MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) –
Este lunes 4 de mayo se cumplen 30 años de la investidura del primer gobierno de José María Aznar, que en 1996 rompió con los casi 14 años de presidencia de Felipe González y abrió el camino del país hacia el euro, con el España va bien como lema y dos legislaturas que le tuvieron en La Moncloa durante ocho años, hasta el 17 de abril de 2004.
Los gobiernos de Aznar estuvieron marcados desde el inicio por los pactos con los nacionalismos, la entrada en la moneda común europea en 2002 y en la Guerra de Irak en 2003, sobre la que Aznar ha rechazado asumir errores en la serie documental de Movistar Plus+ La última llamada, además de asegurar que en los atentados del 11M su Gobierno dijo la verdad en todo momento y que la decisión fue que las elecciones de 2004 se celebraran por encima de todo.
España no está condenada a extraviarse. España fue bien y volverá a ir bien, aseguró la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que dirige Aznar en una nota editorial el 30 aniversario de la victoria electoral.
Tras los comicios del 3 de marzo de 1996, en las que el PP obtuvo una mayoría simple de 156 escaños –en una concurrencia electoral en la comunidad foral junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) y en las tres provincias aragonesas junto al Partido Aragonés (PAR)–, Aznar encontró en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), en Convergencia i Unió (CiU) y en Coalición Canaria (CC) los socios necesarios para su investidura.
LOS PACTOS DE INVESTIDURA CON LOS NACIONALISMOS
El apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco se fraguó el 30 de abril en torno a las figuras de Aznar y al entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, con papeles también importantes en las negociaciones de Jaime Mayor Oreja, que recibiría la cartera de Interior y Mariano Rajoy a quien Aznar entregó el Ministerio de Administraciones Públicas.
Los nacionalistas vascos buscaban un desarrollo del Estatuto de Autonomía con cesiones en materia de Seguridad Social, facultad en impuestos especiales y otras cuestiones que finalmente acabaron diluyéndose en una hoja de mínimos que contempló el compromiso del Ejecutivo de abrir un proceso de negociación sobre la Constitución regional.
También se consideraron otros compromisos como la reforma del concierto económico y la financiación en el siguiente ejercicio presupuestario, por parte del Ministerio competente o el INEM, el Acuerdo Interprofesional Vasco para la Formación Continua y se puso sobre la mesa la devolución a los partidos políticos del patrimonio incautado durante la dictadura franquista.
Por otra parte, el pacto definitivo con los nacionalismos catalanes, ratificado en el Hotel Majestic de la ciudad condal el 28 de abril, lo firmaron PP y la federación de CiU liderada por el entonces president de la Generalitat Jordi Pujol.
Entre otras cuestiones, el pacto incluía la cesión de competencias a la Generalitat de Catalunya en tráfico laboral y también modificaciones a nivel estatal, como un nuevo modelo de financiación autonómico que resultó lo más polémico de los pactos.
Dicho modelo de financiación incluía un compromiso de atribuir a las CCAA una participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 30% que se fijaría en función de su nivel competencial y del volumen de recursos. Finalmente se cristalizó a finales de ese mismo año en el Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y el proyecto modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA).
También se rubricó un compromiso entre Aznar y Pujol de estudiar transferencias de instituciones penitenciarias y del desarrollo del modelo policial, así como en materia de Trabajo, Empleo y Formación.
Los cuatro bancos de Coalición Canaria en el Congreso se confirmaron tan solo 24 horas antes de que Aznar fuera recibido por el rey Juan Carlos I. Un documento de seis folios rubricado en un salón del Congreso con el entonces presidente canario Manuel Hermoso, quien aceptó las condiciones previas firmadas por CiU y PNV y abrió la puerta definitiva de la VI Legislatura de España en democracia.
MINISTROS EN LAS SOMBRAS SALPICADOS POR CORRUPCIÓN
En la fotografía de la primera investidura, a José María Aznar le acompañaban 14 ministros, de los cuales casi la mitad han desfilado por los juzgados –como testigos o como imputados– en procesos judiciales por escándalos de corrupción como la trama Gürtel, el caso de las tarjetas Black de Bankia, la caja B del PP y los presuntos sobresueldos.
Rodrigo Rato fue nombrado vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante las dos legislaturas de Aznar y ocupó la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2005 a 2007 y posteriormente director de Bankia, donde desarrolló una red de apropiación indebida conocido como las tarjetas black, por el que fue condenado a prisión en 2017.
En el contexto de la comisión de investigación en el Congreso de la crisis de Bankia, Rato pronunció una célebre frase: Esto no es un saqueo, es el mercado, amigo.
Mariano Rajoy, que llegó a ser presidente del Gobierno entre 2011 y 2008, fue nombrado en el primer gobierno de Aznar ministro de Administraciones Públicas. La pasada semana compareció como testigo en el caso Kitchen, la presunta trama de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco del caso de la presunta financiación irregular del partido y la caja B.
Francisco Álvarez-Cascos fue vicepresidente primero y ministro de Presidencia, luego fundó un partido, Foro Asturias, con el que llegó a ser presidente del Principado. Fue investigado por presunta apropiación indebida de fondos del mismo partido, causa de la que fue absuelto el año pasado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores lo dirigió Abel Matutes Juan, el de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Mirón, el de Defensa Eduardo Serra Rexach, Interior recayó bajo Jaime Mayor Oreja, Fomento fue para Rafael Arias-Salgado, Educación y Cultura para Esperanza Aguirre –posterior presidenta de la Comunidad de Madrid–, Josep Piqué i Camps dirigió la cartera de Industria y Energía, Loyola de Palacio Agricultura Pesca y Alimentación, José Manuel Romay Beccaría Sanidad y Consumo e Isabel Tocino el Ministerio de Medio Ambiente.
En su segunda legislatura, Aznar también contó con ministros que posteriormente serían imputados, e incluso condenados, por casos de corrupción.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se encuentra ahora mismo investigado por una presunta trama que promovía cambios legislativos favorables a empresas gasísticas que eran clientes de la asesoría fundada por el propio exministro, Equipo Económico.
También Eduardo Zaplana, que lideró Trabajo y Administraciones Públicas desde 2002, fue detenido e imputado en el marco de la Operación Erial por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
Por otro lado, Jaume Matas, titular de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y también expresident balear, ha acumulado diversas condenas de prisión por una trama de sobrecostes en la construcción de un velódromo conocido como el caso Palma Arena, que derivó en la investigación del caso Nóos, por el que se condenó a prisión Iñaki Urdangarin en 2008.
Otros ministros salpicados por casos de corrupción han sido Ángel Acebes –Justicia e Interior–, investigado por la salida a bolsa de Bankia y por la supuesta compra de acciones con la caja B del partido; Federico Trillo –Defensa–, salpicado por el caso de los sobresueldos y el accidente del Yak-42 en 2003 en el que fallecieron 62 militares.
Miguel Arias Cañete –Agricultura– apareció en investigaciones relacionadas con el caso Acuamed, una presunta trama de fraude y corrupción de la empresa pública de aguas (Agua de las Cuencas Mediterráneas) y los sobresueldos en el partido.
