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PUERTO REAL (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz han desarrollado dos operaciones en la madrugada de este martes contra organizaciones que se dedican a la narcologística en los términos municipales de Rota y Puerto Real, donde se ha detenido a seis personas e intervenido 302 petacas, cuatro embarcaciones y una furgoneta.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, en la intervención desarrollada en Rota los agentes sorprendieron a cuatro personas cuando preparaban cuatro embarcaciones y 135 petacas, mientras que en la intervención de Puerto Real sorprendieron a dos personas a bordo de una furgoneta, en la que se almacenaban 167 petacas de gasolina, a la espera de poder suministrar a las embarcaciones de alta velocidad.

A los detenidos se les imputa un delito de tenencia de sustancias explosivas tras intervenir de 7.550 litros destinadas a abastecer a las embarcaciones.

La primera de las actuaciones tuvo lugar sobre las 3,15 horas cuando patrullas de servicio del Puesto Principal de Chiclana detectaron la presencia de varias embarcaciones de las usadas habitualmente para el suministro de combustible de narcolanchas en la zona del caño Zurraque, organizándose un dispositivo de cierre en la zona.

Durante el desarrollo del dispositivo los guardias civiles localizaron una furgoneta en la vía de servicio paralela a la autovía A-4, siendo interceptada la misma a la altura de la salida 666, en el término municipal de Puerto Real. En el interior se almacenaban un total de 167 petacas de combustible, por lo que de manera inmediata se detuvo al conductor y al acompañante como presuntos autores de un delito de tenencia de sustancias explosivas, interviniendo de igual manera la furgoneta utilizada para el transporte.

El segundo de los operativos tuvo lugar cuando patrullas del Puesto de Rota sorprendieron a cuatro personas que preparaban sendas embarcaciones para el repostaje de las narcolanchas, siendo detenidas todas las personas presentes en el repostaje, con un total de 135 las petacas de combustible las incautadas. Además, se intervinieron las cuatro embarcaciones.

MÉRIDA 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un hombre de 32 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes cerca de la localidad pacense de Cabeza del Buey.

En el siniestro ha consistido en una colisión entre dos vehículos, y asimismo ha resultado herido otro varón de 82 años con heridas leves, que ha sido trasladado al Hospital de Talarrubias, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

El siniestro se ha producido sobre las 19,45 horas en el kilómetro 1 de la carretera Ex-322, hasta donde se desplazaron los servicios de emergencias.

ACCIDENTE EN MONESTERIO

Por otro lado, se ha producido una colisión por alcance entre dos camiones en la A-66 a la altura de Monesterio, a las 20,00 horas, que ha dejado un herido menos grave con policontusiones, un hombre de 52 años que ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un total de 28 migrantes han sido rescatados durante la madrugada de este martes tras llegar en dos pateras a Baleares, la primera con seis personas a Ibiza, y la segunda con 22 a la isla de Mallorca, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 0.40 horas, la Guardia Civil del Puesto de Santa Eulalia y Salvamento Marítimo han procedido al rescate de un total de 6 personas de origen magrebí, a 10 millas naúticas al este de Ibiza.

Algo más tarde, a las 3.50 horas, se ha procedido a la interceptación de un total de 22 personas de origen subsahariano, en la zona de Puig de Ros, en la localidad de Llucmajor y en la isla de Mallorca. Han intervenido la Guardia Civil de los puestos de Llucmajor, Calvià y Campos.

Es la cuarta reforma del Reglamento de la Cámara que impulsa en lo que va de legislatura, una de las cuales lleva varada más de un año

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

El PSOE llevará este martes al Pleno del Congreso una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso en la que incluye un régimen sancionador para los diputados que incumplan las previsiones reglamentarias y, especialmente para los que falseen sus declaraciones de bienes, actividades o intereses económicos o no cumplan con el Código de Conducta de las Cortes, por ejemplo, eludiendo publicar sus agendas o sus interacciones con grupos de interés.

Esta es la cuarta propuesta de modificación de las normas del Congreso que impulsa el PSOE en lo que va de legislatura. La primera fue la que reguló el uso de lenguas cooficiales en la institución y desde hace un año está varada otra para reescribir el Reglamento en lenguaje incluso de género. Los grupos registraron sus enmiendas a esta propuesta en abril de 2024, pero aún no se ha convocado la ponencia para discutirla.

Y hace tres semanas, el Pleno aceptó tramitar otra reforma reglamentaria para que se pueda sancionar a periodistas acreditados que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara y para ampliar los casos en los que sus señorías pueden solicitar el voto telemático.

La nueva reforma que plantea el PSOE, recogida por Europa Press, contempla que se pueda actuar contra los diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones que fija el Reglamento y el Código de Conducta de las Cortes Generales y, en particular contra quienes no presenten las declaraciones de bienes, actividades intereses económicos, omitan información en las mismas o consignen datos falsos.

APERCIBIMIENTO O RETIRADA DE PLUSES

Los incumplimientos o infracciones podrán ser denunciados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o una comisión o la Secretaría General de la cámara ante la Comisión del Estatutos de los Diputados, que decidirá si abre o no procedimiento. Si opta por no abrirlo deberá informar a la Mesa del Congreso, que tendrá un mes para revocar la decisión.

Si ve motivos para investigar, tendrá que dar audiencia al denunciado, practicar las pruebas pertinentes y concluir su instrucción en el plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad de los hechos, podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida hasta la retirada de cargos y complementos salariales.

La decisión final sobre la sanción la adoptará el Pleno del Congreso, de optarse por la más fuerte, un diputado podría quedarse solo cobrando su asignación constitucional.

REGULAR LOBBIES, PERO EXIMIENDO A PATRONALES Y SINDICATOS

La reforma, que el PSOE enmarca en el Plan de Regeneración Democrática del Gobierno, consiste en la inclusión de nuevo título en el Reglamento relativo a los grupos de interés y define como actividad de influencia toda comunicación, directa o indirecta, con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los grupos parlamentarios, que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias.

Eso sí, en consonancia con la ley para regular los lobbies en general presentada por el Gobierno, no serán considerados como tales en el ámbito parlamentario los partidos políticos, las administraciones, el sector público institucional, las corporaciones de derecho público, los organismos organizaciones y autoridades públicas internacionales, ni las organizaciones sindicales y empresariales. Todas ellas podrán relacionarse con el Congreso sin estar inscritas en ningún registro.

En todo caso los diputados y grupos que mantengan cualquier tipo de interlocución con las corporaciones de derecho público, y las representaciones diplomáticas de Estados extranjeros y organizaciones internacionales, tendrán que publicitarlas y sus propuestas constatarán en los informes de huella legislativa.

Se establece una lista de principios que deben regir la labor de estos –inspirado por la OCDE– y estos deberán inscribirse en un registro específico cuyo contenido se publicará en la página web del Congreso de los Diputados, donde también se dará publicidad al contenido de sus interacciones presenciales o telemáticas con los miembros del Congreso, los empleados públicos de la Cámara o el personal al servicio de los grupos parlamentarios.

Se difundirá, en todo caso, la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia. Los diputados y diputadas o grupos parlamentarios podrán incluir las observaciones que estimen oportunas, especifica la proposición de ley.

Además, en la tramitación de cada iniciativa legislativa se elaborará por los servicios de la Cámara un Informe de huella legislativa, que será público y en el que quedarán reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento. Los diputados deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés y entregar los documentos relacionados con ellas. Asimismo, al registrar una iniciativa se deberá comunicar si tiene su origen en un grupo de interés.

SANCIONES PARA LOBBISTAS

La reforma también prevé un régimen sancionador para los grupos de interés con castigos que van desde apercibimiento a la suspensión del registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de inscribirse, si bien algunas estas sanciones podrán ser revisadas por la Mesa del Congreso cuando haya transcurrido un año desde su imposición.

Se podrá sancionar, por ejemplo a quienes actúen como lobby sin estar inscritos como tales, a quienes declaren que representan a un interés diferente del que efectivamente defienden, difundan información de carácter confidencial, secreto o reservado, obtengan información propia de un procedimiento legislativo mediante falsedad de cualquier clase, incurran en un conflicto de interés o se valgan de uno en el que pueda incurrir un miembro de la Cámara.

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha cerrado filas este lunes para defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser procesado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado se basa en la filtración del email donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar, asumiendo que García Ortiz lo filtró a la Cadena SER para ganar el relato. Todo ello, dice, siguiendo indicaciones del Gobierno. Asimismo, Hurtado ha procesado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez por la misma causa.

El auto, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal (417, puntos 1 y 2) que podría suponer penas de cárcel de hasta 4 años y 5 de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación.

La decisión del procesamiento ha tenido lugar esta mañana, ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado mes de octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.

Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.

No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.

SEGÚN HURTADO, GARCÍA ORTIZ ACTUÓ POR INDICACIONES DEL GOBIERNO

En su relato de hechos, Hurtado explica que, para llegar hasta ese email, García Ortiz entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, incluida Rodríguez, quien finalmente consiguió del fiscal del caso, Julián Salto, la cadena completa de emails y se la reenvió a las 21.59 horas a García Ortiz, para preparar una respuesta y dejar bien claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto.

Todo ello, señala el TS, con la finalidad de ganar el relato a esa información (de El Mundo) por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo.

De hecho, funda el procesamiento de Rodríguez en su participación en esas horas para recabar el email de Salto porque sabía que una vez conseguidos todos los correos electrónicos con la defensa de González Amador tendrían un uso ajeno a los fines propios del proceso penal para el que fueron creados, porque su finalidad era elaborar una nota para desmentir una información.

No obstante, valora de Rodríguez que, a diferencia de García Ortiz, conservó el contenido de su teléfono. Hurtado reprocha al fiscal general que efectuara un borrado de sus dispositivos móviles y de su cuenta personal de Gmail, algo que ve como un indicio más porque con ello quedó frustrada parte de la investigación.

El instructor insiste en que García Ortiz actuó de esta forma en las horas clave a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno. En este sentido, apunta que, paralelamente a esos frenéticos contactos, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el corre de 2 de febrero, se envió copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual número dos de los socialistas madrileños.

BOLAÑOS NIEGA INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIA AL FISCAL

Frente al anuncio del procesamiento, varios ministros han salido a defender públicamente a García Ortiz. En primer lugar, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que es compatible que el fiscal general continúe con el cargo a pesar de haber sido procesado, reiterando así que sigue contando con la confianza del Gobierno y que en ningún caso pedirá su dimisión.

Además, Bolaños ha negado rotunda y categóricamente que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal en el caso que afecta a González Amador, y lamenta que el Supremo haga esta afirmación, a su juicio, sin pruebas.

Así, ha expresado la confianza plena del Ejecutivo en el fiscal porque, afirma, es habitual que delincuentes presuntos que se ven sometidas a procesos penales arremetan contra los fiscales. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito, ha insistido.

TORRES: AL FINAL, LA VERDAD RELUCIRÁ

Previamente se había manifestado al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también ha afirmado que el Gobierno mantiene la confianza en García Ortiz, y descarta que tenga que dimitir.

Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la presunción de inocencia del fiscal, así como los pasos de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido exoneradas, según ha indicado en declaraciones al programa Mañaneros de Televisión Española.

Además, ha negado que el Gobierno diese estas órdenes y advierte de que cuando se hace una acusación de este tipo deben aportarse pruebas que a su juicio no hay. Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay, ha indicado.

Así, ha defendido que por el momento no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado, considerando que esta presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final.

Con ello, ha sostenido que conoce muchísimos casos de compañeros del PSOE y de otros partidos que han pasado por procesos judiciales y finalmente las causas han quedado en nada y se ha mostrado convencido de que va a salir a relucir toda la verdad en la nueva fase del proceso judicial que empieza ahora, una vez terminada la instrucción. Al final, la verdad relucirá, ha rematado.

PUENTE CALIFICA AL SUPREMO COMO LA OPOSICIÓN REAL

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha dicho al respecto que la oposición real sale a arreglar todos los desaguisados del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el desastre de manifestación contra el Gobierno de este domingo.

La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal, ha expresado el ministro socialista en un mensaje en la red social X.

Por último, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla el trabajo extraordinario que está realizando el fiscal general, donde ha expresado su respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales y también al trabajo extraordinario que está realizando el fiscal general del Estado.

La víctima sufrió numerosas lesiones en la cabeza y un traumatismo craneoncefálico

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a seis jóvenes, de entre 14 y 17 años, como presuntos autores de un delito de lesiones graves tras supuestamente agredir a un alumno a la salida del colegio. La víctima sufrió numerosas lesiones en la cabeza y un traumatismo craneoencefálico.

La investigación, asumida por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, se inició el pasado 14 de abril como consecuencia de una grave agresión ocurrida en las inmediaciones de un colegio en el distrito de Marítim de València.

Según las informaciones obtenidas, alrededor de diez jóvenes, cubiertos con capuchas, esperaron en las puertas del centro escolar a que saliera un alumno. Al identificar a la víctima, se abalanzaron sobre él para acometerle con palos, algunos con clavos, así como propinarle puñetazos, según ha informado la Policía en un comunicado.

Además, los presuntos agresores le lanzaron expositores de un comercio cercano. La víctima, que sufrió múltiples lesiones en la cabeza, incluido un traumatismo craneoencefálico, y precisó de siete puntos de sutura para su recuperación, logró refugiarse en el interior de un estanco próximo.

INVESTIGADOS POR ORTO INCIDENTE

Las labores de investigación efectuadas por la Policía Nacional, permitieron averiguar que este grupo juvenil ya había sido objeto de investigación por un incidente anterior producido en febrero, en el que amenazaron a otro estudiante de un centro escolar distinto.

Fruto de las pesquisas, los investigadores lograron identificar y detener a seis jóvenes, menores de edad, el pasado 4 de junio, como presuntos autores de un delito de lesiones graves. Los arrestados, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Valencia. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha censurado este lunes, en su nombre y en el de la dirección del partido, los comentarios de la exsecretaria general de la organización María Dolores de Cospedal en los que hablaba matar al fiscal José Grinda.

A Grinda hay que matarlo, afirma Cospedal en la grabación difundida este lunes por el diario El País correspondiente a una conversación de 2017 entre la también ministra de Defensa y el comisario José Manuel Villarejo, que estaba en el pendrive que la exmilitante socialista Leire Díez entregó la semana pasada en la sede del PSOE y que se enviaron a Fiscalía.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido se le ha preguntado a Sémper si la dirección del PP enmarca la conversación difundida este lunes en las denominadas cloacas del Estado, en las que, previamente, acababa de situar al PSOE.

Ni este portavoz ni esta dirección va a justificar nunca ese tipo de comportamientos, ha dicho, recalcando además que se habrían producido hace siete u ocho años. Y, en todo caso, lo contrasta con lo que se está produciendo en tiempo real, en referencia a los casos de corrupción que afectan al Gobierno: Las diferencias son abismales.

Sémper ha apuntado que él no es del PSOE y que por eso puede decir que quien cometido un delito o haya dicho palabras altisonantes le merecen la misma consideración, sean del partido que sean. Nuestra valoración de la realidad, no es asimétrica, ha apostillado.

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un hombre de 40 años ha muerto este lunes en un accidente de tráfico en Sant Llorenç (Mallorca) tras chocar la moto que conducía contra un coche.

Según la información facilitada por el SAMU, el siniestro ha tenido lugar sobre las 12.40 horas en el término de esta localidad mallorquina.

Ha sido a esa hora cuando se ha recibido el aviso de un motorista inconsciente tras chocar contra un vehículo. La víctima sangraba abundantemente a través del casco y se han iniciado maniobras de resucitación.

Hasta el lugar se han desplazado policía y Guardia Civil, así como una UVI móvil y un médico de la Unidad Básica de Salud de Sant Llorenç. A su llegada, los sanitarios han constatado que la víctima presentaba signos incompatibles con la vida.

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este lunes la salida del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgarlo por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones, ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, que ha recogido Europa Press, pocos minutos después de conocer la decisión del Supremo.

En concreto, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, basándose principalmente en la filtración del email donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar. Además, insiste en afirmar que actuó por indicaciones de Presidencia del Gobierno.

La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y descarta que tenga que dimitir, después de que el Tribunal Supremo haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos.

Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la presunción de inocencia del fiscal así como los pasos de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido exoneradas, según ha indicado en declaraciones al programa Mañaneros de Televisión Española.

Al ser preguntado sobre si es sostenible que haya un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, defiende que por el momento no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado. Por tanto considera que esta presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final.