Madrid, 25 abr (EFE).
– La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración de España, puedan acceder a la nacionalidad española ha salido del cajón tras más de un año sepultada, y lo ha hecho, entre otros motivos, empujada por el proceso de regularización de migrantes extraordinario que aprobó el Gobierno el 14 de abril.
Esa es una de las explicaciones que ve el diputado de IU y portavoz de Sumar en la comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago, que, en una entrevista con EFE, asegura que han hecho mucha presión ante la «discriminación» de los saharauis en el proceso de regularización y que les ha «enfadado mucho» que hayan sido excluidos.
Sumar lleva además peleando «semanalmente» por esta ley desde hace mucho tiempo cuyo olvido por parte del Gobierno está relacionado con el volantazo que dio Pedro Sánchez en 2022 cuando apoyó los planes autonomistas de Marruecos para la excolonia española, según coinciden Santiago y la diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiado saharaui y niña de acogida en España.
«Los socialistas no han estado por la labor hasta ahora»La iniciativa de Sumar, que se arrastra de la anterior legislatura, fue tomada el consideración el 25 de febrero de 2025, con el único voto en contra del PSOE y la abstención de Vox, y a partir de ahí no se hizo nada más.
«Los socialistas no han estado por la labor y hasta ahora no lo han movido», afirma Santiago.
Ahora bien, advierte de que no hay que «cantar victoria» porque una cosa es desbloquear la convocatoria de la ponencia de la ley, que se reunirá el próximo martes, y otra impulsar sus trabajos y luego votar a favor.
La ley, que afectaría sobre todo a unos 15.
000 menores saharauis de acogida, es una norma sobre todo «de reparación» y de agilización de plazos, sostiene la dirigente de Sumar, que va a hablar con todos los grupos, incluido el PP, para intentar llegar al máximo consenso posible.
Se trata de una norma que permitiría recuperar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara bajo administración de España y en el caso de los descendientes de estos reduciría a dos años el plazo para empezar a solicitar dicha nacionalidad (siempre y cuando cuenten con el Número de Identidad de Extranjero).
Un saharaui tarda entre 16 y 20 años en tramitar la nacionalidad pese a ser descendiente de españolesAhora, detalla Tesh Sidi, los saharauis tienen que esperar una década para iniciar la tramitación de la nacionalidad, un plazo al que hay que sumar los 3 o 4 años que se tarda en obtener el estatuto de apátrida más otros cuatro años que suele demorar la respuesta de las autoridades a la petición de nacionalidad.
En total, subraya la diputada, un saharaui tarda entre 16 y 20 años en obtener la nacionalidad española teniendo padres españoles, en cambio, un latinoamericano, con un arraigo de tres años ya puede iniciar todo el procedimiento.
«La Constitución dice que todo hijo de español es español y por eso no se entiende que los saharauis descendientes de españoles no tengamos la nacionalidad», lamenta Tesh Sidi.
Enrique Santiago aclara, por su parte, que la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Ejecutivo ha dejado fuera ‘de facto’ a los solicitantes de asilo y apatridia al no permitirles acceder a la regularización si no renuncian antes a sus peticiones de asilo o apatridia.
«Yo, como abogado, ni loco recomiendo que renuncien», asegura Santiago, porque el procedimiento de regularización es muy complejo mientras que las peticiones de apatridia se resuelven favorablemente en un 98 % de las situaciones y contar con este estatus te da derecho a residir y a trabajar legalmente.
Para el dirigente de IU, es evidente que el proceso de regularización supone una discriminación total hacia los demandantes de asilo (mayoritariamente procedentes de Colombia, Venezuela y Mali) y apatridia (un 95 por ciento son saharauis).
Con la convocatoria la semana que viene de la primera reunión de la ponencia y situándose en un escenario optimista, tanto Santiago como Tesh Sidi afirman que no serían necesarias más de dos reuniones de la ponencia.
Después se aprobaría el informe en la comisión de Justicia y ya podría pasar a votarse en el pleno, de manera que la ley podría estar aprobada en el Congreso antes del verano.
Además, explican que las enmiendas que han presentado los grupos (PSOE, PP, ERC , EH Bildu y la propia Sumar), en general, «no son contradictorias» con el espíritu de la iniciativa salvo alguna del grupo popular, como la que pide la supresión de la norma después de haber votado a favor de la toma en consideración.
Por tanto, Santiago ve factible llegar a un acuerdo, con síes y abstenciones, para corregir de una vez «esta discriminación histórica con los saharauis.
EFEalr-srm(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023451545)
