ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) –
El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar Aragón durante los próximos cuatro años, plasmado en un documento de 38 páginas, que incluye entre otras medidas: un rechazo a la inmigración ilegal, el principio de prioridad nacional para la asignación de ayudas, la reducción de impuestos y la construcción de 4.000 viviendas públicas más.
Las medidas del acuerdo están contenidas en los epígrafes siguientes: Fiscalidad; inmigración; seguridad; vivienda; sector primario; apuesta por el medio rural y contra la despoblación; medio ambiente; economía, energía e industria; educación y universidad; familia, sanidad, vida y hábitos saludables; eficiencia frente al derroche de gasto público; libertad frente a adoctrinamiento e imposición; y posiciones de Vox en el Gobierno de Aragón.
En materia de inmigración, PP y Vox han acordado no aceptar más menores migrantes no acompañados, rechazar frontalmente la política migratoria del Gobierno de España y la llegada de más inmigrantes ilegales a la Comunidad Autónoma, tanto mayores como menores de edad.
LA PRIORIDAD NACIONAL EN EL ACCESO A AYUDAS PÚBLICAS
El Gobierno de Aragón trabajará por devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y suprimirá las subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal. Además, se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos.
En el texto se recoge además el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, que procure su asignación a quien tenga un arraigo real, duradero y verificable con el territorio, en línea con lo ya recogido en el pacto extremeño.
La inclusión de esta cláusula de la prioridad nacional al conceder las ayudas públicas ha centrado la polémica en los últimos días. Así, los de Santiago Abascal interpretan ese concepto como los españoles, primero mientras que desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que no van a discriminar a nadie por la nacionalidad.
En fiscalidad, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25%, comenzando en 2027 en los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, los cuatro primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de un punto porcentual al final del mandato. Asimismo, se contempla un plan de fiscalidad diferenciada contra la despoblación, según el grado de afectación demográfica y priorizando los municipios más amenazados, con medidas en natalidad, vivienda y emprendimiento.
Por ejemplo, se suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y se reducirá el 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias de caza y pesca. Se bonificará al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y habrá una rebaja progresiva del impuesto de actos jurídicos documentados del 1,5 al 1,3%.
En cuando a Vivienda, se impulsará la construcción de 4.000 viviendas públicas más en los próximos cuatro años y se implantará un sistema transparente y controlado de acceso a la vivienda protegida, al tiempo que se abordará una reforma del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para reducir la carga fiscal.
Respecto a la seguridad, se creará un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva; se promoverá una reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal y se aplicará el desahucio exprés y se reforzará la protección a las víctimas de ocupaciones ilegales.
SECTOR PRIMARIO
PP y Vox se comprometen a blindar el sector primario frente a la Agenda 2030. El Gobierno de Aragón manifestará en todas las instancias su frontal rechazo a la propuesta de reducción del presupuesto de la PAC. El Ejecutivo exigirá al Gobierno central el impulso de las balsas laterales del Matarraña (Teruel) y asimismo se iniciarán los estudios técnicos para avalar el interés público superior de la construcción del embalse de Biscarrués (Huesca).
En la apuesta por el medio rural y contra la despoblación, el documento indica que se incrementará la dotación del Fondo de Cohesión Territorial para promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Al Gobierno central se le reclamará aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel hasta el máximo permitido, del 20%.
Ante la falta de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural se incrementará la partida de subvenciones para la instalación de cámaras de videovigilancia. El Gobierno de Aragón se compromete a mejorar las carreteras de la red autonómica, con la entrada en vigor en 2027 del Plan Extraordinario de Carreteras, dotado con 135 millones de euros anuales.
En materia medio ambiental, se fomentará un plan plurianual de limpieza de riberas y de actuación en el cauce del Ebro, orientado a mitigar los efectos de las inundaciones y proteger todas las explotaciones de zonas ribereñas. El Instituto Aragonés del Agua seguirá con la ejecución del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, alcanzando la totalidad de los municipios de más de mil habitantes antes del final de la legislatura.
En cuanto a economía, energía e industria, se pondrá en marcha un plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial, se seguirá impulsando la consolidación de Aragón como un polo estratégico en España y en Europa para la implantación de centros de datos y otras industrias tecnológicas. El Ejecutivo autonómico seguirá asumiendo el compromiso de defender el emprendimiento y el empleo autónomo.
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
PP y Vox han acordado implantar de forma progresiva el bachillerato concertado, que se iniciará durante el curso 2026/2027, garantizando la libertad de elección de centro. Se exigirá al Gobierno de España la implantación de una prueba única de acceso a la universidad y se crearán nuevas titulaciones universitarias y de FP orientadas a las demandas del mercado laboral. Asimismo, se suprimirá la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de primaria y secundaria.
En el apartado de familia, sanidad, vida y hábitos saludables, se asumirá el compromiso de incrementar el presupuesto destinado a sanidad, al menos en un porcentaje equivalente al incrento global del presupuesto autonómico; se reducirán las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, se impulsarán nuevos centros de salud, se crearán más plazas en residencias y centros de día, se impondrán sanciones muy graves por fraude en los etiquetados.
Frente al derroche de gasto público, habrá auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos con la finalidad de eliminar cualquier gasto improductivo, innecesario o carente de justificación. Habrá una reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.
En el área de libertad frente a adoctrinamiento e imposición, se quiere librar a Aragón de la imposición del catalán y se llevará a cabo la supresión del Instituto Aragonés del Catalán, se reformará o derogará en su caso aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico.
Por último, el documento del acuerdo recoge la posición de Vox en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Vox asumirá la Vicepresidencia Primera de Desregulación del Gobierno de Aragón, en la que recaerán también las competencias de una de las siguientes Consejerías: Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo. Vox también ostentará la Vicepresidencia Primera de las Cortes de Aragón, que actualmente desempeña Fernando Ledesma (PP), y el senador por designación autonómica, cargo que ahora ocupa Eloy Suárez (PP).
