Ángeles Vázquez pone en valor la simplificación en los trámites y carga contra la reforma del Reglamento de Costas, que no descarta recurrir
BNG y PSdeG ven preocupante el uso de la competencia por parte del Ejecutivo gallego y temen barra libre de autorizaciones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) –
El 1 de julio se cumple un año desde que la Xunta gestiona los más de 2.500 kilómetros de costa en los que se ubican unas 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de 100 empresas del complejo mar-industria.
Mayor simplificación en los trámites –con un modelo único de autorización que se puede hacer de forma online–, homogeneización de precios y tasas, la creación de un catálogo de bienes de interés cultural, la senda del litoral y la gobernanza son algunas de las cuestiones que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, celebra que ha supuesto que Galicia gestione ya íntegramente su costa.
En una entrevista concedida a Europa Press, la responsable autonómica explica que el procedimiento integrado de autorización está ya aprobado y que ahora toca ponerlo en marcha definitivamente.
En todo caso, afirma que ya se ha realizado una verdadera simplificación al pasar de cinco formularios a uno. Ahora, asegura, se trabaja en la siguiente fase, que será un antes y un después, pese a que, añade, el 55% de los expedientes de concesión son de antes del año 2020. Para finalizar ese procedimiento de integración, la conselleira fija un plazo: Antes de que acabe este verano estará plenamente operativo.
En cuanto a la senda del litoral, Vázquez pone en valor el trabajo inmenso para aprobar el trazado, destacando la colaboración por parte de los ayuntamientos. Este mes de julio ya se comenzará a instalar la señalética en la ruta, de 1.300 kilómetros, y estará operativa una aplicación, por lo que anima a la ciudadanía a disfrutar y conocer las joyas del litoral gallego.
RELACIÓN CON EL GOBIERNO
Sin embargo, Ángeles Vázquez lamenta que algunos avances se vieron truncados por las trabas del Gobierno. En primer lugar, señala que los expedientes llegaron en cuatro tandas, es decir, 12.000 archivos con un desorden total y absoluto y que los últimos llegaron hace tres meses y con muchos fallos.
Lo que sí denotamos es que quien no asumió que teníamos esas competencias fue el Gobierno y el Ministerio, que a pesar de que intentamos ese respeto institucional, el diálogo fluido, parece que no le sentó bien que Galicia fuese la primera CCAA en tener una ley para gestionar íntegramente el litoral y que el resto siguieran los pasos. Las trabas están siendo máximas, critica la conselleira.
Precisamente, en la relación con el Estado, hay ahora un nuevo frente: la modificación del Reglamento General de Costas. Y es que, la Xunta denuncia que llevan año y medio sin convocar una Conferencia Sectorial en este ámbito.
En opinión de la responsable autonómica, este reglamento es el tercer intento para intentar frenar a las comunidades que han seguido a Galicia, sin diálogo y sin consenso, además de poniendo como excusa a Europa, que, agrega, pide que modifique la ley, pero con diálogo y participación.
Cuestionada sobre si la Xunta dará algún paso más, asegura que por supuesto procederían a recurrirlo, apelando también el resto de autonomías. No es conforme a ley lo que quieren hacer. Aquí sí que no hay ideología, aquí estamos todas a una y no vamos permitir que las prórrogas que están otorgadas al final intenten que se sean nulas de pleno derecho, que ya no haya el concepto de prórrogas extraordinarias. Lo único que pretenden es recaudar, ha enfatizado antes de sentenciar: Iremos a por todas.
FORO DEL LITORAL
Vázquez también reivindica el Foro del Litoral, el órgano en el que están representados Xunta, ayuntamientos, cadena mar-industria, empresas y universidad, constituido en el mes de abril y que ahora espera reunir trimestral y semestralmente.
Pone en valor el diálogo con todas las partes y asegura que no se hace nada sin llamar a la puerta de los ayuntamientos, a los que, subraya, se les facilitaron guías sobre cómo actuar y se les da la oportunidad de hacer su propio planteamiento. Diálogo no había con Costas del Estado, diálogo hay ahora con la Xunta, ensalza.
FEGAMP: DIÁLOGO CON XUNTA Y GOBIERNO
Sin embargo, el representante de la Fegamp en el Foro y alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, explica que tras la primera reunión para constituir este órgano y hacer balance del traspaso, los municipios reclaman diálogo, tanto a la Xunta como al Gobierno, porque la gestión, apunta, compete a las tres administraciones.
En todo caso, cuestionado sobre la diferencia más notable respecto a cuando la gestión recaía en el Estado, el representante de la Fegamp sintetiza algunas de las medidas aplicadas por la Xunta a lo largo de este año y que le parecen interesantes: la senda de litoral, el modelo de chiringuitos de playas o el registro de bienes e inmuebles, entre otros.
También pone el foco en el tiempo de la renovación de concesiones administrativas que, subraya, es el problema que hay ahora mismo en la modificación del Reglamento de Costas del Estado.
Para el alcalde, la situación más problemática está en el conflicto entre Xunta y Estado por esta normativa. Cacabelos reclama diálogo entre ambas administraciones porque quien va a aplicar la normativa son los municipios.
Nosotros sí que apostamos por el diálogo, tener una reunión a tres partes, porque todo lo que se legisle tanto en Madrid como en Santiago al final acaba en los ayuntamientos, insiste.
Sobre las reclamaciones que le gustaría poner encima de la mesa en una futura reunión del Foro, el regidor resume que sería importante que la burocracia se sintetizara, la renovación de las concesiones a depuradoras y la tramitación de diferentes actividades vinculadas al turismo.
Así, tras un año con las competencias en manos de la Xunta, Cacabelos cree que es momento de seguir avanzando y reitera su demanda de aumentar la comunicación con los ayuntamientos.
SEMICOMPETENCIA Y BARRA LIBRE
Mientras, el BNG hace un balance negativo de este primer año de gestión, ya que considera que la Xunta no tiene las competencias plenas y las que tiene las utiliza de una manera muy preocupante.
Es una semicompetencia, define el viceportavoz parlamentario del Bloque Luís Bará en declaraciones a Europa Press, lamentando que el Ejecutivo central mantiene qué se puede hacer o no en el dominio público-terrestre y en la zona de servidumbre.
Sobre la gestión de la Administración autonómica, ve desinterés absoluto en aprobar instrumentos de ordenación y protección de la costa y máximo interés por impulsar actividades a incrementar la presión urbanística y turística.
Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias muestra su preocupación por el uso de la Xunta de esta competencia, argumentando que la costa gallega no puede convertirse en un espacio en el que prevalezcan intereses económicos o industriales por encima de la protección ambiental. Galicia necesita una gestión responsable de un patrimonio natural único, no una barra libre de autorizaciones, resume.
En este contexto, ve especialmente preocupante que el Gobierno gallego lidere un boicot contra la modificación del Reglamento de Costas e insiste en que la normativa comunitaria es clara: no se pueden prorrogar indefinidamente concesiones y usos de domino público marítimo-terrestre sin concurrencia pública.
De todos modos, Iglesias reafirma la posición del PSdeG, apostando por el autogobierno como capacidad para decidir mejor sobre los intereses de Galicia, proteger el territorio y mejorar la vida de la ciudadanía.
