MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Hay diez detenidos en distintas provincias españolas y el presunto cabecilla de la red estaba afincado en Málaga.
Según han informado desde la Policía Nacional en una nota, la llamada operación Capibara ha permitido destapar un complejo entramado societario, supuestamente liderado por un principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros.
De las diez personas detenidas por su presunta responsabilidad en delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal seis fueron arrestadas en la provincia de Málaga, y los otros cuatro en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias.
Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga, con colaboración de la Agencia Tributaria en auxilio judicial, iniciaron a principios de año una investigación en la que, aunando la información de carácter fiscal, financiero y policial, se detectó la comisión de un fraude en materia de IVA en el sector de hidrocarburos que superaba los 12 millones de euros.
Supuestamente, tras este fraude millonario se situaba una compleja red societaria del sector de hidrocarburos con domicilio social en Málaga que, tras la correspondiente comercialización al por mayor de gasóleo, defraudaría grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía han indicado que presuntamente el modus operandi empleado por la organización criminal siempre se repetía en el tiempo, beneficiándose de ciertos resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos. Continuando con las averiguaciones, los investigadores constataron cómo los sospechosos operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor.
El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal –mayorista de hidrocarburos–, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Más tarde, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, solicitando un aplazamiento de pago.
Todo ello –señalan en la nota– sin que se dieran los requisitos a nivel legal necesarios para tal solicitud y con la intención desde un primer momento de no ingresar la cantidad adeudada en Hacienda. Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa, un total de nueve empresas dedicadas al sector de hidrocarburos que giraban en torno a la estafa.
Gracias a la investigación se recogieron evidencias que se trataría de un entramado de empresas controladas por una única persona, la cual se valía de personas interpuestas como administradores de las mismas.
Asimismo, desde otra perspectiva, la apropiación de las cuotas de IVA por la organización permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes, produciéndose con ello una competencia desleal.
Finalmente, el pasado 8 de julio, y bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se practicó de forma coordinada en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya la explotación de la operación, que se saldó con diez personas detenidas, la intervención de 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.
A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los diez millones de euros y respecto de los que se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
