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La Comunidad defiende que es un modelo de éxito

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

Decenas de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, para exigir que las 40 residencias de mayores que se construirán en la región hasta 2030 y las que actualmente funcionan como concertadas sean de gestión 100% pública.

Los manifestantes, convocados por una quincena de organizaciones, han acudido ataviados con pancartas y camisetas reivindicativas en las que se leían proclamas en favor de la pública y se han unido al grito de 7.291, con el que se han referido a la cifra de fallecidos sin derivación hospitalaria durante la primera ola de la pandemia, un número que el Gobierno regional rebajó la semana pasada a 4.100.

Tres representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto en el que han repetido la exigencia principal y han impelido a la población a que se movilice. Exigimos que estas 40 residencias sean totalmente públicas, con personal público y mecanismos de participación para residentes, familiares y representantes de personas trabajadoras, han proclamado.

El proyecto presentado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región supondría una cesión de terrenos públicos por parte de los ayuntamientos y una inversión de más de 500 millones de euros y la construcción y explotación a cargo de empresas privadas. Es una operación claramente en favor de los fondos de inversión y de las grandes corporaciones, han leído frente a la Puerta del Sol.

En este sentido, las organizaciones han considerado que el modelo de colaboración público-privada, mediante el cual se construirán las residencias, tiene como objetivo que los fondos buitres y grandes empresas del sector hagan grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y de las personas trabajadoras.

Sabemos que, durante la pandemia, la mortalidad fue del 7,4% en las residencias públicas, mientras que en las concertadas fue del 21,9%. Esto demuestra el fracaso del modelo, han lanzado.

DÁVILA DEFIENDE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, justificó esta decisión de construir bajo el formato de colaboración público-privada por ser un modelo de éxito. Es un modelo de éxito que se ha puesto en marcha en otras ocasiones y que tiene unos índices de satisfacción muy elevados con las familias, expresó.

Hasta el momento, según el departamento que dirige Dávila, se han recibido un total de 85 peticiones de ayuntamientos para participar en el plan de construcción y el Gobierno regional trabaja ya en el proyecto y en los pliegos del contrato de la primera residencia y centro de día, que estará ubicada en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

A la concentración también han acudido representantes políticos de PSOE y Más Madrid para apoyar la petición de gestión pública de las residencias. Por parte de los socialistas, la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido que se dote de los recursos suficientes para que los residentes tengan los mejores servicios a su disposición.

Hemos presentado una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Cibeles, que el martes se debatirá, para exigir que no se dé ninguna parcela mientras no se conozca el modelo residencial que la Comunidad de Madrid quiere implantar, ha mencionado Maroto, respaldada por la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y del secretario de Mayores y Calidad de Vida, José Ángel Gómez Chamorro.

De parte de Más Madrid ha acudido la diputada Diana Paredes, que ha denunciado la falta de información. No sabemos en base a qué criterios de territorialidad se va a hacer la construcción de estas residencias, ni en base a qué necesidades de los municipios de Madrid la va a hacer, ha espetado.

Además, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha puesto el acento en las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Es imprescindible que estas sean buenas para que los mayores tengan una calidad de atención adecuada y suficiente, ha concluido.

Las organizaciones Amnistía Internacional Madrid, Av Puerto Chico Aluche, CC.OO. Madrid, CoorpenMadrid COESPE, Ecologistas en Acción, Fravm, Izquierda Unida Madrid, Marea de Residencias, Más Madrid, Podemos C.M., Mayores en acción, Pladigmare, PSOE Madrid, Mats, UGT Madrid, Unión de jubilados y pensionistas UGT Madrid, VV.BB., PP. Madrid y 7.291 Verdad y Justicia son las convocantes de la concentración.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que la citación como imputado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pone de manifiesto que algo huele a podrido en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a González Amador el próximo 10 de abril para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

Al ser preguntado por esa decisión judicial, Patxi López ha subrayado que en esa investigación judicial se habla de testaferros en México, sociedades pantalla y desvío de fondos, y eso no es un invento para atacar Ayuso, sino que es algo que dice una jueza.

Por tanto, son hechos que están ahí, que imputan al novio de la señora Ayuso y lo que pasa es que algo huele a podrido en la Puerta del Sol, ha comentado en los pasillos del Congreso.

BURGOS 19 (EUROPA PRESS)

El asesino confeso de Andrea Bejarano, la mujer de 34 años que desapareció el pasado domingo y que deja un hijo de 7 años, la mató en el domicilio de la víctima y trasladó, posteriormente el cuerpo hasta un paraje de Salinillas de Bureba (Burgos) con la intención de esconderlo.

Así lo ha explicado el Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que fue el marido quien presentó la denuncia por la desaparición de su mujer, y quien acabó confesando, a las 3 horas de este miércoles, que él había acabado con la vida de Andrea Bejarano, al tiempo.

Asimismo, Nicanor Sen ha indicado que no existía ningún tipo de denuncia por violencia de género y la muerte de Andrea Bejarano es la primera que se registra en la Comunidad en lo que va de 2025, por lo que el delegado ha insistido en seguir sensibilizando a la sociedad sobre esta lacra, sobre cifras que son insoportables para una sociedad democrática, donde los machismos, por supuesto, y la violencia no tienen ningún tipo de encaje.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha concretado que el marido de la víctima, la trasladó hasta un paraje junto al río en Salinillas de Bureba, un lugar con vínculos sentimentales para los dos, y escondió el cadáver en un lugar muy bien oculto.

De la Fuente ha alabado la tarea que ha realizado Policía Judicial que ha podido resolver este crimen en muy pocas horas después de que el domingo, con la desaparición de Andrea Bejarano, ya saltara la preocupación y las correspondiente investigación policial que esta madrugada daban con el cadáver de la mujer tras confesar su marido.

Se trata de un hombre de 42 años con quien convivía la fallecida y tenía un hijo de siete años en común. De la Fuente ha confirmado que el hombre está detenido a la espera de que pase a disposición judicial, mientras que el cadáver de Andrea Bejarano ha de ser examinado por el forense que determinará la causa de su fallecimiento.

La pareja y su hijo estaba perfectamente situada en Burgos, arraigados y trabajando.

El hombre trabajaba en el Ejército, en la base militar de Castrillo del Val, y ella como técnico de Laboratorio en el Hospital Universitario de Burgos, concretamente en el área de Microbiología.

DOS TORRES (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de búsqueda del varón de unos 70 años desaparecido desde el lunes en Añora (Córdoba) debido al temporal de lluvias, como principal hipótesis, ha localizado en la mañana de este miércoles el cadáver de un hombre junto al río del Milano, en el término municipal cordobés de Dos Torres, que dista del anterior unos cuatro kilómetros.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación de esta desaparición, que han apuntado que hasta el momento no ha trascendido la identidad del fallecido, sólo que es un varón. Dicho dispositivo se ha ampliado en esta jornada con la participación de voluntarios, que se han unido a los agentes de la Guardia Civil, desplegados también con helicóptero y un dron, así como Policía Local y Protección Civil.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, ha declarado este martes sobre el caso del desaparecido que es una mala noticia y espera que se pueda solventar con una solución que sea favorable y que no haya ningún problema.

Según ha detallado, este señor salió con una bicicleta a mediodía del lunes y no se ha encontrado ni a él, ni a la bicicleta, a lo que ha agregado que cuando se supo de la desaparición ya fue por la tarde y la Guardia Civil de noche no pudo hacer nada.

Al respecto, ha explicado que desde las 5,00 horas del martes los agentes trabajan para buscarlo, todo ello después de que su hermana avisara de la desaparición, que en principio se baraja como consecuencia del temporal.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil del que les acusaba la Fiscalía de Madrid por engañar al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitaria en marzo de 2020, en plena pandemia del Covid.

En una sentencia notificada este miércoles, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados condenan a Luceño a tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y a otros ocho meses por falsedad en documento oficial y a una multa de 3 millones y medio de euros.

La sentencia ha sido entregada a las partes y a los propios acusados en la secretaria de la sección séptima.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 27 de febrero tras los alegatos finales de las defensas, quienes reclamaron al tribunal la absolución de sus clientes al no acreditarse la estafa al Consistorio madrileño.

La vista oral llegó a su fin tras ocho sesiones en las que declararon diversos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la entonces jefa de compras del Consistorio en la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, peritos de la Agencia Tributaria y peritos de la Policía Municipal de Madrid.

En sus declaraciones, los procesados dejaron claro que nunca hablaron con Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento durante la pandemia, de las comisiones, en contra de los manifestado por ésta, y que el precio de las mascarillas las fijó la empresa malaya Leno, el proveedor del material que se suministró.

El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, solicitó una sentencia absolutoria al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento en primer lugar porque no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a que el mercado estaba roto sin oferta y no hay incumpliendo de los contratos porque el fin era traer ese material sanitario.

NO SE OCULTÓ EL DINERO

El abogado de Alberto Luceño se sumó a los alegatos de su compañero Choclán en relación al delito de estafa agravada, que se imputa a ambos procesados, apuntando que no ha habido ocultación de los cinco millones que recibió en concepto de comisión.

En sus conclusiones, el fiscal mantuvo las penas de nueve y quince años de cárcel a imponer por los delitos de los que les acusa –estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal–, agregando la inhabilitación para el ejercicio del comercio durante los años que dure la condena.

En su informe, el fiscal subrayó que han quedado probados todos los hechos de los que se les acusa y de la prueba se acreditan acreditados todos los elementos del delito.

En cuanto a la estafa, consideró que el ánimo de lucro ha quedado más que probado por una serie de datos como un correo en el que se dice pá la saca y que la operación es un pelotazo, así como la cuantía de las comisiones.

La comisión que se llevaron fue del 149% en el caso de las mascarillas, de 244% en el caso de los test y en el caso de los guantes del 426%. Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro en este tipo de operaciones, recalcó.

Sobre el engaño, el fiscal destacó que está acreditado que hubo una ocultación de las comisiones y que se quiso dar la creencia que actuaban de forma altruista y de que no se llevaban comisiones, tal y como consta en un correo que manda Elena collado el 22 de marzo en el que escribe que no percibirían dinero por esa operación.

El precio se incrementa para aprovecharse de las circunstancias, lo que es un elemento nuclear del engaño. Luis Medina y Luceño dijeron que tenían experiencia en comercio exterior cuando no firmaron ninguna operación en esos dos años, reseñó.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado el próximo 10 de abril a Alberto González Amador para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La citación se produce semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid.

González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.

Los magistrados estimaban que en el presente momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal.

Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta, señalaban los jueces.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para ocultar unos ingresos del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

NUEVOS DELITOS

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L.

La resolución analizaba si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados.

La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención.

Entiende que podría tratarse de una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido este miércoles máxima precaución a las personas y conductores que transiten por el área del río Manzanares entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses ante posibles inundaciones, ya que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha aumentado el ritmo de desembalse del río.

Por ello, ruega a los ciudadanos no acercarse al entorno del río ni a las sendas pestonales. Además, hay zonas balizadas donde está totalmente prohibido el paso, ha informado este miércoles Emergencias Madrid.

Agentes de la Policía Municipal y los técnicos de Medio Ambiente continúan vigilando los aledaños. Se sigue contando también con la información de las imágenes aéreas de la sección de drones. Por todo ello, recomiendan a la población mantenerse informada por los canales oficiales.

El comité asesor del Plan de Inundaciones, que se encuentra activo desde el lunes en la capital en el nivel 1, mantiene reuniones periódicas para ir evaluando la evolución de la situación.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

El PSOE enmarca las críticas del PP y sus comunidades autónomas al pacto con Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados en un intento de los de Alberto Núñez Feijóo de repartir odio cuando lo que hay que hacer es ser solidarios, a la vez que inciden en que las cifras del reparto están ponderadas de manera razonable.

Desde que se hizo público este martes el acuerdo entre los socialistas y los de Carles Puigdemont, han sido numerosas las críticas tanto del PP nacional como de las comunidades lideradas por los populares.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho a su llegada al Pleno del Congreso que no se puede imaginar y que le parecería tremendo que vaya a haber comunidades autónomas que se nieguen a cumplir la legalidad, a pesar de que en el PP prefieran devolver a los niños a la guerra, al hambre y a la miseria en vez de acogerlos. Esa es la solidaridad y el humanismo del PP, ha incidido.

Según ha explicado, el número de menores migrantes que acoge cada territorio está ponderado de manera razonable en función de la población, los servicios existentes y la saturación que tenga ya dicha comunidad autónoma.

Por ello, López cree que las críticas que equiparan este acuerdo con el del presidente valenciano, Carlos Mazón, con Vox para los presupuestos autonómicos donde se aboga por devolver a los menores a sus países de origen están sideralmente lejanas del contenido del acuerdo porque lo que pretende el PSOE es ver cómo integramos y recogemos inmigrantes para integrarlos en la sociedad.

CATALUÑA TIENE MÁS MIGRANTES

También el diputado del PSC José Zaragoza ha sido preguntado por este asunto a su llegada del Pleno del Congreso y ha afirmado que el PP, en estas cosas, lo que intenta hacer siempre es repartir odio y no aceptar que lo que hay que hacer es ser solidarios y acoger en función de los recursos que hay y de los menores que se encuentran en las comunidades hasta ahora.

De hecho, Zaragoza ha remarcado que Cataluña tiene más migrantes acogidos que la Comunidad de Madrid cuando en población no son más que Madrid. Parece que los números existentes no se tienen en cuenta, hay que contar con lo que hay y con lo que ha de haber, ha resumido.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a un total 19 personas pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la apropiación fraudulenta de viviendas mediante los delitos de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

De los detenidos, dos han ingresado en prisión. La operación se ha completado con la incautación de documentación falsificada, dispositivos informáticos y 40,77 kilos de hachís, según ha indicado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia de varias víctimas que alertaban de la ocupación fraudulenta de sus viviendas. Los presuntos autores cambiaban las cerraduras y presentaban documentación falsa en notarías para simular la compraventa de inmuebles, registrándolos a su nombre y vendiéndolos a terceros de buena fe.

La organización identificaba propiedades en estado de abandono o cuyos dueños eran personas mayores, fallecidas o residentes en otras localidades.

Así, a través de intermediarios, con experiencia en el sector inmobiliario, acudían a notarías donde simulaban operaciones de compraventa con contratos falsificados generando una cadena de transmisiones que dificultaba la detección del fraude.

MODUS OPERANDI

Para dar apariencia de legalidad, la organización utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como supuestos vendedores o compradores, quienes afirmaban ante notario haber pagado la vivienda en efectivo, sin presentar justificantes.

Con estos documentos, lograban inscribir la propiedad en el Registro de la Propiedad y proceder a su venta.

Se ha constatado que la organización criminal se apropió ilegalmente de 18 propiedades en Tenerife, incluyendo un chalet en una zona exclusiva de la capital. En este caso, la organización intentó registrar la compraventa de la vivienda por 120.000 euros, cuando su valor catastral ascendía a 1.378.001,48 euros, falsificando un contrato a nombre de una persona fallecida hace 40 años. El valor del fraude asciende a 2.875.178 euros.

En febrero se procedió a desplegar un operativo policial que incluyó 8 registros simultáneos en diferentes localidades: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, Granadilla de Abona y Güimar.

Durante los registros se incautó documentación relevante para la investigación, dispositivos electrónicos, 40,77 kilos de hachís empaquetados para su distribución, además de una báscula de precisión utilizada para el pesaje de la droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión para dos de ellos.

En la investigación ha colaborado la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha solicitado este miércoles un cambio estructural en la aplicación de los derechos de las personas migrantes, especialmente en casos de situación límite y de la infancia migrante.

Padrón se ha reunido con los equipos de FÜNDEC y Salud por Derecho para analizar la exclusión en el acceso al sistema educativo de menores migrantes que llegan a Canarias, y por otra, el impacto de las políticas migratorias en la salud de las personas migrantes y sus familias, una situación que está generando una crisis de salud global.

El encuentro surge por la necesidad de dar seguimiento y marco amplio a una serie de quejas individuales y genéricas que viene presentando la Fundación FÜNDEC respecto al racismo institucional que caracteriza, entre otras, las políticas de escolarización de menores migrantes por parte del Gobierno de Canarias.

La abogada Vania Oliveros, asesora jurídica de FÜNDEC, considera que dichas políticas violan el interés superior del menor, principio que, según la Convención de los Derechos del niño de 1989, debe estructurar las políticas públicas que afectan a la infancia.

Esta realidad refuerza la denuncia de Salud por Derecho, que en su reciente informe La política migratoria en la UE como crisis de Salud Global ha expuesto las graves vulneraciones de derechos que enfrentan las personas migrantes.

La fundación insiste en la necesidad de una agenda política que ponga la equidad en salud en el centro del debate frente a las políticas migratorias actuales, recoge una nota de la Diputación del Común.

Asimismo, advierte sobre las implicaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que consolidará la detención sistemática como una práctica habitual.

La exposición prolongada a condiciones de estrés extremo durante la detención tiene efectos devastadores en la salud, especialmente en niños y niñas, quienes corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, como cáncer de pulmón o patologías cardiovasculares, y cuya esperanza de vida podría reducirse hasta en veinte años, señala Jaime Manzano, investigador y responsable de incidencia de la fundación.