Santa Cruz De Tenerife, 9 feb (EFE).
– La propuesta de «Decreto Canarias» que ha aprobado este lunes el Consejo de Gobierno regional incluye más de 50 medidas divididas en cuatro capítulos, 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres finales con un objetivo: que el Estado cumpla con el archipiélago.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha desgranado ante los medios de comunicación las principales medidas previstas en el texto, para el que ha insistido en recabar la unidad parlamentaria no sólo en Canarias, sino en el Congreso, donde deberá ser aprobado mediante un real decreto ley.
En su comparecencia pública tras el Consejo de Gobierno, Clavijo recordó que las más de 50 medidas incluidas en la propuesta de Decreto Canarias que se eleva a la Cámara autonómica “no suponen privilegios”, sino que hace valer compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el archipiélago.
Así, el primer bloque de la propuesta de Decreto Canarias reúne bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’ todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago.
Entre otras, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales.
Emergencia habitacionalLa propuesta del Gobierno de Canarias contiene además dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas: se solicita al Estado la cesión en 2026 de suelo para la construcción de viviendas protegidas y se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequible en las islas.
El Decreto Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga continuada de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.
También defiende la continuidad de la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028.
Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.
Apoyo a colectivos vulnerablesEl segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas y se reclama la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.
Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).
Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”, con lo que se busca incentivar el alza de los sueldos.
El documento aprobado este lunes en Consejo de Gobierno incluye asimismo que el Estado permita a la comunidad autónoma subir este año el sueldo más de un 2% a los empleados públicos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional.
Recoge además un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía.
Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas.
Competencias en el litoralAdemás, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.
El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.
Por último, el presidente Clavijo subrayó que la Comunicación elevada al Parlamento incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.
400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las fuerzas de seguridad del Estado.
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