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GRANADA 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

Cerca de una decena de personas han resultado afectadas, una de ellas de carácter grave tras incendiarse esta madrugada un piso en la localidad granadina de Alhendín, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 recibió el primero de varios avisos sobre las 5,10 horas, los ciudadanos que pidieron ayuda indicaban que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra y varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones. Inmediatamente, la entidad coordinadora de emergencias activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A su llegada, los operativos de emergencia han confirmado que al menos una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración en este suceso, una de ellas una mujer que presenta heridas de gravedad. Todos han sido ya evacuados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores.

Las mismas fuentes han explicado que una veintena de personas han tenido que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones donde se habían refugiado del incendio.

Desde 2019 se han acometido obras en más de 350 comisarías y cuarteles de Policía y Guardia Civil

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El PP ha vuelto a reclamar en el Congreso el detalle de las empresas que están detrás de las obras en dependencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, una etapa en la que este departamento ha lanzado un Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se queja de que no ha obtenido hasta ahora respuesta y que, por esta razón, con fecha de 8 de enero ha vuelto a registrar una petición para que el Ministerio del Interior aporte información sobre las obras en comandancias de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional.

¿Cuál es el importe de las obras realizadas en los cuarteles, comandancias y comisarías de cada una de las provincias de España, detallando el importe de dichas obras y la empresa que las ha realizado desde el año 2018 hasta la actualidad?, reza el enunciado de la pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

INVERSIONES DE 1.000 MILLONES

En sus comparecencias parlamentarias e inauguraciones de dependencias policiales, el ministro Fernando Grande-Marlaska suele hacer referencia de forma recurrente al Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, iniciado en 2019, señalando que ha supuesto una inversión de 600 millones de euros, a los que se han sumado 400 millones más en obras de eficiencia energética.

Interior está ultimando un segundo plan de infraestructuras, que hasta la fecha acumula 466 mejoras en dependencias, incluyendo tanto policiales como de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Tráfico (DGT) o la Secretaría de Estado de Seguridad.

Desde 2019 se han llevado a cabo obras en al menos 180 instalaciones de la Policía Nacional y en otras 173 en el caso de la Guardia Civil de todas las provincias españolas, según los datos publicados en la web del Ministerio del Interior.

Entre las últimas inauguraciones figura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) o el de Utrillas (Teruel), así como la comisaría provincial de la Policía en Vitoria (Álava) o la reforma integral del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria).

La Comunidad de Madrid acumula 252 millones para mejoras en 93 instalaciones relacionadas con la seguridad del Estado y Andalucía 139 millones relativos a 69 obras.

Interior ha invertido 47 millones en la Comunitat Valenciana y 22 millones en Cataluña, gracias a un plan que también se extiende a Melilla (21 millones) o Ceuta (16 millones) y que incluye reformas de dependencias y también mejoras en la eficiencia energética.

En esta reunión, en plena precampaña aragonesa, los populares quieren trazar los ejes del modelo que Feijóo aprobará si gobierna

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este domingo en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes populares.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Todas las CCAA –salvo Cataluña– expresaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno por entender que nace viciado por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo, que ha acusado a Sánchez de jugar con la igualdad de los españoles, ya ha avanzado que llevará el rechazo de las CCAA a la reunión que tiene el próximo lunes en Moncloa con el jefe del Ejecutivo por entender que el sistema no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo. Seré altavoz de lo que es justo. No se puede seguir adelante con esto, dijo el pasado jueves.

EL PP DICE QUE, EN CASO DE APROBARSE, LO DEROGARÁ SI GOBIERNA

El PP considera que el nuevo sistema que intenta imponer el Gobierno orilla el consenso y supone una deslealtad institucional y una traición a los españoles. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha negado que haya privilegio o trato de favor a Cataluña con el nuevo modelo y ha subrayado que las comunidades van a poder optar por no aplicar el nuevo sistema. El que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema, dijo este miércoles.

Aunque las CCAA del PP han expresado su rechazo en bloque al nuevo sistema, han evitado aclarar en este momento si se acogerán a él en caso de ser aprobado y se limitan a señalar que el Gobierno no tiene los votos para que salga adelante en el Congreso. Por lo pronto, Junts ha expresado su rechazo al nuevo modelo asegurando que su opción es un concierto económico.

En cualquier caso, fuentes de Génova ya avisan que si llegara a aprobarse, será derogado cuando Feijóo gobierne. De hecho, el PP ha avanzado que presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en el plazo de un año si llega al Palacio de la Moncloa, en línea con las bases que ya se recogen en la declaración que el líder del PP y sus presidentes autonómicos firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana (Madrid).

ACTUALIZAR EL DOCUMENTO QUE FEIJÓO Y SUS BARONES FIRMARON EN 2024

En aquel texto, los populares reclamaban una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno y negociar la financiación en foros multilaterales renunciando a caer en la bilateralidad tramposa y las subastas del Gobierno de Pedro Sánchez. Todos a una, proclamó Feijóo entonces ante sus presidentes autonómicos tras rubricar esa declaración, que quieren actualizar en Zaragoza.

Además, el PP ya esbozó los ejes de su propuesta de financiación en la carta que los consejeros de Hacienda mandaron a Montero en febrero de 2024, en medio del debate abierto entonces para condonar la deuda. Ahí, las CCAA del PP ya pedían ampliar el montante económico total del sistema de financiación, como se hizo en las reformas de 1997 y 2001, máxime cuando el coste de los servicios públicos ha crecido.

En ese documento de hace casi un año, el PP también solicitaba la creación de un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las CCAA y garantizar una verdadera cogobernanza de los fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la UE. Asimismo, las autonomías del PP pedían blindar el respeto a la autonomía fiscal de las CCAA y condenaban la artimaña de la bilateralidad con los separatistas.

En Zaragoza, el líder del PP y sus presidentes visualizarán en una foto su rechazo a la propuesta de financiación del Gobierno, un mal modelo que supone la firma del principio de desigualdad e insolidaridad, según los populares.

Ese encuentro de Feijóo con sus presidentes se produce en plena precampaña electoral aragonesa, dado que el día 8 de febrero hay convocadas elecciones autonómicas. El popular Jorge Azcón, que opta a la reelección, competirá con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, entre otros candidatos.

Inspección Educativa se persona en el centro para recabar información

TOLEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

Padres y madres de alumnos de 3º de Primaria del CEIP Gregorio Marañón en Toledo han denunciado conductas que podrían ser constitutivas de violencia escolar grave por parte de un alumno de este curso, por lo que han pedido a la Inspección Educativa medidas urgentes para garantizar la protección, seguridad y bienestar físico y emocional de todo el alumnado afectado.

Asimismo, estos padres y madres han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación, por lo que prácticamente la totalidad de los alumnos del curso afectado no han asistido a las aulas este jueves y viernes.

Los menores sufren agresiones físicas y verbales reiteradas en el aula, recreo y servicio de comedor, han expresado los progenitores a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que han presentado ante la Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes.

De forma paralela, se ha difundido una campaña a través de grupos de Whatsapp bajo el lema Aulas Vacías. Stop Violencia, remarcando que los niños de este curso no han asistido a clase ante esta situación.

Aluden a partes médicos por lesiones, habiéndose registrado uno de estos hechos en la Inspección Educativa en el mes de marzo de 2024.

La situación afecta además al profesorado del centro, tanto a tutores como a profesorado de apoyo y orientadora, generando un impacto emocional significativo en el alumnado al presenciar dichas situaciones, así como bajas médicas reiteradas del profesorado.

A consecuencia de estos hechos, lamentan los efectos negativos en el conjunto del alumnado, no solo en las víctimas directas, a nivel académico, social, psicológico y emocional, físico y conductual.

Este grupo de familias se amparan en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), que reconoce el derecho de todos los menores a desarrollarse en entornos educativos seguros, libres de cualquier forma de violencia.

EDUCACIÓN RECABA INFORMACIÓN

Fuentes de la Delegación Provincial de Educación han señalado a Europa Press que el servicio de Inspección se personó en este centro desde el jueves.

Durante este mismo viernes y el próximo lunes se seguirán recabando datos acerca de esta situación, para abordarla y encontrar una vía de entendimiento con los afectados.

En Moncloa ven que los independentistas no pueden seguir en el bloqueo y creen que hay opciones de aprobar un modelo bueno para Cataluña

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno confía en recuperar la relación con Junts, que ahora mismo está rota, y volver a negociar iniciativas con ellos, como el nuevo modelo de financiación autonómica, y espera que la previsible vuelta de su líder, el expresidente catalán Carles Puigdemont, marque un punto de inflexión

La ruptura entre ambos partidos es real y no solo una pose y se traduce en falta de dialogo y en que los independentistas han ido cerrando los distintos espacios de interlocución abiertos con el Gobierno en los últimos años. No quieren hablar con nosotros, trasladan fuentes gubernamentales.

En Moncloa consideran que la situación actual es insostenible para Junts. No pueden seguir así, reflexionan, y confían en que el regreso de su líder con el visto bueno del Tribunal Constitucional permita encauzar de nuevo la relación.

A juicio del Gobierno ahora mismo resulta muy difícil, porque los neoconvergentes se sienten víctimas del Estado al tener a su máximo dirigente en Bélgica, donde se trasladó en 2017 para escapar de la Justicia, que le achaca graves delitos por la organización del proceso secesionista en Cataluña.

PREVISIBLE VUELTA EN PRIMAVERA

Los cálculos que manejan en el Ejecutivo pasan porque Puigdemont pise de nuevo España esta primavera –mayo o junio– si el Tribunal Constitucional resuelve a su favor el recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle el delito de malversación.

El expresidente catalán también pidió al TC que suspendiera la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra, que le mantiene en Waterloo desde hace más de ocho años.

VOTOS PARA LA NUEVA FINANCIACIÓN

Si logran superar este escollo, en el Gobierno ven posible que Junts acepte votar el nuevo sistema de financiación autonómica, pactado con Oriol Junqueras, el líder del otro gran partido independentista de Cataluña, ERC.

Hasta el momento Junts ha desdeñado el nuevo modelo, a pesar de que inyectará 4.700 millones de euros a Cataluña y deja a esta comunidad como una de las principales beneficiadas del nuevo reparto.

Sin embargo, los de Puigdemont hacen hincapié en que no se trata de un sistema de concierto y cupo como el de Euskadi y Navarra, y Cataluña sigue dentro del régimen común. Pese a estas críticas, en el Gobierno se ven capaces de atraer a Junts, al igual que hicieron con ERC.

En ese sentido, fuentes gubernamentales hacen hincapié en que han conseguido atraer a ERC hasta el actual acuerdo, a pesar de que al principio de la negociación se encontraban en una posición muy distante y también reclamaban un concierto catalán.

Los socialistas esperan, por tanto, que Junts siga el mismo proceso y creen que una eventual vuelta de Puigdemont abrirá un nuevo escenario favorable para aprobar la nueva financiación, un importante logro en el último tramo de la legislatura después de 13 años con el modelo caducado.

ONG piden que los gobiernos se impliquen ahora de áreas marinas: Hay que proteger áreas oceánicas más grandes que continentes enteros

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Tratado de los Océanos (también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés) entrará este sábado 17 de enero en vigor tras reunir 83 ratificaciones –23 más que el mínimo requerido– y 145 firmas. Uno de los resultados más esperados de este acuerdo internacional será la creación de una red mundial de Áreas Marinas Protegidas de Alta Mar, entre las que podría estar la Corriente de las Islas Canarias de la costa de África Occidental en la zona atlántica.

Este tratado, sobre el que se comenzó a hablar en 2004, busca preservar y garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos. Se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, según la propia ONU. Aporta así un marco para la cooperación entre los países y otros actores que será crucial para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.

El pacto aspira a un reparto justo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (…) en beneficio de toda la Humanidad. Además prevé la creación de zonas protegidas para preservar hábitats vitales, especies protegidas y fondos marinos o la necesidad de evaluar el impacto de actividades económicas. A su vez, busca crear un marco legal internacional para evaluar el impacto de actividades en alta mar y sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos.

Asimismo, quiere facilitar la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las Partes, en particular a los países en vías de desarrollo, a que cumplan los objetivos del acuerdo. De forma paralela, recoge también una base para financiar las medidas previstas y un mecanismo para resolver disputas.

¿QUÉ SUCEDERÁ A PARTIR DEL SÁBADO?

Una de las organizaciones que más se ha movilizado a favor del tratado ha sido la High Seas Alliance. Su coordinadora regional para Asia, Reza Sakharjahukos, ha explicado durante una rueda de prensa esta semana que varias de las obligaciones recogidas en el tratado entrarán en vigor de inmediato el día 17.

Por ejemplo, los Estados que formen parte del acuerdo tendrán que realizar tendrán la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental si existe alguna actividad planificada en zonas fuera de la jurisdicción nacional o cualquier actividad dentro de la jurisdicción nacional que tenga un impacto significativo en alta mar.

A su vez, también tendrán que adoptar las medidas políticas necesarias para garantizar la notificación, la presentación de informes y la distribución oportuna de los beneficios derivados de cualquier actividad relacionada con los recursos genéticos marinos. Además, promoverán la cooperación internacional en la investigación científica marina a través del desarrollo y la transferencia de tecnología marina.

Si bien algunas de estas obligaciones dependen de la puesta en funcionamiento de instituciones o comités en el marco de la BBNJ y de mecanismos como la sectorialización y el intercambio de información, no todas lo son. Un buen ejemplo es la cooperación. Existen numerosos ejemplos prácticos que demuestran que, en virtud de esta disposición, las partes de la BBNJ ya podrían tomar medidas a partir de ahora, ha explicado.

PROTEGER ÁREAS OCEÁNICAS MÁS GRANDES QUE CONTINENTES ENTEROS

Tras la puesta en marcha del texto, los países deben celebrar la primera Conferencia de Partes del tratado antes del 17 de enero de 2027, algo que harán en Nueva York (EEUU). Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han puesto la vista en el futuro y han instado a los gobiernos a actuar ahora que el acuerdo internacional va a entrar en vigor e implicarse en la designación de áreas marinas protegidas.

Según Greenpeace, pasar del 1% de áreas de alta mar protegidas en la actualidad al 30% en cuatro años requerirá que los gobiernos protejan áreas oceánicas más grandes que continentes enteros y que lo hagan más rápido que cualquier esfuerzo de conservación en la historia.

No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera prioricen la protección del océano y dejen de explotarlo con fines de lucro por iniciativa propia; necesitamos que los gobiernos les obliguen a hacerlo, ha recalcado la responsable de la campaña de Océanos de la ONG, Ana Pascual.

En lo que respecta a España, la organización ha opinado que es el momento de que el Gobierno reafirme su compromiso con la protección de los océanos, liderando propuestas para la designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales.

De forma más concreta, SEO/BirdLife ha incidido en que su objetivo ahora es implicar a gobiernos, administraciones, sectores económicos y otros actores para informar y abogar por la designación y gestión eficaz de nuevas áreas marinas protegidas en alta mar vitales para las poblaciones de diferentes especies de mamíferos marinos, tortugas marinas o peces y, por supuesto, de aves marinas, asegurando la conectividad de sus rutas migratorias.

En lo que respecta a España, ha admitido que sería viable que el país llegara a proteger el 30% de su superficie marina para 2030. Sin embargo, ha puntualizado que para que estas figuras de protección sean realmente efectivas, es necesario que se implementen los planes de gestión que regulen diferentes actividades que pueden afectar a su conservación.

Por el momento, solo unos pocos espacios marinos costeros de ámbito autonómico, y el monte submarino de El Cachucho en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. Para SEO/BirdLife este impulso internacional por la conservación de los espacios marinos, debe servir para que España avance en la ambición y dé el paso de trabajar desde la gestión para que España cumpla con los deberes, ha incidido.

Desde WWF instan a gobiernos y empresas a colaborar con el objetivo de poner en marcha de forma eficaz el tratado y animal a los países que aún no lo hayan hecho a sumarse a él.

Ha llegado el momento de que todos los Estados y usuarios de los océanos colaboren de verdad para protegerlos: solo si situamos la salud de los océanos en el centro de la pesca, el transporte marítimo y otros usos, se conservará la vida marina y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras, ha subrayado la experta en gobernanza y políticas oceánicas globales de la ONG, Jessica Battle.

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) –

Partidos de la órbita de Sumar han manifestado que la prioridad es revalidar las alianzas políticas y han restado importancia a la cuestión de los nombres, tras el criterio de IU que llama a superar el ámbito de la actual confluencia y buscar una nueva marca electoral.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, manifiesta en su borrador de informe político que someterá a la Coordinadora Federal de su formación que es evidente que la coalición Sumar, tal y como se conoce ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un gobierno del PP y Vox.

Por ello, apuesta por conseguir un nuevo nombre que sea paraguas para el conjunto de fuerzas políticas y que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte.

Al respecto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que Sumar ha sido el germen para levantar un espacio de la izquierda alternativa coordinado, cohesionado y fraterno para el próximo ciclo electoral, que debe persistir más allá de nombres o siglas. A su vez, ha remarcado que Podemos decidió salir del barco y tomar otro camino.

De esta forma, ha defendido que lo relevante es que la confluencia que agrupa al socio minoritario del Gobierno se ha fortalecido, con mejoras en la coordinación entre las distintas formaciones, y que la clave es ahondar en alianzas virtuosas que, a su juicio, es algo inédito en la izquierda alternativa, marcada por choques.

RESPETO A LA OPINIÓN DE IU

Por otro lado, en Movimiento Sumar limitan este informe a la opinión de uno de los partidos y resaltan que ya han demostrado muchas veces, tanto en el Ejecutivo como en el grupo parlamentario, que su objetivo es mantener una alianza que permita revalidar el Gobierno progresista.

La prioridad es garantizar que seguimos gobernando, conquistando derechos y siendo freno de la extrema, ahondan sectores de la formación consultado por Europa Press para resaltar que su acción política ahora está volcada en la vivienda y, concretamente, conseguir la prórroga de alquileres.

Por ello, subrayan que ya llegarán las conversaciones sobre la forma que adoptará el espacio de cara a las futuras elecciones generales, y que la cuestiones de los nombres será secundario porque lo primordial es el programa político.

NO HAY NADA NUEVO, SUMAR RENUNCIÓ A SER PARAGUAS DE ORGANIZACIONES

Asimismo, fuentes de los Comunes admiten también a Europa Press su sorpresa por el impacto del informe de Maíllo que no dice nada nuevo a lo que vienen manteniendo esta formación desde hace meses.

Tras indicar que respetan los debates internos de cualquier organización, ven normal que IU aborde en sus órganos el futuro del espacio de cara al próximo ciclo electoral.

Desde la formación catalana ponen el foco en lo esencial que es la voluntad de los partidos de Sumar en el Gobierno de estrechar su relación, profundizar en el debate y toma de decisiones conjuntas y desplegar una organización más eficaz.

Unido a ello, han ensalzado que la cuestión esencial es mostrar a la ciudadanía progresista que hay un horizonte de ofrecer una candidatura amplia e incorporar a más organizaciones, dado que en su caso mantienen mano tendida a Podemos.

Respecto a la cuestión de la marca electoral, los Comunes piden calma dado que ese debate de los nombres y los liderazgos ya llegarán y que, por ahora, la denominación Sumar es válida y están cómodos con ella.

De todas formas, apuntan que Sumar ya renunció a ser paraguas para el conjunto de organizaciones y optó por evolucionar para ser un partido más en el ecosistema de la izquierda más allá del PSOE.

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) –

Un total de 44 personas han llegado este viernes a Baleares a bordo de dos embarcaciones localizadas a 5,3 millas del suroeste de Mallorca y en Es Caló de Formentera.

La primera de ellas se ha localizado cerca de Mallorca sobre las 05.41 horas, con 27 migrantes de origen subsahariano en su interior, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.

La siguiente se ha encontrado a las 08.40 horas en el litoral de la Pitiusa Menor y en ella viajaban 17 personas de la misma zona de África. En ambos casos han intervenido Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con estas nuevas arribadas, el número de migrantes que han llegado a Baleares desde el miércoles asciende a 288 personas.

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Centro Tecnológico Itene ha renovado esta semana su calificación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable (EVSR), otorgada por la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana, tras superar el sistema de evaluación establecido en la Ley 18/2018 y el Decreto 200/2022, que mide el desempeño de las organizaciones en materia de buen gobierno, impacto social y laboral, respeto al medio ambiente y contribución a la innovación.

Itene, que ha informado de esta renovación en un comunicado, ha señalado que la calificación, que el centro ostenta desde que esta se creó en julio de 2023, acredita que integra de forma sistemática la responsabilidad social en su gestión y en su actividad investigadora y de transferencia tecnológica, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad de los envases, la seguridad de los materiales en contacto con alimentos y la logística sostenible.

Esta calificación reconoce el trabajo que venimos realizando para que la responsabilidad social no sea un proyecto aislado, sino un eje transversal que guía tanto nuestra estrategia como el día a día del equipo, ha señalado el director gerente de Itene, Javier Zabaleta.

Además, ha destacado que, la renovación de este sello impulsa a seguir reforzando su papel como aliado de las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles, competitivos y alineados con las expectativas sociales y regulatorias.

El centro tecnológico ha acreditado el cumplimiento de requisitos relacionados con aspectos sociales y laborales (estabilidad y calidad del empleo, formación continua, seguridad y salud laboral, igualdad de oportunidades y medidas de conciliación); ética y buen gobierno (códigos de conducta, mecanismos de transparencia, canales de comunicación y participación de los grupos de interés); compromiso ambiental (gestión responsable de recursos y residuos, reducción de impactos ambientales y la apuesta por la economía circular en envases y embalajes) y la sostenibilidad económica e I+D+i (reinversión en investigación, el desarrollo de soluciones innovadoras para empresas y la contribución al tejido productivo).

REFERENTE

La calificación se renueva cada dos años e Itene lo ha hecho este mes de noviembre. Con ella, el centro tecnológico refuerza su posición como referente en sostenibilidad, seguridad de materiales e innovación aplicada al envase, el transporte y la logística. Igualmente, consolida su compromiso con un modelo de desarrollo responsable, alineado con las políticas públicas de la Comunitat Valenciana y con los objetivos de desarrollo sostenible.

LLEIDA 16 Ene. (EUROPA PRESS) –

Los Mossos dEsquadra han detenido en La Seu dUrgell (Lleida) a la cuidadora de una pareja de personas mayores, una mujer de 57 años, como presunta autora de dos delitos de estafa, usurpación del estado civil, administración desleal y hurto por presuntamente apropiarse de 115.000 euros del matrimonio, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

A finales del año pasado una vecina de lAlt Urgell, de 89 años, se presentó en la comisaría de la Seu dUrgell (Lleida) y denunció a su cuidadora, a la que había contratado a principios de verano como asistenta, dado que tanto ella como su marido, de 92 años, son totalmente dependientes.

Allí explicó que la cuidadora tenía acceso a su domicilio y que estaba autorizada a realizar gestiones bancarias que le encargaban, dado que ellos difícilmente se podían desplazar.

Fue a finales de año cuando la denunciante fue a la oficina bancaria y se dio cuenta de que se habían realizado, sin su conocimiento, dos retiradas de efectivo por valor de 4.800 euros, una transferencia de 50.200 euros y 107 retiradas de efectivo desde la cuenta de su marido de 59.180 euros.

También descubrió que le faltaban joyas, monedas y otros objetos de valor que tenía en casa y, tras una investigación, se ha podido constatar la responsabilidad de la cuidadora, pues la transferencia más importante de efectivo se realizó directamente a su cuenta bancaria y fue ella quien vendió los artículos desaparecidos a diferentes establecimientos de compraventa de la comarca.

La sospechosa, que presuntamente se aprovechó de la especial vulnerabilidad de las víctimas tanto por su edad como porque no tenían tutela de ningún familiar directo, fue detenida el jueves y este viernes ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu dUrgell.