Las Palmas de Gran Canaria, 9 feb (EFE).
– La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández ha denunciado este lunes que, de las 2.
086 viviendas licitadas entre 2023 y 2026 por el Instituto Canario de Vivienda (Icavi), 900 no van a construirse por «pura incompetencia» y la «pésima gestión» del Ejecutivo regional.
En un comunicado, la parlamentaria ha advertido de que, «en total, más de 69 millones de euros han quedado sin ejecutar, muchos de ellos procedentes de fondos europeos, cuyo plazo límite para usar es el próximo 31 de agosto».
«Estamos ante el riesgo serio de perder más recursos porque el Ejecutivo de Clavijo tendrá que devolver a la Unión Europea los fondos que no se han empleado y con intereses, mientras miles de familias esperan una vivienda que nunca se inicia», ha manifestado la diputada.
Según Hernández, la principal causa de esta situación, «provocada por el Icavi», es «la falta de adecuación de los pliegos de licitación a la realidad del mercado con precios que no cubren los costes de materiales, mano de obra y maquinaria», dando como resultado que las empresas no se presenten y no se ejecuten las obras.
Y ha denunciado que «estos datos no son un hecho aislado ni un problema técnico puntual» que esta situación «agrava el mayor problema social que tiene hoy Canarias» y «demuestra una gestión incapaz de responder a una emergencia real».
Para NC-BC, la situación también es especialmente preocupante en el ámbito de la rehabilitación, donde más del 57 % de las convocadas (1.
050) han quedado desiertas (600) «a pesar de tratarse de actuaciones importantes para mejorar el parque público existente».
Hernández ha cuestionado «el boquete existente entre el discurso oficial de las dos derechas canarias gobernantes (CC y el PP) y los resultados visibles», al indicar que mientras el Gobierno «anuncia decretos, planes y nuevas fórmulas», la vivienda pública «sigue sin materializarse».
Según la diputada, las dos soluciones principales, entre otras, son «otro gobierno de Canarias que tenga la vivienda como una prioridad, en lugar de un negocio» y poner al frente del Icavi y de Visocan «a profesionales y expertos que gestionen con eficacia».
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