Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha proclamado este martes que el borrador de una ley de vivienda asequible de la UE abre «una oportunidad única» para que en Canarias se pueda limitar la compra por parte de extranjeros no residentes en las islas.
«Algo impensable hace un año» y que invita a mirar «con esperanza» al futuro, ha proclamado Rodríguez en el pleno del Parlamento de Canarias, si bien ha admitido que en materia de vivienda no existe una sola medida que por sí sola resuelva la crisis habitacional.
En una comparecencia solicitada por su partido, Coalición Canaria, Pablo Rodríguez ha indicado que después de «tanto hablar» sobre esta cuestión en las islas «logramos el apoyo» de la administración central, y como «segundo logro» ha citado al reglamento de ley de vivienda asequible de la UE.
Ha repasado la agenda desplegada por el ejecutivo regional en distintas instancias comunitarias para «buscar una fórmula» que permita dicha limitación, consciente de que «estamos ante algo enormemente importante y con enormes dificultades».
Lo que plantea Canarias, ha ahondado el consejero, es que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece la posibilidad de adaptar las políticas comunes a las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP).
Ha detallado que el último hito de esta estrategia es la presentación de una serie de alegaciones a la futura ley de vivienda asequible de la UE, que espera contar con el respaldo del Ministerio de Exteriores.
Entre medias, ha subrayado el consejero, ha surgido «una nueva oportunidad» con uno de los llamados ‘decretos Maricarmen’ que CC apoyó a condición de que se tramitara como proyecto de ley para incluir estas restricciones.
Socorro Beato (CC) ha esgrimido que su partido no cuestiona que personas extranjeras «vengan a vivir y trabajar» a Canarias sino que está en contra de operaciones especulativas, y que, por tanto, no plantean el debate como «una confrontación entre extranjeros y canarios».
La diputada nacionalista ha hablado de un equilibrio necesario entre la actividad turística y el derecho de los canarios a desarrollar su proyecto de vida en su tierra, y ha interpretado el reglamento de ley de vivienda asequible como la confirmación de que Fernando Clavijo «estaba en la dirección correcta» pese a «las ofensas» que ha recibido y las críticas a sus «ocurrencias».
Melodie Mendoza (ASG) ha pedido «analizar con precisión» el tipo de operaciones de compraventa que se quieren limitar porque no todas las que realizan los extranjeros son para segundas residencias, y sobre el borrador del reglamento de la UE ha pedido «no confundir una posibilidad jurídica con una autorización ya concedida».
También ha puesto de relieve que estas restricciones «no van a resolver la crisis de vivienda por sí solas», y que se necesita construir más vivienda pública, aprovechar los inmuebles vacíos, incentivar el alquiler de larga duración y agilizar los procedimientos administrativos.
Paula Jover (Vox) se ha preguntado a quiénes se pretende limitar la compra de viviendas, si solo a extranjeros o a extranjeros no residentes, y bajo qué fórmula.
Carmen Hernández (NC) ha opinado que existen razones objetivas y de interés general para plantear una excepcionalidad en la libre circulación de personas y de capitales, pero ha augurado que desde Bruselas le preguntarán a Canarias si «ha hecho, dentro de sus competencias, todo lo que puede hacer» para enfrentar la emergencia habitacional.
Sucede que no se ha declarado ninguna zona tensionada, ni se ha movilizado la vivienda vacía, el plan de vivienda no da los resultados que debería ni se está prohibiendo la compra especulativa, ha enumerado Hernández.
Jennifer Curbelo (PP) ha indicado que existe «un diagnóstico claro: falta vivienda», y que la solución se debe enfocar en la agilización de la construcción, tanto pública como privada, y para ello «es absolutamente necesario que se liberalice suelo».
Patricia Hernández (PSOE) le ha pedido al consejero que mire para el socio de CC en el Gobierno de Canarias, el PP, que votó en contra de los ‘decretos Maricarmen’, y ha criticado su «intolerable confusión» entre Gobierno y partido.
También le ha recriminado a CC que pida restringir la compra a extranjeros no residentes y por otro lado fomente el acaparamiento de vivienda «por los mismos de siempre» a través de la habilitación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), y ha garantizado el apoyo del PSOE a que a través del ‘decreto Maricarmen’ se pongan trabas a la especulación.
Pablo Rodríguez ha agradecido a la diputada socialista por partida doble: primero, porque la modificación del REF para el uso del RIC para vivienda «fue gracias» a su partido, y segundo, porque «tienda la mano» a introducir limitaciones a la compra especulativa en el citado decreto si finalmente se aprueba en la diputación permanente del Congreso.
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