El PSOE llevará a votación una propuesta exigiendo una fiscalización especial de la fundación de Vox que preside Abascal
MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) –
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará este martes ante la comisión mixta (Congreso-Senado) los informes de fiscalización sobre los gastos de campaña de los partidos en las elecciones generales de julio de 2023 y en las europeas de 2024, en los que hubo reconvenciones a varias formaciones, entre ellas Vox, Junts y Se Acabó la Fiesta (SALF) de Luis Alvise Fernández.
En su informe sobre las últimas generales, el Tribunal de Cuentas propuso al Ministerio del Interior recortar en 208.299,26 euros las subvenciones por los gastos de campaña declarados por los partidos políticos al observar irregularidades o deficiencias en su justificación.
Esa reducción afectaba a seis de los partidos que concurrieron a los comicios: el PSOE (7.139,98 euros) y el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86), UPN (11.261,46), Vox (3.915,70) y Junts, que encabeza la lista con 178.508,41 euros.
JUNTS TARDÓ MESES EN PAGAR A SUS PROVEEDORES
En el caso del partido independentista de Carles Puigdemont, se le penaliza por superar el plazo de 90 días que tenía para pagar a sus proveedores un total de 1.785.084,06 euros, lo que supone un incumplimiento de la ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG). Junts copa los 1,99 millones pagados fuera de plazo por los partidos a sus proveedores. El recorte de subvención es el 10% de lo que pagó con retraso.
El mismo problema se repitió en la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones europeas del año siguiente, en el que se propuso recortar en otros 82.000 euros las subvenciones que pedía la formación independentista.
Ese informa de las europeos debía haber sido el primero en el que se analizaran las cuentas de la agrupación electoral del eurodiputado Alvise, pero no hubo manera porque SALF declinó presentar su contabilidad, incumpliendo lo previsto en la ley.
ALVISE SE NEGÓ A DAR CUENTA DE SU FINANCIACIÓN
Al no haber recibido papel alguno de SALF, el Tribunal de Cuentas no pudo dirimir si su financiación respetó o no los límites establecidos o las prohibiciones de donaciones que establece la legislación que se aplica a los partidos políticos.
Así las cosas, el fiscalizador comunicó a Interior que, a la vista de que SALF no presenta su contabilidad, no se le debe abonar ningún tipo de subvención pública a la que tuviera derecho. Y eso que, conforme a sus resultados, podría haber recibido 97.526,22 euros por sus tres escaños y a más de 864.000 euros por los votos cosechados, lo que suponía una cifra superior al millón de euros.
En cuanto a Vox, el Tribunal de Cuentas avisó en los dos informes de fiscalización que el banco húngaro que usó para financiar sus campañas electorales incumple la obligación de enviar al fiscalizador una comunicación detallada de la operación para certificar que cumple la legislación española.
IMPOSIBLE SABER SI EL BANCO HÚNGARO CUMPLE LA LEY
En su informe de las elecciones europeas de junio de 2024, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señaló que Vox, para sufragar sus gastos de campaña, recibió un crédito de siete millones de euros (6.594.956 euros tras la retención de 405.044 euros en concepto de depósito) del banco húngaro MBH Bank Nyrt, relacionado con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, socio parlamentario de Vox en Estrasburgo.
Y en la campaña de las generales de 2023, el partido de Abascal declaró haber usado seis millones de euros de un crédito de 6,5 millones concertado con la misma entidad financiera.
Pero, en ambos procesos electorales, el banco húngaro incumplió el artículo 133.3 de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) que le obligaba a enviar al tribunal noticia detallada del crédito entre los 100 y 125 días posteriores a los comicios, cosa que no hizo.
Al no tener noticias del banco húngaro, el Tribunal avisa de que no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras.
Y es que la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe expresamente en su artículo 7.2 aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos.
TODO DEPENDE DEL PP
Este crédito fue uno de los elementos que usó el PSOE para presentar una denuncia contra Vox ante la fiscalía, que la archivó, pero en todo caso los socialistas van a defender este martes en la misma Comisión Mixta una propuesta para que el Tribunal realice una fiscalización especial sobre la Fundación Disenso que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, en los últimos cinco ejercicios, de 2020 a 2025.
Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, aun siendo organizaciones privadas, ya son objeto de una fiscalización anual por parte del Tribunal de Cuentas en la medida que reciben financiación pública.
En el último examen ordinario, relativo al ejercicio de 2020, el año de su creación, la Fundación Disenso declaró haber recibido 370.000 euros de Vox, sin obtener subvenciones publicas y, según el Tribunal, acabó el ejercicio con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros.
Lo que pide el PSOE es que el Tribunal de Cuentas realice con urgencia un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación de Vox en el periodo 2020-2025, analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación, según consta en el escrito recogido por Europa Press.
La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer forrarse. Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.
La decisión final, que se producirá en medio de la campaña electoral extremeña, estará en manos del PP, que es el grupo mayoritario en la comisión y cuyo voto será decisivo.
