En sus 47 años de vigencia solo ha tenido tres leves reformas, dando estabilidad tras más de dos siglos de textos efímeros o interrumpidos
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) –
La Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que hasta ahora ostenta el récord de vigencia, con 47 años y 73 días. En este tiempo sólo ha tenido tres reformas puntuales y ha garantizado la estabilidad del país permitiendo el desarrollo del Estado de Derecho y la alternancia en el poder de distintos actores políticos.
Con este hito, el actual marco constitucional rompe una tradición de más de dos siglos en la que ninguna había logrado consolidarse como norma fundamental duradera. Desde el primer intento de carta otorgada a principios del siglo XIX hasta la actualidad, España ha aprobado nueve cartas magnas, la mayoría con una vida corta, y ha atravesado largos periodos sin constitucionalismo o con textos que nunca llegaron a aprobarse.
Por primera vez, una ley fundamental, la primera aprobado por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, ha sido capaz de absorber casi medio siglo de conflictos políticos –con un golpe de Estado y un intento fallido de secesión–, varias alternancias de poder e importantes transformaciones sociales sin ser sustituida por otro.
La Constitución de 1876 duró 17.239 días, una cifra que la actual igualará el 17 de febrero de 2026 contando desde su aprobación por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el 29 de ese mes.
Congreso y Senado celebrarán esta efeméride el próximo martes con un solemne acto presidido por el rey Felipe VI y al que asistirán parlamentarios actuales y también personalidades que desempeñaron un papel clave en la elaboración de la Carta Magna.
PRIMERAS EXPERIENCIAS
El Estatuto de Bayona, aprobado en 1808 durante la ocupación francesa, fue el primer texto con pretensión constitucional en España, aunque no puede considerarse una constitución en sentido estricto. Se trató de una carta otorgada por el rey impuesto, José Bonaparte, sin proceso constituyente ni reconocimiento de soberanía nacional, lo que limitó desde el inicio su legitimidad política.
Su contenido introducía algunas reformas administrativas y reconocía ciertos derechos, pero mantenía un fuerte control del poder ejecutivo y subordinaba el texto a la voluntad del monarca. Su vigencia fue puramente nominal y breve, hasta 1810. La Guerra de la Independencia y el rechazo generalizado de la población española impidieron su aplicación efectiva.
Fue la Constitución de Cádiz de 1812 la que supuso el verdadero nacimiento del constitucionalismo español. Proclamó principios revolucionarios para la época como la división de poderes y la igualdad ante la ley, rompiendo con el absolutismo tradicional.
La conocida como la Pepa, pues se aprobó un 19 de marzo, estuvo formalmente en vigor en tres periodos distintos (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837) y sumó en total alrededor de seis años efectivos, sin contar con el Estatuto Real de 1834, una carta que otorgaba la soberanía en el rey, aunque se reconocían atribuciones limitadas a las Cortes. Sus interrupciones se debieron a la oposición frontal del Fernando VII y de sectores absolutistas a los nuevos derechos.
LAS CONSTITUCIONES LIBERALES
La Constitución de 1837 nació en un contexto de transición tras la muerte del rey y la regencia de María Cristina. Intentó conciliar los principios liberales con la estabilidad monárquica, incorporando algunos elementos progresistas y otros moderados. Reconocía derechos individuales y limitaba el poder real, pero mantenía una estructura institucional más flexible que la de 1812. Su duración fue de ocho años. Cayó por el triunfo del liberalismo moderado, que impulsó un nuevo texto constitucional más restrictivo y centralizador.
Entonces llegó la Constitución de 1845, que reforzó el poder de la Corona y limitó la soberanía nacional, suponiendo un giro conservador respecto a los textos anteriores. El nuevo paradigma apostaba por el orden, la centralización administrativa y un sistema político restringido, con un sufragio censitario muy limitado.
Con la revolución europea de 1848, se suspendieron las garantías constitucionales con el fin de evitar la propagación de la ola revolucionaria en España. En ese contexto, en 1852 el Gobierno elaboró un proyecto constitucional cuyo objetivo era volver a una normativa más acorde al Antiguo Régimen con la intención de atraerse a los sectores carlistas, pero no logró el apoyo de los partidos.
Durante el bienio progresista (1854-1856) se elaboró una constitución que reafirmaba el principio de soberanía nacional, reconocía ampliamente los derechos políticos e instalaba, por primera vez en España, un régimen de tolerancia religiosa, pero no fue promulgada por la contrarrevolución de 1856 liderada por Leopoldo ODonnell.
1869, LA PRIMERA CON ESPÍRITU DEMOCRÁTICO
Tras la caída del reinado de Isabel II por la revolución de la Gloriosa y la llegada del Sexenio Democrático se redactó y aprobó la Constitución de 1869, la más avanzada del siglo XIX en materia de derechos y libertades. Introdujo el sufragio universal masculino y reconoció amplias libertades civiles en un intento de democratizar el sistema político. Sin embargo, sólo duró cuatro años por la falta de estabilidad política y la ausencia de consensos sólidos.
Cayó con el fracaso de la I República en 1873, en la que también se intentó un proyecto constitucional profundamente federal que no tuvo tiempo de aprobarse, y con la llegada y posterior huída del rey Amadeo I y la inestabilidad institucional que desembocó en la Restauración borbónica.
Con la imposición del llamado turnismo entre liberales y conservadores se proclamó la Constitución de 1876, hasta ahora la más duradera pues que entró en vigor el 30 de junio de ese año y terminó oficiosamente con el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923.
En el periodo dictatorial también se quiso contar con una constitución propia,, llamada Estatuto Fundamental de la Monarquía, pero el texto no satisfizo ni siquiera a Primo de Rivera debido a los amplios poderes que concedía al rey, por lo que no llegó a promulgarse.
LA SEGUNDA REPÚBLICA
Tras proclamarse la II República en 1931, ese mismo año se firmó una nueva Constitución, que supuso una profunda ruptura con el pasado monárquico. Proclamó una república democrática, laica y social, con amplios derechos civiles y sociales y un fuerte impulso reformista. Introdujo avances inéditos en igualdad jurídica, educación y derechos laborales.
Pero también generó fuertes resistencias en sectores conservadores y en la jerarquía eclesiástica y militar. Su vigencia fue de ocho años y cayó con el golpe de estado del general Franco, la Guerra Civil y la posterior dictadura.
La Constitución actual nació del impulso del nuevo rey, Juan Carlos I, y espíritu del consenso de los grandes partidos y corrientes políticas que tomaron el protagonismo tras el franquismo. Estableció una monarquía parlamentaria, un amplio catálogo de derechos fundamentales y un Estado descentralizado. Fue la primera refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, con un 88,54 % a favor, y a diferencia de las anteriores incorporó mecanismos de reforma que han permitido su adaptación sin derogarla.
Así, ha sido retocado en tres ocasiones: para permitir el derecho de sufragio a extranjeros europeos (1992), para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria (2011) y para reemplazar el término disminuido por personas con discapacidad (2024).
