CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) –
El juicio por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, realizado en la mañana del 21 de diciembre de 2023, que estaba previsto empezar el 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, se ha aplazado a 2027.
Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre del año, después de que las partes han pedido un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.
Mientras, el abogado de la acusación particular de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha manifestado, tras la notificación inicial del señalamiento del juicio, que es uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas.
El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. Por la gravedad de los hechos, por el resultado mortal y por la condición de los acusados, oficiales y jefes del Ejército, este procedimiento se sitúa entre los juicios penales militares más importantes de la historia contemporánea española, ha resaltado.
Desde esta acusación particular se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para el teniente coronel José Luis Zanfaño, el comandante Luis Fernando Velasco, el capitán Ignacio Zúñiga y el capitán Jaime Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.
Este caso pone de manifiesto, a juicio de la acusación particular, la existencia de formas de proceder negligentes que deben desaparecer del Ejército español, tanto en su instrucción como en su formación y en su cultura interna. Del mismo modo, considera que ha vuelto a evidenciar la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, reservando la jurisdicción militar para cuestiones estrictamente administrativas o disciplinarias de carácter interno.
DENUNCIAS Y SANCIONES
También, el letrado ha destacado que, en el ejercicio de la acusación particular y como portavoz de la familia, se promovieron denuncias e iniciativas sancionadoras por parte de algunas defensas, especialmente de los letrados del capitán Jaime Tato Garrido y del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, por las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación, las ruedas de prensa convocadas y las opiniones vertidas sobre el desarrollo de la causa.
Sin embargo, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerar que esa actuación estaba amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de información y de defensa. Por otra parte, el Juzgado Togado Militar de Sevilla impuso una sanción de amonestación o advertencia, pero dicha resolución no es firme y, además, se encuentra prescrita.
En cuanto al desarrollo del juicio, Romero ha apuntado que su complejidad es extraordinaria, de modo que intervendrán diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la compañía aseguradora y cuatro defensas.
Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de mil interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad depreguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista. Si a ello se añade la duración de las cuestiones previas, la prueba documental, las conclusiones y los informes finales, resulta razonable prever que la duración efectiva del juicio pueda extenderse incluso más allá de las 20 sesiones inicialmente fijadas.
Al respecto, la familia de Carlos León pidió desde el primer día que este caso no cayera en el olvido, de modo que ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades, ha subrayado el abogado.
PADRES DEL CABO
Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.
Según recoge la calificación de la acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio, consistente en paso del río, tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, teniente coronel Zanfaño, en comisión de servicio, o al comandante Velasco, nombrado en sustitución.
Pese a no comunicar estas decisiones por parte del capitán y el teniente a la Plana Mayor, la misma omitió el deber objetivo de cuidado que le está encomendado, se indica, para apuntar que el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco no actuaron con la diligencia debida, no tuvieron en cuenta la obligación inherente al cargo de evitación de que el riesgo de una obligación se materializase en un resultado lesivo, y ello, porque la Plana Mayor no cumple su comitiva sólo con la recepción de la documentación de las maniobras, sino que ante esto, comienza su labor de diligenciar, custodiar y cuidar de las mismas.
LA FISCALÍA
Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por su participación material y directa el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente.
Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado.
En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.
El mismo consistió en paso de río en el que fallecieron el cabo y el soldado. En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en paso de río, sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de nadar y evitar ir andando, buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado, según el fiscal.
