El Gobierno prevé que empiece a operar este mes la nueva comisión de investigación, que prometió Ábalos en 2018 en una reunión con víctimas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –
Trece años después del accidente del tren Alvia que descarriló en el barrio santiagués de Angrois en julio de 2013, varias vías mantienen abierto el caso, en concreto la petición de indulto para el maquinista, por un lado, y, por otro, los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la justicia de absolver al alto cargo de la empresa pública Adif, responsable de garantizar la seguridad en la infraestructura.
Además, el décimo tercer aniversario del siniestro ferroviario que ocasionó 80 muertes en la curva de A Grandeira y dejó más de un centenar de heridos viene marcado por una sensación de déjà vu entre las víctimas, que en enero de este año rememoraron la tragedia con el descarrilamiento de un Iryo y su posterior colisión con un Alvia en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas.
Por segundo año, este 24 de julio no habrá actos ni de reivindicación ni de recuerdo en Santiago convocados por la plataforma de víctimas, que durante 11 años (2014-2024, ambos inclusive) impulsó manifestaciones para exigir verdad y justicia y organizó sentidos homenajes a los que perdieron la vida en la curva de A Grandeira.
En enero de este año también, tan solo cinco días después del accidente de Adamuz, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista Francisco Garzón y absolvió al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, lo cual provocó desolación entre los afectados. Ha vuelto a suceder y volverá a pasar, avisó en ese momento el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez.
Después de una instrucción que duró años y un macroproceso judicial de meses, Garzón y Cortabitarte habían sido condenados a dos años y seis meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago en la causa por los 79 delitos de homicidio –la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después– y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.
A Garzón se le atribuye responsabilidad por el exceso de velocidad con el que llegó el tren a la curva (donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora) y a Cortabitarte se le condenaba por la ausencia de una evaluación de riesgos que habría llevado a recuperar el sistema máximo de seguridad en ese tramo, el ERTMS, el que habría frenado el convoy en caso de error humano.
La sentencia que ratifica la condena al maquinista y la absolución del ex alto cargo de Adif contó con un voto particular y ha sido recurrida ante el Constitucional por el abogado de Garzón, por el representante legal del otro maquinista –el que condujo el Alvia en el trayecto previo– y por la plataforma de víctimas.
En paralelo, el sindicato de maquinistas (Semaf) promovió la solicitud de indulto para Francisco Garzón, petición que en este momento se encuentra en tramitación.
El Juzgado de lo Penal número 2 tiene que informar sobre la solicitud y ha recibido en los últimos días alegaciones de las víctimas, entre las que no hay un posicionamiento unánime.
Según el abogado de Garzón, la inmensa mayoría de las víctimas apoyan el indulto o no se oponen –una veintena de familias sí ha mostrado su rechazo a la posibilidad del indulto– y falta el informe del fiscal –que vuelve a ser Antonio Roma– para que el juzgado resuelva.
EUROPA, LA TERCERA VÍA
Una tercera vía es la abierta, de nuevo, en Europa, donde el Tribunal de Derechos Humanos todavía examina la demanda con la que la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario.
La comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) realizó en su día un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista. La Agencia Ferroviaria Europea y la Comisión advirtieron de que con este dictamen no se cumplió con la oligación de investigar correctamente y conforme a la normativa y que había que repetir la investigación.
Justo el pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del presidente y de los consejeros de la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, organismo que comprometió en su día el por entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ante las demandas de las víctimas del accidente del Alvia.
En una reunión en septiembre 2018 con víctimas, Ábalos se comprometió a estudiar la fórmula para que las comisiones de investigación sean totalmente independientes funcional y económicamente.
Más tarde, en abril de 2021, durante su presencia en un acto en Compostela, Ábalos dijo que se había dirigido a la CIAF para que sus integrantes reabrieran la investigación sobre el accidente del Alvia. Pero yo no sé… no tenemos la capacidad para forzar que se reabra una comisión que es independiente. Si no, ya no lo es, argumentó.
Después de un largo recorrido, la nueva comisión empezará a operar este mes, según el Gobierno, y se encargará de las investigaciones que ya se encuentren en curso. El presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, mientras que, como expertos ferroviarios, serán consejero Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga.
En mayo, la comisión de transportes del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y BNG, vetó a Adolfo Moreno, que era un candidato del Ejecutivo para ser consejero en la nueva comisión de investigación de accidentes pero fue cuestionado por su papel en la investigación del siniestro de Angrois de 2013.
