Las entidades fiscalizadas desatienden casi la mitad de las recomendaciones del fiscalizador
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal de Cuentas fiscalizó en 2024 casi 15.000 contratos valorados en unos 32.000 millones de euros y logró recaudar 6,64 millones gracias a los procedimientos que su Sección de Enjuiciamiento abrió por responsabilidad contable, cantidades que fueron ingresadas en las entidades que habían resultado perjudicadas.
Así consta en la Memoria de 2024 de este organismo, recogida por Europa Press, en la que se detalla que total de contratos rendidos fue de 14.859, por un importe de adjudicación de 32.051 millones de euros. De ellos, 8.731 correspondieron al sector público estatal, por un valor de 20.211 millones de euros; en el autonómico ascendieron a 813, por un importe de 1.561 millones de euros, y en el sector local se rindieron 5.315 contratos, por 10.279 millones de euros.
En total, en el pasado ejercicio la Sección de Enjuiciamiento del órgano que preside Enriqueta Chicano realizó un total de 225 actuaciones: 157 diligencias preliminares y 68 acciones públicas, ante la existencia de presuntos indicios de responsabilidad contable.
De las 157 diligencias preliminares incoadas, 25 procedieron de informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, 47 de realizados por órganos de control externo (OCEX), 75 de informes de otras instituciones públicas y 10 de otras denuncias.
FISCALIZACIONES
Respecto a su labor fiscalizadora, la memoria da cuenta de la aprobación de 53 informes de fiscalización y la formulación de 468 recomendaciones que instaron a realizar 477 actuaciones destinadas a mejorar la gestión económico-financiera del sector público.
Entre ellas destacan 94 que sugerían adaptar los procedimientos de gestión, 61 que proponían la modificación de la normativa, 59 que sugerían a la entidad analizar y estudiar aspectos de gestión y 33 que apostaban por la mejora de aplicaciones informáticas. Además, en 24 de los informes aprobados por el Tribunal de Cuentas se hizo un seguimiento de cumplimiento de 272 recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores.
La memoria recoge que el grado de cumplimento total o parcial de estas recomendaciones fue del 29% y otro 24% está en vías de implantación por parte de las entidades fiscalizadas. Es decir, más de la mitad de las recomendaciones han sido cumplidas total o parcialmente o que están en curso de implementación, pero aún existe un amplio margen de mejora del 47%.
RETRASOS EN EL SECTOR LOCAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Como novedad, se incorpora información sobre las buenas prácticas detectadas en los informes de fiscalización. Están descritas en 14 de informes y se refieren a diversos temas como contratación, encargos a medios propios, planificación, transparencia, igualdad o gestión medioambiental.
El documento pone de manifiesto que no todas las entidades públicas remiten sus datos contables al tribunal en el plazo estipulado para la realización de este trámite. Los retrasos son especialmente relevantes en el ámbito local, donde se registraron a tiempo 5.523, frente a 2.579 que llegaron a destiempo, es decir, un 30% fueron remitidas fuera de plazo aunque, pese a todo la cifra ha mejorado un 5% respecto al ejercicio anterior.
En el ámbito estatal se presentaron en plazo 419 cuentas, por 69 rendidas fuera de plazo, mientras que en sector autonómico las registradas en el periodo fijado fueron 132 y sólo 21 lo hicieron con retraso. Respecto a la rendición de las cuentas anuales de partidos políticos y fundaciones, 268 se remitieron en plazo y 147 fuera de él.
Como cada año el Tribunal de Cuentas ha prestado especial atención con carácter transversal al análisis de la transparencia en 43 informes, a la igualdad en 36 y a la sostenibilidad ambiental en 23 informes, constatando la importancia creciente que los objetivos transversales tienen en la actividad fiscalizadora de Tribunal.
