(Corrige una errata en el titular: «criterio político»)Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo de Gran Canaria respecto a la sentencia que tachó de discriminatoria su decisión de no incluir a Mogán en la segunda convocatoria de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan), y da la razón a que respondió a un «criterio político».
En una rueda de prensa celebrada este martes, la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha señalado que no es «justo» que la corporación insular haya dejado fuera a su ayuntamiento y también a Vega de San Mateo «de forma caprichosa, partidista y sectaria».
Y es que Bueno ha asegurado que el motivo detrás de la decisión de no incluirles en el reparto de los fondos del Fdcan obedece a que, en opinión del Cabildo, Mogán y San Mateo se «aliaron a CC en la primera convocatoria», correspondiente al periodo 2016-2019 y en la que ambos decidieron presentar sus proyectos al propio Gobierno en lugar de pasar por la corporación insular, «y por tanto teníamos que ser castigados».
Por ello, ha instado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, «a que se siente con el Ayuntamiento de Mogán para redefinir las cantidades y que los moganeros y los vegueros tengan las mismas posibilidades que el resto de los grancanarios».
Desde el Consistorio entienden que tendrían que abonarles alrededor de tres millones de euros en comparación con otros municipios de similar población, como Gáldar.
En su defensa del caso ante el TSJC, el Cabildo de Gran Canaria repitió los mimos argumentos que esgrimió en primera instancia.
Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC coincide con el Juzgado que vio en primer lugar el caso que existe «una quiebra del principio de igualdad» por parte del Cabildo en la percepción de los fondos, y una «discriminación» hacia esta corporación local.
Con esta sentencia en la mano, Onalia Bueno ha insistido en que no es posible «que los intereses ciudadanos estén a merced de cuestiones meramente políticas», y ha avanzado que espera que el Cabildo recurra esta sentencia en casación ante el Supremo, pero que confía en que le volverá a dar la razón.
Ello porque, a juicio de la alcaldesa de Mogán, los servicios jurídicos de la corporación insular «no tienen base jurídica alguna» para defender su posición.
Y es que, ha ahondado, el Cabildo solo tiene la intención de «dilatar el procedimiento todo el tiempo posible».
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