MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) –
Tragsa, la Comunidad de Madrid y el comité de empresa de las Brigadas Forestales que ejercen en la región contratados por la empresa pública mantendrán este jueves la primera reunión a tres bandas desde el inicio de la huelga indefinida para intentar buscar soluciones al conflicto laboral de estos trabajadores.
Las tres partes han sido convocadas a las 11.00 horas en las instalaciones de Tragsa en Leganés para abordar las reivindicaciones de este colectivo de trabajadores, contratado por la empresa pública tras recibir un encargo en 2022 de la Comunidad de Madrid y que expira en diciembre.
Una cita a tres a la que el comité de empresa de los trabajadores —formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT– acude con la esperanza de poder avanzar en mejoras laborales pero también con mucha cautela.
Somos cautelosos, entendemos que es una primera toma de contacto, ha apuntado a Europa Press Julio Chana, miembro del comité de empresa por CGT, sobre la que es la primera cita entre las tres partes en seis meses de reivindicaciones por parte de los trabajadores.
Su compañero Rafael Fernández, de UGT, ha asegurado que están expectantes al desconocer qué es lo que puede plantear en esta reunión la empresa Tragsa –cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda–.
Entendemos que en esta reunión hay todavía mucho de qué hablar, esperemos que mucho que acordar, y que sea el inicio de la apertura de una mesa negociadora, que empecemos a acercar acuerdos entre todos, sobre todo que sean beneficiosos para todo el servicio de bomberos forestales y por ende a toda la ciudadanía, ha dicho en declaraciones a Europa Press.
Aunque están esperanzados en poder avanzar en sus reivindicaciones, también exigen compromisos y certezas firmes y no promesas. La línea roja es que necesitamos acuerdos firmados, ha apuntado Chana.
Desde la Comunidad de Madrid, que ya había propuesto esa mesa negociadora a tres bandas y ve justas las reivindicaciones laborales, también se han mostrado esperanzados con el resultado que pueda tener la reunión cuya celebración, en cualquier caso, ven positiva. Toda la esperanza puesta, ha dicho este miércoles el propio consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.
El Gobierno regional ya ha confirmado a Tragsa su intención de renovar el encargo para las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.
El nuevo, que entraría en vigor en 2026, incluirá mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros para llegar a un total por encima de los 32 millones anuales, así como la consolidación de más de 425 efectivos que van a estar durante todo el año, de modo que se acabará con las contrataciones eventuales a partir de mayo del próximo año.
También, incluso, mejorarles algunos de los complementos por su actuación en inclemencias meteorológicas, ha indicado el consejero, que en cualquier caso subraya que hay margen de mejora.
En cualquier caso, tanto Comunidad como Tragsa se mantienen enrocadas sus posturas en cuanto a quién es competente para plasmar esas mejoras. El Gobierno regional defiende que no puede negociar estas mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal y como señala un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo. En concreto, en el mismo, consultado por Europa Press, se recoge que, aunque Tragsa no está legitimada para negociar este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar su propio convenio de empresa.
En concreto, los efectivos de las Brigadas Forestales de Madrid se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, un convenio colectivo sectorial autonómico sobre el que, según Tragsa, no está legitimada para la negociación.
Según explicó recientemente el propio presidente de Tragsa, Jesús Casas, con el encargo de 2022 la empresa pública se hizo cargo de este servicio en la región, subrogándolo con el convenio que existía en la Comunidad de Madrid y con el personal que ya existía. En cualquier caso, desde Tragsa han ha subrayado que si se incluyen mejoras laborales en el nuevo encargo, las aplicará.
Entre las propuestas planteadas en las últimas semanas, el comité de empresa ya ha trasladado su rechazo claro a la posibilidad de acogerse al convenio de la empresa pública para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) estatales. Pese a que la Comunidad considera que es perfectamente legal, los trabajadores creen que claramente no es una opción y generaría inseguridad jurídica.
REIVINDICACIONES
El comité de empresa denuncia la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclama mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008.
Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor –no están protegidos ante agentes cancerígenos–, y acabar con la temporalidad –el 40% de la plantilla está cuatro meses al año–.
También demandan mejoras en unas bases que llevan 20 años de abandono o que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, algo que no hace la Comunidad de Madrid.
Se trata de unos 500 bomberos forestales –unos 350 en temporada baja– que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid pero son contratados por la empresa pública Tragsa.
