- El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias alerta de que la ley del silencio se está extendiendo entre algunos representantes públicos
- El catedrático subraya que el accidente de trenes en Urda exige una respuesta transparente
El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias y doctor en Ciencias de la Información y Sociología, Antonio Alarcó, subraya que la tragedia ferroviaria de Urda, con 69 víctimas mortales, exige una respuesta transparente, a la altura de su enorme gravedad, y advierte que “la omertá, conocida como la ley del silencio, no puede imponerse por parte de nuestros representantes públicos”.
Alarcó señala que “lo que está ocurriendo es cruel, infame y abyecto, especialmente para quienes han perdido a sus seres queridos. No podemos acostumbrarnos a que tragedias de esta magnitud se conviertan en una sucesión de explicaciones sin que se conozca toda la verdad».
El catedrático considera especialmente doloroso que, mientras se celebraba en Toledo la misa funeral por las víctimas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera en Manresa (Barcelona) grabando un pódcast con Jordi Wild. Una circunstancia que invita a reflexionar sobre la sensibilidad y la ejemplaridad que deben acompañar siempre a las responsabilidades públicas.
Asimismo, expresa su preocupación por el riesgo de que se imponga una “cultura del silencio”, una auténtica omertá institucional, en la que se eviten las preguntas, se diluyan las responsabilidades y no se facilite toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido.
En este sentido, Alarcó destaca la labor que están desarrollando los órganos judiciales, cuyos profesionales están actuando con rigor, independencia y sin ningún tipo de tapujos en el esclarecimiento de los hechos.
«La omertá es especialmente preocupante cuando el miedo, los intereses o las lealtades mal entendidas impiden que se conozca la verdad. El silencio no puede confundirse con prudencia, ni la protección de las instituciones puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a conocer lo ocurrido», subraya.
El adjunto primero de la Diputación del Común considera imprescindible investigar hasta el final las causas de la tragedia y determinar, con todas las garantías, las posibles responsabilidades técnicas, políticas y administrativas.
«Este gran país necesita recuperar la confianza en sus instituciones. La falta de preparación puede tener consecuencias irreparables y quienes asumen responsabilidades públicas deben estar a la altura de ellas», reitera.
Alarcó concluye reclamando mayores mecanismos de exigencia de responsabilidades, el estudio del delito sanitario y fórmulas constitucionales de inhabilitación ante actuaciones gravemente negligentes.


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