, de actividades educativas suspendidas, salidas canceladas y rutinas inexistentes».

Y también a una visita que realizaron varios compañeros de su partido al centro de Valle Tabares el pasado junio en la que constataron «falta de organización, de personal, de pautas y de decisiones», y ha dicho que «lo que sobra es la improvisación».

Pérez ha asegurado que en los centros de internamiento «se incumplen ratios, faltan juristas, psicólogos, tutores, el personal está desbordado y los menores, desatendidos», y ha añadido que la gestión, «lejos de reconducir la situación, parece que va a remolque de las crisis».

En cuanto a los trabajadores, ha proclamado que «se merecen seguridad, respeto y apoyo institucional», y que lo que sucede «no es un problema puntual ni una mala racha, sino un síntoma de que es estructural».

Raúl Acosta (AHI) ha dicho sentirse «sorprendido» por algunas afirmaciones de la directora gerente de IDEO, pues distan de lo que le trasladan los representantes de los trabajadores.

Melodie Mendoza (ASG) ha indicado que aunque bajan las cifras de agresiones al personal de los centros «no hay que minimizar» este problema, ha respaldado el reconocimiento profesional de los mismos y unas «ratios adecuadas», y ha reclamado un plan plurianial para actualizar las instalaciones, que presentan «limitaciones estructurales».

Paula Jover (Vox) ha expresado su inquietud por las medidas terapéuticas y porque se mezclen internos con delitos graves o con problemas de salud mental con el resto.

Carmen Hernández (NC) ha recalcado que los centros de internamiento han de entenderse no solo como «dispositivos de control, de apartar de la sociedad» a estos chicos, «como fórmulas de castigo», sino también como «espacios para la reeducación», para darles a los chicos «una segunda oportunidad» en sus vidas.

Isabel Saavedra (PP) ha reconocido el trabajo del personal de los centros, que sostiene «un sistema complejo, nunca perfecto, pero que dista mucho de la imagen de descontrol que algunos quieren proyectar».

EFEjmor/cmg

Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado este viernes el incremento de la concienciación ciudadana a la hora de alertar sobre una agresión machista.

Delgado ha recalcado en comisión parlamentaria que el número de llamadas al 112 que más ha aumentado en los últimos meses ha sido precisamente la de ciudadanos que intervienen como alertantes de episodios de violencia sobre las mujeres.

Ha detallado que de enero a octubre, el servicio de atención a víctimas de violencia machista del 112 recibió 15.

613 llamadas, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Y ha enfatizado que tras cada llamada hay «una mujer, a veces con hijos, viviendo una situación límite y que decide pedir ayuda o alguien de su entorno».

Este incremento de las llamadas «habla de la magnitud del problema», ha ahondado la consejera, a la vez que consolida al 112 como «la puerta de entrada reconocida y utilizada por las mujeres» para pedir ayuda.

La consejera ha recordado que en el presupuesto de 2026 hay contemplado un refuerzo del personal técnico especializado del 112 que atiende estas llamadas las 24 horas, los 365 días del año, para pasar de ocho a 14 trabajadoras, lo que redundará en menores tiempos de espera y «una mejor ayuda».

También se ha referido al refuerzo de la red que se activa tras cada llamada, tanto en lo referido a las casas de acogida como a los recursos a medio-largo plazo, ayudas económicas y campañas de concienciación, algo que sigue siendo necesario en vista de «ciertos discursos negacionistas».

La diputada nacionalista Cristina Calero ha recordado que desde que hay registros, en Canarias han sido asesinadas 112 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y ha recalcado que «los datos hablan por sí solos» y no dejan cabida a «debates sobre si hay o no violencia machista».

EFEjmor/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 22 dic (EFE).

– El sistema de atención sociosanitaria vigente en el llamado «estado de bienestar, tal y como está planteado, no es sostenible, ni en este momento ni a futuro», por el grado de envejecimiento de Canarias, según los economistas de Las Palmas.

Entre 2000 y 2022, la población de 65 años o más creció un 87 %, «casi el doble que en el conjunto de España», ha resaltado este viernes en una rueda de prensa este colectivo profesional, en base a un estudio que ha hecho sobre «el reto asistencial creciente», que afirma que supone el aumento de los mayores en las islas, hasta el punto de instar a las administraciones públicas a «replantear el propio sistema» de prestaciones actual.

Ya que, en el archipiélago, «de aquí al año 2030 se prevé que aproximadamente 500.

000 personas sean mayores de 65 años», lo cual «va a tener un impacto en el número de residencias, plazas residenciales, y actividad sociosanitaria», ha expuesto el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho.

En sus premisas ha abundado la economista Rosa Rodríguez, coordinadora del estudio, quien ha vaticinado que en 2035 un cuarto de la población isleña tendrá 65 años o más y que eso empeorará la situación de un sistema que, de por sí, «no se sostiene financieramente» ni siquiera en el presente, como demuestran las listas de espera para ser reconocido como persona dependiente o para acceder a una plaza en una residencia sociosanitaria.

Todo ello lleva a la conclusión de que «no se puede seguir adelante» sin modificar el modelo asistencial vigente, «sin tomar decisiones, porque el problema se agrava» con los años y «en algún momento habrá que ver si hay que cambiar el sistema», ha aseverado.

Apostillando que lo conveniente sería «hacer algo, no esperar a 2030» para tratar de solventar el problema cuando sea mucho peor, porque toda esta situación es resultado de que «las administraciones no planifican».

Rosa Rodríguez ha apuntado, además, que las cada vez mayores necesidades económicas del sistema se conjugan con la circunstancia de que «no es posible aumentar más la presión financiera» sobre la ciudadanía, única vía por la que la Administración tendría opción de incrementar sus ingresos, debido a la carga fiscal que ya existe, y que, de subir, pondría en peligro la propia dinámica de la economía del archipiélago y del país.

Un planteamiento que ha resumido diciendo que «el problema es que los recursos son los que hay», y argumentando que, si ya de por si no son suficientes para atender la demanda asistencial actual, menos los serán en el futuro.

Y especialmente en Canarias, comunidad donde la lista de espera para ser reconocido como dependiente es de las mayores del país y el plazo para obtener ese reconocimiento, que por ley no debería superar los seis meses, llega a demorarse hasta un año y medio en muchos casos, ha destacado.

EFEcms/pcr

(Actualiza la GC5057 con el añadido en el segundo párrafo que la alerta será máxima por fenómenos costeros)Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metros cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros.

Según ha informado este viernes la Dirección General del Emergencias del Gobierno de Canarias, la alerta será máxima en el caso de los fenómenos costeros.

La situación de alerta por viento comenzará a las 15.

00 horas de este viernes, las de fenómenos costeros e inundaciones a las 18.

00 horas y la de lluvias se activa a las 20.

00 horas.

Las lluvias más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura.

Son probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo.

Además, las precipitaciones serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura, y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura; los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma y La Gomera; los 80 litros por metros cuadrado en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en la mitad norte de Tenerife.

La situación de alerta por fenómenos costeros se iniciará a las 18.

00 horas, al igual que la de inundaciones en el litoral por el mal estado del mar previsto para la noche de este viernes y el fin de semana por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente 2 u 3 horas antes y después de las pleamares.

Las pleamares del sábado están previstas entre las 07:55 y 08:40 horas y las 20:40 y 21:20 horas, mientras que las del domingo se esperan entre las 09:00 y las 09:40 y las 21:40 y 22:15 horas.

El viento en la mar será de componente norte de fuerza 6 a 8 (39 – 74 km/h) y habrá mar gruesa a mar muy gruesa en las vertientes norte y oeste y en los canales entre las islas.

Así mismo, habrá altura significante del oleaje de mar combinada de 5 a 7 metros en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

En el resto del litoral habrá oleaje de mar combinada de altura significante 2,5 y 4 metros.

La nota precisa que una predicción de oleaje de altura significante de 5 a 7 metros indica que el 67 % de las olas tendrán una altura media de 3,2 a 4,5 metros; un 10 % de las olas podrían ser de 6 a 9 metros; y un 1 % de las olas podrían alcanzar de 8 a 12 metros.

EFEcda/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).

– El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sesión extraordinaria, ha aprobado este viernes de forma inicial el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 381,2 millones de euros, la cifra más elevada de la historia del municipio.

Las cuentas recibieron los votos a favor del grupo de Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) y del concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso; y los votos en contra de PSOE y Vox.

Según ha señalado el consistorio en una nota, las cuentas crecen un 4,6 % respecto al ejercicio anterior y sirven para «consolidar como ejes prioritarios el refuerzo de los Servicios Públicos Básicos y el impulso a las Políticas Sociales, Vivienda, Movilidad y Empleo».

«El presupuesto garantiza además la continuidad del plan plurianual de inversiones, con 81 millones destinados a mantener el ritmo de ejecución de los proyectos estratégicos en marcha y a activar nuevas actuaciones que contribuyan a la transformación de la capital», añade la nota.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha indicado que el presupuesto refuerza la actividad económica y avanza hacia una Santa Cruz «más dinámica y cohesionada”.

«Se mantiene un equilibrio esencial entre inversión y política social, se fortalecen los servicios públicos fundamentales y se amplía el escudo social para que nadie quede atrás.

Tenemos la mayor inversión de la historia con la menor presión fiscal», ha aseverado el regidor capitalino.

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, ha subrayado que los presupuestos garantizan que «los grandes proyectos continúen su ejecución”.

El primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha afirmado que el presupuesto “refleja la verdadera dimensión económica de Santa Cruz como motor de Canarias y se apoya en tres pilares: inversión social sólida, impulso al empleo y apuesta firme por las grandes infraestructuras municipales”.

EFEcmg/jmor

Las Palmas de Gran Canaria, 12 dic (EFE).

– El Seprona de la Guardia Civil ha detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración a un hombre acusado de un maltrato grave y de abandonar a más de 30 animales en una propiedad rural de Vecindario, al sureste de Gran Canaria.

El arresto tuvo lugar el 25 de noviembre después de que, el día 4 del mismo mes, se iniciara una investigación tras recibirse una llamada anónima que alertaba del «deplorable estado de un équido alojado en el interior de dicha propiedad», ha informado este viernes en un comunicado el instituto armado.

Al personarse en el lugar, los agentes constataron desde el exterior la extrema delgadez del animal y el crecimiento desmesurado de sus pezuñas, condición que le impedía desplazarse con normalidad.

A la vista de estos indicios, contactaron con el responsable de las instalaciones, quien se encontraba en el interior de la finca y accedieron al recinto para verificar el estado general de los animales.

La Guardia Civil ha explicado que la inspección realizada puso de manifiesto «un grave escenario de abandono: las instalaciones se encontraban en pésimas condiciones y los recipientes destinados al agua y a la comida estaban completamente vacíos».

Entre los ejemplares localizados se hallaban un burro, tres perros -dos de ellos con extrema delgadez y presencia de pulgas-, un cerdo joven, «que bebió de forma incesante al recibir agua», 23 aves o gallinas -tres sin vida dentro del corral-, tres cabras -una de ellas un baifo con sobrecrecimiento de las pezuñas- y una oveja de raza Pelibuey.

Dada la gravedad del estado del équido, el instructor de la Guardia Civil contactó de inmediato con una veterinaria especializada en esta especie, solicitando su colaboración urgente.

Tras su valoración en el lugar, la profesional coordinó el traslado y custodia temporal del burro, procediendo a levantar el acta de entrega correspondiente y elaborando un informe detallado para su seguimiento veterinario.

Las autoridades municipales fueron requeridas para hacerse cargo del resto de los animales, mientras que los tres perros fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Animales (CETA) de la localidad, donde veterinarios especializados emitieron informes individualizados sobre su estado.

La Guardia Civil ha indicado que sólo el burro y uno de los perros contaban con microchip identificativo.

El pasado 25 de noviembre el hombre investigado fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración, quedando a la espera de la conclusión de las diligencias judiciales, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.

EFEmrgz/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov (EFE).

– El PP exigirá al Cabildo de Gran Canaria un plan para impulsar la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas más antiguos de la isla.

El PP explica en la moción que llevará al último pleno ordinario del año que en muchos barrios y municipios de la isla existen numerosos bloques de viviendas obsoletos, deteriorados y con graves problemas de accesibilidad para los vecinos, por lo que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria “debería implicarse mucho más para dar respuesta a esta problemática social”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Pepa Luzardo, manifiesta en un comunicado que “la realidad, por desgracia, es que en muchos lugares de Gran Canaria tenemos un parque inmobiliario obsoleto, antiguo, y muchos residentes, sobre todo personas mayores o con movilidad reducida, tienen enormes dificultades para poder salir de sus casas por la existencia de barreras arquitectónicas a veces insalvables”.

Por ello, el Grupo Popular instará al gobierno que preside Antonio Morales a poner en marcha el próximo año una convocatoria pública de subvenciones, dotada con al menos cuatro millones de euros, para promover la rehabilitación y adecentamiento de las viviendas más antiguas, estableciendo como requisito para la obtención de las ayudas que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

A juicio del PP, esta ayuda pública -por concurrencia competitiva y bajo los principios de igualdad, publicidad y transparencia- no sólo contribuiría a modernizar y adaptar a la normativa actual en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética los bloques de viviendas más antiguos, sino que también sería un estímulo para la reactivación económica y la generación de empleo a través de la colaboración público privada.

A este respecto, el Grupo Popular considera que el presupuesto del Cabildo para 2026 en el área de Vivienda –apenas 9,2 millones de un montante total de 1.

055 millones- es “absolutamente insuficiente” para hacer frente al problema de la vivienda en la isla, “que debería ser una absoluta prioridad, tanto la construcción de nuevas promociones públicas en régimen de alquiler asequible como la rehabilitación de la planta ya existente”.

EFEas

Arrecife (Lanzarote), 12 dic (EFE).

– El ciclo integral del agua de Lanzarote cuenta ya con una nueva desaladora destinada a producir agua para riego agrícola, lo que incrementa en 2.

500 metros cúbicos diarios los recursos disponibles, ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Esta planta contenerizada, ubicada en la Central de Desalación Díaz Rijo, en Arrecife, ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros y está incluida dentro de un plan del Ejecutivo regional para dotar a las islas de diez instalaciones de este tipo por un importe total de 13,4 millones de euros.

Durante una visita este viernes a esta infraestructura, el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha señalado que «el déficit de precipitaciones registrado y las anomalías térmicas registradas en los últimos años requieren medidas duraderas y de calado para generar más recursos hídricos que permitan a nuestros agricultores y agricultoras, en Lanzarote y en el resto de Canarias, seguir desarrollando su actividad en un contexto de cambio climático».

Quintero ha indicado que, además de la instalación de desaladoras y la previsión de invertir 20 millones de euros en este ejercicio en mejora de redes e infraestructuras de riego en todo el archipiélago, por segundo año consecutivo han concedido una ayuda extraordinaria que en total ha supuesto 7,9 millones de euros en las dos últimos campañas para respaldar de manera inmediata a más de 3.

000 productores y productoras perjudicados por la sequía en todo el archipiélago.

A la visita también han asistido el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo regional, Migdalia Machín, y el jefe del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Baltasar Peñate.

El presidente del Cabildo ha indicado que «esta nueva desaladora supone un alivio inmediato para nuestros agricultores y un paso determinante hacia la mejora estructural de la gestión hídrica en la isla».

«Cada metro cúbico adicional destinado al riego es una garantía para proteger la continuidad de nuestras explotaciones y el futuro de cientos de familias que dependen del sector primario», ha señalado al recordar que la isla lleva años «padeciendo una sequía cada vez más intensa».

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha manifestado que en Lanzarote han sido «pioneros en la desalación del agua y una vez más se demuestra que la tecnología puede nacer desde cualquier territorio sin limitaciones y que, cuando el conocimiento se pone al servicio de la ciudadanía, avanzamos».

La nueva planta está financiada con cargo al PDR a través del FEADER y con fondos propios del Ejecutivo regional y cuenta con un sistema de ósmosis inversa desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en el marco del proyecto DESALRO 2.

0 que reduce hasta en un 25 % el consumo energético respecto a instalaciones convencionales.

Al igual que en Lanzarote, este tipo de plantas desaladoras se pondrá a disposición de los respectivos Consejos Insulares de Aguas, que ya han adelantado las ubicaciones previstas: Tazacorte (La Palma), Hermigua (La Gomera) y Gran Tarajal (Fuerteventura).

Por su parte, Tenerife contará con dos, una en Granadilla y otra en la Isla Baja; mientras que las dos de Gran Canaria se ubicarán en La Aldea y entre los municipios de Arucas y Moya.

Todas ellas, junto a las dos plantas que se instalarán en El Hierro mediante una subvención al Cabildo, suman una decena de instalaciones con una capacidad total de desalación de 22.

600 metros cúbicos al día, lo que se traduce en 8,2 millones de metros cúbicos adicionales al año para combatir la sequía en el sector agrícola, indica la nota.

EFE1012213sgc/mrgz