Autor: Redactor

  • Domínguez dice que los candidatos en las capitales los decide la dirección nacional

    Santa Cruz de Tenerife, 21 may (EFE).

    – El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha asegurado que es a la dirección nacional del partido a la que corresponde designar a los candidatos para las elecciones municipales en las capitales de provincia, y todavía no ha tomado una decisión sobre Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

    Tras publicarse en medios locales que el teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, no repetirá como candidato del PP en 2027, sino que será la concejala Carmen Pérez, el presidente regional del PP ha insistido en que «no hay ninguna decisión adoptada» y que «es falso que la dirección nacional se haya pronunciado».

    «No quiero decir que los medios de comunicación hayan inventado la noticia, lo que sí sé es que alguno que forma parte del partido quiere colocarse en la situación de ser el que más noticias o más comunicación tiene y, por lo tanto, envía mensajes que luego llevan a la confusión», ha criticado Domínguez.

    En cuanto a un posible pacto del PP con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para concurrir al Cabildo de Gran Canaria, Manuel Domínguez ha confirmado que el presidente de la gestora del partido en la isla, Carlos Sánchez, ha mantenido conversaciones con ella.

    «Desconozco en qué nivel nos encontramos de las negociaciones, ya que eso entra más en el ámbito insular», ha declarado el presidente del PP regional, que en todo caso ha desmentido que vaya a «encabezar algunas listas», como se ha especulado.

    Domínguez ha trasladado todo su apoyo al presidente insular del PP para que alcance acuerdos y presentar «candidaturas lo más óptimas posible» y eso es lo que está intentando hacer.

    EFEacp/spf

  • La AECC en Canarias financia más de 3 millones de euros en proyectos de investigación

    Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).

    – La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Canarias ha destinado más de tres millones de euros en los últimos cuatro años para financiar trabajos de investigación sobre la enfermedad.

    La AECC ha dado a conocer estas cifras durante el primer simposio científico que celebra en las islas, con el propósito de mostrar a los ciudadanos los esfuerzos que dedica a la investigación.

    Bajo el lema ‘La investigación canaria contra el cáncer’, este encuentro reúne a ocho profesionales que comparten sus avances, proyectos y líneas de trabajo en investigación oncológica, fomentando el intercambio de conocimiento y acercando la ciencia a la sociedad.

    El presidente de la AECC en la provincia de Las Palmas, Pedro Lara, ha explicado que, con los tres millones de euros que han invertido en investigación, han financiado proyectos que están desarrollando en Canarias y de especialistas canarios que trabajan en otros lugares.

    Ha añadido Lara que, para poder realizar esta labor de financiación de la investigación contra el cáncer, resulta fundamental contar con el apoyo de las donaciones por parte de los socios y patrocinadores, ya que sin estos recursos económicos no se podría garantizar la viabilidad de las tres grandes partidas que son la asistencia a los pacientes, la ayuda económica y la investigación.

    Finalmente, ha destacado la importancia del anuncio por parte del Ministerio de Sanidad en el aumento del cribado de cáncer de mama a mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años.

    EFEajm/jmr

  • Mato reclama exención para Canarias en sistema de comercio de emisiones más allá de 2030

    Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).

    – El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha defendido en el Parlamento Europeo la necesidad de que Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas queden excluidas “más allá del año 2030” del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).

    A su juicio, la aplicación de esta normativa supone un grave perjuicio para unos territorios cuya conectividad depende exclusivamente del transporte aéreo y marítimo, informa el PP en un comunicado.

    Durante su intervención ante la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, Gabriel Mato advirtió de que, en Canarias, “sabemos perfectamente lo que significa depender del transporte para vivir y no podemos convertirnos en la víctima colateral de una transición climática diseñada sin comprender la realidad de las regiones ultraperiféricas”.

    El eurodiputado recordó que en Canarias “no existe alternativa al avión ni al transporte marítimo” y subrayó que hablar del ETS “no es una cuestión abstracta”, sino que afecta directamente “al precio de la cesta de la compra de las familias”.

    En este sentido, denunció el trato desigual que actualmente contempla el sistema europeo de emisiones para el transporte marítimo.

    “Mientras un barco entre Canarias y Europa paga el 100% de sus emisiones, rutas con puertos no europeos solo pagan el 50%.

    Esto es incomprensible e inaceptable”, afirmó.

    Mato insistió en que Canarias “no necesita que su situación simplemente se analice”, sino que requiere que la futura propuesta legislativa de la Comisión Europea “que refleje claramente la continuidad de la exención más allá de 2030”, algo que, recordó, “ampara el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

    Asimismo, alertó de que los fletes marítimos en Canarias “ya han aumentado cerca de un 30%”, mientras la ampliación del ETS puede seguir encareciendo “el transporte, el combustible y la conectividad de las regiones ultraperiféricas”.

    “La transición ecológica es necesaria, sí.

    Pero no puede hacerse castigando a quienes viven más lejos y dependen más de esa conectividad”, señaló el eurodiputado, quien concluyó afirmando que “Europa no será verdaderamente justa si trata igual a territorios con realidades completamente distintas”, según Mato.

    Igualmente, recordó que en su momento ya se consiguió la exención temporal hasta 2030 para las regiones ultraperiféricas.

    No obstante, explicó que el trabajo continúa para conseguir una exoneración total de los derechos de emisión, tanto en el transporte marítimo como en el aéreo.

    EFEas

  • Domínguez pide elecciones y destaca que hasta en el PSOE tienen dudas sobre la situación

    Santa Cruz de Tenerife, 21 may (EFE).

    – El vicepresidente de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez, ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones generales, tras la imputación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha subrayado que «incluso algunos miembros del Partido Socialista empiezan a dudar de la situación que se está viviendo de manera interna».

    «El momento que estamos viviendo en España es insólito, es un deterioro constante de nuestra imagen y como español siente uno vergüenza», ha declarado Domínguez a los medios durante una visita a la feria Gastrocanarias 2026, en la que ha acompañado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

    Para el presidente del PP canario, «lo más saludable, lo más oportuno y lo correcto» es dar a los españoles «la oportunidad de decidir» en las urnas, después de que un Gobierno que decía que iba a limpiar las instituciones porque había demasiada corrupción se haya dedicado a «colocar gente que lo que ha hecho es limpiar la economía de los españoles».

    Manuel Domínguez ha acusado a Sánchez de vivir «cómodo en el fango, en la bronca y en el enfrentamiento» y ha considerado que no es necesario esperar a la comparecencia judicial de Zapatero o a que sucedan más cosas para que el presidente tome la decisión de convocar elecciones.

    EFEacp/cmg

  • Alfonso Rueda pide elecciones: Estamos ante un final de ciclo y Sánchez lo sabe de sobra

    Santa Cruz de Tenerife, 21 may (EFE).

    – El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido este jueves la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, porque «estamos ante un final de ciclo» y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «lo sabe de sobra».

    Rueda, que ha visitado en Tenerife el salón gastronómico Gastrocanarias 2026, en el que Galicia participa como comunidad invitada, ha subrayado que debe haber elecciones «sin ninguna duda», para que los españoles opinen sobre todo lo que está pasando tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

    «Un país de casi 50 millones de habitantes no puede estar a expensas de los intereses y del futuro personal de una sola persona», ha declarado Rueda a los medios de comunicación en referencia a Pedro Sánchez.

    Alfonso Rueda ha criticado que el Gobierno haya decidido «cerrar filas» y ha señalado que por supuesto hay que respetar la presunción de inocencia y «dejar actuar a los jueces, pero es que los jueces ya han actuado».

    El auto que implica a Zapatero, aunque probablemente sea el inicio de un proceso largo, «es para hacer algo más que cerrar filas» o «intentar hacer ver que no pasa nada», porque «es muy duro y muy serio lo que se relata en ese auto del juez y lo que parece haber detrás de todo eso», ha señalado el presidente gallego.

    Para Rueda, el Gobierno no puede pretender ganar tiempo, porque sabe que no va a poder «pasar página».

    Ha mencionado el caso del hermano del presidente del Gobierno, el de su mujer y el de dos secretarios generales del PSOE, todo lo cual muestra que es «un final de ciclo» y que el Gobierno se siente acorralado.

    Esto tiene muchas consecuencias en la imagen de país y en el cumplimiento de la legalidad, además de que «el Gobierno no está gobernando en absoluto», ha opinado Rueda.

    «Las preocupaciones del presidente Sánchez no están en gobernar el país, están en ver cómo esquiva, cómo se tapa y cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acosando», ha sentenciado el presidente de la Xunta de Galicia.

    EFEacp/cmg(foto)(vídeo)

  • Sumar plantea prohibir que los expresidentes usen los fondos públicos de su oficina oficial para actividades lucrativas

    Sumar plantea prohibir que los expresidentes usen los fondos públicos de su oficina oficial para actividades lucrativas

    Compromís cuestiona que puedan vender sus agendas o asesorar empresas que puedan beneficiarse de medidas del Gobierno

    MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) –

    Sumar va a impulsar una iniciativa para regular las actividades de los expresidentes del Gobierno de manera que se prohíba que puedan utilizar la oficina a la que tienen derecho por haber ocupado ese cargo, y que está sufragada con fondos públicos, para realizar actividades lucrativas privadas.

    Así lo ha avanzado en declaraciones en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

    Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que están prorrogados desde entonces, mantuvieron congelada en 298.320 euros la partida destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy). Esa cantidad se divide entre los cuatro, de manera que a cada uno cuenta con 74.580 euros anuales para los gastos de sus respectivas oficinas de expresidentes.

    En opinión de Enrique Santiago, el auto del juez José Luis Calama no concreta las imputaciones sobre blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas, pero es muy grave que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa.

    Eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utiliza la oficina de expresidente se hacen actividades privadas, lo que no se puede es mezclar y, sobre todo, no se puede utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas, ha resumido, incidiendo en la necesidad de delimitar muy bien qué actividades son públicas y cuales son privadas.

    LEY DE LOBBIES

    Santiago también ha pedido que se reactive la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés que el Gobierno envió al Congreso en el marco del paquete de medidas anticorrupción que anunció a raíz del ingreso en prisión hace casi un año de exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los grupos tienen registradas sus enmiendas a esa ley pero aún no se ha convocado la ponencia para empezar a discutirlas.

    También se ha referido a la conveniencia de regular las actividades de los expresidentes el diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez, que es partidario de prohibir que puedan vender su agenda de teléfonos.

    Además, ha pedido reflexionar sobre el hecho de que sea legal que los expresidentes puedan cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno.

  • El secretario general de CCOO pide rigor y prudencia ante la imputación de Zapatero

    Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).

    – El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido este jueves rigor y prudencia a la hora de abordar la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al destacar la importancia de la presunción de inocencia y de aportar pruebas en una causa penal.

    Sordo ha hecho estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria tras la manifestación y la asamblea convocadas por su sindicato para movilizarse por un salario digno, igualdad, vivienda y mejora de los derechos laborales y sociales en Canarias.

    «Estamos ante un auto que, por tanto, se basa en indicios; pero, en la medida en que se sustancie el proceso, lo que hay que aportar evidentemente son pruebas», ha declarado al señalar que serán estás las que den «recorrido a este proceso y, mientras tanto, tiene que imperar la presunción de inocencia».

    El líder de CCOO ha insistido en que el procedimiento en el que está implicado Zapatero «tiene mucha trascendencia institucional» y pide que el expresidente del Gobierno «cuente con todas estas garantías jurídicas propias de un estado de derecho».

    EFE(foto) (vídeo)mrgz/jmr

  • CC defenderá la PNL de reclasificación y subida salarial para trabajadores en Sanidad

    Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).

    – La diputada de CC en el Parlamento de Canarias Vidina Espino presentará el próximo 27 de mayo una proposición no de ley PNL para la reclasificación de las categorías de personal sanitario y no sanitario, incluidos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería de Canarias (TCAE) y de administración.

    Como ha explicado en rueda de prensa, esta PNL busca «respaldar a los trabajadores, los técnicos sanitarios y auxiliares administrativos y celadores» que hacen que «la sanidad pública funcione» y cuyas funciones «han aumentado pero no ha habido reconocimiento con una nueva categoría profesional o un salario adaptado a esta nueva realidad».

    Espino ha destacado que en la modificación del Estatuto Marco se deben incluir incluyan también a estos trabajadores, que solicitan la adaptación de su categoría profesional.

    En el escrito que defenderá en nombre de esos colectivos, ha detallado que se solicita revisar la clasificación, una mejora salarial, reconocer a este colectivo como grupo C1, así como estudiar el resto de categorías, mejorar la carrera profesional y «garantizar el aporte y financiación para que la comunidad autónoma pueda asumirlo mediante los fondos del Estado».

    Estos colectivos, ha dicho, «llevan muchos años luchando con esta categoría, es un colectivo muy numeroso y con una función muy importante tanto en centros de salud como en hospitales» que merecen «una retribución justa».

    El portavoz de Asamblea 7 Islas, Octavio Sánchez, ha recordado que los grupos C, D y E tienen a más de 14.

    000 trabajadores de diferentes categorías que «han quedado fuera del Estatuto Marco» y que llevan reclamando desde 2024.

    Por ello, solicitan al Gobierno de Canarias que inste al Estado a recalificar las clasificaciones que es «una medida justa personal sanitario y no sanitario con funciones esenciales y justa», ha apuntado Sánchez.

    La misma idea ha subrayado en nombre de ‘TCAE Unidos por el C1’, Isabel Montagut y Carmen Jiménez, que han recordado que son más de 20.

    000 trabajadores de auxiliar de enfermería que llevan «años relegados, mal clasificados y esperando a algo que está reconocido».

    Como ha insistido, «no pedimos privilegios, es justicia y el reconocimiento que corresponde», ya que estamos en primera línea, trabajando en silencio mientras las administraciones miraban a otro lado».

    La formación «data de 1973 y seguimos trabajando en estructuras obsoletas que no obedecen a la realidad actual» con un Salario Mínimo Interprofesional que no alcanza los 800 euros y que aún con turnos nocturnos, complementos y horas extra «queda en apenas 1.

    300 euros».

    Para la diputada Vidina Espino, «cuidar a quienes nos cuidan repercute en sus vidas pero también en la sanidad y en los pacientes» por lo que solicitará al Gobierno canario que eleve esta petición al Estado en «su reivindicación justa» y que confía, ha dicho, en que se apruebe por unanimidad».

    EFE1011668lbl/as

  • Codony reconoce que se equivocó al referirse a los migrantes como «ilegales»: «No fue una expresión correcta»

    Codony reconoce que se equivocó al referirse a los migrantes como «ilegales»: «No fue una expresión correcta»

    PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) –

    El director general de IB3, Josep Codony, ha reconocido que se equivocó al referirse a las personas migrantes como ilegales y no como irregulares, al entender que esa no fue una expresión correcta.

    De este modo se ha expresado durante su comparecencia mensual en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de Baleares celebrada este jueves en el Parlament.

    En su última comparecencia, Codony defendió que el ente público cumple con su función pública al haber informado con criterios profesionales en su cobertura sobre la regularización de migrantes después de que la oposición criticara el uso del término ilegales para referirse a los migrantes que se acogen a esta medida.

    El diputado socialista Omar Lamin ha vuelto a poner sobre la mesa esta tema durante la comisión de este jueves y le ha preguntado si seguía manteniendo una postura que, a su parecer, contribuye a deshumanizar a unas personas que tienen unas historias complicadas.

    Creo que no fue una expresión correcta y su usé la palabra ilegal fue incorrecta. Las personas no son ilegales sino irregulares y como medio público tenemos que hacer un esfuerzo por usar términos rigurosos. No haremos política con la gente que llega de manera irregular a Baleares, ha respondido Codony.

    Lamin ha agradecido que haya reconocido su error y le ha recordado su deber deber como garante del buen hacer periodístico del ente público. Usted no es un tertuliano ni el director de un pseudomedio, sino de IB3, le ha espetado.

    El socialista ha considerado que, cuando hace uso de esta terminología incorrecta, el director general de la radiotelevisión autonómica ejerce como correa de transmisión del relato que le interesa al Consolat de Mar.

    El concepto ilegal no se la ha inventado usted, viene del nazismo y de una forma de hacer política que está apostillando la ultraderecha que se sienta junto a usted y también la está replicando cada vez que le interesa la presidenta Prohens, ha zanjado.

  • NC cree que la ley de autoridad docente busca «un titular» y será «un engaño» si no mejora

    Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).

    – Nueva Canarias (NC) opina que el Gobierno autonómico «no busca sino un titular» con su proposición de Ley de la Autoridad Docente, una norma que, a su juicio, será «un engaño» si no va acompañada de medidas concretas que requieren inversión y de un incremento global del gasto en educación.

    En rueda de prensa, la diputada de NC Carmen Hernández ha criticado esa iniciativa del Ejecutivo, que sostiene es solo «una declaración de intenciones» que se ha elaborado además sin contar con datos oficiales que respalden su necesidad ni con el parecer de sus destinatarios, pues «se ha hecho a espaldas del profesorado».

    Su partido ha presentado, por ello, 19 enmiendas al proyecto de ley que lo doten de contenido y medidas concretas encaminadas a reforzar el reconocimiento de los docentes de forma efectiva, entre ellas que se cree un observatorio de la convivencia escolar que aclare en qué medida real hay conflictos en las aulas como primer paso para tratar de resolverlos.

    La razón es que «no podemos legislar de algo de lo que no tenemos datos» y lo cierto es que no existen cifras oficiales sobre qué grado de problemática hay en las relaciones de profesores y alumnado en Canarias, ha asegurado Carmen Hernández.

    «Los únicos datos que tenemos son del Instituto Canario de Evaluación, que le hizo un estudio sobre la convivencia hace unos años al Consejo Escolar de Canarias y, en ese estudio, sale que los problemas de convivencia en Infantil y en Primaria están en el séptimo lugar» entre las dificultades que debe afrontar el sistema educativo regional, ha apuntado la diputada.

    En cambio, ha añadido, «en los primeros puestos están la falta de recursos en las aulas, la falta de apoyo y las ratios muy elevadas».

    Hernández considera que esa realidad «no se está afrontando» y que el deterioro del ambiente en clase se frenaría de forma más efectiva afrontando esas dificultades que con propuestas como la ley de la autoridad docente.

    Nueva Canarias, no obstante, entiende que esa nueva norma podría ofrecer resultados si se introducen disposiciones encaminadas a crear mecanismos que mejoren las condiciones en que se imparte la docencia en las islas, como estabilizar las plantillas de los centros, de modo que los profesores no cambien de destino cada año, o reducir la cantidad de alumnos por clase.

    Crear una unidad de apoyo psicológico y jurídico que auxilie de inmediato a los docentes en problemas con el clima escolar o incrementar el número de profesionales de apoyo que refuercen la labor del maestro en los grupos donde hay alumnos con necesidades especiales, discapacitados, extranjeros o con altas capacidades, entre otros, son algunas más de las propuestas del partido para mejorar el proyecto legislativo del Gobierno de Canarias.

    Esa norma, además, debe incorporar iniciativas que demuestren que el Ejecutivo es el primero que otorga al personal docente el reconocimiento social que dice buscar con su proposición, mejorando sus retribuciones y premiando su esfuerzo estableciendo complementos económicos más elevados y ventajas al presentarse a concursos de méritos para quienes hacen tareas añadidas, como tutorías, o mejoran voluntariamente su formación, ha dicho Carmen Hernández.

    La diputada ha anunciado que NC estaría dispuesto a dar su respaldo a esa ley en caso de que, una vez finalizado el periodo de presentación de enmiendas, en las sesiones del Parlamento en que se debatirá con los grupos políticos, se admiten sus propuestas.

    «Si podemos mejorar la ley, vamos a aprobarla», ha declarado la portavoz de Nueva Canarias, antes de advertir de que se negarán a votar a favor en caso de no ser escuchados, puesto que no quieren «contribuir a un engaño».

    EFEcms/jmr