Santa Cruz de Tenerife, 15 jun (EFE).
– El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde ha acordado continuar una causa contra un empresario de El Hierro al apreciar indicios de un presunto delito de revelación de secretos por la difusión de datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo insular, María del Mar Suárez Armas.
En un auto dictado el pasado 3 de junio y hecho público este lunes, el juez Antonio Mazuecos considera que existen «sólidos indicios de criminalidad» y da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
Según recoge la resolución, y como también ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una nota de prensa, la consejera aportó un informe médico a un procedimiento judicial previo relacionado con una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias.
Posteriormente, el investigado recibió copia de esa documentación y la incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro en la que reclamaba la dimisión de la responsable insular.
El auto sostiene de forma indiciaria que el empresario presentó esa documentación ante la administración insular «dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante», información que, según el juzgado, no era conocida en su entorno laboral y cuya difusión le habría causado un «enorme perjuicio personal y laboral».
Durante la investigación declararon la denunciante y varios trabajadores del Cabildo que tuvieron conocimiento de la existencia del informe médico incorporado al expediente administrativo.
El juez señala que entre nueve y quince empleados públicos pudieron tener acceso potencial a esa documentación y que varias de esas personas desconocían previamente las patologías reflejadas en el informe.
La investigación incorporó además diligencias tecnológicas para determinar el origen del registro electrónico mediante el que se remitió la documentación.
Según el auto, la solicitud fue presentada desde una dirección IP asociada al investigado, circunstancia que refuerza su vinculación con los hechos investigados.
En sus conclusiones provisionales, el magistrado considera que existen indicios racionales de que el empresario obtuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud de la perjudicada y posteriormente los comunicó o difundió a terceros sin autorización, lo que facilitó el acceso de diversas personas a información perteneciente a su intimidad personal.
Por ello, el juez ha acordado continuar la tramitación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 197, apartados 2, 3 y 5 del Código Penal.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el propio juzgado.
EFEcmg/asd