Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).
-La suspensión del planeamiento necesaria para disponer del suelo de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife puede requerir «dos o tres años», según ha explicado este jueves la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, quien ha asegurado que el Gobierno de Canarias mantiene Cabo Llanos como ubicación prevista para esta infraestructura.
Barreto ha explicado en comisión parlamentaria que el principal problema para desarrollar este proyecto «no es ni de inversión, ni de planificación o gestión, es urbanístico», ya que primero es necesario habilitar el suelo.
La consejera ha precisado que el Gobierno ha optado por reducir el ámbito de la suspensión del planeamiento a la superficie estrictamente necesaria para construir la Ciudad de la Justicia, en lugar de mantener la propuesta de la pasada legislatura, que afectaba a un ámbito más amplio y a cuatro instrumentos de planificación.
Según ha detallado, aquella propuesta pretendía resolver también cuestiones de movilidad en la entrada sur de Santa Cruz, mientras que la actual se limita al suelo necesario para la infraestructura judicial y deja la solución global de movilidad para otra planificación que está abordando el área de Política Territorial.
«Lejos de ser un retroceso, ha sido un gran avance», ha defendido Barreto, quien ha rechazado que el proyecto se haya reducido o abandonado.
La consejera ha recalcado que «el Gobierno de Canarias no renuncia a la Ciudad de la Justicia» y ha respondido al PSOE que «con toda rotundidad» quiere esta infraestructura en Santa Cruz de Tenerife.
A una pregunta sobre si se descartaba Cabo Llanos, ha contestado que la suspensión del planeamiento que se está tramitando afecta precisamente a ese suelo.
Barreto ha señalado que cuando llegó al Gobierno intentó negociar con el propietario de la parcela necesaria para desbloquear el proyecto, pero ha indicado que este no quiere vender ni ser expropiado y que recurriría a los tribunales en caso de expropiación.
Por ello, ha explicado que se ha decidido continuar con la suspensión urbanística en un ámbito reducido.
No obstante, ha evitado fijar una fecha para su finalización porque, según ha dicho, corresponde a Ordenación del Territorio determinar los plazos conforme avance el procedimiento.
Una vez aprobada la suspensión, ha añadido, se podrán encargar los proyectos y establecer el coste de la infraestructura para incorporarlo a los presupuestos.
«Estamos hablando de una gran cantidad de dinero» y el Ejecutivo autonómico estaría dispuesto a consignarlo, ha asegurado.
Mientras se desbloquea la solución definitiva, ha defendido las actuaciones realizadas para mejorar las infraestructuras judiciales existentes, ampliar espacios y habilitar nuevos inmuebles.
Ha cifrado en unos 90 millones de euros la inversión prevista en toda Canarias entre mejoras, planificación, proyectos y obras de infraestructuras judiciales.
PSOE, Vox y NC cuestionan el avance del proyectoDurante el debate, Vox y el PSOE han cuestionado el avance del proyecto y han reclamado claridad sobre su alcance y calendario.
El diputado del PSOE Gustavo Matos ha criticado la falta de avances durante esta legislatura y ha afirmado que el Gobierno de Canarias carece de una «programación» para la Ciudad de la Justicia.
A su juicio, el Ejecutivo ha «fracasado» en este asunto y ha cuestionado que no exista todavía un calendario ni un presupuesto para una infraestructura que, ha señalado, reclaman los operadores jurídicos.
La diputada de Vox Paula Jover ha preguntado por el estado del proyecto del denominado edificio Auditorio, que, según ha señalado, estaba previsto para albergar 25 órganos judiciales, y ha reclamado que se aclare el calendario de ejecución de la infraestructura.
Nueva Canarias ha denunciado también la falta de avances en la Ciudad de la Justicia y ha advertido de los problemas que arrastran las infraestructuras judiciales de Canarias, entre ellos deficiencias de accesibilidad, salubridad y medios tecnológicos.
Su diputada Carmen Rosa Hernández ha criticado que, pese a las reclamaciones planteadas durante años por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía, el proyecto siga sin una programación concreta.
Por parte de Coalición Canaria, Socorro Beato ha defendido que la simplificación del ámbito urbanístico no supone una reducción del proyecto y ha asegurado que el Ejecutivo continúa trabajando en la Ciudad de la Justicia y en soluciones provisionales para atender las necesidades actuales.
La diputada del PP Mónica Muñoz ha hecho hincapié en la necesidad de esta infraestructura y ha reclamado avanzar en el proyecto al tiempo que se adoptan medidas para mejorar las actuales instalaciones judiciales.
Jesús Ramos, de ASG, ha considerado que se trata de una infraestructura necesaria, pero ha advertido de que su ejecución no será una cuestión de corto o medio plazo y ha reclamado coordinación entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los operadores jurídicos.
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