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  • Antonio Alarcó: “La omertá no puede imponerse tras las tragedias ferroviarias”

    Antonio Alarcó: “La omertá no puede imponerse tras las tragedias ferroviarias”

    • El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias alerta de que la ley del silencio se está extendiendo entre algunos representantes públicos
    • El catedrático subraya que el accidente de trenes en Urda exige una respuesta transparente

    El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias y doctor en Ciencias de la Información y Sociología, Antonio Alarcó, subraya que la tragedia ferroviaria de Urda, con 69 víctimas mortales, exige una respuesta transparente, a la altura de su enorme gravedad, y advierte que “la omertá, conocida como la ley del silencio, no puede imponerse por parte de nuestros representantes públicos”.

    Alarcó señala que “lo que está ocurriendo es cruel, infame y abyecto, especialmente para quienes han perdido a sus seres queridos. No podemos acostumbrarnos a que tragedias de esta magnitud se conviertan en una sucesión de explicaciones sin que se conozca toda la verdad».

    El catedrático considera especialmente doloroso que, mientras se celebraba en Toledo la misa funeral por las víctimas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera en Manresa (Barcelona) grabando un pódcast con Jordi Wild. Una circunstancia que invita a reflexionar sobre la sensibilidad y la ejemplaridad que deben acompañar siempre a las responsabilidades públicas.

    Asimismo, expresa su preocupación por el riesgo de que se imponga una “cultura del silencio”, una auténtica omertá institucional, en la que se eviten las preguntas, se diluyan las responsabilidades y no se facilite toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido.

    En este sentido, Alarcó destaca la labor que están desarrollando los órganos judiciales, cuyos profesionales están actuando con rigor, independencia y sin ningún tipo de tapujos en el esclarecimiento de los hechos.

    «La omertá es especialmente preocupante cuando el miedo, los intereses o las lealtades mal entendidas impiden que se conozca la verdad. El silencio no puede confundirse con prudencia, ni la protección de las instituciones puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a conocer lo ocurrido», subraya.

    El adjunto primero de la Diputación del Común considera imprescindible investigar hasta el final las causas de la tragedia y determinar, con todas las garantías, las posibles responsabilidades técnicas, políticas y administrativas.

    «Este gran país necesita recuperar la confianza en sus instituciones. La falta de preparación puede tener consecuencias irreparables y quienes asumen responsabilidades públicas deben estar a la altura de ellas», reitera.

    Alarcó concluye reclamando mayores mecanismos de exigencia de responsabilidades, el estudio del delito sanitario y fórmulas constitucionales de inhabilitación ante actuaciones gravemente negligentes.

  • Antonio Alarcó exige “neutralidad escrupulosa” de las instituciones públicas, al margen de intereses partidistas

    Antonio Alarcó exige “neutralidad escrupulosa” de las instituciones públicas, al margen de intereses partidistas

    El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias, Antonio Alarcó, exige “neutralidad escrupulosa” de las instituciones públicas y recuerda que éstas “deben actuar con absoluta imparcialidad, al servicio de todos los españoles y al margen de cualquier interés partidista o ideológico”.

    Alarcó señala que últimamente ha habido acontecimientos importantes donde esta norma no se ha cumplido, “habiendo creado una alarma social y de la que sus responsables están totalmente ajenos”.

    El catedrático recuerda que las instituciones públicas “son de todos y para todos los españoles, cuyas actuaciones deben regirse por la neutralidad y la defensa de los derechos de la ciudadanía, con independencia de su ideología”. En su opinión, quienes ocupan responsabilidades institucionales deben preservar la confianza pública y evitar actuaciones que puedan interpretarse como parte de la confrontación política.

    El catedrático considera que “las instituciones deben actuar con especial prudencia cuando un asunto se encuentra judicializado y respetar el marco normativo que regula sus competencias”. En este sentido, alude al reciente conflicto generado en torno a la ‘ley de nietos’ y defiende que las Administraciones “deben preservar su independencia y evitar cualquier actuación que pueda suscitar dudas sobre su neutralidad”.

    El adjunto primero de la Diputación del Común subraya además que la responsabilidad de quienes dirigen instituciones exige una especial ejemplaridad. “A alguien con la formación académica que se le supone y la experiencia que tiene se le debe exigir, más que a nadie, neutralidad”, afirma, a la vez que recalca “somos administradores temporales de lo público, no dueños”.

    Alarcó concluye que “la neutralidad institucional constituye una exigencia esencial para preservar la credibilidad de los organismos públicos y garantizar que actúen exclusivamente al servicio de los ciudadanos”.

  • Antonio Alarcó denuncia la inacción de la ministra de Sanidad en Ceuta

    Antonio Alarcó denuncia la inacción de la ministra de Sanidad en Ceuta

    El adjunto primero de la Diputación del Común de Canarias y doctor en Sociología, Antonio Alarcó, denuncia la inacción de la ministra y responsable de Sanidad en Ceuta, Mónica García, tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad el pasado 30 de julio.

    Alarcó recuerda que la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es competencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

    En este sentido, señala que este departamento no ha impulsado ningún plan de mejora en los últimos ocho años. Además, lamenta que, a pesar de las reiteradas quejas de los profesionales sanitarios, los representantes públicos y la propia ciudadanía ceutí, «desde el inicio de la crisis el Gobierno de España no ha hecho nada».

    El catedrático considera “insólito” que la ministra “no solo haya visitado Ceuta 15 días después de la entrada de manera irregular de más de 75.000 personas procedentes de Marruecos, sino que también niegue el auge en la transmisión de enfermedades y el consecuente colapso sanitario que se ha generado”.

    El Hospital Universitario de Ceuta trabaja con una elevada presión asistencial desde el inicio de la crisis migratoria, afrontando diariamente entre 300 y 400 urgencias. Además, los profesionales sanitarios confirman que hay pacientes con enfermedades graves como sífilis o tuberculosis que, en algunos casos han adquirido en sus lugares de origen o durante el proceso migratorio.

    “Los sanitarios están desbordados, y por si esto fuera poco, ahora tienen que hacer frente a presuntas amenazas y advertencias de posibles medidas disciplinarias contra ellos por mantener contacto con los medios de comunicación”, afirma.

    En opinión de Alarcó, se trata de “una evidente vulneración de los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios que deberían gozar de respeto y protección”, a la vez que muestra su solidaridad y reconocimiento a todas las personas que están haciendo frente a los problemas médicos y de salud pública existentes en Ceuta.

    Por otra parte, Alarcó critica que la ministra Mónica García haya recurrido a una empresa privada para externalizar determinados servicios sanitarios del INGESA en el Hospital Universitario de Ceuta “tras años criticando a la comunidad autónoma de Madrid por hacer exactamente lo mismo”.

    El adjunto primero de la Diputación del Común considera que esta situación evidencia la necesidad de reforzar los recursos humanos, materiales y asistenciales de la sanidad pública, especialmente ante situaciones excepcionales que pueden incrementar de forma significativa la demanda sanitaria.

    “¡Basta ya! La salud pública no entiende de fronteras ni de competencias políticas”, manifiesta Alarcó, que reclama al Ministerio de Sanidad “una respuesta inmediata, con una planificación adecuada y los recursos necesarios para garantizar una atención sanitaria digna y de calidad a todos los ciudadanos de Ceuta”.