Santa Cruz De Tenerife, 19 ene (EFE).
– El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha urgido a actualizar la Ley de Ordenación Sanitaria autonómica, vigente desde 1994, para adaptar la normativa a los retos actuales, y ha advertido de que no puede haber una salud pública de primera y de segunda en función de la isla de residencia.
El CES ha informado este lunes en un comunicado de que el pasado 14 de enero su pleno aprobó por unanimidad el dictamen elaborado por este órgano consultivo sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, y ha valorado la iniciativa como un paso clave para modernizar y reforzar el sistema de salud pública del archipiélago.
Al respecto el presidente del CES, José Carlos Francisco, ha incidido en que reforzar la salud pública es invertir en cohesión social, prevención y seguridad para toda la ciudadanía, independientemente de donde residan, al tiempo que ha explicado que el órgano consultivo ha emitido este dictamen a petición de Presidencia del Gobierno de Canarias.
No obstante, el CES considera que el nuevo Anteproyecto introduce principios y enfoques que no están plenamente integrados en la legislación sanitaria vigente, por lo que resulta necesaria una revisión profunda para garantizar la coherencia del sistema.
Destaca la importancia de incorporar de forma decidida la digitalización y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad y la eficacia de las prestaciones sanitarias en Canarias.
Así, el presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social del CES, Sergio Melián, considera que es necesaria una Ley de Salud Pública moderna, pero que debe ir acompañada de la actualización del marco sanitario vigente para garantizar equidad, eficacia y cohesión territorial.
En este sentido, el Consejo subraya que es imprescindible abordar «lo antes posible» la actualización y modernización de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, dado que fue elaborada en un contexto social y demográfico muy distinto al actual.
El Consejo también considera necesaria una actualización integral del marco normativo canario para adaptarlo a los retos actuales, como son el envejecimiento poblacional, desigualdades sociales y territoriales, cambio climático, riesgos transfronterizos y digitalización.
Sergio Melián asegura que “reforzar la salud pública no es sólo una política sanitaria, es un pilar del bienestar colectivo y de la resiliencia social”.
Asimismo, añade que dotar a Canarias de una Ley de Salud Pública moderna y de una Agencia especializada permitirá anticipar riesgos, mejorar la vigilancia epidemiológica y actuar con mayor eficacia ante emergencias sanitarias.
Pero también detalla que «no puede haber una salud pública de primera y de segunda en función de la isla de residencia», por lo que la cohesión territorial y la homogeneidad en la calidad y en los tiempos de respuesta del sistema sanitario «deben ser objetivos irrenunciables de cualquier política pública en Canarias».
Para Sergio Melián, “esta Ley, acompañada de las mejoras propuestas, puede situar a Canarias en una posición más sólida para proteger la salud de toda su ciudadanía”.
Por ello, el dictamen también recoge la recomendación de reforzar los recursos humanos y tecnológicos por isla, garantizar la equidad territorial mediante planes insulares de reducción de brechas sanitarias, impulsar programas de prevención homogéneos, incorporar la salud mental como prioridad y establecer estándares de buenas prácticas para la nueva Agencia Canaria de Salud Pública.
El dictamen del CES recomienda la creación de programas de prevención uniformes en todas las islas, asegurando que la ciudadanía reciba el mismo nivel de protección y promoción de la salud sin importar su lugar de residencia.
En este marco, el Consejo hace especial hincapié en la salud mental como una prioridad estratégica, proponiendo su integración explícita en las líneas de actuación del Sistema Canario de Salud Pública, con programas de prevención, promoción y atención adaptados a las necesidades específicas de cada isla y población.
El dictamen subraya también la importancia de motivar jurídicamente las sanciones contempladas en la Ley y fomentar una cultura de salud pública entre la ciudadanía, para garantizar que las actuaciones normativas se comprendan y respeten de manera efectiva, reforzando la prevención y la protección de la salud en todo el archipiélago.
Asimismo, el CES recomienda que la Agencia Canaria de Salud Pública implemente estándares de buenas prácticas sanitarias, como la certificación ISO o equivalente, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar la calidad de las actuaciones y mejorar la proyección pública de los operadores económicos y sociales en materia de salud.
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