Santa Cruz de Tenerife, 2 mar (EFE).
– Representantes de los sindicatos ANPE, CCOO y UGT han reclamado este lunes en la comisión parlamentaria de Educación que la futura ley canaria que reconocerá la condición de autoridad pública de los profesores tenga concreción y vaya acompañada de ficha financiera.
De ello dependerá que el proyecto de ley promovido por los partidos que sustentan al Gobierno de Canarias suponga «un avance estructural o una oportunidad perdida», ha advertido Miriam Montesdeoca, de UGT, pues la condición de autoridad de los docentes ya está reconocida en la LOE y en el decreto canario de convivencia.
En esto han coincidido todos los comparecientes, así como en reclamar que ese reconocimiento, tanto administrativo como social, también tenga reflejo en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.
CCOO y UGT han reclamado que la futura ley abarque también a los docentes de los centros concertados.
Pedro Crespo (ANPE) ha pedido que sea «realista» en cuanto a la ficha financiera, pues en Canarias, ha deslizado, «por desgracia estamos acostumbrados a que se incumplan leyes y no pase nada», como por ejemplo la que fija una inversión en educación equivalente al 5% del producto interior bruto (PIB) de las islas.
«¡Cumplan con la ley canaria de educación y el 5% del PIB!», les ha espetado María Flor Acosta (CCOO) a los diputados.
Una ley con medidas concretasLos representantes sindicales han advertido de que la futura ley debe ir «más allá de lo simbólico» y ha de contener medidas «concretas, aplicables y eficaces» en cuanto al respaldo institucional y psicológico de los docentes, según ha expuesto Pedro Crespo (ANPE).
También debe contemplar, en su opinión, las nuevas amenazas para la convivencia en las aulas y fuera de los centros implícitas en los entornos digitales: redes sociales, grabaciones de imágenes en las aulas o campañas de descrédito en grupos de whatsapp.
Crespo ha detallado que el curso pasado se contabilizaron 24 agresiones a profesores en Canarias, 19 por parte de alumnos y cuatro por familiares; pero luego está «la violencia verbal, el cuestionamiento sistemático, las grabaciones no consentidas, las campañas de descrédito y el desgaste emocional».
Y a todo ello se suma la burocracia, la falta de personal de apoyo y unas tasas de interinidad del 30%.
Las consecuencias de todo ello es que más de la mitad de los docentes tuvieron ansiedad el curso pasado, el 15% cuadros depresivos y el 26% atravesó por una situación de incapacidad temporal.
Dar legitimidad al profesorado para dirigir la actividad docenteSobre el debate en torno al concepto de autoridad, el representante de ANPE ha matizado que «no es lo mismo que autoritarismo, imposición arbitraria sobre el resto ni limitación de derechos», sino «legitimidad profesional para dirigir la actividad en un aula, gestionar la convivencia y poner límites cuando es necesario».
Ha abundado en que las familias se han de hacer cargo de que delegan en los docentes, con quienes sus hijos pasan seis, siete horas al día, «una responsabilidad enorme: formación, tutela, orientación, custodia y gestión de conflictos».
Y «tan alta exigencia», ha añadido, «no podemos afrontarla sin una adecuada protección normativa que garantice contamos con herramientas efectivas».
Opina Pedro Crespo que establecer límites «no debería ser un problema para los profesores, es parte de nuestro trabajo», y sin embargo existe un aumento de casos en los que «se cuestiona la palabra del docente antes de conocer los hechos».
«No somos transmisores de contenidos, somos agentes de cohesión social, garantes de la igualdad de oportunidades y un pilar en la trasmisión de valores democráticos, y cuando se cuestiona nuestra autoridad en el aula no solo pierden los profesores, pierden el sistema educativo y la sociedad», ha proclamado.
El reconocimiento social del docenteMiriam Montesdeoca (UGT) ha recalcado que «la autoridad no es una cuestión solo formal, afecta al clima escolar, al reconocimiento social y a la capacidad efectiva para ejercer la labor docente con respaldo institucional».
Ha señalado que la futura ley «no debe construirse sobre un relato alarmista: no estamos en un sistema educativo marcado por la violencia física estructural» pero sí en un contexto de «creciente complejidad» en el que los docentes no están protegidos en el entorno digital.
«No nos están maltratando todos los días en las aulas, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que levantar la mano o difundir imágenes de una profesora desnuda es lo mismo que hacerlo contra un policía nacional o un médico.
Hacer esto contra profesores es atentar contra la autoridad, contra su dignidad», ha subrayado.
La representante de UGT ha reclamado la protección jurídica automática, en un plazo máximo de 24 horas, por parte de la administración ante cualquier agresión o incidente, así como la cobertura completa de responsabilidad civil y medidas cautelares que preserven la integridad del docente.
«La autoridad pública pierde el sentido si el docente se ve obligado a afrontar en solitario procedimientos jurídicos derivados de su función pública.
La defensa debe se institucional, no individual», ha insistido Montesdeoca, quien también ha pedido un teléfono de ayuda psicológica, si no insular, al menos uno por provincia.
María Flor Acosta (CCOO) ha advertido del riesgo de que la ley sea «repetitiva y meramente simbólica», tal y como ha advertido el Consejo Consultivo de Canarias.
Ha pedido que el texto definitivo incorpore «procedimientos claros» si hay una denuncia cruzada y que se refuerce la coordinación con la Fiscalía con un protocolo publico de actuación.
Sobre la presunción de veracidad de los profesores, ha exigido garantías de seguridad jurídica, formación obligatoria para una correcta redacción de partes e informes, criterios de objetividad, trazalibilidad documental y un encaje procedimental que evite abusos o conflictos interpretativos, preservando el derecho de audiencia del alumnado y las familias.
La democratización de los centrosAcosta ha deslizado que «la autoridad no puede estar reñida con la democracia» y en este sentido ha denunciado que en los últimos años en los centros educativos se ha ido «desdemocratizando la gestión interna», pues «los claustros dejaron de tener opinión decisiva en muchas decisiones del día a día».
La representante de CCOO ha señalado también que uno de los elementos que inciden en el aumento de la conflictividad educativa es la privatización de servicios como los comedores o los auxiliares educativos para alumnos con necesidades especiales.
Los diputados de los diferentes grupos han asegurado haber tomado nota de las aportaciones de los sindicatos y se han comprometido a analizarlas para incorporarlas, en la medida de lo posible, durante la tramitación de la ley.
EFEjmor/spf(foto)
